CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR EL HECHO DE HABER IMPUGNADO ALGUNO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS, SIN QUE EXISTIERA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de mayo de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de abril de dos mil tres, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de su legítimo representante legal, quien tiene su domicilio en avenida México número 38 norte de esta ciudad. ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiera publicado. Los oficios números OFS/087/2003 y OFS/AF/PE/2003/04/007 de fechas cinco de marzo y primero de abril del año en curso, pronunciados por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias ... Los anteriores oficios fueron recepcionados por la Secretaría de Finanzas; el primero, a las 3:00 p.m. del día cinco de marzo y el segundo, a las 10:28 horas del día dos de abril, ambos del año en curso."
SEGUNDO. En atención con el sentido del fallo, resulta innecesario reproducir los antecedentes del caso vertidos en la demanda, así como los conceptos de invalidez.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 16, 74, fracciones II y IV, 79, 128 y 133.
CUARTO. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 35/2003 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor requirió a la parte actora para que precisara los actos impugnados en esta controversia y puntualizara las consecuencias de ellos a las que hacía alusión en su oficio de demanda.
QUINTO. Por auto de veintinueve de abril del indicado año, el Ministro instructor tuvo a la parte actora desahogando la prevención formulada, manifestando que los actos impugnados son los oficios OFS/087/2003 y OFS/AF/PE/2003/04/007 de cinco de marzo y primero de abril de dos mil tres, así como sus consecuencias, consistentes en: la práctica de las visitas domiciliarias que se ordenan en tales oficios, la determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias; consecuentemente, tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit promoviendo controversia constitucional en contra de los actos mencionados, admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que rindiera su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Por oficio depositado en la Administración de Correos de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el catorce de julio de dos mil tres, la parte actora formuló ampliación a la demanda de controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de los actos que enseguida se precisan:
"A) Citatorio de fecha 9 nueve de junio de 2003, signado por el auditor Luis Ernesto Carrillo Padilla del Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo, que a la letra señala: ... B) Diligencia practicada el 10 diez de junio del año en curso, por el Órgano de Fiscalización Superior, dependiente del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, donde se levantó acta circunstanciada de visita domiciliaria, que en lo conducente dice: ... El anterior citatorio y acta circunstanciada de visita domiciliaria fueron recepcionados por personal de la Secretaría de Finanzas; el primero, a las 14:00 catorce horas del día 9 nueve de junio y la segunda, a las 13:33 trece horas con treinta y tres minutos del día 10 diez de junio, ambos del año en curso."
SÉPTIMO. Por la razón expuesta en el resultando segundo de este fallo, deviene innecesario también reproducir los antecedentes y conceptos de invalidez plasmados en la ampliación de demanda.
OCTAVO. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil tres, el Ministro instructor admitió a trámite la ampliación de la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de la República para que expusiera lo que a su representación correspondiera.
NOVENO. Atento el sentido de la resolución, no es necesario aludir a los argumentos esgrimidos por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit al contestar la demanda y su ampliación, así como a los del procurador general de la República al emitir su opinión.
DÉCIMO. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Primera Sala para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, en la que, debido al sentido del fallo, se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. En el caso resulta intrascendente el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad en la presentación de la demanda y su ampliación, así como a la legitimación de las partes, toda vez que con independencia de las causas de improcedencia que se hicieron valer, esta Primera Sala advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que no se agotó el principio de definitividad inmerso en ese supuesto y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal.
Los preceptos invocados son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
En torno a la causal de improcedencia de mérito, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en las tesis jurisprudenciales P./J. 12/99, publicada en la página doscientos setenta y cinco, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve y P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro, Tomo XIII, abril de dos mil uno, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indican, respectivamente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."
Así, tanto del contenido de los criterios jurisprudenciales transcritos, como de una interpretación de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que la hipótesis a que alude dicha causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, del que se desprenden tres supuestos que posibilitan su configuración, los que se hacen consistir en:
1) Que exista una vía legalmente prevista en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, la que no se haya agotado previamente y mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, de manera tal que pudiera dar solución al conflicto que se plantea.
2) Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto combatido en este medio de control constitucional; y,
3) Que el acto cuya invalidez se demande haya sido emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente del dictado de la resolución definitiva que lo dé por concluido y en contra de la cual pudiera promoverse este juicio constitucional, así como, en su caso, de las cuestiones relativas a aquél desde su inicio.
El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis en comento, dado que los actos impugnados provienen de un procedimiento que al momento de presentación de la demanda se encontraba pendiente del dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y, por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera, para entonces encontrarse en aptitud de acudir a esta vía constitucional.
A efecto de evidenciar lo anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
Los actos cuya invalidez se demandan son, en su esencia:
1. El oficio OFS/087/2003, de cinco de marzo de dos mil tres, emitido por el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit, por el que se ordenó la práctica de una visita domiciliaria al Poder Ejecutivo de esa entidad, con el objeto de profundizar en la revisión y comprobación de diversos conceptos vinculados con la ejecución de los recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil uno, en alcance a la revisión de la cuenta pública relativa a ese año (fojas 280 y 281 del tomo I del expediente principal).
2. El oficio OFS/AF/PE/2003/04/007, del primero de abril de dos mil tres, emitido por el citado auditor general, por el que se ordenó la práctica de una visita domiciliaria al Poder Ejecutivo Local, para los mismos efectos precisados en el punto anterior (fojas 282 y 283 del tomo I del expediente principal).
3. Las consecuencias jurídicas de los oficios mencionados, que se hicieron consistir en la práctica de las visitas domiciliarias a que se refieren, la determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
4. El citatorio de nueve de junio de dos mil tres, signado por el auditor legal del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Local, dirigido al secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, para que al día siguiente estuviera presente en ese lugar, a fin de que se llevara a cabo la diligencia consignada en los oficios OFS/087/2003 y OFS/AF/PE/2003/04/007 (foja 563 del tomo II del expediente principal); y,
5. La diligencia de diez de junio de dos mil tres, practicada por los auditores comisionados del Órgano de Fiscalización Superior, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, que se desprende del acta circunstanciada de esa misma fecha, en la que se hizo constar que la directora jurídica de dicha dependencia se negó a proporcionar la información a que se refieren los oficios citados en el punto precedente, puesto que en contra de tales actos el Poder Ejecutivo Estatal promovió la controversia constitucional 35/2003 y, que no obstante que fue negada la suspensión de los actos impugnados, el actor interpuso recurso de reclamación en contra de esa determinación, por lo que se estaba en la imposibilidad de proporcionar la información requerida, ya que de lo contrario se dejaría sin materia la presente controversia constitucional.
Precisados los actos impugnados y para una mejor compresión del asunto, es conveniente ahora establecer los antecedentes de los mismos, que se desprenden de diversas constancias que obran en los autos de este juicio:
I. El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficios 155-DJF-2001, de cuatro de abril; 347-DJF-2001, de doce de julio; 1087-2001, de diecinueve de octubre, estos tres de dos mil uno; y, 004-DJF-2002, de ocho de enero de dos mil dos, solicitó al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, prórroga para la presentación de la cuenta pública de la hacienda estatal, correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de dos mil uno (fojas 171, 174, 177 y 180 del tomo I del cuaderno principal).
II. El auditor general del órgano de fiscalización, a través de los oficios 133, de diecisiete de abril; OFS/516/2001, de dieciséis de julio; OFS/807/2001, de veinticinco de octubre, estos tres de dos mil uno; y OFS/020/2002, de diecisiete de enero de dos mil dos, concedió al secretario de Finanzas las prórrogas a que se hizo referencia en el numeral que antecede (fojas 172, 175, 178 y 181 del tomo I del expediente principal).
III. El secretario general de Gobierno del Estado, mediante oficios: sin número, de once de mayo; 769, de veintidós de agosto; 1050/01, de ocho de noviembre, éstos de dos mil uno; y 302/02, de veinticinco de marzo de dos mil dos, remitió al Congreso Local la cuenta pública de la hacienda estatal, relativa a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de dos mil uno (fojas 173, 176, 179 y 182 del tomo I del cuaderno principal).
