CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2000. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de noviembre de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio depositado el cuatro de mayo de dos mil, en la administración del Servicio Postal Mexicano, ubicada en Tepic, Nayarit, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de mayo del mismo año, Antonio Echeverría Domínguez, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional solicitando la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de los CC. Diputado presidente y diputados secretarios, que componen la mesa directiva, con domicilio en Av. México 38 Norte de Tepic, Nayarit.-IV. Norma general inválida o acto cuya invalidez se demande así como, en su caso, el medio oficial y si se hubiere publicado. La norma general inválida la hago consistir en el Decreto Número 8265 de fecha 28 de enero del presente año, publicado hasta el 8 de marzo siguiente, que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en cuanto a su aprobación, publicación e iniciación de su vigencia que en algunos de sus preceptos legales invade la esfera de competencia del poder que represento, así como el interés público y social del pueblo y gobierno de la entidad, como se demostrará con suficiencia en el apartado de conceptos de invalidez y con las pruebas que se aportan para el mismo efecto, ya que inclusive no hubo solicitud formal por el conducto debido para su publicación."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"La manifestación de los hechos que le constan al actor que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. Bajo protesta de decir verdad, expreso a este H. Cuerpo colegiado, que los antecedentes, hechos y puntos de derecho que me constan y que como titular del Poder Ejecutivo Estatal, me afectan así como al interés público y social, son los que a continuación narro: 1. Con fecha 18 del mes de enero del presente año, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, convocó a sesión extraordinaria a los diputados que integran la XXVI Legislatura, para analizar y desahogar mediante el proceso legislativo la aprobación de la iniciativa de decreto formulada por el Pleno de dicho órgano colegiado, que sin razonamiento legal, motivación y fundamentación aplicable y sin ajustarse a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos, aprobó con fecha 28 de enero del 2000, estando en la mesa directiva el diputado presidente Carlos Enrique García Cambero, diputado secretario Raúl Mejía González y diputada secretaria María Hilaria Domínguez Arvizu; quienes, indebidamente, por haberse convocado con 2 días de anticipación 18 de enero, publicándose la convocatoria el 19 de enero, e iniciando el periodo el día 20 del mismo enero, para concluir supuestamente los trabajos el día 28 del propio mes, celebrando sin atender lo dispuesto por los artículos 52 del Decreto 7188 en ese tiempo vigente; 72 y 73 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo; y 40 de la Constitución Política Local; no obstante lo anterior se celebró el periodo extraordinario convocado para dicho efecto, ordenándose la publicación del Decreto 8265, hasta el 8 de marzo del 2000, es decir, hasta los 40 días después de haberse aprobado y sancionado; determinándose que entrara en vigor hasta el 17 del mismo mes de marzo próximo pasado, o sea un día antes de que iniciara el segundo periodo de sesiones ordinarias.-2. El proceder de los legisladores, para actuar fuera de lo estipulado por la ley, fue debido a que no faltó quien les hiciera saber el cúmulo de irregularidades que estaban cometiendo en el decreto impugnado, por lo que la detuvieron en su publicación y entrada en vigencia, para corregir las anomalías cometidas, sin reparar en su integridad las normas generales que le aquejan al poder que represento, así como el interés público y social del pueblo y gobierno nayarita, quizá por el descuido o desconocimiento de los diputados, de los efectos que causaría el ejercer sus derechos fuera de los alcances que le son atribuidos.-3. Se destaca que el Poder Legislativo tiene facultades para aprobar y ordenar la publicación, sin necesidad de la promulgación del Ejecutivo, de leyes, como la que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política Local; pero dicho precepto legal, no los faculta para acomodar los términos a su criterio en detrimento del interés público e invadiendo esferas de competencia que no les corresponde, por lo que no se acata el principio de la división de poderes reconocido expresamente en nuestro régimen de derecho."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en la demanda, son los siguientes:
