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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL EXCLUIR COMO PARTICIPANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE REALICEN LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS EN LA CITADA ENTIDAD A QUIENES ESTÉN RELACIONADOS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2003. · Registro digital (IUS): 18340
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1033.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado el dieciocho de julio de dos mil tres, en la Administración de Correos de Tepic, Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo de la propia entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida por la autoridad que a continuación se señala:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al H. Congreso del Estado, con domicilio en Av. México s/n, entre la Av. Allende y calle Morelos de Tepic, Nayarit, a través de los diputados secretarios. IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado. El acto cuya invalidez demando, lo hago consistir en el: Decreto Número 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 4 de junio de 2003."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes lo siguientes:

"La manifestación de los hechos que le constan al actor que constituyen los antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda. Bajo protesta de decir verdad, expreso a ese cuerpo colegiado, que los antecedentes, hechos y puntos de derecho que me constan y que como titular del Poder Ejecutivo Estatal me afectan, así como el interés público y social y que constituyen los antecedentes de la presente reclamación son: El 24 de junio de 2002, se presentó al secretario general del Congreso del Estado, iniciativa de decreto que contenía la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, que fue aprobada parcialmente por el Congreso del Estado, el día 23 de diciembre del mismo año, que fue enviado al suscrito el 26 del propio mes, que por considerarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado, era (sic) un acto inconstitucional, se devolvió con observaciones formuladas conforme a lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Constitución Política Local, a través de oficio 204/03 fechado el 21 de febrero del año en curso, encontrándose en el mismo decreto devuelto, la ley materia de esta acción. El día 20 de mayo próximo pasado mediante diverso oficio 055/2003, los diputados secretarios del Congreso del Estado, comunican al suscrito la aprobación del Acuerdo Número 27 que resuelve las observaciones formuladas al Decreto 8484, declarando improcedentes la mayoría, procedentes algunas y parcialmente procedentes otras, remitiéndose su contenido y del citado decreto para los efectos del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, por lo que al tratarse de una norma general, se promulgó y publicó en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 4 cuatro de junio último."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El Congreso del Estado al emitir con fecha 9 de mayo de 2003, el Acuerdo Número 27, mediante el cual declaró improcedente la mayoría de las observaciones que formulé al Decreto 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, infringió lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en virtud, de que su determinación no es coincidente con el dictamen que realizan las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública, Presupuesto y Administración Pública, desatendiendo, consecuentemente, los principios de legalidad, seguridad jurídica, congruencia y claridad en la realización de sus actos jurídicos, para acreditar lo anterior, se transcribe el contenido del citado acuerdo y su debida comparación. ‘Acuerdo Número 27. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVII Legislatura, acuerda: Lo relativo a las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. Primero. Del análisis de las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por los razonamientos esgrimidos en la parte relativa de los considerandos del dictamen respectivo se declaran improcedentes las contenidas en los numerales I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX y XXXI; se declara su aceptación parcial en los numerales V, XV, XVI, XXII y XXXII; y su plena aceptación en las observaciones de número III, VIII, X, XI, XXIV, XXVII y XXIX. Segundo. De conformidad con el artículo anterior se aprueban los cambios que se realizan al Decreto 8484 en los términos del documento que se anexa al presente resolutivo. Tercero. Remítase al Ejecutivo del Estado el presente resolutivo y el dictamen respectivo con el contenido del Decreto 8484 con las modificaciones que se aprueban para los trámites y los efectos que establece el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. Dado en la sala de sesiones «Lic. Benito Juárez» del honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los nueve días del mes de mayo de dos mil tres. Dip. Presidente Obdulia Delgado Delgado. Dip. Secretaria Yolanda del Real Ureña. Dip. Secretario Juan Manuel Mier Pecina.’. Acuerdo relativo a las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. ‘Primero. Del análisis de las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8484 que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, por los razonamientos esgrimidos en la parte relativa de los considerandos del dictamen respectivo, se declaran improcedentes las contenidas en los numerales I, II, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXI, XXIII y XXXI; se declara su aceptación parcial en los numerales V, XVI, XX, XXII y XXXII; y su plena aceptación en las observaciones de números III, VIII, X, XI, XXIV, XXVII, XXIX y XXX. Segundo. De conformidad con el artículo anterior se aprueban los cambios que se realizan al Decreto 8484 en los términos del documento que se anexa al presente resolutivo. Tercero. Remítase al Ejecutivo del Estado el presente resolutivo y el dictamen respectivo con el contenido del Decreto 8484 con las modificaciones que se aprueban para los trámites y los efectos que establece el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.’. De lo anterior se deduce lo siguiente: Artículos observados por el Ejecutivo: 1o., 2o., 3o., 4o., fracción I, 7o., 10, 12, 15, fracción V, 16, 17, 24, 25, 34, fracciones I, II, III y IV, 38, 39, 40, fracciones VII y XI, 41, fracción I, 43, 45, 47, fracción III, 48, 49, 50, fracción II, 51, fracciones I y III, 52, fracción III; título séptimo ‘De las inconformidades, quejas y procedimientos de conciliación’, 89, primer y tercer párrafos, 90 y primero transitorio (total 28 artículos). Y la denominación del título séptimo. El Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública, Presupuesto y de Administración Pública, dice que se observaron 30 artículos de un total de 96 y son 28 incluyendo el primero transitorio, así como la denominación del título séptimo. El Acuerdo Número 27 de fecha 9 de mayo del 2003. Declara improcedentes las observaciones a los artículos: I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX y XXXI (total 20). Declara la aceptación parcial de las observaciones a los artículos: V, XV, XVI, XXII y XXXII (total 5). Declara su plena aceptación a las observaciones contenidas a los artículos: III, VIII, X, XI, XXIV, XXVII y XXIX (total 7). Que hacen una suma total de 32 artículos, no resuelve sobre el título séptimo ni sobre