LICITACIÓN PÚBLICA. EL ARTÍCULO 204 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE ESTABLECE QUE EL CONGRESO LOCAL FIJARÁ ANUALMENTE LOS MONTOS A LOS QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS, NO CONTRAVIENE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de marzo de dos mil cinco.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Administración de Correos de Tepic, Estado de Nayarit, el dieciséis de julio de dos mil tres, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como gobernador constitucional de esa entidad, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Local, en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuación se señala:
"La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al Congreso del Estado, con domicilio en Avenida México, s/n entre Avenida Allende y Calle Morelos de la ciudad de Tepic, Nayarit, a través de los señores diputados secretarios ... . -IV. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado. El acto cuya invalidez demando, lo hago consistir en el: Decreto Número 8485, que contiene las reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización y la Ley Municipal del Estado, publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día miércoles 4 cuatro de junio de 2003 (dos mil tres)."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que son ciertos los antecedentes, hechos y puntos de derecho que me constan y que como titular del Poder Ejecutivo Estatal, me afectan así como al interés público y social, son los que a continuación narro: con fecha 24 (veinticuatro) de diciembre de 2002 (dos mil dos), la XXVII Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que contenía el decreto materia de esta controversia constitucional, que fue enviado al suscrito el 26 del propio mes y año, que por considerarse un acto inconstitucional se devolvió con observaciones formuladas conforme a lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit a través del oficio número 203/03, de fecha 21 de febrero de 2003. El día 9 de mayo de 2003, mediante oficio número 055/2003, los señores diputados del Congreso del Estado, comunican al suscrito la aprobación del Acuerdo Número 26, que resuelve las observaciones formuladas al Decreto 8485, declarándolas improcedentes y desechándolas de plano, remitiéndose el citado decreto para los efectos del artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit."
TERCERO. La parte actora adujo los siguientes conceptos de invalidez:
"I. Se actúa en defensa de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, ya que los señores diputados del Congreso del Estado, con la reforma al artículo 204 de la ley municipal, invaden la esfera de la libre administración hacendaria de los Municipios. Esto es, en la fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República, se establece: ‘Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. No obstante a lo preceptuado por dicha disposición constitucional, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura, decretó reformas al artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, cuyo texto es: ‘En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado, el Congreso mediante decreto que se expida al efecto, fijará anualmente a más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los que se sujetarán los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios.’. Como ya quedó indicado, una vez que envió el Congreso del Estado, las reformas aludidas para su debido refrendo y publicación, el suscrito no sólo se opuso, sino que hizo valer la facultad de observarlas y como consecuencia remitirlas al propio Congreso. Para ello el día 9 de mayo de 2003, remitieron al suscrito el Acuerdo Número 26, acompañado del dictamen con proyecto en relación a las observaciones presentadas, al Decreto 8485, que contiene las reformas para el caso que nos ocupa a la Ley Municipal del Estado de Nayarit. II. Las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto de Administración Pública, estudiaron y dictaminaron las observaciones por el suscrito formuladas al Decreto 8485, específicamente al artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, señalando dichas comisiones que las observaciones de referencia se resumían en tres puntos: a) Se aduce una supuesta invasión de esferas. Las comisiones sin haber realizado el análisis objetivo de las observaciones planteadas, realizan una apreciación sin fundamento legal alguno. Sin embargo, no sólo en las observaciones se adujo que existía invasión de esferas competenciales entre el Poder Legislativo y los Ayuntamientos, sino que se fundamentó tal aseveración, ya que el primero con la reforma al artículo 204 de la Ley Municipal, pretende administrar la hacienda municipal, violentando con ello la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) En el segundo de los puntos que resumen las comisiones, se menciona: ‘Se establece que el artículo 133 de la Constitución Local no le otorga ninguna competencia a este Congreso para reformar el artículo 204 de la Ley Municipal de conformidad con la propia Constitución.’. Lo que parece una apreciación muy subjetiva, que trata de confundir las facultades que le otorga el numeral citado con su intención de invadir otras esferas. c) En el tercer punto se establece: ‘Se señala que la facultad de fijar los montos que sirven como base para las excepciones a las licitaciones públicas es competencia de los propios Municipios mediante el ejercicio de sus facultades reglamentarias.’