ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN XI, DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA QUE LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN REMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN XIX, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE LA FACULTAD DE ESE ENTE PARA EXPEDIR CERTIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DE LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN, NO VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 7o. BIS, INCISO A), DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA QUE AQUÉL HAGA CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 7o. BIS, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE AQUÉL PUEDE PROMOVER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE, COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYE UNA LEY PRIVATIVA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 19, PÁRRAFO PRIMERO, 21, PÁRRAFO PRIMERO, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE PREVÉ UNA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA Y NO PENAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 52/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de abril de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el catorce de julio de dos mil tres, en la Administración de Correos de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo Local, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de su legítimo representante legal, quien tiene su domicilio en avenida México número 38 al norte de esta ciudad. ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. Los artículos 6o., párrafo segundo, 7o., fracciones XI y XIX, 7o. bis, 11, fracciones IV, IX, XIII y XXIV, 19, 37, 38, fracción II, 50, 51, 54, fracciones I y IV; reformados de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, que fueron publicados mediante Decreto Número 8485, el día 4 cuatro de junio de 2003 dos mil tres, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Derivado de la reforma constitucional del Estado de Nayarit de 1995, la revisión o fiscalización y aprobación de las cuentas públicas se comenzó a llevar a cabo en forma trimestral, toda vez que, antes de dicha reforma era anual, provocando con ello que la sociedad nayarita tuviera conocimiento en forma inmediata y actual del ejercicio del gasto público, por tal (sic) fue la XXIV Legislatura Local quien comenzó a revisar y aprobar el ejercicio del gasto, a la luz del marco jurídico local. 2. Con fecha 18 de diciembre de 2002, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, el Acuerdo Número 12, que contiene convocatoria a los diputados integrantes de la XXVII Legislatura del Estado, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional a partir del día viernes 20 de diciembre del año 2002, con la finalidad de conocer y resolver dentro de los asuntos que se enlistaron, como punto número cinco, la iniciativa de decreto que reforma a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, sin observar el marco constitucional federal y local. 3. Derivado de dicha convocatoria, el día 24 de diciembre del mismo año, el Congreso mediante sesión extraordinaria aprobó la iniciativa del decreto que contiene reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior y la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 4. Con fecha 26 de diciembre de 2002, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, mediante oficio número 044/2002, me remitió para los efectos constitucionales de promulgación y debida publicación el Decreto 8485, que contiene reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior y la Ley Municipal del Estado de Nayarit. 5. Sin embargo, por contener el Decreto 8485 también reformas a la Ley Municipal del Estado, y ser ésta susceptible de vetarse, el 21 de febrero del año en curso, se presentaron mediante oficio número 203/03 observaciones a las reformas de la aludida ley, dejando pendiente su publicación hasta en tanto se resolvieran las observaciones. 6. Derivado de las observaciones formuladas a la demandada, por la aprobación del Decreto 8485 que establece reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización y a la ley municipal, mediante los oficios números 055/2003 y CE/SG/224/03 de fecha 9 nueve y 20 veinte ambos de mayo del año en curso, signado el primero por los diputados secretario del H. Congreso del Estado, y el segundo por el secretario general del Congreso Local, recepcionados ambos en la Secretaría General de Gobierno del Estado a las 11:30 horas del día 20 veinte de mayo del presente año, me remitieron el Acuerdo No. 26, que resuelve respecto de las observaciones presentadas por el suscrito al citado Decreto 8485; así como el dictamen respectivo; y como consecuencia de ello el Decreto 8485 que establece las reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior y la Ley Municipal del Estado, que en lo conducente dice: ‘Decreto Número 8485. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVII Legislatura. Decreta: Reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización y la Ley Municipal del Estado. Artículo primero: De la Ley del Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Nayarit publicada mediante Decreto 8309; se reforman los artículos 6o., 7o., fracción XIX; 11, fracciones IV, IX, XIII y XXIV; 37, 38, 46, fracciones IX y X; 50, 51, 54, 61, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80; se adicionan al artículo 7o. en la fracción XI dos párrafos; un artículo 7o. bis; al artículo 11 se le adiciona una fracción más la XXV; al artículo 19, un párrafo; al artículo 45, un segundo párrafo; al artículo 46 se le adiciona la fracción XI; y se derogan los artículos 55, 56, 57, 81, 82, 83 y 84, para quedar como a continuación se indica: Artículo 6o. A falta de disposición expresa en la ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado; la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit, así como las disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal. La interpretación y aplicación de esta ley, estará a cargo del Congreso, la comisión y el auditor general, en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 7o. El órgano será competente para: XI. ... Cuando esta ley no establezca plazo para la remisión de información, el órgano lo determinará en el propio requerimiento, tomando en cuenta la naturaleza de la información, pudiendo solicitar el ente auditado una prórroga por causa justificada por escrito y previo al vencimiento del plazo señalado. La falta de cumplimiento sin que exista una justificación, hará acreedor al