"IX. Conceptos de invalidez. 1. El H. Congreso del Estado, a través de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura, al aprobar el Decreto Número 8265 que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, con fecha 28 de enero del 2000, al modificar algunos preceptos legales de su contenido, por los vicios y errores cometidos; ordenar su publicación hasta 40 días después (8 de marzo del 2000) y disponer su entrada en vigor hasta el 17 del mismo mes (un día antes de iniciar el periodo primero de sesiones ordinario); contemplar dentro de sus apartados normas generales que afectan el interés público y social y vulnerar las atribuciones, obligaciones y funciones, competencia del Poder Ejecutivo, invadiéndose la esfera de competencia, omitiendo atender a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos, así como el de congruencia y claridad que debe darse en toda determinación que emita la autoridad, violándose así lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 116 de la Ley Fundamental, debido a lo que a continuación se procede a desglosar punto por punto, por la diversidad de anomalías e irregularidades cometidas que se describen en su orden: a) El artículo 3o., inciso b) del decreto impugnado, faculta a los diputados que integran la asamblea del Congreso, a fiscalizar los recursos públicos; cuando el numeral 47, fracción XXVI, de la Ley Estatal Fundamental, atribuye a la legislatura, examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado, pretendiéndose con ello que una ley ordinaria supere los alcances legales de una Ley Fundamental, advirtiéndose lo anterior que dicho precepto normativo contraviene una facultad expresa otorgada por la Constitución Política del Estado de Nayarit, como lo es el artículo 47 que a la letra dice: ‘Son atribuciones de la legislatura: ... XXVI. Examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades están o no de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar.’; por otra parte, el artículo 3o., inciso b) le pretende otorgar facultades a los diputados en lo particular para fiscalización de los recursos públicos, hecho incongruente y contradictorio con el precepto constitucional ya señalado, ya que los vocablos examinar, aprobar y revisar, son completamente contradictorios al término fiscalizar que utiliza el Legislativo en el referido precepto; y más aún cuando una atribución expresamente señalada en la Constitución reservada para la legislatura como órgano colegiado, pretende dárselo en lo individual a cada uno de los diputados que integran la Asamblea del Congreso.-Como se advierte y colige que el artículo multicitado en su inciso b) es violatorio de la propia Constitución Política del Estado de Nayarit y específicamente de lo que literalmente establece como atribución de la legislatura integrada en su conjunto en su fracción XXVI al otorgarse facultades individuales a cada uno de los diputados que integran la asamblea del honorable Congreso del Estado, asimismo lo establecido por la fracción XXX del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, ya que desde que asumí el cargo de gobernador constitucional protesté ante la misma Asamblea Legislativa el guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-b) Al igual que el anterior, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala como derechos de los diputados el tener acceso a la información necesaria para el estudio de las iniciativas turnadas, así como realizar actos de supervisión y fiscalización de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, contraviniendo también dicho precepto al individualizar una facultad de la legislatura en su conjunto y establecida por la fracción XXVI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y más aún cuando la facultad colegiada de la legislatura la convierte en un derecho individual y más aún el de que la fracción de referencia se refiere literalmente a examinar y aprobar las cuotas de todos los caudales del Estado, así como de revisar e investigar si las cantidades están o no de acuerdo con las partidas respectivas de los preceptos, pudiéndose extenderse dicha revisión al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos; y como se advierte del contenido literal del derecho que se pretende otorgar a los diputados en su fracción X, pretenden convertirse en supervisores y fiscalizadores de todas y cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, hecho completamente incongruente invadiendo las esferas del Poder Ejecutivo quien las ejercita a través de sus propias dependencias y en último caso a través de la propia Secretaría de la Contraloría General del Estado, entidad que en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la encargada de su aplicación, así como conforme a las facultades y atribuciones que le otorga la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y aun en el supuesto de que los