. Afirmación que efectivamente se realizó en el correspondiente pliego de observaciones. III. En el punto tercero de las consideraciones del dictamen, las comisiones determinaron considerar como de elemental estudio, si la Legislatura del Estado cuenta o no con las atribuciones legales para haber aprobado la reforma a la Ley Municipal del Estado, y para ello procedió a realizar estudios de algunos dispositivos constitucionales tales como las fracciones II, III y IV, penúltimo y último párrafos, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 47, 111 y 115 de la Constitución Local, los cuales de manera textual cita, sin que realice alguna consideración legal objetiva, que permita justificar su facultad de intervenir en la autonomía hacendaria del Municipio. Las comisiones se concretan a establecer, que los artículos antes invocados no son debidamente justipreciados por el suscrito, sin embargo, he de manifestar que jamás se ha cuestionado sobre la facultad que tiene el legislador de reformar o no una ley, hablando concretamente de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, ya que, es bien sabido que el legislador acorde a los preceptos 47, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tiene la facultad de legislar, sin embargo, ello no le otorga la atribución de invadir esferas competenciales de los demás poderes o al propio Municipio. Ahora bien, las Comisiones insisten en señalar que el suscrito realizó una valoración incorrecta del artículo 133 de la Constitución Local, sin establecer el porqué aducen ese criterio. Es claro, que en el artículo 133 del ordenamiento legal antes invocado, se precisan los principios por los cuales tanto el Estado y sus Municipios, van a disponer de sus recursos económicos, así como también se establece que ese manejo de recursos, se realizará precisamente en cumplimiento a las disposiciones legales, que en este caso, el Poder Legislativo tenga a bien expedir. Lo que como ya se mencionó, no es el problema que se debate, lo que sí es, es que el Poder Legislativo, con el respaldo que tiene de la facultad de legislar, invada como ya se mencionó la esfera competencial de los Municipios. IV. En el punto cuatro del dictamen, vuelven a reiterar las comisiones que el suscrito en las observaciones realizadas señaló, que esa legislatura era incompetente para modificar el artículo 204 de la Ley Municipal del Estado, sin embargo, es de aclararse que ese no fue el argumento toral de las observaciones, ya quien si no es (sic), el Poder Legislativo, el que tiene la facultad de modificar dicho numeral. Sin embargo, en lo que no se está ni se estuvo de acuerdo, es en lo relativo a que el Poder Legislativo, en las atribuciones que tiene encomendadas, invada cuestiones de competencia, ya que al reformar el artículo 204 de la Ley Municipal del Estado, debe respetar las facultades que el propio Municipio tiene para expedir los ordenamientos legales o administrativos para su buen funcionamiento, en tal sentido, el Congreso no tiene por qué establecer los montos por los cuales los Ayuntamientos deberán sujetarse para las excepciones de los procedimientos de licitación pública, ya que le corresponde al Ayuntamiento el establecer antes de cada día 30 de diciembre las bases para dichos procedimientos, considerando que sólo le corresponde al Ayuntamiento, acorde a lo dispuesto por la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, para ello toma aplicación la tesis número P./J. 132/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 1041, del Tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están facultados para expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, también lo es que dichos órganos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, pues las referidas normas de carácter general: 1) No pueden estar en oposición a la Constitución General ni a las de los Estados, así como tampoco a las leyes federales o locales; 2) En todo caso, deben adecuarse a las bases normativas que emitan las Legislaturas de los Estados; y, 3) Deben versar sobre materias o servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los Municipios.’. El criterio anteriormente transcrito, enriquece nuestro argumento, en cuanto a que el Municipio tiene la más amplia facultad de expedir los ordenamientos administrativos, que en este caso, como ya se mencionó, son el establecimiento de montos por los cuales los Ayuntamientos deberán sujetarse para las excepciones de los procedimientos de licitación pública. Sin embargo, el Congreso del Estado de Nayarit, argumentando su facultad legislativa, reforma el artículo 204 de la Ley Municipal del Estado, atribuyéndose la facultad de establecer las bases por las cuales los Municipios se deben conducir, en relación a las excepciones de los procedimientos de licitación pública. Claro es que el Municipio, al expedir sus ordenamientos legales y administrativos, tiene el deber de atender las normatividades que emita la Legislatura Local, pero en este caso, el Congreso del Estado no sólo se limita a establecer normatividades, sino que no le otorga el derecho al Municipio de establecer las bases por las cuales debe regirse en los casos de las excepciones de los procedimientos de licitación pública, atribuyéndose como ya se mencionó, esa facultad de que cada día 30 de diciembre establezca las bases por las cuales los Ayuntamientos deberán sujetarse para las excepciones de los procedimientos de licitación