el artículo primero transitorio. Acuerdo contenido en el dictamen de las comisiones, declara a las observaciones de los numerales siguientes: improcedentes I, II, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXI, XXIII y XXXI (total 14). Aceptación parcial: V, XVI, XX, XXII y XXXII (total 5). Plena aceptación: III, VIII, X, XI, XXIV, XXVII, XXIX y XXX (total 8). Que en suma hacen un total de 27. De lo que se desprende una notoria incongruencia entre el contenido del dictamen de las comisiones y encargados de justipreciar las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Acuerdo Número 27 emitido por el Congreso del Estado, por lo que contrarían así los principios previstos en los numerales 14 y 16 constitucionales que fueron con anterioridad invocados, que en diversas ejecutorias y criterios de la Máxima Autoridad Judicial Federal se han aplicado como es el caso de las siguientes: El acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo, con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el actor radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de su interés, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa, en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, la garantía de audiencia, mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una ‘privación’ en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa ‘privación’ y en esa medida todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que pueden dar lugar. Los perjuicios, en sentido amplio, al gobernado que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto, lo que no puede servir de base para distinguir entre ellos, pues ese efecto puede presentarse en ambos. Tampoco puede estimarse que la distinción entre dichos actos esté constituida por su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados, tiene como punto de partida la naturaleza del acto y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la juridicidad del mismo, lo que supone que, previamente, se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior, se sigue que lógicamente primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la sanción de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución, y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se dijo, para concluir si un acto queda regido por lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. Sobre el particular, cabe invocar el siguiente precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.’. Segundo. Del contenido de los dispositivos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, materia de la presente controversia, se advierte que aun cuando fueron observados por el suscrito y que el Congreso del Estado los declaró indebidamente procedentes, esa determinación violenta el principio de constitucionalidad y legalidad de sus actos, afectando directamente al interés público como al particular, tal como se expondrá al analizar en lo particular los siguientes numerales: El artículo 34, fracción I, aprobado por el Congreso del Estado, al modificar el contenido de la iniciativa que lo identifica como artículo 35, incluye independientemente del servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación (o con los servidores públicos que ejerzan sobre éste facultades de dirección o de mando) determinación que sale de toda esfera de legalidad, porque con ello se incluye a los superiores de quien está encargado de llevar a cabo el procedimiento por disposición de la ley, inclusive el titular del poder o ente público, que en nada participa en el proceso, por lo que la falta de legalidad y congruencia resulta de la temeridad, desconfianza y falta de aplicación no sólo en las personas (servidores públicos), sino en las propias instituciones o entes públicos que se ve manifiesta por el Poder Legislativo, quien en todo caso debió haber expresado que en aquellos casos en que se dé injerencia directa o indirecta por quien ejerce dirección o mando hacia quien formaliza el procedimiento o los contratos. El hecho de considerarse la modificación formulada por el Congreso del Estado, sería un tanto como obligar al servidor público ejecutor a conocer el árbol genealógico por consanguinidad y por afinidad de sus superiores, lo que ocasionaría una situación incómoda hasta para quien ejerce el mando, quien en la mayoría de las veces desconoce quién participa como proveedor, oferente o participante en una licitación, personas a quienes independientemente de lo anterior, se les coartaría su derecho de ser partícipes en la realización de una actividad lícita en contravención a lo dispuesto en el numeral 5o. de la Ley Fundamental del país; aunado a lo anterior, la obligación que tiene el participante de declarar bajo protesta de decir verdad de que si tiene o no grados de familiaridad con quienes participan directamente en un procedimiento de la materia. El artículo 39 que corresponde al 40 de la iniciativa, pretende obligar a que las convocatorias sean publicadas, además, en un diario de circulación nacional incluyendo, además, el deber en la fracción III de anotar ‘la indicación de si la licitación es estatal o nacional, de acuerdo a los montos que para tal efecto expida el Congreso del Estado’, cuando lo único que ocasiona la determinación controvertida es agravar los costos de licitación, burocratizar el procedimiento y sujetar cualquier adquisición a la voluntad del Congreso del Estado, cuando la finalidad es darle mayor apertura al inversionista de la entidad, darle celeridad y transparencia a los actos jurídicos a realizar y además de que el presupuesto de egresos ya determina los montos para cada una de las modalidades y, por tanto, no tiene el Poder Legislativo la facultad de reservárselas para sí en detrimento y contravención de su propia determinación. En el artículo 51, fracción I, párrafo segundo, correspondiente al 52 de la iniciativa, el Congreso del Estado reforma la propuesta para que en lugar de que se realicen las operaciones de que habla la disposición invocada sin que medie autorización expresa del Comité de Adquisiciones, se haga con autorización, limitándose así a los órganos usuarios para realizar operaciones urgentes, ajustándose a la normatividad y orillándolos a que se convoque al comité para que emita su autorización a algo que pudiera ser intrascendente y que pudiera aplicarse con un fondo fijo sujeto a demostración en su oportunidad. El mismo artículo 51 establece que las operaciones para ser adjudicadas directamente por los entes públicos municipales, se requerirá de decreto que expida el Congreso del Estado, lo que ocasiona violación a lo dispuesto por los numerales 115, fracción I, de la Constitución General de la República, 111, fracción I, de la Constitución Política Local y 193 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, al pretender privar a los Ayuntamientos de las facultades que tienen de aprobar las disposiciones administrativas que regularán las adquisiciones y actos jurídicos similares en contravención a la autonomía municipal."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 5o., 14, 16 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la cual correspondió el número 54/2003, y por razón de turno designó al Ministro Juan N. Silva Meza como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de esa misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Congreso del Estado de Nayarit, al contestar la demanda, sustancialmente manifestó:

