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Modo: Corpus Pro

EMPRÉSTITOS. LOS ARTÍCULOS 28, 3o., SEGUNDO PÁRRAFO Y 1o., FRACCIÓN IX, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL UNO, QUE PREVÉN EL DESTINO QUE SE LES DARÁ A LOS CELEBRADOS POR DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES A LAS QUE HABRÁN DE SUJETARSE, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2001. · Registro digital (IUS): 7172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, , Pág. 628.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2001. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de mayo de dos mil uno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de enero de dos mil uno, Gladys McDonald Maldonado, Ignacio Virgen, Zenen Aarón Xochihua Enciso, Alejandrino Valdez Sosa, Everardo Gaxiola Gaxiola, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Patricia Estela Bueno Yanes, José Javier Osorio Salcido, Héctor Estrada Meza, Martín Salvador González Ramírez, Ricardo Javier Casas López, María Teresa Guerra Ochoa, Óscar Urias Germán, Óscar Aguilar Loya, Audomar Ahumada Quintero y César Julio Saucedo Barrón, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, promovieron acción de inconstitucionalidad, demandando la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:

"I. Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas: H. Congreso del Estado de Sinaloa. II. Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas: C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. III. Normas generales cuya invalidez se reclama: El artículo 1o., fracción IX, inciso a); el artículo 3o., segundo párrafo, y el artículo 28, todos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2001."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El artículo 117 de la Ley Fundamental establece para las entidades federativas un catálogo de prohibiciones, es decir, enunciados normativos que impiden o limitan la realización de determinados actos a los Estados como premisa de conservación del orden constitucional. Así, el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional estatuye que: 'Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que «contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos.» ...' (énfasis añadido). De lo anterior resulta que el Constituyente, a través de la disposición constitucional en comento, ha mandatado que los Estados y Municipios, así como sus organismos descentralizados y empresas públicas, solamente pueden contratar empréstitos cuando se cumplan puntualmente todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) Que el destino de los empréstitos sea inversiones públicas productivas; b) Que los empréstitos se contraigan conforme a las bases que para tal efecto establezca en una ley la legislatura de que se trate; c) Que los conceptos de endeudamiento se definan en el presupuesto de egresos que corresponda; y, d) Que los montos de endeudamiento también se establezcan en el presupuesto de egresos respectivo. Ello sólo puede entenderse así, ya que se trata de la única forma o vía para acceder válidamente a la excepción de la prohibición general que implica dicho estatuto constitucional. Es claro que el espíritu de la Norma Suprema es la (sic) evitar, en su máxima expresión, el comprometimiento de los recursos públicos aportados por la sociedad y el de transparentar satisfactoriamente su destino y aplicación llegado el caso de ser justificadamente necesario dicho acontecimiento. En la especie, las normas generales impugnadas resultan inconstitucionales por razón de su indubitable contravención al precepto constitucional de referencia, en virtud de lo siguiente: El artículo 1o., fracción IX, inciso a), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2001, estatuye un ingreso ordinario del orden de 250 millones de pesos por concepto de crédito. Por su parte, el artículo 3o., segundo párrafo, de la ley referida, establece que: 'Se autoriza al Gobierno del Estado por conducto del Ejecutivo Estatal para que se afecten en y a favor de instituciones financieras y banca de desarrollo las participaciones que le corresponden en impuestos federales, la parte que garantice el pago de las obligaciones que se contraigan en el presente ejercicio fiscal. Esta afectación será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.'. Como ya lo hemos señalado, la disposición constitucional transgredida establece que sólo se podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se satisfagan a cabalidad los supuestos de procedibilidad ya enunciados, uno de los cuales es, sin duda, el que se realicen conforme a las bases que la legislatura respectiva establezca en una ley. En el caso del Estado de Sinaloa, dichas bases se encuentran preconizadas en el texto del artículo 84 de la Constitución Política del Estado, mismo que (sic) la letra dice: '«Sólo podrán contratarse empréstitos por el Estado o sus Municipios en forma directa o a través de sus organismos públicos, cuando se trate de obtener ingresos extraordinarios que, para el cumplimiento de sus atribuciones de derecho público sean justificados en cada caso, a juicio del Congreso del Estado, quien mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, deberá aprobar y autorizar previamente los contratos respectivos, formas de financiamiento, constituyéndose como aval el Ejecutivo del Estado».' (énfasis añadido). Como habrá de observarse, la única forma en que el Estado puede contratar empréstitos, es que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de la obtención de ingresos extraordinarios; b) Que en cada caso se justifique la necesidad del empréstito; c) Que los contratos y formas de financiamiento sean conocidos y autorizados previamente por el Congreso Local; y, d) Que la aprobación, tanto de los contratos y formas de financiamiento como del empréstito en sí, sea por mayoría calificada de los integrantes del Congreso Local; así, es evidente que las obligaciones por empréstitos sólo pueden contraerse excepcionalmente conforme al