pública. Además de que existe fundamento legal, por el cual se le otorga al Ayuntamiento dicha facultad como así lo precisa la fracción I del artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, cuyo contenido no necesita de que tenga interpretaciones parciales, que vengan a beneficiar las observaciones que en su momento se vertieron. Como ya ha quedado mencionado, claro es que los Municipios deben atender a disposiciones legales emanadas del Poder Legislativo, para efectos de administrar sus recursos. Sin embargo, el Congreso del Estado no debe ir más allá de su facultad legislativa, al quererse atribuir funciones dentro de la administración hacendaria del Municipio. Nuevamente se aclara, las observaciones no se realizaron basándose en la argumentación de que el Congreso carece de facultades para legislar en materia municipal, como así lo matizaron las comisiones en todo el dictamen, ya que, para declarar improcedentes las observaciones realizadas por el suscrito, tenían que encontrar un criterio diferente al objeto de lo presentado. V. Como se podrá apreciar, las comisiones insistieron en todo su dictamen, que el suscrito realizó una apreciación parcial de los dispositivos legales, para concluir que la facultad reglamentaria deviene ilimitada. Sin razón, lo argumentan así las comisiones, ya que no es, el que el suscrito quiera interpretar, sino que es el espíritu de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece el fundamento por virtud del cual el Municipio tiene la libertad de expedir sus propios acuerdos administrativos, para su correcto funcionamiento. VI. Las comisiones realizan un análisis acerca de la viabilidad de la reforma al artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a efecto de justificar que no existe invasión de esferas competenciales, argumentando: El dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, donde se establece que a efecto de garantizar las mejores condiciones para el erario público estatal y municipal, cuando se considere que las licitaciones públicas no son el medio más adecuado para ello, mediante ley deben establecerse dichas salvedades. Efectivamente, dicho precepto le otorga la facultad al Congreso del Estado de establecer las salvedades a que se hace mención en el precepto antes invocado. Pero el mismo precepto, no autoriza, para que sea precisamente el Congreso, el que tenga que establecer los montos a los que se deben sujetar los Ayuntamientos, ya que incluso mediante el Decreto 8486, el Congreso del Estado determinó los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en sus excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal del año 2003, decreto que por su parte, ha sido también materia de controversia constitucional. Otras de las razones que aduce el Congreso del Estado, para invadir la autonomía hacendaria de los Municipios, es en base, a que dice, se ha venido cumpliendo deficientemente el artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en relación a que los montos para llevar a cabo licitaciones restringidas o adjudicaciones directas a proveedores de los Municipios, han sido fijados en el mejor de los casos en los propios presupuestos de egresos municipales, los cuales en ningún momento le es obsequiable el reconocimiento de ley y en donde resulta latente la posibilidad de que sean los propios Ayuntamientos y no el Congreso, tal como lo dispone la Constitución, quienes de manera discrecional fijen dichos montos. Es de aclararse, que en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, no se hace referencia alguna a fijar de manera discrecional montos. Para ello, se transcribe de manera textual, el precepto antes indicado: ‘Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado y sus Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado y sus Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus Municipios. El manejo de recursos federales convenidos se sujetarán a las disposiciones de este artículo. Los servidores públicos del Estado y sus Municipios serán responsables del cumplimiento a las mencionadas disposiciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución.’. El artículo antes transcrito, aduce sólo a cómo debe llevarse a cabo la aplicación de recursos económicos, tanto por el Gobierno del Estado, como por los Municipios, en sus respectivas haciendas. Sin embargo, la apreciación que hacen las Comisiones, al decir que se ha venido dando cumplimiento deficiente al precepto constitucional antes invocado, nos resulta aventurada su afirmación, ya que no aportan los elementos por los cuales demuestran tal afirmación. En cuanto a lo que se refiere, a que el Congreso cada año aprueba el presupuesto de egresos del Estado, en el que se regulan los montos por los cuales se dan las bases para llevar a cabo las excepciones a los procedimientos de licitación pública, no existe similitud con el caso planteado, ya que es mediante mandato constitucional en el que se le otorga al Congreso esta atribución, que es una condición formal para la ejecución del gasto público, para ello basta citar la fracción VI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En cuanto al artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado, también resulta inaplicable, ya que se deja a las dependencias o entidades bajo su responsabilidad a llevar a cabo la obra pública, mediante los conceptos ya sea de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Además, la citación de dicho numeral no garantiza ni mucho menos justifica que el Congreso del Estado, se atribuya la facultad de legislar en materia de la administración hacendaria municipal. Es de nuevamente mencionarse, que el Congreso no estableció los parámetros a los cuales deberá circunscribirse la administración municipal, sino que sin fundamento legal alguno, se atribuyó la libertad de administrar la hacienda del Municipio, con la reforma al artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. La conducta del Congreso del Estado de Nayarit, es contraria a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su texto dice: ‘Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; ...’