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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES REFORMADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 129 EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL, AL OTORGAR FACULTADES AL EJECUTIVO ESTATAL PARA DESIGNARLO, SE APARTA DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XXVIII Y 58, FRACCIÓN XXXI, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2001. · Registro digital (IUS): 17511
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 980.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2001. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de julio de dos mil uno, Jorge Octavio Íñiguez Larios, Jesús Fuentes Martínez, Gonzalo Lino Peregrina, Fernando Ramírez González, Antonio Morales de la Peña, Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Armando de la Mora Morfín, Jaime Enrique Sotelo García y Mercedes Carrazco Zúñiga, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: Lo son el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima y el gobernador constitucional; el primero de ellos en cuanto autoridad emisora de las disposiciones de carácter general y el segundo en cuanto a autoridad que realizó el acto de promulgación respectivo. III. Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: Lo constituye el Decreto Número 129 con todos sus transitorios, así como las disposiciones legales que en virtud de éste se reformaron y adicionaron, de fecha 15 de junio de 2001, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima' número 25, del día sábado 16 del mismo mes y año, suplemento No. 1, por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos cuya invalidez se reclama, a saber: artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se adiciona el artículo 7o. bis de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y se adicionan los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos estos ordenamientos legales del Estado de Colima."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"Primero. Con fecha 27 de febrero del año en curso, mediante oficio DGG-136/01, suscrito por el Lic. Gilberto García Nava, director general de Gobierno, se turnó al H. Congreso del Estado la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado para reformar los siguientes ordenamientos legales: artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se adiciona el artículo 7o. bis de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y se adicionan los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos del Estado de Colima. Segundo. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 6 de marzo de 2001, se acordó turnar a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente de dicha iniciativa. Tercero. El día 5 de junio del año 2001, en sesión número catorce se incluyó en el punto V del orden del día el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar diversas disposiciones legales para el Estado de Colima, mismo que al ser abordado el punto respectivo en el Pleno y en vista del rechazo en lo económico de todos los integrantes del H. Congreso, fue retirado por el C. Diputado Sergio Marcelino Bravo Magaña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En virtud de lo anterior se presentó la iniciativa de reforma constitucional suscrita por los CC. Diputados Jorge Íñiguez Larios, Armando de la Mora Morfín y Arturo Velasco Villa, en su carácter de coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, según se desprende del acta de sesión número quince de fecha 8 de junio de 2001. En este orden, con fechas 12 y 14 de junio del año en curso, fue sometido a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, el dictamen a la iniciativa de la Comisión de Gobierno Interno, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo que nuevamente ante el rechazo en lo económico de la mayoría de los diputados, fue retirado por el C. Dip. Sergio Marcelino Bravo Magaña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Cuarto. Con fecha 15 de junio de 2001, fue sometido de nueva cuenta al Pleno del H. Congreso del Estado el dictamen de iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales para el Estado de Colima, mismo que fue aprobado por mayoría de catorce votos a favor y once en contra del total de veinticinco diputados que integramos la LIII Legislatura del Estado de Colima. Quinto. Con fecha 16 de junio de 2001, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 'El Estado de Colima', correspondiente al número 25 de dicha publicación, el Decreto Número 129, mediante el cual se le da formal publicidad a las reformas que hoy se combaten."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los promoventes son los que a continuación se señalan, haciendo la aclaración de que únicamente se transcriben a partir del segundo, por las razones que se precisan en el resultando sexto de este fallo.