criterio aprobatorio de una mayoría calificada de los integrantes del Parlamento Local. En la especie, las normas impugnadas, al establecer el concepto de créditos bajo la forma de ingresos ordinarios y autorizar la afectación de determinados recursos estatales en favor de instituciones de crédito como garantía del cumplimiento de obligaciones derivadas, claro está, de los empréstitos que en el presente año contrate el Gobierno Estatal, facultan al Estado para obtener recursos económicos mediante la contratación de empréstitos sin haberse satisfecho el mandato de las bases constitucionales estaduales ya descritas, toda vez que no se trata de ingresos extraordinarios, no serán conocidos previamente por el Congreso los contratos y formas de financiamiento, y la aprobación de dicha facultad no se otorgó (ni será otorgada por no ser ya necesario conforme a la legislación secundaria local) por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Es oportuno enfatizar que afirmamos que los requisitos ordenados por el pluricitado artículo 84 de la Constitución sinaloense no serán cumplidos por el Estado en la contratación específica que para la obtención de los recursos realice, ya que conforme a las ilegales disposiciones de la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado (véanse artículos 1o. y 2o.), las normas impugnadas no tienen sólo un simple alcance de previsión del monto a ejercer por concepto de empréstitos, sino de una plena autorización para contratarlos. Ello no sólo se encuentra sustentado en la normatividad invocada, sino que también se sustenta en la práctica, tal y como aconteció el año próximo pasado en el que (sic) Estado, con soporte en la autorización contenida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2000, contrató empréstitos por el orden de los 100 millones de pesos sin cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 84 de la Constitución Local, es decir, no solicitó autorización alguna del Congreso para contratarlos y mucho menos dio a conocer el contenido de los contratos, formas de financiamiento, monto específico a contratar, destino específico de los recursos y, por ende, no existió aprobación alguna por mayoría calificada de los integrantes del Congreso. Por tanto, solicitamos se requiera al C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa para que al rendir el informe de ley, envíe a ese H. Pleno toda la información y documentación relativa a la contratación de créditos a cargo del Estado durante el ejercicio fiscal del año 2000. En tal virtud, resulta meridianamente claro que las normas impugnadas violan el mandato constitucional al autorizar al Estado la obtención de recursos mediante la contratación de empréstitos sin atender las bases establecidas por la legislatura sinaloense en la Ley Fundamental del Estado. Norma que, por cierto, tiene jerarquía formal superior a cualquier otra expedida por el H. Congreso del Estado a través del procedimiento legislativo ordinario y que no puede considerarse derogada por lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2001, ni por ninguna otra disposición normativa estatal, sea de carácter permanente o transitorio, tal y como pretenden sustentarlo las autoridades demandadas con disposiciones de la recién creada Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado. Al respecto, el artículo 158 de la propia Constitución Local preceptúa que: 'Esta Constitución es la ley fundamental del gobierno interior del Estado y nadie podrá estar dispensado de acatar sus preceptos ...'. Es claro pues, que las bases que establece el artículo 84 de la Constitución Local, están orientadas a permitir un estricto control de la representación popular sobre las contrataciones de créditos que por motivos excepcionales y que sólo en ese supuesto realice el Estado. En la especie, la expedición de las normas impugnadas permitirá al Ejecutivo Estatal realizar contrataciones de empréstitos sin sujetarse al cumplimiento de los ya expresados requisitos constitucionales, toda vez que para efectos legales de contratación, las instituciones de crédito y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo requieren de la autorización que en este caso inconstitucionalmente se estableció en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000; así también, el Estado tiene como apoyo en tal sentido las ilegales disposiciones de la ya mencionada Ley de Endeudamiento Público del Estado y del artículo 2o. del Código Fiscal del Estado. Lo anterior ha de concluirse así, ya que la Constitución Estadual es clara, congruente y contundente en materia de contratación de empréstitos a cargo del Estado, según se puede observar con la simple lectura e interpretación sistemática de sus artículos 43, fracción XXIII, y 84, en vigor. Segundo. De la misma forma y en contravención a la Constitución Federal, no se acredita que el empréstito acordado se destinará a inversiones públicas productivas. En efecto, según se desprende del contenido del artículo 28 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2001, se realiza una simple enunciación de 'infraestructura carretera' como concepto de destino del empréstito, sin especificar a qué obras específicas se destinarán los recursos. En esa tesitura, resulta materialmente imposible saber si efectivamente los recursos derivados del crédito se invertirán productivamente, ya que al no determinarse legalmente el lugar o zona específica beneficiaria de las obras, el tipo específico de las obras, así como el objeto de su realización, entre otros aspectos, no es posible saber si se trata o no de una inversión pública productiva. Por lo tanto, resulta inconcuso que las normas generales impugnadas son violatorias del segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional, al posibilitar que el Estado contraiga empréstitos sin sujetarse a las bases establecidas para tal efecto en la Ley Fundamental del Estado de Sinaloa y al no justificar que el empréstito en ellas determinado será destinado a inversión pública productiva."