. En el caso que nos ocupa la Legislatura del Estado de Nayarit, sólo tiene la facultad de establecer a favor del Municipio las contribuciones e ingresos que formen parte de la hacienda municipal, situación muy distinta al quererse otorgar como lo hizo, la facultad de disponer la aplicación de los recursos municipales o más concretamente, el facultarse la administración de la libre administración hacendaria municipal, al expedir anualmente a más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los que se sujetarán los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. A lo anterior toma aplicación la tesis jurisprudencial número P./J. 5/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece en la página 515 del Tomo XI, febrero de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto y rubro son: ‘HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’. En términos (sic) puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios, por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener la libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos. De igual manera, toma aplicación la tesis número P./J. 6/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra en la página 514 del Tomo XI, febrero de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en cuyo rubro y texto, se menciona: ‘HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que la hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de las prestaciones de servicios públicos a su cargo. De una interpretación armónica, sistemática y teleológica de la disposición constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad al régimen de libre administración hacendaria (sic), toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposición constitucional y que también forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposición fundamental lo que instituye, más que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de ésta que quedan comprendidos en el aludido régimen de libre administración hacendaria. Es así como se acredita el criterio infundado del Congreso del Estado, al confundir que tiene atribuciones para legislar en materia de la integración de la hacienda municipal, con el de la libre administración hacendaria, que le corresponde sólo al Municipio. Con ello se robustece que con la reforma al artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, el Congreso del Estado atenta contra la libre administración hacendaria, ya que no le otorga al Municipio la libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, acorde a los términos que la administración de la hacienda requiera cada Municipio (sic) de los 20 que integran al Estado de Nayarit. En cuanto a los criterios jurisprudenciales citados en el dictamen por las comisiones, devienen inaplicables en cuanto a sus afirmaciones, ya que efectivamente son aplicables en lo relativo a la libertad hacendaria, lo cual con la reforma que efectuaron al artículo 204 de la Ley Municipal del Estado, la vulneran. 7. El Congreso del Estado, evadió así su responsabilidad, al decir que con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 11 y 47, fracción II, inciso h, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, el Congreso del Estado de Nayarit, es competente para realizar las reformas al artículo 204 de la ley municipal para el Estado de Nayarit. Lo que ya se comentó, no fue motivo de observación, ya que una de las facultades que tiene precisamente el Congreso del Estado, es el de reformar leyes. Sin embargo, ello no lo faculta a invadir esferas competenciales, que fue el tema materia de observación. Es así como el Congreso del Estado, no tiene el porqué establecer montos para la determinación de las excepciones a las licitaciones públicas que celebren los Municipios, ya que acorde a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, faculta literalmente al Municipio a administrar libremente su hacienda, la cual se integra con los rendimientos bienes (sic) que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, pero esto último no quiere decir que la legislatura pueda interferir en el establecimiento de bases para que el Municipio se administre."
CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido es el 115, fracciones II y IV.
QUINTO. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 55/2003 y por razón de turno designó al Ministro Juventino V. Castro y Castro, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que rindiera su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, al contestar la demanda manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de controversias constitu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19006-85711cc1/licitacion-publica-el-articulo-204-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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