"Segundo. En segundo término se reformó el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, para quedar como sigue: '... Un Magistrado, que tendrá el carácter de presidente y que a propuesta en terna del titular del Poder Ejecutivo Estatal será electo por el Congreso del Estado, por mayoría calificada, en el improrrogable plazo de 30 días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado presidente la persona que de dicha terna, designe el gobernador. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el gobernador someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el gobernador. Si a la conclusión del periodo legal del cargo de Magistrado presidente el Congreso del Estado no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando continuará en el cargo hasta que tome posesión el que lo sustituya. Este Magistrado deberá ser licenciado en derecho con una antigüedad mínima de 3 años de ejercicio profesional y con experiencia acreditable en materia laboral.'. Como ya se ha mencionado, esto vulnera lo ordenado por la Constitución Local, toda vez que ésta señala en su artículo 58, fracción XXXI, aquello que sí es facultad del Ejecutivo: 'Proponer al Congreso del Estado, mediante los procedimientos que establecen las leyes de la materia, al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; así como al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.'; asimismo, en su artículo 33, fracción XXVIII, relativo a las facultades del Congreso señala: 'Aprobar en los términos de las leyes respectivas, el nombramiento del Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.'; es así como se considera que el Congreso transgredió lo dispuesto por dichos preceptos de la Constitución Particular del Estado de Colima, ya que ésta claramente señala las facultades de cada uno de los órganos de Gobierno; es facultad del Ejecutivo proponer en los términos del artículo 58, fracción XXXI; y es facultad del Congreso, en los términos del artículo 33, fracción XXVIII, el aprobar dichos nombramientos sometidos a su consideración por parte del Ejecutivo. En el caso que nos ocupa, indebidamente se pretende que en virtud del Decreto 129 sea el Ejecutivo el que designe, en un determinado supuesto, al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En tal virtud, advertimos que el proponer que es la única facultad que tiene el gobernador del Estado en esta materia, en los términos del artículo 58, fracción XXXI, de la Constitución Local, se refiere únicamente a la consulta que éste debe hacer al órgano legislativo, el cual resolverá aprobar o no el nombramiento del Magistrado presidente. Sin embargo, al señalar el Decreto 129 y la reforma del correspondiente artículo 133 de la ley en comento, que el titular del Ejecutivo tendrá la posibilidad de designar al Magistrado presidente, hace a un lado el principio fundamental que rige en materia administrativa, a propósito de los servidores públicos, en el sentido de que la autoridad sólo puede realizar aquello que le esté permitido en virtud de una ley; además de estar contraviniendo la voluntad del Constituyente de 1917 al estar violando una ley secundaria la Constitución Local y, por ende, la Constitución Federal en los imperativos enunciados con antelación. Más aún, cuando en el caso concreto se plantea (sic), se pretenden derogar mandamientos expresos de la Constitución Estatal mediante leyes reglamentarias, puesto que el acto de irrogar facultades al titular del Ejecutivo que no le son otorgadas por la Ley Suprema en el Estado, rebasa los límites impuestos por el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 de nuestra Ley Suprema, que fue recogido íntegramente por la Constitución Política del Estado en su artículo 20 y que a su letra ordena: 'Artículo 49 (sic). El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.'. Así, el diverso dispositivo de nuestra Constitución Local dispone: 'Artículo 20. El Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias concedidas al gobernador conforme a lo dispuesto en el artículo 33, fracción XVI, de esta Constitución.'. Lo anterior, permite inducir de manera diáfana, que al facultarse al gobernador para designar, en determinado caso, a los Magistrados de una terna previamente rechazada o reprobada por el H. Congreso del Estado, se sustituye en las atribuciones de este último poder, puesto que se da una invasión de poderes al hacer nugatorio el ejercicio del control que constitucionalmente le compete al órgano legislativo de aprobar la terna propuesta por el Ejecutivo, acorde a lo previsto por el artículo 33, fracción XXVIII '... Aprobar en los términos de las leyes respectivas el nombramiento del Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón ...'