términos examinar, revisar e investigar sean sinónimos de los términos de supervisar y fiscalizar. El artículo 17, fracción X, contraviene lo establecido además de la fracción XXVI del artículo 47, de que dispone el artículo 72 de la Constitución Local que establece que la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que en el caso concreto lo viene siendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la cual en su artículo 1o., establece que dicha ley regula la organización de la administración pública centralizada y paraestatal y determina qué dependencias integran la administración centralizada y qué organismos descentralizados y qué empresas de administración paraestatal, fondos y fideicomisos integran la administración pública descentralizada. Como se advierte y de la debida interpretación al derecho que se le pretende otorgar a los diputados en lo individual, se estaría en el supuesto de que los diputados en lo individual podrían supervisar y fiscalizar cada una de las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal.-El artículo 17 individualiza los derechos de los diputados, ya que en su fracción X se les faculta para fiscalizar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en contravención, como ya se dijo, a lo dispuesto en el numeral 47, fracción XXVI, de la Constitución Política Local, en virtud de que suponiendo sin conceder que examinar, supervisar e inspeccionar, sea lo mismo que fiscalizar, esto se supone debiera ser en forma colegiada y no individualizada como se desprende del ordenamiento legal que se objeta.-Hecho incongruente, contradictorio con el propio espíritu de la Constitución ya que si la propia Constitución establece la facultad de examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado de la legislatura en su conjunto, la ley orgánica del propio Congreso que debe ser expedida en los términos de lo establecido por la fracción XXXVI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado, que expresamente señala que tendrá facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias o propias para hacer efectivas las facultades que antecede, mas de ninguna forma se puede interpretar que dicha facultad pueda ser ejercida en forma individual por cada uno de los diputados que integran la legislatura del honorable Congreso del Estado y mucho menos que éstos puedan realizar actos de supervisión y fiscalización de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y estatal.-Confunden los legisladores el derecho que tienen para iniciar leyes con las facultades que, en su conjunto, señala como atribución la Constitución de la legislatura, así como el deber que éstos tienen de conformidad a lo establecido por el artículo 43 de la propia Constitución para informarse del estado en que se encuentra la educación pública; de cómo cumplen en sus respectivas obligaciones los funcionarios y empleados públicos; del estado en que se encuentra la industria, el comercio, la agricultura y la minería; así como de los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de las medidas que sean convenientes dictar para corregir tales obstáculos, y para recabar dicha información, la propia Constitución Política del Estado señala que las oficinas públicas les facilitarán todos los datos que pidieron formalmente; mas de ninguna forma ninguno de esos preceptos constitucionales le atribuyen a los ciudadanos diputados en lo individual las facultades que indebidamente se están concediendo en el artículo 17, fracción X, al pretender supervisar y fiscalizar las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.-c) De igual manera el artículo 8o., párrafo segundo, del decreto impugnado establece: ‘Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá dictar mandamiento que afecten el patrimonio y los bienes del Congreso, ni ejercitar acto alguno sobre las personas o bienes de los diputados en el interior del recinto legislativo.’, dicho precepto contraviene lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, que establece: ‘La hacienda pública del Estado la constituyen: I. Los bienes propiedad del Estado. ...’. Como se advierte, pretende el Legislativo ser propietario en el caso específico sobre todo de los bienes muebles e inmuebles, que originalmente forman parte de la hacienda pública del Estado, y no de un poder de los tres que lo integran en lo especial, ya que si fuera válido estaríamos en que el día de mañana se tendría patrimonio del Ejecutivo, patrimonio del Legislativo y patrimonio del Judicial.