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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 45, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DADO QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2003. · Registro digital (IUS): 17773
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 1109.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de septiembre del año dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el diez de febrero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Echevarría Domínguez, ostentándose como gobernador del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado mencionado, demandando la invalidez de los actos siguientes:

"Los acuerdos parlamentarios de fechas treinta y uno de diciembre del año dos mil dos y once de enero del año en curso, pronunciados por el poder demandado a través de su diputación permanente."

SEGUNDO. La parte actora narró los siguientes antecedentes de los actos impugnados:

"1. En cumplimiento a la obligación prevista en la fracción V, inciso a), del artículo 69, de la Constitución Política Local, el día quince de noviembre del año 2002 presenté ante el Congreso del Estado, la iniciativa de decreto que contiene el presupuesto de egresos del Estado para este ejercicio fiscal 2003. Mediante oficio número 47/2002 de fecha 24 de diciembre del año 2002 y recepcionado a las doce horas con quince minutos del día 26 de ese mismo mes y año, el Congreso demandado me comunicó que en sesión extraordinaria del día 24 del precitado mes de diciembre del año 2002 aprobó el Decreto Número 8488 que contiene el presupuesto de egresos para el Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de este año 2003, remitiéndolo para los efectos constitucionales. 2. Con motivo de que la Legislatura Estatal al aprobar el presupuesto de egresos redistribuyó el recurso que lleva al Estado a un excesivo endeudamiento al crear y ampliar diversas partidas, afectando programas y compromisos que benefician al pueblo de Nayarit y a la operatividad administrativa y financiera del Estado, mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2002 solicité a los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se sirvieran acordar la convocatoria a un segundo periodo extraordinario de sesiones, con el exclusivo objeto de que declararan que en el ejercicio fiscal del año 2003 seguiría vigente el presupuesto del ejercicio fiscal 2002, con sus reformas realizadas, ajustándose al índice inflacionario que estableciera el Banco de México, hasta que se aprobara el ejercicio fiscal correspondiente, señalándoles que con motivo de su proceder legislativo al redistribuir el recurso, crear y ampliar diversas partidas, generó que el Poder Ejecutivo a mi cargo tuviera observaciones que formular, mismas que haría llegar dentro de los primeros cinco días hábiles al periodo ordinario siguiente, conforme a la facultad que los artículos 53, 54 y 55 de nuestra Constitución Política Estatal conceden al gobernador del Estado, fundando mi solicitud en los artículos 40, fracción II, 47, fracción VI y 60, fracción I, de nuestra Norma Fundamental para el Estado. 3. Mediante escrito de fecha 31 de diciembre de ese año 2002, la secretaría de la diputación permanente me hizo llegar el acuerdo recaído a mi solicitud, donde se desecha convocar al periodo de sesiones extraordinarias, acuerdo cuyo contenido literal es el siguiente: (lo reproduce). 4. A pesar de la negativa de la diputación permanente en convocar a un periodo extraordinario de sesiones por no ubicarse, a su juicio, la pretensión dentro de la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado, por escrito de fecha 3 del mes de enero del año en curso, convoqué al Congreso, por conducto de los integrantes de la diputación permanente, a sesión extraordinaria para que declarara que seguiría vigente el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2002, con sus reformas realizadas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, fundamentando mi convocatoria en el artículo 69, fracción VIII, en relación con el artículo 40, fracción II, ambos de nuestra Norma Suprema en la entidad. Mediante oficio número CE/PCGL/05/03 de fecha 11 de enero del año en curso, signado por los diputados secretario y vocal de la citada diputación, y recepcionado a las 13:30 horas de ese mismo día once del mes y año en curso, me remitieron el acuerdo que ese órgano transitorio pronunció, cuyo contenido a la letra dice: (lo reproduce)."

TERCERO. La demandante señaló como violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 49, 72 y 116 de la Constitución General de la República; y 22, 23, 47, fracción VI, 53, 54 y 56 de la Constitución del Estado de Nayarit, y planteó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes.

CUARTO. Por auto de once de febrero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y turnarlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor.

QUINTO. El Ministro instructor, mediante proveído de once de febrero de dos mil tres, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, reconociéndosele ésta en términos de las documentales que exhibió, promoviendo la controversia constitucional, de conformidad con los artículos 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1o. y 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, admitió la demanda, y con fundamento en los artículos 4o., primer párrafo, 10, fracción II y 26 de la misma ley reglamentaria, tuvo como autoridad demandada al Congreso del Estado de Nayarit, ordenando emplazarlo, así como dar vista al procurador general de la República y, finalmente, con apoyo en el artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia que faculta al Ministro instructor para recabar pruebas para mejor proveer, requirió a la autoridad demandada para que al contestar la demanda remitiera el expediente integrado con motivo de los acuerdos impugnados.

