CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, SI EL AUTO IMPUGNADO ES ALGUNO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y ÉSTE NO HA CONCLUIDO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de julio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO-Por oficio presentado en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano de Tepic, Nayarit, el siete de octubre de dos mil tres, Antonio Echeverría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de su legítimo representante legal, quien tiene su domicilio en Avenida México, número 38 al norte de esta ciudad. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. A) La prescripción de la facultad fiscalizadora de las cuentas públicas correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2002 y al primer trimestre del ejercicio fiscal 2003. B) El oficio número OFS/AF/INEA/2003/06, que contiene la orden de visita domiciliaria, de fecha veinticinco de agosto del año en curso, pronunciado por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. C) El acta circunstanciada de inicio de auditoría, instrumentada el 25 (veinticinco) de agosto de 2003 (dos mil tres), por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. D) El acta circunstanciada parcial, instrumentada el 26 (veintiséis) de agosto de 2003 (dos mil tres), por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. E) La segunda acta circunstanciada parcial, instrumentada el 27 (veintisiete) de agosto de 2003 (dos mil tres), por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. F) La solicitud de información No. 01 de fecha 28 de agosto del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. G) La solicitud de información No. 02 de fecha 28 de agosto del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. H) La solicitud de información No. 03 de fecha 28 de agosto del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. I) La solicitud de información No. 04 de fecha 1o. de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. J) La solicitud de información No. 05 de fecha 1o. de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. K) La solicitud de información No. 06 de fecha 2 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. L) La solicitud de información No. 07 de fecha 2 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. M) La solicitud de información No. 08 de fecha 2 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. N) La solicitud de información No. 09 de fecha 4 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior y sus respectivas consecuencias. Ñ) La solicitud de información No. 10 de fecha 8 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. O) Cuestionario de fecha 8 de septiembre de 2003, emitido por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. P) La solicitud de información No. 11 de fecha 8 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. Q) La solicitud de información No. 12 de fecha 9 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. R) La solicitud de información No. 13 de fecha 9 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. S) La solicitud de información No. 14 de fecha 9 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. T) La solicitud de información No. 15 de fecha 9 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. U) La solicitud de información No. 17 de fecha 10 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. V) El oficio número OFS/594/2003, que contiene solicitud de información referente a la cuenta pública, de fecha 10 de septiembre del año en curso, pronunciado por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. W) La solicitud de información No. 18 de fecha 11 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. X) La solicitud de información No. 19 de fecha 17 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. Y) La solicitud de información No. 20 de fecha 17 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. Z) La solicitud de información No. 21 de fecha 18 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. AA) La solicitud de información No. 22 de fecha 18 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. BB) La tercer acta circunstanciada parcial, instrumentada el 18 de septiembre de 2003, por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. CC) La solicitud de información No. 23 de fecha 23 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. DD) La solicitud de información No. 24 de fecha 24 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. EE) La solicitud de información No. 25 de fecha 25 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. FF) La solicitud de información No. 27 de fecha 26 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. GG) La solicitud de información No. 28 de fecha 26 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. HH) La solicitud de información No. 29 de fecha 29 de septiembre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias. II) La solicitud de información No. 30 de fecha 1 de octubre del año en curso, emitida por la encausada a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias."
SEGUNDO-En atención al sentido del fallo, resulta innecesario reproducir los antecedentes del caso vertidos en la demanda, así como los conceptos de invalidez.
TERCERO-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 74, fracciones II y IV, 79, 116, 128 y 133.
CUARTO-Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil tres el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 95/2003 y por razón de turno se designó al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor en el procedimiento y formulará el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de esa misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda a trámite, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que rindiera su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO-En atención al sentido del fallo resulta innecesario aludir a los argumentos vertidos por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, al contestar la demanda, así como a los del procurador general de la República al emitir su opinión.
SEXTO-Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
SÉPTIMO-En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, en la que debido al sentido del fallo se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO-En el caso resulta intrascendente el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad en la presentación de la demanda, así como de la legitimación de las partes, toda vez que con independencia de las causas de improcedencia invocadas por las partes, esta Primera Sala advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que no se agotó el principio de definitividad inmerso en ese supuesto y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal.
Los preceptos anteriores son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
En torno a la causal de improcedencia de mérito, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en las tesis jurisprudenciales P./J. 12/99, publicada en la página doscientos setenta y cinco, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, y P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro, Tomo XIII, abril de dos mil uno, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indican, respectivamente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."