-Dicho precepto contraviene además el artículo 22 de nuestra Constitución Política que expresamente señala que el Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como lo establecido por el artículo 47 que señala específicamente las atribuciones de la legislatura en las XXXVI fracciones que comprende dicho precepto, las cuales solicito se me tengan por reproducidas en obvio de repeticiones, ya que en ninguna de ellas se establece que el Poder Legislativo por sí mismo tenga un patrimonio, ya que reitero, la hacienda pública es una sola conformada por los tres poderes del Estado confundiendo el presupuesto que debe tener cada uno de los poderes con el patrimonio como conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas susceptibles de valorización pecuniaria que conforman una universalidad jurídica.-d) En otro orden de ideas, el artículo 19 de la ley orgánica materia de la controversia, independientemente establece un término inapropiado al establecer que a los diputados que sin causa justificada no concurran a rendir protesta entre los 10 días de la instalación del Congreso y del primer periodo de sesiones se les tendrá por destituidos del cargo conferido, procediéndose a lo previsto en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado.-Como se advierte, dicho precepto pretendió plasmar lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Local, mas lo hizo en una forma tergiversada, ya que dicho precepto establece: ‘El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones, sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los diez días siguientes, con la advertencia de que, si no lo hicieren, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su cargo, llamándose desde luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco concurren, se declarará vacante el cargo, siempre y cuando en ambos casos no medie causa justificada. ...’.-El Legislativo pretende otorgarse funciones específicas e indebidas que no concuerdan con el espíritu del Constituyente, ya que limita, en dicho precepto, a los diputados que sin causa justificada no concurren a rendir protesta dentro de los 10 días de la instalación del Congreso y del primer periodo de sesiones; y la propia norma constitucional establece que en el periodo constitucional de 3 años para el cual son electos los diputados existen 2 periodos de sesiones por cada año de ejercicio constitucional, de ahí la incongruencia de dicho precepto.-Con lo anterior se advierte, de nueva cuenta, una flagrante violación del Legislativo a la Constitución Política del Estado de Nayarit, ya que el pretender como ley reglamentaria del artículo 47 la fracción XXXVI, va más allá de lo que el artículo 32 de nuestra Constitución establece, ya que el Legislativo tendría facultad para legislar, para hacer efectivas las facultades constitucionales que tienen, esto de ninguna forma significa que tenga facultades para restringir o interpretar lo que expresamente señala la Constitución Política Local.-e) Igual que en el concepto de invalidez señalado en el inciso anterior, de nueva cuenta en la Ley Orgánica del Poder Legislativo impugnada en esta vía, en el artículo 22 de la ley impugnada en su parte última establece que aquellos diputados que no concurran durante 10 días consecutivos sin causa justificada y no acrediten la causa de fuerza mayor que les impide hacerlo, se les declarará suspendidos en sus funciones legislativas hasta el inicio del segundo periodo de sesiones, llamándosele al suplente o al que siga en la lista, contraviniendo dicho precepto de nueva cuenta el artículo 34 de la Constitución Local, que establece expresamente que el diputado que sin causa justificada faltare a 5 sesiones continuas o a 10 discontinuas en periodo ordinario de sesiones, perderá el derecho de acudir a sesiones hasta el nuevo periodo ordinario, y se llamará al suplente en los términos que la ley orgánica respectiva determine. Como se advierte, dicha disposición legislativa va más allá de lo que el precepto constitucional señalado establece y más aún cuando este último se refiere única y exclusivamente a los periodos ordinarios de sesiones, cosa que no se establece en el artículo emanado del decreto impugnado, por igual resulta el de que si la Constitución es clara y precisa, el Legislativo no tiene facultad para interpretar la misma, mucho menos contradecirla en los términos del dispositivo impugnado.