SEXTO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de abril de dos mil tres, Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit, en representación de dicho Congreso, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, anexando copias certificadas de diversas pruebas documentales.

SÉPTIMO. El Ministro instructor, por auto de nueve de abril de dos mil tres, tuvo por presentado al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit con la personalidad que ostenta; por desahogado el requerimiento hecho a la parte demandada; ordenó remitir a la parte actora y al procurador general de la República copia de la contestación de demanda y de las pruebas exhibidas con ella; y con fundamento en el artículo 29 de la ley reglamentaria en la materia, señaló las diez horas del veintiuno de mayo de dos mil tres para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

OCTAVO. La audiencia tuvo verificativo en la fecha señalada, y en ella la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, designada para conocer del asunto en suplencia del Ministro instructor, ordenó agregar al expediente el oficio por el que el procurador general de la República formuló la opinión que a su representación corresponde; el oficio por el que la delegada de dicho procurador solicita se tengan por reproducidas en vía de alegatos las manifestaciones vertidas en el primer oficio citado; el oficio por el que el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit formula alegatos; y por último, el oficio y anexos del Poder Legislativo del mismo Estado, por el que formula alegatos y ofrece pruebas; acordó tener por presentados a los promoventes haciendo las manifestaciones que constan en los oficios de cuenta, ofreciendo pruebas y formulando alegatos; admitió las pruebas ofrecidas y, por último, ordenó pasar los autos al instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el expediente para su resolución a esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit respecto de la constitucionalidad de actos del último poder mencionado, y se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno pues procede sobreseer en la controversia constitucional, como se verá con posterioridad.

SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional se presentó en tiempo.

En ella se solicita la invalidez de los acuerdos de treinta y uno de diciembre de dos mil dos y once de enero de dos mil tres, pronunciados por la Diputación Permanente de la XXVII Legislatura del Congreso de Nayarit, a través de los cuales se desestiman las solicitudes formuladas por el gobernador de la entidad para convocar al Congreso Local a un segundo periodo extraordinario de sesiones, con el exclusivo objeto de que declarara que en el ejercicio fiscal del año dos mil tres seguiría vigente el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2002, con sus reformas y ajustándose al índice inflacionario que establecería el Banco de México, hasta que se aprobara el presupuesto del primer ejercicio fiscal mencionado, pues tiene objeciones al presupuesto aprobado por el Congreso, que presentará dentro de los primeros cinco días hábiles del periodo ordinario de sesiones siguiente.

Los acuerdos impugnados se hicieron del conocimiento del gobernador del Estado de Nayarit, mediante oficios CE/PGGL/205/02 de treinta y uno de diciembre de dos mil dos y CE/PCGL/05/03 de once de enero de dos mil tres, recibidos, según se señala en la demanda, el primero por el titular de la Subsecretaría General de Gobierno de la entidad, y el segundo por la Secretaría Particular del gobernador, en las fechas de su emisión.

Ahora bien, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Así, si el actor se manifiesta sabedor de los acuerdos que impugna el treinta y uno de diciembre de dos mil dos y el once de enero de dos mil tres, al señalar en su demanda que en esas fechas se recibieron dichos acuerdos, y la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el diez de febrero de dos mil tres, debe tenerse por presentada oportunamente, ya que el término de treinta días corrió respecto del acuerdo del treinta y uno de diciembre de dos mil dos, del dos de enero de dos mil tres, día hábil siguiente al en que el actor se ostenta sabedor, al trece de febrero del mismo año, y en relación con el oficio de once de enero de dos mil tres, del trece de enero de dicho año, día hábil siguiente al en que el demandante manifestó conocer el acuerdo, al veinticuatro de febrero siguiente, debiendo descontarse como inhábiles los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero, primero, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero por ser sábados y domingos, respectivamente, así como los días primero de enero y cinco de febrero por ser inhábiles, según lo dispuesto en los artículos 2o. de la ley reglamentaria en la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Se procede al análisis de la legitimación procesal de quien promueve a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, al ser ello cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

El artículo 61 de la Constitución del Estado de Nayarit dispone:

"Artículo 61. Se confiere el Poder Ejecutivo a un ciudadano que se denominará Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit."

Como se advierte del precepto transcrito, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se deposita en el gobernador de la entidad.