TERCERO. El precepto que se estima violado es el 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

QUINTO. Por auto de treinta de enero de dos mil uno, el Ministro instructor tuvo por presentados a los diputados promoventes de la demanda, hecha excepción del diputado Óscar Aguilar Loya, toda vez que en el oficio correspondiente no consta su firma; admitió dicha demanda; y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

SEXTO. Mediante oficio presentado el veintiuno de febrero de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Enrique Hernández Chávez, en su carácter de presidente de la Gran Comisión y con la representación de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, a nombre del Congreso de la entidad, rindió informe en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, y la acción intentada por los demandantes corresponde a un acto que por su naturaleza no es una norma de tal carácter, ya que el ordenamiento cuya invalidez se demanda es un acto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, naturaleza jurídica que se apoya en lo resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/98; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 1o. de la propia ley y 105, fracción II, de la Constitución Federal y, por ende, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 20 de la misma ley reglamentaria, se debe sobreseer en el presente juicio.

b) Que ninguna de las fracciones del artículo 117 de la Constitución Federal establece como requisito para que las entidades federativas contraigan empréstitos, que previamente se conozcan los contratos y formas de financiamiento o que sean aprobados por el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de las legislaturas; sino únicamente que los montos de dichos empréstitos sean establecidos en el presupuesto anual.

c) Que es infundado el argumento de los accionantes en el sentido de que el artículo 84 de la Constitución Local es la "ley" a la que se refiere el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Federal, esto es, la que establece las bases para la contratación de los empréstitos, porque basta la sola lectura de lo preceptuado en el precepto constitucional mencionado, para llegar a la convicción de que no puede referirse a la Constitución Estatal, puesto que cuando el Constituyente de la nación ha querido hacerlo lo ha hecho de manera expresa; además de que las legislaturas como poderes constituidos no tienen facultades, por sí solas, para establecer bases en la Constitución, ya que de conformidad con el artículo 159 de la Constitución Política de Sinaloa, el único órgano facultado para incidir en el contenido de tal Constitución es un órgano especial integrado por el Congreso y los Ayuntamientos del Estado.

d) Que el artículo 1o., fracción IX, inciso a), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, establece que el Estado de Sinaloa percibirá por concepto de empréstitos la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesos como máximo, sin especificar que dicho monto se debe agotar en un solo contrato de crédito o en varios, con lo cual el Congreso del Estado solamente fijó el monto máximo de endeudamiento estatal, apegándose al postulado del segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 117 de la Constitución Federal; es decir, el Gobierno del Estado de Sinaloa, en el ejercicio fiscal mencionado no podrá contratar empréstitos que sobrepasen la cantidad referida, por tanto, esa disposición normativa tampoco viola el artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por el contrario, se traduce en la aplicación y observancia de dicho precepto en su parte conducente.