Así, tanto del contenido de los criterios jurisprudenciales transcritos, como de una interpretación de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que la hipótesis a que alude dicha causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, del que se desprenden tres supuestos que posibilitan su configuración, los que se hacen consistir en:
1) Que exista una vía legalmente prevista en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, la que no se haya agotado previamente y mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, de manera tal que pudiera dar solución al conflicto que se plantea.
2) Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto combatido en este medio de control constitucional; y,
3) Que el acto cuya invalidez se demande haya sido emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente del dictado de la resolución definitiva que lo dé por concluido y en contra de la cual pudiera promoverse este juicio constitucional, así como, en su caso, de las cuestiones relativas a aquél desde su inicio.
El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis en comento, dado que los actos impugnados provienen de un procedimiento que al momento de presentación de la demanda se encontraba pendiente del dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y, por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera, para entonces encontrarse en aptitud de acudir a esta vía constitucional.
A efecto de evidenciar lo anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
Los actos cuya invalidez se demandan son, en esencia:
1. La prescripción de la facultad fiscalizadora de las cuentas públicas correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal dos mil dos y al primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil tres.
2. El oficio número OFS/AF/INEA/2003/06, que contiene la orden de visita domiciliaria de veinticinco de agosto de dos mil tres.
3. El acta circunstanciada de inicio de auditoría instrumentada el veinticinco de agosto de dos mil tres.
4. El acta circunstanciada parcial de veintiséis de agosto de dos mil tres.
5. La segunda acta circunstancial parcial instrumentada el veintisiete de agosto de dos mil tres.
6. Los diversos oficios de información, la tercera acta circunstancial parcial y el cuestionario emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de fechas veintiocho de agosto, uno, dos, cuatro, ocho, nueve, diez, once, diecisiete, dieciocho, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintinueve de septiembre y uno de octubre de dos mil.
7. Los efectos y consecuencias de los actos antes precisados.
Por otra parte, de las constancias que obran en autos se desprenden los siguientes antecedentes:
a) El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficios 453-2002 de ocho de abril; 774-2002 de diecisiete de julio; 943-SF-2002; 1089-2002 de diecisiete de octubre de dos mil dos y 087-2003 de trece de enero de dos mil tres, solicitó al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, prórroga para la presentación de la cuenta pública de la hacienda estatal, correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de dos mil dos (fojas 196, 239, 242, 280 y 317 del cuaderno de pruebas).
b) El auditor general del Órgano de Fiscalización, a través de los oficios OFS/201/2002 de dieciséis de abril; OFS/637/2002 de diecinueve de julio; OSF/719/2002 de nueve de septiembre y OFS/897/2002 de veintidós de octubre de dos mil dos y OFS/062/2003 de siete de febrero de dos mil tres, concedió al secretario de Finanzas las prórrogas antes referidas (fojas 197, 240, 241, 281 y 318 del cuaderno de pruebas).
c) El secretario general de Gobierno del Estado, mediante oficios 582/02 de tres de junio; 1157/2002 de once de octubre; 143/02 de dieciocho de diciembre de dos mil dos; 181/03 de dieciocho de febrero de dos mil tres; 478/03 de veintiuno de abril, y 765/03 de veinticuatro de julio de dos mil tres, remitió al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la cuenta pública de la hacienda estatal, relativa a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de dos mil dos y de los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal de dos mil tres (fojas 199, 238, 282 , 320 y 381 del cuaderno de pruebas).
d) Mediante oficio OFS/AF/INEA/2003/06 de veinticinco de agosto de dos mil tres, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado ordenó visita domiciliaria al Instituto Nayarita para la Educación de los Adultos, "... con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales a que está afecto como sujeto directo responsable de la ejecución de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2002 y primer y segundo trimestre de 2003 y del resguardo de la documentación comprobatoria correspondiente." (foja 450 del cuaderno de pruebas).
e) Derivado de la orden de visita referida en el punto que antecede, el personal autorizado inició el desarrollo de la diligencia elaborando el acta circunstanciada de inicio y las actas circunstanciales parciales primera, segunda y tercera, solicitando, además, diversa información (fojas 452 a 514 del cuaderno de pruebas).
De lo relatado se desprende que los actos cuya invalidez se demandan, se emitieron con motivo de la revisión de la cuenta pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos y primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal de dos mil tres, por lo que a fin de evidenciar el porqué se surte la causa de improcedencia invocada, se acudirá a lo dispuesto en la legislación que rige la revisión de las cuentas públicas en la entidad.
La Constitución Política del Estado de Nayarit, en lo conducente, señala:
"Artículo 38. La revisión y en su caso aprobación de la cuenta de todos los caudales del Estado, se hará trimestralmente en los términos que al efecto señale la ley de la materia."
"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:
"...