Ahora bien, la demanda la suscribe Antonio Echevarría Domínguez, gobernador del Estado de Nayarit, carácter que acreditó con la copia fotostática certificada de la constancia de mayoría y validez expedida por el Congreso Estatal Electoral del Estado mencionado el doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la que aparece que dicha persona obtuvo mayoría de votos en la elección para el cargo de gobernador del Estado por el periodo 1999-2005, por lo que se encuentra legitimado para promover la controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de la entidad.

CUARTO. Por lo que se refiere a quien contestó la demanda a nombre de la Legislatura del Estado de Nayarit, Manuel Humberto Cota Jiménez, también procede reconocerle legitimación procesal.

En efecto, la persona mencionada acreditó el cargo que ostentó de presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la XXVII Legislatura del Estado de Nayarit para el ejercicio constitucional 2002-2005, con la copia certificada del acuerdo parlamentario expedido por la legislatura el diecinueve de agosto de dos mil dos, en cuyo punto primero se determinó que asumía la presidencia de la referida comisión como coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, el artículo 28, fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit dispone:

"Artículo 28. Corresponden al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, las atribuciones siguientes: ... IX. Representar jurídicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que éste fuere parte."

Deriva del precepto transcrito que el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit tiene facultades para representar jurídicamente a la legislatura en los juicios en que sea parte, de lo que se sigue que está acreditada la legitimación del Congreso del Estado como parte demandada, así como de quien compareció en su nombre a contestar la demanda.

QUINTO. Por último, se precisa que Marcial Rafael Macedo de la Concha acredita su carácter de procurador general de la República con la copia certificada de su nombramiento, funcionario que es parte en este asunto de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

SEXTO. Examina este órgano colegiado, de oficio, con fundamento en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, la causal de improcedencia que advierte se actualiza en el presente asunto.

Los artículos 19, fracción VIII y 45 de la ley reglamentaria invocada disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

Deriva de los preceptos transcritos que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se actualice una causa que derive de alguna disposición de la propia Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, así como que la declaración de invalidez de la norma o acto impugnado no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, lo que en términos generales implica que las declaratorias de invalidez no producen efectos hacia el pasado y, como consecuencia, no son restitutivas de derechos.

Ahora bien, el acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dos impugnado señala:

"El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVII Legislatura, por medio de su diputación permanente. Acuerda. La diputación permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Constitución Política del Estado; 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dicta el acuerdo respectivo en atención al escrito de fecha 27 de diciembre del año en curso, mediante el cual el gobernador solicita se convoque a los diputados integrantes de la XXVII Legislatura del Estado, a un segundo periodo extraordinario con el objeto de declarar que en el ejercicio fiscal del año 2003 seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal 2002, con sus reformas realizadas, ajustándose al índice inflacionario que establezca el Banco de México, hasta en tanto se apruebe el ejercicio fiscal correspondiente. Antecedentes y consideraciones: En sesión extraordinaria del 24 de diciembre de 2002, la XXVII Legislatura aprobó el decreto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003. Dicha aprobación contempló una serie de modificaciones sustanciales respecto a la iniciativa presentada por el gobernador del Estado quien, en su oportunidad, dirigió escrito de fecha 27 del mismo mes, solicitando convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el exclusivo objeto de declarar que en el ejercicio fiscal 2003, seguirá vigente el presupuesto de este ejercicio fiscal 2002, con sus reformas realizadas, ajustándose al índice inflacionario que establezca el Banco de México, hasta que se apruebe el ejercicio fiscal correspondiente. Igualmente, el gobernador anuncia expresamente su intención de observar el decreto en los términos constitucionales. Entrando a su análisis se desprende lo siguiente: I. El presupuesto aprobado por la legislatura en sesión del 24 de diciembre de 2002, fue remitido al gobernador para su promulgación y publicación legal, en mérito a que dicho ordenamiento rige en el año fiscal comprendido del día 1o. de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. II. La única excepción prevista en el texto constitucional, por medio de la cual es posible que el Congreso, previa declaración, determine que durante un nuevo año fiscal debe regir el presupuesto del año anterior, es la prevista en la fracción VI del artículo 47, pero tal declaración únicamente procede cuando el Congreso no hubiere aprobado el presupuesto del año fiscal respectivo. III. El escrito del gobernador pone de manifiesto que existe una confusión o intención de confundir respecto de dos cuestiones diametralmente distintas: el veto y el presupuesto y que, en esa disyuntiva, a juicio del propio Ejecutivo, el ejercicio del veto implicará forzosamente que no habrá presupuesto en el plazo que media hasta la resolución final del Congreso. Esa interpretación es cuestionable por los siguientes motivos: Primero: El hecho de que el gobernador anuncie que vetará el decreto, es en sí mismo un reconocimiento que admite y reconoce la aprobación legislativa conforme al procedimiento establecido en la Constitución, y que simplemente está en desacuerdo con las modificaciones realizadas por la legislatura. Segundo: El hecho de que el gobernador solicite al Congreso dejar sin efecto el decreto del presupuesto aprobado para 2003, debido a que presentará observaciones hasta en tanto se reanude el siguiente periodo ordinario de sesiones, evidencia que el solicitante pretende inmiscuir los plazos constitucionales del veto, con la naturaleza y efectos jurídicos que resultarían en caso de que la legislatura no aprobare el presupuesto, tal como lo previene expresamente la fracción VI del artículo 47 constitucional. Sin embargo, tomando en cuenta que este hecho notorio no ocurrió, es improcedente dictar la declaratoria solicitada por el Ejecutivo, simple y llanamente porque la Constitución no regula la hipótesis de que, para evitar la tardanza del plazo en que se harán valer las observaciones, el Congreso tenga que dejar sin efecto su resolución dictada, lo cual significaría abdicar a sus facultades constitucionales en obsequio a las pretensiones del gobernador. Esta diputación permanente se pronuncia por manifestar al ciudadano gobernador lo siguiente: 1. La elaboración del presupuesto finalmente aprobado por el Congreso fue producto de diversas reuniones con funcionarios del gabinete del Ejecutivo, por y ante la presencia del secretario de Finanzas y de sus asesores. El propio Ejecutivo asintió públicamente la necesidad y justificación de modificar políticas y programas presupuestales en favor del desarrollo social y económico del Estado. 2. Los argumentos esgrimidos por el gobernador en torno al proyecto de presupuesto para el ejercicio 2003, aducen que causará un endeudamiento al crear y ampliar diversas partidas, y que afectará programas y compromisos en beneficio del pueblo de Nayarit y de la operatividad administrativa y financiera del Estado. Tales aseveraciones son parciales e inexactas, debido a que no existe sustento legal ni técnico que permita inferir la inviabilidad del documento aprobado por este Congreso, como se desprende de la siguiente información: • Al elaborarse el proyecto de presupuesto no se consideró por desconocerse en su oportunidad la cantidad asignada al Estado de Nayarit del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que finalmente resultó ser por $202'976,208. • El compromiso público del Ejecutivo Estatal de fortalecer los Programas de Apoyo al Campo, en virtud de la baja asignación de recursos contemplada en el proyecto presupuestal a este importante y vital sector. • La omisión dentro de la iniciativa de presupuesto del gobernador, de la partida del Fondo de Apoyo Municipal que en el ejercicio de 2002 alcanzó la cifra de $30'000,000. • En el proyecto de presupuesto de 2003 se crea la partida Amortización de Pasivos por $152'576,754, deuda que resulta del ejercicio presupuestal anterior. • En cuanto a las reasignaciones presupuestales entre poderes, sólo se afecta al Poder Ejecutivo con $22'336,762, correspondiendo al Poder Judicial $8'330,000 y al Poder Legislativo $14'006,762. • En cuanto al origen de los recursos reasignados, corresponde a reducciones presupuestales $121'896,709.60; al reintegro de previsión fiscal $32'000,000 y al Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas la cantidad de $202'976,208, lo que significa un total de $356'872,917.60 que fueron reprogramados. • En lo referente a las reducciones presupuestales la partida ‘Contratación por tiempo y obra determinada’ en el 2002 el gobierno presupuestó $6'989,431 y para el 2003 propuso $24'367,520, y finalmente el presupuesto aprobado consigna una partida de $8'663,200. La partida de compensaciones extraordinarias del Poder Ejecutivo por un total de $106'816,924 se afectó con una reducción del 15%. La partida de ‘Servicios de difusión e información’ se ha venido ejerciendo a través de varias secretarías durante el 2002 por $5'000,800; en cambio, para el 2003 el gobernador propuso $12'425,790, quedando en el presupuesto aprobado con $8'000,000. Se reasignaron las partidas de ‘Otros apoyos económicos’ y ‘Subsidios diversos y donativos’ ambas por $16'491,745, sustituyéndose con una partida por $8'000,000 para ‘Subsidio a organismos sociales y humanitarios’ por $6'800,000, y otra de ‘Apoyo a comunidades indígenas’ por $1'200,000. La reducción de la partida para la construcción de la infraestructura de la Universidad Tecnológica de la Costa, se valoró su importancia regional y se le asignaron recursos en relación con el crecimiento de la matrícula escolar. • En cuanto a la aplicación de los recursos es preciso comentar que el incremento a la partida de la Universidad Autónoma de Nayarit en $17'999,981 para cumplir con los objetivos de la educación superior y asumir los compromisos sobre la aportación estatal establecidos en el acuerdo legislativo correspondiente. • En la reunión convocada por el Ejecutivo Estatal para la integración del presupuesto participativo, el Instituto Tecnológico de Tepic solicitó apoyo económico para cumplir con los requerimientos operativos, autorizándose una partida de $1'500,000 sujeto a un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Estatal. • De acuerdo con las políticas mundial y nacional de fortalecer a los organismos autónomos, se destinaron los requerimientos necesarios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el financiamiento público a los partidos políticos, al Consejo Estatal Electoral, al Tribunal de Justicia Administrativa de reciente creación, a la Coordinación de Arbitraje Médico, al Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, al Fondo de Apoyo a Organismos Sociales y Humanitarios y al Fondo de Apoyo a Comunidades Indígenas. Todos ellos fueron apoyados con la cantidad de $22'334,032 en forma adicional al presupuesto original. • En cuanto al régimen de participaciones municipales, lamentamos que el gobernador haya omitido el Fondo de Apoyo Municipal que operó en el 2002 con $30'000,000, que significan un 1.5% a lo ya establecido; por lo que este Congreso consideró que para impulsar una reforma del Estado que distribuya y fortalezca a los Municipios de la entidad, era indispensable incrementar mínimamente en 3 puntos porcentuales la asignación correspondiente a estos órdenes de gobierno que importan la cantidad de $60'602,910.45. • La atención al campo es una prioridad nacional y estatal, y tomando en consideración lo expuesto públicamente por el Ejecutivo, se modificó el presupuesto asignado incrementándolo en $121'912,538 de recursos adicionales que significan el mayor presupuesto estatal registrado. • En cuanto a la preocupación central de un excesivo endeudamiento, cabe aclarar que la cantidad de recursos disponibles para ser reasignados o reprogramados suman la cantidad de $356'872,917.60, incluyendo PAFEP, y por otro lado, la distribución de recursos entre los poderes y al interior del Poder Ejecutivo sólo alcanza la cantidad de $248'830,123.45, por lo que resulta absolutamente financiable y no genera el supuesto excesivo endeudamiento señalado por el gobernador. • Los nuevos tiempos que se viven en México y en el Estado de Nayarit, han vuelto práctica normal que el Poder Legislativo en uso de sus facultades reasigne y reprograme los recursos presupuestales, con un claro objetivo de fortalecer la autonomía y la división de poderes. Esto ocurrió recientemente a nivel federal, cuando el Congreso de la Unión modificó la propuesta original, teniendo la aceptación y el reconocimiento del presidente de la República. 3. Por tal motivo, es preciso que el gobernador haga a un lado cualquier intención de provocar un enfrentamiento entre poderes o deliberadamente promueva reacciones o presiones negativas en contra del Congreso, que finalmente afecten el ejercicio de los programas gubernamentales. 4. La interposición del veto de ninguna manera obstruye otras vías legales y políticas que rigen conforme a la Constitución y a las leyes. En consideración a lo antes señalado y con fundamento en lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos concluir con el siguiente resolutivo. Acuerdo. Primero. A reserva de entablar un diálogo respetuoso entre poderes y de requerirse una nueva revisión de las partidas presupuestales, no ha lugar, por el momento, a convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones para declarar que en el ejercicio fiscal 2003 seguirá vigente el presupuesto del ejercicio 2002 con sus reformas, ajustándose al índice inflacionario establecido por el Banco de México. La solicitud se desestima procedente, en virtud de que no se ubica dentro de la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado, toda vez que el Congreso aprobó el decreto del presupuesto 2003, en sesión extraordinaria del 24 de diciembre de 2002, turnado al titular del Ejecutivo para su debida promulgación y publicación. Segundo. Independientemente de no coincidir con los argumentos expresados en la solicitud presentada por el gobernador, los cuales contienen información inexacta y parcial, la diputación permanente, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública e impulsar el desarrollo de los programas y servicios gubernamentales, respetuosamente exhorta al gobernador Antonio Echevarría Domínguez para que, sin demora, cumpla con el deber que le imponen los artículos 69, fracción II y 70, fracción I, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17773-3f0be6fd/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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