. Dado lo anterior, se concluye que si bien es cierto que el artículo 33 señala que la aprobación se hará 'en los términos de las leyes respectivas', también lo es que categóricamente establece que el nombramiento del Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón 'será aprobado por el Congreso del Estado', sin dar opción a que sea algún otro Poder del Estado el que elija o designe a dicho funcionario, y la ley de la materia, que es secundaria y reglamentaria del precepto constitucional precitado, no puede por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia ir más allá de lo establecido por el precepto constitucional y, en consecuencia, no debe darle vida a la hipótesis mediante la cual bajo determinadas circunstancias sea otro poder el que elija o designe al Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pues hacerlo será quitarle al Poder Legislativo la exclusiva facultad que la Constitución le otorga de aprobar el nombramiento de dicho funcionario. Tal como lo sostienen las ahora demandadas en la exposición de motivos que en vía de considerandos se insertan en el segundo párrafo de la página 5 del dictamen que ahora se combate y que en este apartado transcribimos textualmente: '... o sea, la propia Constitución autoriza a que el Código Electoral regule el procedimiento a que deberá sujetarse el nombramiento, dentro del marco establecido por ella: que sea el Congreso el órgano que tenga a su cargo el nombramiento, el Supremo Tribunal de Justicia quien realice la propuesta y mediante el voto de la mayoría calificada de los diputados presentes. ...'. Asimismo, el antes citado numeral 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, reformado, contraviene lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Colima, ya que el mismo en su fracción XXXI establece claramente la facultad del Poder Ejecutivo del Estado, pero de ninguna manera, en ningún apartado y bajo ninguna circunstancia señala la posibilidad de que este poder pueda elegir o designar al Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, esto es, que la ley de la materia o secundaria violentando el principio de supremacía constitucional consagrado en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Constitución Política del Estado de Colima, le otorga al Poder Ejecutivo Estatal una facultad que en modo alguno le corresponde porque no le está conferida por la Constitución Política del Estado. Por todos estos razonamientos, el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado reformado, es violatorio de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Colima contraviniendo, además, el orden constitucional federal, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116, párrafo segundo, que: 'Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...', y en el caso que nos ocupa la reforma aprobada pretende que los Poderes del Estado de Colima, a saber Legislativo y Ejecutivo, se organicen conforme a la ley secundaria y no a la Constitución Política del Estado. Tercero. En tercer término, el decreto en comento en su artículo tercero modifica los artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en los siguientes términos: 'Artículo 7o. Para nombrar a los miembros del consejo, el gobernador del Estado someterá una terna por cada nombramiento a la consideración del Congreso, el cual designará al consejero que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de la mayoría calificada, en el improrrogable plazo de treinta días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de consejero la persona que de cada una de las ternas, designe el gobernador. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el gobernador someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá en el improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el gobernador. Si a la conclusión del periodo legal del cargo de consejero a que se refiere este ordenamiento, el Congreso del Estado no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando continuará en el cargo hasta que tome posesión el que lo sustituya.'. 'Artículo 11. Para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración del Congreso. La designación se hará por el voto de la mayoría calificada, en el improrrogable plazo de treinta días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el gobernador. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el gobernador someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esa terna, designe el gobernador. Si a la conclusión del periodo legal del cargo de presidente a que se refiere este ordenamiento, el Congreso del Estado no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando continuará en el cargo hasta que tome posesión el que lo sustituya.'. En este sentido, cabe mencionar que dicha reforma a los artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos transgrede de igual forma que la anterior a lo ordenado por la Constitución Local del Estado de Colima, toda vez que dicho cuerpo legal en sus artículos 33, fracción XXVIII y 58, fracción XXXI, señala en forma expresa las atribuciones y facultades del órgano ejecutivo y del legislativo, al ordenar que será facultad del Ejecutivo proponer al Congreso del Estado tanto al presidente como a los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, por su parte, será facultad del Congreso aprobar los nombramientos de dichos funcionarios, artículos que han sido ya detallados en el presente escrito y que en obviedad de inútiles repeticiones solicito respetuosamente se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen. Asimismo, con la reforma aprobada a los artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se violenta el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Colima, el cual establece, específicamente, como facultad exclusiva del Poder Legislativo, lo siguiente: 