IV. Por oficio OFS/721/2002, de treinta de septiembre de dos mil dos, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior hizo del conocimiento del secretario de Finanzas, que una vez concluida la fiscalización de las cuentas públicas trimestrales, se detectaron hechos que podrían afectar la hacienda pública estatal, por lo que le otorgó un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción de ese pliego de observaciones, para que informara de los argumentos y documentación que a su derecho convinieran, con el fin de aclarar o desvirtuar los hechos y actuaciones que se investigaban (fojas 183 a 278 del tomo I del cuaderno principal).
V. El secretario de Finanzas del Gobierno Local, mediante oficio SF-1191/2002, de veintinueve de noviembre de dos mil dos, remitió al mencionado auditor general el informe de los argumentos y documentos que estimó pertinentes, con el objeto de aclarar o desvirtuar los hechos y actuaciones contenidos en el pliego de observaciones y solventar las recomendaciones que se realizaron (foja 279 del tomo I del expediente principal, anexos a fojas 289 a 646 y 744 a 825).
VI. Mediante oficio SF-258/2003, de siete de abril de dos mil tres, el secretario de Finanzas del Gobierno Estatal objetó la orden de visita a que se refiere el oficio OFS/AF/PE/2003/04/007 (impugnado en esta controversia constitucional), por considerarla improcedente por extemporánea y, por tanto, solicitó al mencionado auditor general que se dejara sin efectos (fojas 284 y 285 del tomo I del expediente principal); y,
VII. El dos de octubre de dos mil dos, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estatal, presentó ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncia de hechos constitutivos de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos y demás que pudieran resultar, en contra de ... en su carácter de secretario privado del Ejecutivo Local y de quien o quienes resultaran responsables, derivados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal de dos mil uno (fojas 141 a 150 del tomo II del cuaderno principal).
De lo relatado se desprende que los actos cuya invalidez se demandan, se emitieron con motivo de la revisión de la cuenta pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil uno, por lo que, a fin de evidenciar el por qué se surte la causal de improcedencia invocada, se acudirá a lo dispuesto en la legislación que rige la revisión de las cuentas públicas en la entidad.
La Constitución Política del Estado de Nayarit, en lo conducente, señala:
"Artículo 38. La revisión y en su caso aprobación de la cuenta de todos los caudales del Estado, se hará trimestralmente en los términos que al efecto señale la ley de la materia."
"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:
"...
"XXVI. Examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades están o no de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar."
"Artículo 121. La fiscalización de los programas y recursos públicos se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con arreglo a lo dispuesto en la ley de la materia y conforme a las bases siguientes:
"I. Fiscalizará en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia, y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y organismos autónomos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales;
"II. En los términos de la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública; investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás organismos autónomos del Estado;
"III. Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas;
"IV. Determinará los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, así como promover ante las autoridades competentes las responsabilidades que procedan, presentando las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley;
"...
"VII. Los Poderes del Estado y las autoridades municipales, así como los sujetos de fiscalización, facilitarán los informes y documentos que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones."
De los preceptos de la Constitución Local transcritos, se desprende en esencia, lo siguiente:
a) Que la revisión y, en su caso, aprobación de la cuenta de los caudales del Estado se hará en forma trimestral, de acuerdo con lo que disponga la ley de la materia (artículo 38).
b) Que la Legislatura Local fiscalizará y aprobará las cuentas públicas de los caudales del Estado y la revisión no se ocupará solamente de investigar si las cantidades son o no conformes con lo previsto en los presupuestos, sino que también se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar (artículo 47, fracción XXVI).
c) Que el Órgano de Fiscalización Superior será el encargado de fiscalizar los programas y recursos públicos del Estado, en los términos establecidos por la ley de la materia y de acuerdo con las siguientes bases:
• Fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los Poderes del Estado, entre otros, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales (artículo 121, fracción I).
• De conformidad con lo dispuesto en la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública de los Poderes del Estado, entre otros órganos, e investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales (artículo 121, fracción II).
• Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos necesarios para la realización de sus investigaciones, para lo cual deberá sujetarse a las leyes y formalidades establecidas (artículo 121, fracción III).