e) Que no es posible pretender que previamente a la aprobación de los artículos impugnados, se tenga que cumplir con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, toda vez que este numeral rige los ingresos extraordinarios, los cuales, por su naturaleza, no son previsibles, e inclusive puede darse el supuesto de que no se necesiten esos ingresos. Además, la justificación de la necesidad del empréstito es una etapa posterior a la fijación del límite de endeudamiento público por esos conceptos, pues en este momento lo que la Legislatura Local ha establecido es la imposibilidad fáctica para que el Gobierno del Estado contrate empréstitos superiores a los doscientos cincuenta millones de pesos, y de ser necesarios empréstitos superiores a ese monto, el concepto que el ordenamiento constitucional del Estado prevé es el de ingresos extraordinarios, los cuales tienen una naturaleza jurídica distinta y, por tanto, una regulación legal diferente; consecuentemente, en el aspecto anotado, el artículo 3o., párrafo segundo, de la ley impugnada, no resulta violatorio del artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) Que la ley cuya invalidez se demanda cumple cabalmente con los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público en el Estado de Sinaloa, ya que en el presente caso, los ingresos derivados de endeudamiento fueron adquiridos por virtud de la autorización concedida por el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, y los créditos autorizados serán utilizados en inversión pública productiva, particularmente en el concepto de ejecución de obras públicas.

g) Que lo que regula el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es aplicable únicamente a los ingresos extraordinarios, que son aquellos que se perciben cuando circunstancias anormales colocan al Estado frente a necesidades imprevistas en términos del artículo 2o. del Código Fiscal para el Estado de Sinaloa, tales como el azote de algún fenómeno natural, situación que de ninguna manera se presenta en este caso.

h) Que de la interpretación lógica y sistemática del artículo 117 de la Constitución Federal, fracción VIII, párrafo segundo, en concordancia con el artículo 2o., fracción I, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y con la fracción VI del artículo 65 de la Constitución Política del mismo Estado, se desprende que el monto de endeudamiento del Estado de Sinaloa deberá estar contenido en la iniciativa de decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente que el gobernador del Estado debe presentar al Congreso para su análisis y aprobación, tal como sucedió en el presente caso, lo que es un argumento adicional para concluir que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Local.

i) Que los empréstitos para inversiones públicas productivas contemplados en el decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado se rigen por lo dispuesto en la fracción I, inciso e), del artículo 2o. del Código Fiscal del Estado, que regula los ingresos ordinarios, lo que hace evidente que es facultad de la legislatura expedir dicho decreto mediante el voto de la mayoría de los diputados y no por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara, supuesto diferente al contemplado en el artículo 84 multirreferido, en el que se regulan los ingresos extraordinarios, los que por consiguiente no pueden contemplarse en el presupuesto de egresos y, por ende, no encajan en el supuesto previsto por el artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el cual ordena que el monto del endeudamiento debe fijarse anualmente en el presupuesto.

j) Que si el Código Fiscal (artículos 2o. y 4o.), de la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público y la Ley de Hacienda, todos del Estado de Sinaloa, sirven de fundamento a lo dispuesto en materia de endeudamiento en el inciso a), fracción I, del artículo 1o. del decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2001, y tales disposiciones no son combatidas en el presente juicio, resulta improcedente la acción intentada.

k) Que ni el artículo 117 de la Constitución Federal o alguno otro de la misma o de la Constitución del Estado, establecen como requisito para la aprobación del decreto que contiene la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa el voto de las dos terceras partes de los diputados, y si bien el artículo 43, fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece como facultad exclusiva del Congreso del Estado la de expedir anualmente la ley de ingresos y egresos de la entidad, el ejercicio de esa facultad no la condiciona a la obtención del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados, por lo que la aprobación de dicho decreto puede hacerse mediante la mayoría simple de los diputados presentes en la sesión, como sucedió en el presente caso.

l) Que el artículo 117 de la Constitución Federal no establece bases o requisitos para la afectación de las participaciones federales, ni para la inscripción de dichas afectaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que tal disposición constitucional no regula la materia que estatuye el párrafo segundo del artículo 3o. impugnado, ya que de conformidad con este numeral, la facultad que tiene el Ejecutivo del Estado para afectar en favor de instituciones financieras y banca de desarrollo las participaciones que les corresponden en impuestos federales, encuentra apoyo en lo previsto por los artículos 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 1o. de su reglamento, que prevé el registro de las obligaciones y empréstitos contraídos por las entidades federativas, para que las participaciones de ingresos federales queden afectas al pago de dichas obligaciones y empréstitos.

m) Que en el presente caso se ha cumplido con los requisitos contenidos en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los ingresos derivados de endeudamiento por un monto de doscientos cincuenta millones de pesos, previstos en la fracción IX del artículo 1o. de la ley impugnada, respeta cabalmente las reglas previstas en la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa, consistentes en que los conceptos y montos de las obligaciones o empréstitos se fijen anualmente en sus respectivos presupuestos.