'Artículo 33. Son facultades del Congreso: ... XXVIII. Aprobar en los términos de las leyes respectivas, el nombramiento del Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.', puesto que del análisis de dicho numeral se desprende que si bien es cierto que el artículo 33 señala que la aprobación se hará 'en los términos de las leyes respectivas', también lo es que categóricamente establece que el nombramiento del presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 'será aprobado por el Congreso del Estado', sin dar opción a que sea algún otro Poder del Estado el que elija o designe a dichos funcionarios, y la ley de la materia, que es secundaria y reglamentaria del precepto constitucional precitado, no puede por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia ir más allá de lo establecido por el precepto constitucional y, en consecuencia, no debe darle vida a la hipótesis mediante la cual bajo determinadas circunstancias sea otro poder el que elija o designe al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues hacerlo sería quitarle al Poder Legislativo la exclusiva facultad que la Constitución le otorga de aprobar el nombramiento de dichos funcionarios. En este mismo orden de ideas, los antes citados numerales 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reformados, contravienen lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Colima, ya que el mismo en su fracción XXXI establece claramente como facultad del Poder Ejecutivo la de: 'Proponer al Congreso del Estado, mediante los procedimientos que establecen las leyes de la materia, al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; así como al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.', pero de ninguna manera, en ningún apartado y bajo ninguna circunstancia señala la posibilidad de que este poder pueda elegir o designar al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 'será aprobado por el Congreso del Estado', esto es, que la ley de la materia o secundaria violentando el principio de supremacía constitucional consagrado en los artículos 129 de la Constitución Política del Estado de Colima y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al Poder Ejecutivo Estatal una facultad que no le está conferida por la Constitución Política del Estado. Por todos estos razonamientos, los artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reformados, violentan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Colima contraviniendo, además, el orden constitucional federal, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116, párrafo segundo, que: 'Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...', y en el caso que nos ocupa, la reforma aprobada pretende que los Poderes del Estado de Colima, a saber Legislativo y Ejecutivo, se organicen conforme a la ley secundaria y no a la Constitución Política del Estado. Cuarto. Especial mención merece la vulneración de nuestro orden jurídico y régimen constitucional la reforma perpetrada al artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, puesto que siguiendo con el esquema de la propuesta de ternas por parte del titular del Ejecutivo y la aprobación o no aprobación del H. Congreso del Estado, como puede apreciarse de la fiel inserción íntegra del dispositivo en comento: 'Artículo 93. La designación de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será hecha por el titular del Poder Ejecutivo y será sometida a la aprobación del Congreso, ante el que rendirán la protesta de ley, siendo aplicable en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 33, fracción XXIX y 58, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado, quedando encomendado el trámite de los respectivos nombramientos a la Secretaría General de Gobierno.'. El caso concreto que se plantea resulta de una relevancia importante, puesto que se pretende reformar el dispositivo legal de que se trata, por lo que ve al tipo de votación requerida para el nombramiento de los Magistrados del órgano de control de la legalidad en los actos y resoluciones que emanen de todas y cada una de las autoridades de la administración pública. En este sentido, es claro que la pretendida reforma contraría el principio contenido por el artículo 116, fracción V, de nuestra Carta Magna, que al respecto dispone: 'Artículo 116. El poder público en los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ... V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos ...'. Desde luego, las entidades federativas están obligadas a que al ejercer esta posibilidad constitucional, deberán observar en todo tiempo el principio de división de poderes, esto es, establecer el proceso de designación de estos Magistrados, proponiendo el titular del Ejecutivo y aprobando el Poder Legislativo, a efecto de dotar de plena autonomía al tribunal correspondiente. En este mismo sentido, se prevé dentro del decreto impugnado y precisamente en el punto cuarto del apartado correspondiente a los considerandos, en que realizan una supuesta interpretación del contenido del artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 33, fracción XXIX y 58, fracción XXXVIII, de la Constitución, ambas del Estado Libre y Soberano de Colima, para afirmar de manera temeraria que el primero de los dispositivos legales enunciados contraviene el mandato constitucional, en tratándose del tipo de votación exigida para la aprobación de los nombramientos, a saber, de las dos terceras partes de los diputados presentes. La pretensión descrita anteriormente carece de todo sustento constitucional, dado que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en momento alguno dispone el tipo de votación requerida para la aprobación por parte del Congreso del Estado de los nombramientos respectivos, por ende, debe entenderse que serán aprobados por las dos terceras partes de los diputados que integren la Legislatura Estatal, acorde a una interpretación armónica y teleológica de nuestro régimen constitucional; ello es así, porque ante la omisión que prevalece en nuestra Constitución, debe subsanarse tal como lo sustentan las demandadas para justificar el procedimiento de dos ternas contenido en los numerales diversos que aquí se impugnan, en lo previsto por la Constitución Federal en su artículo 96. En efecto, el desvío interpretativo, inserto en la exposición de motivos en vía de considerandos del Decreto 129 combatido, vulnera todo orden jurídico, puesto que la reforma al artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo contempla un supuesto congruente con la norma constitucional, pero impreciso, al suprimir el tipo de votación requerida para legitimar a los Magistrados propuestos; sin embargo, fuera de toda lógica jurídica, se erige en Constituyente al disponer una votación inferior, a partir no de la norma en sí, sino que deviene de simples razonamientos sin sustancia jurídica alguna, contenidos en la exposición de motivos en vía de considerandos del propio Decreto 129 que se tilda de inconstitucional. Resulta intrascendente el hecho de que por antonomasia y costumbre procesal, sin que esto deje de constituir un exceso en las atribuciones del Congreso Estatal y del propio titular del Poder Ejecutivo en el Estado, que los nombramientos de los Magistrados sean aprobados por mayoría simple, puesto que la máxima jurídica contenida en el artículo 70 de nuestro orden constitucional local, es omisa en cuanto al tipo de votación requerida; por tanto, la simple declaratoria parlamentaria de tenerlos por aprobados con una mayoría inferior a la requerida por el régimen constitucional federal, a saber: de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, en tratándose de la aprobación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, no pueden tenerse ni como ensayos de criterio para vulnerar los principios y fundamentos de nuestro régimen constitucional general que deben ser observados por las entidades federativas en la creación de sus bases constitucionales y reglamentarias, puesto que la aplicación y observancia de la ley no pueden ser sujeto de negociación alguna. Las argumentaciones vertidas con anterioridad demuestran la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por contravenir la Constitución General y la propia del Estado de Colima y, por ende, se justifica la procedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 129, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima', de fecha 16 de junio de 2001, por parte del Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quinto. Realizado el estudio de las transgresiones directas o materiales a nuestra Carta Magna, procederemos a exponer las violaciones formales en que incurrieron las autoridades durante el proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto 129 por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales del Estado de Colima, mismo que constituye el objeto de la acción de inconstitucionalidad que se plantea: 'El artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso d), establece que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, además de establecer el sujeto activo de dichas acciones, que en el caso particular corresponde a más del treinta y tres por ciento del órgano legislativo del Estado de Colima.'. La norma jurídica cuya invalidez se reclama, es decir, el Decreto Número 129 con todos sus transitorios, emitido por el H. Congreso del Estado de Colima el día quince de junio de dos mil uno, así como las disposiciones legales que en virtud de él se reformaron, modificaron y adicionaron, que son diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Código Electoral del Estado, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima', el día 16 de junio del año 2001, es un decreto que intrínsecamente contraviene nuestro sistema jurídico constitucional. Al respecto, cabe mencionar que se impugna el Decreto 129 y las diversas disposiciones legales que en virtud de éste se reforman o adicionan en lo general, en virtud de existir en éste notorias irregularidades en su elaboración, es decir, existen manifiestas transgresiones al procedimiento legislativo consagrado tanto en la Constitución Política del Estado de Colima como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, constituyendo esto, en forma evidente, una violación indirecta a los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política Federal, los cuales consagran

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17511-f4c03245/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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