-f) De la misma forma el Legislativo, en el artículo 24 del decreto que contiene la ley impugnada que establece: ‘Los diputados serán suspendidos de sus funciones cuando incurran en las causales previstas para el efecto en la Constitución Política del Estado y en esta ley.’, como se advierte, de dicho precepto el Congreso se pretende otorgar facultades que no están expresamente señaladas en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado, que señala las atribuciones de la legislatura y ni en los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución Local se establece, en forma alguna, que los diputados podrán ser suspendidos en su encargo ya que dichos preceptos establecen claramente que no aceptan su cargo y se debe llamar a los suplentes y si tampoco concurren se declarará vacante y por otro lado el que no acudan sin causa justificada a cinco sesiones continuas o a diez discontinuas en un periodo ordinario de sesiones, perderán el derecho de concurrir a sesiones hasta el nuevo periodo ordinario, debiéndose llamar al suplente en los términos que la ley orgánica respectiva determine, de lo anterior se infiere y colige que el Legislativo en lugar de establecer en su ley orgánica los términos que la propia Constitución señala para el caso de ausencias, se abroga una función de suspender sin necesidad de ello, debiendo, en su caso, haber determinado el Legislativo el mecanismo adecuado para llamar al suplente en el caso que se dé alguno de los supuestos expresamente señalados en los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución Política del Estado.-g) Lo mismo ocurre con los artículos 26 y 28 de la ley orgánica materia de la presente controversia, ya que éstos contravienen lo establecido por el artículo 47, fracciones XXIV, XXXIV y XXXVI, ya que ésta le autoriza decretar el desafuero de sus miembros, mismo que conlleva obviamente a perder su condición de diputado y en el caso concreto aquí sí, el razonamiento adecuado es que se suspende en el ejercicio de sus funciones para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de instaurar en los términos de ley y sin inmunidades que conduzca a que pueda ser juzgada, y de no ser ciertos los hechos ilícitos que se le atribuyen, puede éste reanudar su función para la cual fue electo.-h) Es de observarse también, que la ley orgánica materia de la presente controversia, en su título noveno referente a la Contaduría Mayor de Hacienda, capítulo único, artículos 103 a 108, se opone a la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nayarit aprobada por la Legislatura del Estado el 31 de julio de 1984, publicada en el Periódico Oficial del 8 de agosto de 1984, misma que no ha sido abrogada ni por la Ley Orgánica del Poder Legislativo materia de la impugnación ni por la ley abrogada a que se refiere el artículo segundo transitorio.-De lo anterior se desprende la existencia de 2 leyes que pretenden regular el funcionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda de las cuales son completamente contradictorias, como se advierte del contenido de las mismas, las que solicito se tengan por reproducidas en obvio de repeticiones para todos los efectos legales a que haya lugar, y las que acompaño en vía de prueba y ofrezco en el apartado correspondiente.-i) Por lo que respecta al artículo 111 de la ley orgánica de la materia de la controversia se otorga facultad a la asamblea, a la Diputación Permanente para designar o ratificar el nombramiento de otros funcionarios que requieran de su intervención.-La propia Constitución Política del Estado establece los supuestos en que el Congreso designará a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral así como al presidente y a los consejeros del órgano electoral del Estado y el ratificar el nombramiento del procurador general de Justicia, mas no existe en ninguna ley del Estado, la facultad expresa para que fuera de los casos en comento la Asamblea Legislativa o la Diputación Permanente, en su caso, designe o ratifique el nombramiento de otros funcionarios, ya que como lo establece el artículo 69, fracción XII, de la Constitución Política del Estado, es facultad del gobernador nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los demás servidores públicos cuyo nombramiento no está encomendado a otras autoridades.-De dicho razonamiento se advierte que la pretensión del Congreso del Estado de que en el futuro pretendan designar o ratificar a funcionarios fuera de los ya señalados.-j) El artículo 122 del decreto impugnado que establece: ‘En el caso de funcionarios públicos sujetos a responsabilidad política por actos u omisiones cometidas en el desempeño de sus funciones, el Congreso del Estado formulará declaratoria de procedencia de acuerdo a lo establecido en los artículos 124, 125 y demás relativos de la Constitución Política del Estado.’, contradiciendo por lo cual estos últimos preceptos, ya que el artículo 124 de nuestra Constitución establece quiénes podrán ser sujetos de juicio político y el artículo 125 establece que el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, para proceder penalmente contra los servidores públicos señalados en el artículo 124.-De ahí que indebidamente el Congreso vuelve, en principio, a utilizar el término de funcionarios públicos siendo que lo correcto es el utilizar el término servidor público así como que indebidamente utiliza el término responsabilidad política cuando debe de ser juicio político como lo señalan los artículos 122 y 123 de la Constitución.