• Determinará los daños y perjuicios que atenten contra las haciendas públicas estatal y municipales, el patrimonio de las entidades descentralizadas y el de los organismos autónomos del Estado, y fincará a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, además de que promoverá ante las autoridades competentes las responsabilidades procedentes (artículo 121, fracción IV).
• Los Poderes Estatales, las autoridades municipales y todos los sujetos de fiscalización, deberán facilitarle los informes y documentos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 121, fracción VII).
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, en sus artículos 86, primer párrafo, 103, 106 y 107 (texto vigente a partir de su reforma publicada en el periódico oficial de la entidad el 5 de mayo de 2001), establecen:
"Artículo 86. El proceso legislativo y los asuntos jurídicos del Congreso se ejercerán a través de la Secretaría General y su titular se denominará secretario general. Las atribuciones del Congreso en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos se ejercerán por el Órgano de Fiscalización Superior de acuerdo a lo dispuesto en el título noveno de la presente ley. La gestión administrativa interna del Congreso se ejercerá por la Oficialía Mayor, y contará con la siguiente estructura: ..."
"Artículo 103. La facultad fiscalizadora de la legislatura se ejercerá por conducto del Órgano de Fiscalización Superior, que tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos de fiscalización, señalados en el artículo 5o. de la ley de la materia."
"Artículo 106. La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, será el conducto de comunicación entre el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su turno al Pleno del Congreso."
"Artículo 107. En los términos de la ley de la materia, fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y determinará, en su caso, los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de las entidades fiscalizadas, fincando las responsabilidades que procedan conforme a la ley."
De los numerales reproducidos se destaca lo siguiente:
a) Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ejercerá las atribuciones de la legislatura en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos, de acuerdo con lo previsto en el título noveno de esa ley, y tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos que se enumeran en el artículo 5o. del ordenamiento que rige la materia (artículos 86 y 103).
b) Que la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto será el conducto de comunicación entre el Congreso y aquel órgano y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, mediante el dictamen correspondiente (artículo 106).
c) Que de acuerdo con lo que señale la ley de la materia, el citado órgano fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y, en su caso, determinará los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de aquéllos y fincará las responsabilidades que procedan conforme a la ley (artículo 107).
Finalmente, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en los términos en que fue expedida y publicada en el periódico oficial de la entidad el veintisiete de diciembre de dos mil, texto que estuvo vigente hasta el cuatro de junio de dos mil tres, en que se reformaron diversos preceptos por decreto publicado en el citado medio informativo, en lo que aquí importa, preveía:
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior."
"Artículo 3o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
"I. Poderes del Estado: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
"...
"III. Órgano: el Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
"IV. Congreso: el Congreso del Estado;
"V. Comisión: la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado;
"...
"VIII. Sujetos de Fiscalización: los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los entes públicos, los organismos públicos descentralizados del Estado y de los Municipios, las empresas y fideicomisos con participación estatal o municipal, y en general, cualquier persona, física o moral, pública o privada que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos;
"IX. Cuenta Pública: informe de contenido contable, financiero, presupuestal, programático, legal, fiscal y económico relativo a la gestión financiera y al ejercicio del gasto público, que rinden los sujetos de fiscalización, al Congreso para comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en sus planes y programas, de conformidad con los criterios señalados en el presupuesto correspondiente, y demás legislación relativa a planeación, programación y ejercicio de recursos públicos, así como de los indicadores de desempeño y de evaluación de su función pública;
"...
"XII. Fiscalización Superior: facultad conferida al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, consistente en la revisión y fiscalización posterior de los ingresos y egresos, de las cuentas públicas, comprobando que se proceda conforme a las leyes y normas establecidas para el ejercicio del gasto de las haciendas públicas estatal y municipales relativas a la gestión financiera, así como para el cumplimiento de los planes y programas y demás legislación relativa a la recaudación, planeación, programación y ejercicio de recursos públicos;
"XIII. Infor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18136-577fc0fe/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS (147)
- ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS (P./J. 4/2004)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE NAYARIT POR EL QUE SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO EJERCER TEMPORALMENT (157)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE NAYARIT POR EL QUE SE RECOMIENDA AL EJECUTIVO EJERCER TEMPORALMENT (P./J. 6/2004)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis