CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2003. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de abril de dos mil tres, Manuel Humberto Cota Jiménez, quien se ostentó como presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
"Autoridad demandada y su domicilio. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la persona del contador público Antonio Echevarría Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por actos que el Poder Legislativo de esta entidad federativa, considera ilegales e inconstitucionales imputables al referido Poder Ejecutivo, quien tiene su domicilio legal en Palacio de Gobierno ubicado en Avenida México entre calle Mina y Abasolo de la zona centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit.-Acto cuya invalidez se demanda. La negativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a publicar el Decreto Número 8487 que contiene los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del año 2003 (dos mil tres), así como el Decreto Número 8488, relativo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2003 (dos mil tres) y enviados al titular del Poder Ejecutivo el día 15 (quince) del mismo mes y año para su promulgación y publicación, sin más trámite como lo impone la Constitución Política del Estado, constituyendo esta negativa una violación a las normas constitucionales tanto federales como locales."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, en síntesis, los siguientes:
1. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, el poder actor aprobó los Decretos 8487 y 8488, que contienen los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado de Nayarit, y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil tres, respectivamente, enviándolos al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en tiempo para su aplicación, debido a la naturaleza anual de dichos decretos.
2. Que el titular del Poder Ejecutivo estatal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 53 de la Constitución Política Local y, al encontrarse en desacuerdo con los términos en que fueron aprobados los decretos mencionados, con fecha veintiuno de febrero de dos mil tres presentó ante la legislatura las observaciones que estimó convenientes.
3. Que una vez analizadas y discutidas las observaciones mencionadas, fueron resueltas por el poder actor el trece de abril de dos mil tres, y se remitieron nuevamente los Decretos 8487 y 8488 al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que en términos del artículo 55 de la Constitución Local, procediera sin más trámite a su promulgación y publicación.
4. Que a la fecha de presentación de la demanda a estudio, el Ejecutivo del Estado de Nayarit no había promulgado y publicado los decretos señalados en el párrafo que antecede.
TERCERO.-La parte actora expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
1. Que al haberse ejercitado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la facultad de presentar observaciones a los Decretos 8487 y 8488, las cuales fueron objeto de análisis y discusión por parte del Congreso Local, quien determinó modificar algunos aspectos de dichos decretos y reenviarlos al Ejecutivo para su publicación, éste se encontraba obligado a promulgarlos y publicarlos en el Periódico Oficial de la entidad, conforme a lo previsto por los artículos 55 y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit.
Que cita en apoyo a lo anterior la tesis número P./J. 55/2001, que aparece publicada en la página novecientos veinticuatro del Tomo XIII, correspondiente a abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO."
2. Que tomando en cuenta que un proyecto de ley o decreto aprobado por la Legislatura Local no tiene la calidad de ley sino hasta que el Ejecutivo lo sanciona, promulga y publica para que pueda tener vigencia, entonces la negativa de la autoridad demandada a cumplir con la obligación de concluir el procedimiento legislativo de los ordenamientos contenidos en los decretos mencionados, resulta inconstitucional.
Que además, resulta un contrasentido el hecho de que el Ejecutivo Local haya presentado observaciones a los mencionados decretos, las que fueron atendidas por la actora y, posteriormente, remitidas nuevamente a la demandada, y que se haya negado a promulgarlos y publicarlos.
3. Que resulta notoria la inconstitucionalidad del acto en virtud de que no existe disposición legal o constitucional en la cual pueda fundarse el actuar del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, lo que se traduce en una afectación a la esfera jurídica de facultades del poder actor, toda vez que con ello se ignoran y desatienden las disposiciones emanadas de un poder cuya actuación se encuentra soportada tanto en la Constitución Federal como en la Local.
Que, por tanto, con la negativa de promulgar y publicar un decreto no cumple con la obligación contenida en el artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, lo que origina como consecuencia que se impida la culminación de un procedimiento legislativo, en menoscabo del Estado de derecho.
4. Que igualmente, debe declararse la invalidez del acto impugnado ya que al negarse a promulgar y a publicar los decretos expedidos por el Poder Legislativo, el Ejecutivo Local incurre en la comisión de actos que precisamente le están prohibidos por la Constitución Local en su artículo 70, fracción I.