responsable de las sanciones que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. XIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos o bien aquellos que obren en archivos de los sujetos de fiscalización, siempre y cuando la entrega sea por funcionario competente, conforme a las especificaciones que se determinen en el reglamento del órgano. Artículo 7o. bis. El órgano para hacer valer sus requerimientos a los sujetos de fiscalización contará con las siguientes medidas de apremio: a) Multa. b) Promoción, en su caso, de la destitución del servidor público responsable ante las autoridades competentes, y c) Promoción de las responsabilidades a que haya lugar. Las multas que aplique el órgano a los sujetos de fiscalización, por no atender los requerimientos u observaciones que ésta realice, serán de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado. La reincidencia se castigará con una multa de hasta el doble a la ya impuesta. Para imponer multas el órgano debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. Artículo 11. Son atribuciones del auditor general las siguientes: I. a III. ... IV. Administrar los bienes y recursos a cargo del órgano; así como gestionar la incorporación, destino, desincorporación o enajenación de bienes inmuebles del dominio público del Estado, afectos a su servicio. La adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios, deberá sujetarse a lo dispuesto en las leyes de la materia; V. a VIII. ... IX. Nombrar y remover al personal del órgano de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso. X. a XII. ... XIII. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la comisión, el informe del resultado a más tardar el 15 de noviembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado; y XIV. a XXIII. ... XXIV. Expedir los criterios generales de auditoría que deberán seguir los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización; y XXV. Las demás que señalen esta ley y las disposiciones legales aplicables. Artículo 19. El auditor general y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: I. ... II. ... III. ... Durante el año siguiente a la conclusión de su ejercicio, el auditor general estará impedido para ocupar algún cargo de elección popular local; así como para desempeñar empleo, cargo o comisión dentro de alguna de las entidades o dependencias de los sujetos de fiscalización a los que alude esta ley. Durante ese año, el auditor general gozará de un haber por retiro similar al monto del salario que perciba a la fecha de conclusión. Artículo 37. Los sujetos de fiscalización tendrán la obligación de conservar en su poder durante cinco años, los libros, registros de contabilidad y la información financiera correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de la cuenta de la hacienda pública, mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, computándose el término a partir de que el Congreso del Estado haya decretado la conclusión de la revisión de la cuenta de la hacienda pública del ejercicio fiscal con la respectiva publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Artículo 38. La presentación de las cuentas públicas será trimestral a partir del primer día del año fiscal correspondiente y deberá sujetarse a lo siguiente: I. Las cuentas públicas deberán entregarse, dentro del plazo de 30 días siguientes, contados a partir del último día del trimestre del que se informe; II. Las cuentas públicas relativas al último trimestre deberán presentarse dentro de los 45 días siguientes contados a partir del último día del trimestre del ejercicio fiscal correspondiente, en el cual los sujetos de fiscalización deberán presentar un informe consolidado y analítico, relativo a los tres trimestres anteriores del ejercicio del que se informe; III. En el ejercicio fiscal en el que se realice el relevo constitucional de los titulares de los poderes o de los integrantes de los Ayuntamientos, la cuenta pública del trimestre de transmisión la remitirá la administración entrante; IV. En la remisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo y en las de los Ayuntamientos deberá incluirse, de manera consolidada, la información correspondiente a sus organismos públicos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal o municipal, según sea el caso, así como de las personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos con cargo a sus respectivos erarios. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, los titulares de las entidades de la administración pública estatal y municipal, harán llegar con la debida anticipación al Ejecutivo Estatal o al Ayuntamiento, según corresponda, por conducto de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería Municipal, la información y documentación correspondiente. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería Municipal, podrán solicitar en el ámbito de sus competencias, a las entidades estatales o municipales, la información adicional que estimen necesaria para cumplir en tiempo y forma con la remisión de la cuenta pública; V. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial así como de los demás entes públicos la remisión de sus cuentas públicas deberá presentarse directamente al Congreso por conducto del órgano, en los términos de esta ley; VI. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública, cuando medie solicitud del titular del sujeto fiscalizado suficientemente justificada a juicio de la Comisión de Hacienda, debiendo comparecer por escrito en todo caso, el titular de la dependencia correspondiente a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales; VII. La falta de la presentación de las cuentas públicas en los plazos establecidos en este artículo será causa de responsabilidad en los términos de ley. Cuando las cuentas públicas cuenten con un retraso en su presentación de dos trimestres sin que medie justificación válida alguna, el órgano promoverá las acciones de responsabilidad en contra de los titulares de los sujetos de fiscalización en los términos de las leyes de la materia, debiéndose notificar de dicha circunstancia al Congreso por conducto de la comisión. Artículo 45. ... El órgano será responsable subsidiariamente por los daños y perjuicios que cause la actuación ilícita de sus servidores públicos, así como por la de los prestadores de servicio contratados para el ejercicio de sus funciones. Artículo 46. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, tiene por objeto determinar: I. a VIII. ... IX. Si los activos, propiedades y derechos del Estado y los Municipios están correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a su cargo son reales y están registrados en su contabilidad; X. Las responsabilidades a que haya lugar; y XI. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta ley. Artículo 50. Respecto de la cuenta pública correspondiente a los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal del que se trate, el órgano podrá realizar observaciones, disponiendo los sujetos de fiscalización de veinte días hábiles para presentar las solventaciones que procedan. En todo caso, las observaciones a que se refiere el párrafo anterior, inclusive las que se generen para el cuarto trimestre, deberán notificarse a los sujetos de fiscalización a más tardar el 31 de agosto del año siguiente al ejercicio fiscal revisado, con el propósito de que sus comentarios se integren al informe del resultado de la revisión de la cuenta pública correspondiente. El órgano podrá revisar información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores al que se fiscalice; cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o existan elementos supervenientes que a juicio del órgano presupongan la existencia de daños o perjuicios al erario público estatal o municipal competidos en ejercicios anteriores al que se fiscalice en tanto no prescriban las facultades de fiscalización del órgano. Artículo 51. El órgano presentará al Congreso, por conducto de la comisión, el informe del resultado, a más tardar el día 15 del mes de noviembre del año siguiente al que se fiscalice, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, el órgano deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones. Artículo 54. Si de la fiscalización de las cuentas públicas, inclusive las que apruebe el Congreso, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipales, al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los entes públicos, el órgano procederá de inmediato a: I. Establecer la presunción de responsabilidades a través del acuerdo que se dicte, así como el señalamiento de presuntos responsables y la determinación del monto de los daños y perjuicios correspondientes fincando directamente a los responsables el importe para resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; II. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título octavo de la Constitución Política del Estado y la ley de la materia; III. Presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención a que haya lugar; IV. Coadyuvar con el Ministerio Público de las investigaciones y procesos penales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión del órgano, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; V. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; y VI. Promover las quejas o denuncias en contra de aquellos servidores públicos que debiendo conocer los hechos denunciados por el órgano omitan resolver sobre los mismos. Artículo 55. Derogado. Artículo 56. Derogado. Artículo 57. Derogado. Artículo 61. Los sujetos de fiscalización, dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventarlos ante el órgano y éste emitirá la resolución correspondiente. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes para desvirtuar las observaciones, se iniciará el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar. Artículo 66. La determinación de responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente: I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia en el domicilio del órgano, haciéndoles saber en el acta de notificación los hechos que se les imputan y que sean causa de presunta responsabilidad en los términos de esta ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia; en la audiencia, se le hará saber además de su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo; entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles; II. Celebrada la audiencia, el presunto responsable contará con cinco días hábiles para ofrecer pruebas; vencido este plazo, se citará a la audiencia de desahogo de pruebas que podrá diferirse por una sola vez, en la cual se dictará fecha para recibir alegatos por escrito; III. Se emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes a la audiencia de alegatos; en la resolución, se determinará la existencia o inexistencia de la responsabilidad, y se fincará, en su caso, la indemnización y sanción correspondientes, al o los sujetos responsables, y se notificará a éstos dicha resolución, remitiéndose un tanto autógrafo de la misma a la Secretaría de Finanzas o a la Tesorería Municipal que corresponda, para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, éste no es cubierto, o no es impugnado y debidamente garantizado en términos de las disposiciones aplicables, se haga efectivo, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando los responsables sean servidores públicos, dicha resolución será notificada al representante del sujeto de fiscalización y al órgano de control interior respectivo; la indemnización deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y término que establecen las disposiciones del Código Fiscal del Estado tratándose de contribuciones y aprovechamientos. La sanción pecuniaria consistirá en una multa de uno hasta tres tantos del monto de los daños y perjuicios causados; y el órgano podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas o las Tesorerías Municipales, en su caso, proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta; IV. Si en la audiencia el órgano encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias debiendo emitir la resolución correspondiente siguiendo el procedimiento previsto en las fracciones anteriores; V. Para la imposición de las sanciones resarcitorias se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, relativos a: a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; b) Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; c) El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y f) El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones; VI. Las resoluciones y acuerdos del órgano durante el procedimiento a que se refiere este capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas una vez que hayan causado ejecutoria se notificarán tanto a la dependencia o entidad en donde se encontraba adscrito el servidor público o servidores públicos responsables, como a la Secretaría de Finanzas o las Tesorerías Municipales, según corresponda, así como a los respectivos órganos de control interno; para los efectos correspondientes de registro y ejecución. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas o de las Tesorerías Municipales o de los auxiliares de éstas, será causa de responsabilidad administrativa disciplinaria en los términos de la ley. Artículo 67. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit. Artículo 69. Las indemnizaciones y sanciones a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. El importe de las indemnizaciones y de las sanciones que se recuperen en los términos de esta ley, quedarán a disponibilidad de los sujetos de fiscalización que sufrieron el daño o perjuicio, y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto que corresponda. Artículo 72. Cualquier persona física o moral, pública o privada afectada por los actos o resoluciones definitivos del órgano podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en esta ley o mediante el juicio que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Se entenderá como actos o resoluciones definitivos, aquellos que ponen fin al procedimiento a que alude el capítulo IX de esta ley. Artículo 74. La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: I. Se iniciará mediante escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio del servidor público o del particular, persona física o moral, le cause la multa o resolución impugnada, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento de pruebas que considere necesario rendir; II. El órgano acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándola al interesado. Artículo 75. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del pliego o resolución recurrida, si el pago de la sanción correspondiente se garantiza en términos que prevenga la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit. Artículo 76. Los servidores públicos y las personas afectadas por las resoluciones que emita el órgano en todo momento durante el procedimiento a que se refiere el artículo 66 de esta ley, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los documentos correspondientes. Capítulo XI. De la prescripción de responsabilidades. Artículo 77. Las facultades del órgano para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere el capítulo IX prescribirán en cinco años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificar el presunto responsable el inicio del procedimiento establecido en el artículo 66 de esta ley. Artículo 78. Las responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. Artículo 79. Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable, interrumpe la prescripción de la sanción impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha gestión. Capítulo XII. Del Instituto de Capacitación y Desarrollo para la Fiscalización Superior. Artículo 80. El órgano contará con un Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, cuyo propósito será la capacitación del personal del órgano, así como de las personas físicas o morales, públicas o privadas interesadas en la fiscalización superior, cuenta pública, rendición de cuentas, transparencia y ética en la gestión gubernamental, régimen de responsabilidades de los servidores públicos y demás objetivos que se establezcan al instituto. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, dispondrá del presupuesto que se le asigne anualmente, así como de los ingresos autogenerados que obtenga por la recuperación de cuotas por los servicios que preste y otras actividades que realice relacionadas con sus objetivos. Artículo 81. Derogado. Artículo 82. Derogado. Artículo 83. Derogado. Artículo 84. Derogado. Artículo segundo: ... Transitorios: Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Los plazos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización que con este decreto se reforma serán aplicables en la presentación de las cuentas públicas, a partir del ejercicio fiscal del año 2003. Artículo tercero. Los procedimientos resarcitorios que el órgano hubiese iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de iniciarse. Artículo cuarto. A efecto de dar cumplimiento al artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que con este decreto se reforma, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, deberá presentar al Pleno del Congreso los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos durante el ejercicio fiscal del año 2003 en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, mismo decreto que en todo caso deberá estar aprobado y publicado a más tardar el 31 de diciembre del año 2002. Artículo quinto. El reglamento al que hace referencia la presente ley, deberá expedirse a más tardar en noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Dado en la Sala de sesiones «Lic. Benito Juárez» de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los nueve días del mes de mayo del año dos mil tres.’. 7. Por ser una norma de carácter general el Decreto 8485 que contiene reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización y la Ley Municipal del Estado, se publicó el 4 de junio del año en curso, en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho medio oficial, tal y como lo señala el artículo primero transitorio."
TERCERO. El promovente en sus conceptos de invalidez señaló, medularmente, lo siguiente:
1. Que el segundo párrafo del artículo 6o. de la norma impugnada es inconstitucional, por inobservar los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y supremacía constitucional, previstos en los numerales 14, 16, 116, 128 y 133 de la Constitución Federal, al conferirse a órganos derivados de la legislatura, como son la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y el auditor general del órgano de fiscalización, facultades propias del Congreso Local, en específico la relativa a la interpretación de la legislación, lo cual provoca inseguridad e incertidumbre jurídica para los Poderes del Estado, entes públicos y demás sujetos de fiscalización.
2. Que las fracciones XI y XIX del artículo 7o. de la ley cuya invalidez se demanda resultan inconstitucionales, al inobservar los principios de legalidad, seguridad jurídica, división de poderes y supremacía constitucional, consagrados en los numerales 14, 16, 49, 116, 128 y 133 de la Constitución Federal, además, por ser contrarias también a los artículos 22, 23 y 72 de la Constitución Política Local, y 30, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en virtud de que la fracción XI del numeral impugnado no establece un plazo específico para que el órgano de fiscalización requiera la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18949-faed3234/organo-de-fiscalizacion-superior-del-estado-de-nayarit · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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