"XXVI. Fiscalizar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades están o no de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar. ..."
"Artículo 121. La fiscalización de los programas y recursos públicos se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con arreglo a lo dispuesto en la ley de la materia y conforme a las bases siguientes:
"I. Fiscalizará en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y organismos autónomos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales.
"II. En los términos de la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública; investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás organismos autónomos del Estado.
"III. Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas.
"IV. Determinará los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, así como promover ante las autoridades competentes las responsabilidades que procedan, presentando las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
"...
"VII. Los Poderes del Estado y las autoridades municipales, así como los sujetos de fiscalización, facilitarán los informes y documentos que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones."
De los preceptos de la Constitución Local transcritos, se desprende, en esencia, lo siguiente:
a) Que la revisión y, en su caso, aprobación de la cuenta de los caudales del Estado se hará en forma trimestral, de acuerdo con lo que disponga la ley de la materia (artículo 38).
b) Que la Legislatura Local fiscalizará y aprobará las cuentas públicas de los caudales del Estado y la revisión no se ocupará solamente de investigar si las cantidades son o no conformes con lo previsto en los presupuestos, sino que también se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar (artículo 47, fracción XXVI).
c) Que el Órgano de Fiscalización Superior será el encargado de fiscalizar los programas y recursos públicos del Estado, en los términos establecidos por la ley de la materia y de acuerdo con las siguientes bases:
• Fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los Poderes del Estado, entre otros, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales (artículo 121, fracción I).
• De conformidad con lo dispuesto en la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública de los Poderes del Estado, entre otros órganos, e investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales (artículo 121, fracción II).
• Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos necesarios para la realización de sus investigaciones, para lo cual deberá sujetarse a las leyes y formalidades establecidas (artículo 121, fracción III).
• Determinará los daños y perjuicios que atenten contra las haciendas públicas estatal y municipales, el patrimonio de las entidades descentralizadas y el de los organismos autónomos del Estado, y fincará a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, además de que promoverá ante las autoridades competentes las responsabilidades procedentes (artículo 121, fracción IV).
• Los Poderes Estatales, las autoridades municipales y todos los sujetos de fiscalización, deberán facilitarle los informes y documentos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 121, fracción VII).
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, en sus artículos 86, primer párrafo, 103, 106 y 107 (texto vigente a partir de su reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 5 de mayo de 2001), establece:
"Artículo 86. El proceso legislativo y los asuntos jurídicos del Congreso se ejercerán a través de la secretaría general y su titular se denominará secretario general. Las atribuciones del Congreso en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos se ejercerán por el Órgano de Fiscalización Superior de acuerdo a lo dispuesto en el título noveno de la presente ley. La gestión administrativa interna del Congreso se ejercerá por la Oficialía Mayor, y contará con la siguiente estructura ..."
"Artículo 103. La facultad fiscalizadora de la legislatura se ejercerá por conducto del Órgano de Fiscalización Superior, que tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos de fiscalización, señalados en el artículo 5o. de la ley de la materia."
"Artículo 106. La Comisión de Hacienda, cuenta pública y presupuesto, será el conducto de comunicación entre el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su turno al Pleno del Congreso."
"Artículo 107. En los términos de la ley de la materia, fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y determinará, en su caso, los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de las entidades fiscalizadas, fincando las responsabilidades que procedan conforme a la ley."
De los numerales reproducidos se destaca lo siguiente:
a) Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ejercerá las atribuciones de la legislatura en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos, de acuerdo con lo previsto en el título noveno de esa ley, y tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos que se enumeran en el artículo 5o. del ordenamiento que rige la materia (artículos 86 y 103).
b) Que la Comisión de Hacienda, cuenta pública y presupuesto será el conducto de comunicación entre el Congreso y aquel órgano y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, mediante el dictamen correspondiente (artículo 106).
c) Que de acuerdo con lo que señale la ley de la materia, el citado órgano fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y en su caso, determinará los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de aquéllos y fincará las responsabilidades que procedan conforme a la ley (artículo 107).
Finalmente, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en los términos en que fue expedida y publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de diciembre de dos mil, texto que estuvo vigente hasta el cuatro de junio de dos mil tres, en que se reformaron diversos preceptos por decreto publicado en el citado medio informativo, en lo que aquí importa, preveía:
Por su parte, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, vigente a partir del cinco de junio de dos mil tres, en lo que aquí importa, prevé:
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la revisión de la cuenta pública y su fiscalización superior."
"Artículo 3o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
"I. Poderes del Estado: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
"...
"III. Órgano: El Órgano de Fiscalización Superi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18348-f5a9a1af/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS (147)
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