a) Que la controversia constitucional debe declararse improcedente, toda vez que los actos impugnados no causan un perjuicio o agravio, ni trastocan la esfera de competencia de la autoridad demandante.

b) Que son infundados los agravios en los que se señala que no existe coincidencia entre el acuerdo emitido por el Pleno del Congreso y el dictamen de las Comisiones de Hacienda, en los que se analizaron las observaciones formuladas por el gobernador del Estado al Decreto 8484, toda vez que de su simple comparación se puede advertir que ambos guardan congruencia y son resueltas todas y cada una de las observaciones hechas por el Ejecutivo.

c) Que si bien respecto de la observación identificada con el número XV existe inconsistencia entre lo determinado por las comisiones y el contenido del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit porque se conservó la denominación ‘dependencias y entidades’ en lugar de insertar el concepto de ‘entes públicos’, dicha inconsistencia no atenta contra los principios previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que se trata, en todo caso, de un error formal y no de fondo y, por tanto, no afecta la validez de la norma.

d) Que en relación con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, de aceptarse la posición del gobernador se pondría en riesgo el cumplimiento del principio de igualdad, ya que la presentación de ofertas por quienes guarden relación familiar, personal o de negocios con quienes de manera directa o indirecta tienen que ver con los procesos de adquisición de bienes y servicios para el sector público, constituye una ventaja sobre los demás oferentes y un riesgo a los principios de honestidad, economía, eficiencia e imparcialidad de los que están revestidos este tipo de procedimientos.