5. Que se viola el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que el Poder Ejecutivo Local no expresa por escrito los motivos y argumentos que tomó en consideración para negarse a promulgar y publicar los Decretos 8487 y 8488, y culminar con su procedimiento legislativo, lo que conculca las facultades del poder actor.
CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 16, 41, 49 y 116.
QUINTO.-Por acuerdo de treinta de abril de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 37/2003, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán como instructor del procedimiento.
Mediante auto de dos de mayo de dos mil tres, el Ministro Juan Díaz Romero, en suplencia del Ministro instructor, tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.-En atención al sentido del fallo, se hace innecesario hacer referencia a la contestación de demanda, así como a la opinión del procurador general de la República.
SÉPTIMO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit.
SEGUNDO.-Previamente a cualquier otra cuestión, este Alto Tribunal advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, consistente en la cesación de los efectos de los actos cuya invalidez se demanda, en virtud de lo siguiente:
En primer término, debe señalarse que la parte actora impugna en su demanda, la negativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a promulgar y publicar los Decretos Números 8487 y 8488, que contienen los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil tres, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil tres, respectivamente, que le fueron enviados por la Legislatura Local el quince de abril del indicado año, para su promulgación y publicación, sin más trámite, en atención a que habían sido atendidas las observaciones que realizó a dichos decretos.
Atendiendo a lo anterior, debe precisarse que el acto cuya invalidez se demanda es de naturaleza omisiva, y no de carácter negativo como aduce la parte actora, toda vez que la conducta que se reclama del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit consiste en no haber dado cumplimiento al deber que le impone la Constitución Local de promulgar y publicar los decretos de la legislatura, sin mayor trámite, una vez que ésta ha analizado las observaciones por él presentadas en ejercicio de su derecho de veto, por lo que deviene inconcuso que dicha conducta constituye un acto de carácter omisivo.
Ahora bien, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil tres, se agregó al expediente el oficio del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por el que manifestó que: "... fueron promulgados y publicados el día miércoles 19 (diecinueve) de noviembre del año en curso, en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, los Decretos 8487 y 8488 que establecen y contienen, respectivamente, los montos participables y los factores de distribución de las participaciones federales para los veinte Municipios del Estado y el presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal 2003 ...", remitiendo, al efecto, las secciones segunda y tercera del Periódico Oficial del Estado de Nayarit de diecinueve del indicado mes y año, en el que se publicaron los Decreto 8487 y 8488 que contienen los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil tres, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil tres, respectivamente (fojas 578 a 681, tomo II, del expediente).
Del análisis integral de las documentales señaladas en el párrafo que antecede, se advierte que el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit promulgó y publicó en el citado medio informativo local el texto de los mencionados decretos, conforme se establece en el Acuerdo No. 23 que resuelve respecto de las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8487 que establece los montos participables y factores de distribución de las participaciones federales a los Municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2003; así como el dictamen respectivo, así como en el Acuerdo No. 24 que resuelve respecto de las observaciones presentadas por el gobernador al Decreto 8488 que contiene el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2003; así como el dictamen respectivo, expedidos por el Poder Legislativo Local (fojas 996 a 999, tomo I, del expediente).
En consecuencia, al haberse subsanado por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit la omisión cuya invalidez se demanda en esta vía, consistente en no haber promulgado y publicado los decretos mencionados, deviene inconcuso que al haberse llevado a cabo dichos actos el diecinueve de noviembre de dos mil tres, cesaron los efectos de la omisión impugnada, por lo que, se actualiza en el caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, que prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
En efecto, este Alto Tribunal ha establecido que la referida causa de improcedencia se actualiza en tratándose de las controversias constitucionales cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
Sirve de apoyo a esta determinación el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, abril de dos mil uno, página ochocientos ochenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.-La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
En consecuencia, al haberse actualizado en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en los términos apuntados, debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos omisivos a que se ha hecho alusión, conforme a lo previsto por la fracción II del artículo 20 de la ley de la materia, que prevé:
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en la controversia constitucional a que se refiere este expediente.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón.
El señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la publicación íntegra de la resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Previo aviso, no asistió el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Fue ponente en este asunto el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17905-c576f59e/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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