-k) Resulta incongruente también lo establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que únicamente abroga la ley orgánica de fecha 17 de diciembre de 1988 contenida en el Decreto 7188, sin hacer mención alguna a todas las reformas y adiciones contenidas en los decretos emanados de esa legislatura que ha reformado y adicionado diversos preceptos de la ley orgánica abrogada como lo son el Decreto Número 7337 de fecha 9 de noviembre de 1990, publicado en el Periódico Oficial el 24 de noviembre de 1990; el Decreto Número 7621 de fecha 16 de junio de 1993, publicado en el Periódico Oficial el 23 de junio de 1993; el Decreto 7751 de fecha 19 de abril de 1994, publicado en el Periódico Oficial el 20 de abril de 1994; el Decreto Número 7877 del 17 de octubre de 1995, publicado en el Periódico Oficial el 25 de octubre de 1995; el Decreto 7918 de fecha 15 de diciembre de 1995, publicado en el Periódico Oficial el 20 de diciembre de 1995; así como su fe de erratas publicada el 24 de enero de 1996; el Decreto Número 8096 de fecha 16 de mayo de 1998, publicado el 23 de mayo del mismo año y por último el Decreto 8229 de fecha 9 de septiembre de 1999, publicado el 15 de septiembre del mismo año; como se desprende de lo anterior, nuestros legisladores elaboraron su ley orgánica sin seguir los procedimientos adecuados a tan transcendental acto, ya que, en su caso, lo que pudieron haber hecho también en el artículo transitorio es haber establecido que también se derogaban o abrogaban todas las disposiciones que se opusieran a su nueva ley orgánica, ya que en estricto derecho todos y cada uno de los decretos de reformas y adiciones señalados, en estricto sentido se encuentran vigentes o pensó el legislador de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero viola los principios de congruencia y claridad que las leyes y sus modalidades deben contener para su debida interpretación, ejecución y observancia legal.-Además se advierte como omisión y que afecta al interés público y social, el hecho de que no se ordena la publicación del ordenamiento legal objetado, ni se invoca lo dispuesto por los numéricos 58 de la Constitución Política Local y 11 del decreto impugnado, que aun cuando igualmente materia de la controversia constitucional planteada, por lo menos debieron de haberlos expresados para justificar el proceder de la legislatura en turno.-l) Que la Legislatura del H. Congreso del Estado al aprobar su ley orgánica, en lo que respecta al artículo 10 de la misma, contraviene lo establecido en los artículos 36 y 40 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, como se advierte del contenido literal de los artículos señalados que a la letra establecen: Artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: ‘El Congreso del Estado podrá celebrar sesiones extraordinarias de conformidad a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Local, las cuales se convocarán a iniciativa del Pleno, de la Permanente o a petición del titular del Poder Ejecutivo y sólo en casos de urgente necesidad.’. El artículo 36 de la Constitución Local a la letra dice: ‘La Legislatura del Estado celebrará anualmente dos periodos de sesiones ordinarias: Uno que contará desde el 18 de agosto hasta el 17 de diciembre y otro que comenzará el 18 de marzo terminando el 17 de mayo. En los recesos del Congreso podrán verificarse periodos de sesiones extraordinarias por el tiempo y objeto que así lo exija la importancia de los asuntos, en los términos de las convocatorias respectivas.’ y el artículo 40 de la Constitución establece: ‘Durante el receso, el Congreso sólo podrá ser convocado a sesiones extraordinarias: I. Por la Diputación Permanente. II. Por el Ejecutivo. III. Por acuerdo de las dos terceras partes del número total de los diputados, pero por conducto de la Permanente.-En todo caso, las convocatorias expresarán el asunto o asuntos que deban tratarse; no pudiéndose estudiar ni resolver ningunos otros.-A estas sesiones extraordinarias, precederá una junta preparatoria.’.-Como se advierte de la simple lectura de los preceptos antes señalados, el artículo 10 de la ley impugnada, pretende limitar la facultad expresa que le otorga la Constitución Local al titular del Poder Ejecutivo, de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, al establecer que cuando la petición de la convocatoria para sesiones extraordinarias provenga del titular del Poder Ejecutivo, será sólo en casos de urgente n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6896-de717af8/controversias-constitucionales-oportunidad-para-promoverlas-cuando-se-impugnen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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