e) Que en cuanto a la impugnación del artículo 39 de la ley en comento, es falso que se pretenda sujetar cualquier adquisición a la voluntad del Congreso Estatal, por el hecho de que se establezca que las convocatorias de licitación pública sean publicadas en un diario nacional o local, según corresponda, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Local, la legislatura se encuentra facultada para establecer reglas y modalidades a las que deben sujetarse los entes públicos locales en el ejercicio de los recursos públicos a efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado en la adquisición de bienes y servicios, lo que a juicio de la legislatura se puede lograr mediante convocatorias nacionales.

f) Que respecto al artículo 51, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, no tiene los efectos que el gobernador le pretende dar, ya que este dispositivo en modo alguno establece que las operaciones directas para ser adjudicadas requerirán del decreto que expida el Congreso del Estado, puesto que la única autorización a que se refiere la fracción aludida es la emitida por el Comité de Adquisiciones de los Municipios, en cuyas decisiones el Congreso no tiene ninguna intervención.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente lo siguiente:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal.

b) Que la parte actora cuenta con la legitimación necesaria para promover la controversia constitucional, conforme a los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 2o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la propia entidad.

c) Que toda vez que el Decreto 8484 se publicó el cuatro de junio de dos mil tres, el plazo respectivo transcurrió del cinco de junio al primero de agosto, por lo que al haberse depositado la demanda respectiva en la oficina de correos de la localidad el diecisiete de julio, su presentación es oportuna.

d) Que es infundada la causa de improcedencia invocada por la demandada, toda vez que para determinar si la norma general y acto impugnados son susceptibles de causar un perjuicio o privar de un beneficio al actor, se debe entrar al fondo del asunto, conforme a la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."

e) Que no existe violación al artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que el Acuerdo Parlamentario 27 fue emitido por la Legislatura Estatal, la que tiene facultades para aprobar las leyes del Estado, además de que resulta incorrecto que entre el citado acuerdo y el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública, Presupuesto y Administración Pública, existan incongruencias, como lo señala el gobernador del Estado.

f) Que resulta infundado el concepto de invalidez en el que se señala que la demandada desatendió el principio de seguridad jurídica y no observó las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, en virtud de que las observaciones realizadas por el gobernador al proyecto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, fueron conocidas y estudiadas mediante el Acuerdo Parlamentario 27, apegándose el Congreso Local a los principios contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

g) Que es inexacto que el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones transgreda el artículo 5o. de la Constitución Federal, toda vez que no prohíbe la libertad que tiene toda persona para dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode, sino que únicamente impone las limitantes de las personas que pueden participar en una licitación pública estatal, salvaguardando con ello la imparcialidad y legalidad del procedimiento de contratación.

h) Que son inoperantes los argumentos relativos al artículo 39 de la ley impugnada, porque la publicación de la licitación en un diario de circulación local o nacional asegura la participación de un mejor número de ofertas, favoreciendo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento, garantizando, asimismo, el cumplimiento del principio de publicidad que rige a las licitaciones.

Que además, contrariamente a lo referido por el actor, la publicación no agrava los costos del bien o servicio, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 39, fracción VII y 40 de la propia ley, cuando las bases de licitación impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria, lo que no transgrede ninguna disposición constitucional.

i) Que es incorrecta la apreciación del poder actor respecto de que el Poder Legislativo no tiene la facultad para determinar los montos a que se sujetarán las publicaciones de licitaciones en periódicos nacionales o locales, ya que conforme a los artículos 115, fracción II, de la Constitución Federal, 47, fracciones I y II, y 133 de la Constitución Local, el Congreso de la entidad está facultado para legislar en todos los ramos de la administración pública interna y para expedir las leyes a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos, entre las que se encuentran las relativas a las adquisiciones, lo que implica que las autoridades administrativas estatales o municipales están impedidas para emitir disposiciones generales en la materia.

j) Que en relación con que el artículo 51, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones transgrede el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, es infundado el argumento relativo, ya que la adjudicación directa es una excepción a la regla genérica de licitación, por lo que la autorización de dichas adjudicaciones por el Comité de Adquisiciones resulta intrascendente, pues dicho órgano sólo dictamina la procedencia de la adjudicación directa cuando el importe sea superior al monto que para tal efecto establece el presupuesto de egresos del Estado, pues en caso de que sea inferior o igual a dicho monto, no se requiere de dictamen, con lo que no se vulneran ni se afectan las facultades de los Ayuntamientos sobre su hacienda pública.

OCTAVO. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En la presente controversia constitucional se demanda la invalidez del Decreto 8484, que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrend

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18340-c3d36073/controversia-constitucional-adquisiciones-arrendamientos-servicios-y-almacenes-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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