n) Que por lo que se refiere al requisito previsto en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal, consistente en que las obligaciones o empréstitos se destinen a inversiones públicas productivas, éste se observa del contenido del artículo 28 de la ley impugnada, en el que se señala la pretensión de dirigir los recursos respectivos a la infraestructura carretera, lo que constituye sin duda una inversión pública productiva, toda vez que refuerza las actividades económicas del Estado; consecuentemente, el destinar doscientos cincuenta millones de pesos para financiar inversión pública productiva en el rubro de infraestructura carretera, de ninguna forma violenta mandato constitucional alguno; además de que la oportunidad de saber si efectivamente los ingresos derivados de endeudamiento se destinaron al financiamiento de la inversión pública productiva, es el momento en el que el Ejecutivo del Estado rendirá la cuenta pública, y en el supuesto de que los diputados integrantes del Congreso del Estado, en ejercicio de sus atribuciones para revisar y fiscalizar la cuenta pública del Gobierno del Estado encontraron irregularidades, tales diputados podrán fincar las responsabilidades procedentes.

SÉPTIMO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de febrero de dos mil uno, Gonzalo M. Armienta Calderón, en su carácter de secretario general de Gobierno y encargado del despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, rindió informe en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que los requisitos que se especifican en el artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, los cumple la ley cuya invalidez se demanda, porque en el artículo 1o., fracción IX, inciso a), se establece que el destino del empréstito con un monto total de $250'000,000.00 será para inversiones públicas productivas; en el segundo párrafo del artículo 3o. se señala que el empréstito mencionado deberá contratarse de acuerdo con las bases fijadas en la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa y en el artículo 28, se establece específicamente que el empréstito será destinado para "infraestructura carretera", expresión que se ajusta al significado gramatical de la palabra "concepto" contenida en el precepto de la Constitución Federal mencionada.

b) Que la expedición de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos constituye una facultad normal del Congreso del Estado, para cuyo ejercicio no se requiere de una mayoría calificada por no exigirlo así ninguna disposición legal, por lo que está fuera de discusión en este proceso constitucional el tema relativo a los requisitos que debe satisfacer la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, puesto que la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa, se emitió en cumplimiento de lo ordenado por la precitada fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Federal, por lo que no puede invocarse violación alguna a este precepto. Además, no forman parte de la litis los argumentos relativos al cumplimiento de los requisitos del artículo 84 de la Constitución Política Local, toda vez que este artículo únicamente se refiere al ejercicio de la facultad de endeudamiento otorgada por empréstitos extraordinarios, los cuales quedan fuera de la aprobación anual de la Ley de Ingresos, según se desprende del artículo 2o. del Código Fiscal del Estado.

c) Que por otro lado, el artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, se refiere al endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y la fracción XXI del artículo 43 de la Constitución Local, faculta al Congreso del Estado para precisar en dicho ordenamiento legal, los ingresos ordinarios que percibirá el Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, especificando el concepto y el monto total de los mismos, el Constituyente Permanente no es el facultado para fijar anualmente los presupuestos sino la legislatura ordinaria conforme a las bases que ella misma establezca; consecuentemente, si la legislatura ordinaria ha expedido en concordancia con dicho precepto constitucional federal, la referida Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa, con apoyo en la misma será que se contrate el crédito autorizado y no con el artículo 84 de la Constitución Política Local, precepto este que es aplicable sólo para la contratación de ingresos extraordinarios.

d) Que si el Código Fiscal del Estado clasifica como ingresos extraordinarios a aquellos que se perciben cuando circunstancias anormales colocan al Ejecutivo frente a necesidades imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias o bien a aquellos que se decreten excepcionalmente y como ingresos ordinarios a los que se destinan a cubrir las necesidades ordinarias del servicio público, incluyendo los empréstitos que se destinen al mismo fin, es evidente que en el caso no existe contradicción alguna entre el artículo 84 de la Constitución Política del Estado y la ley impugnada, en tanto que el citado artículo 84 no exige que al fijarse en la Ley de Ingresos el concepto endeudamiento y su monto, deba hacerse con apoyo en dicho precepto, ya que éste, se refiere a ingresos extraordinarios; por tanto, esta última ley no contraviene lo dispuesto por la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 117 de la Constitución Federal. Además de que este precepto constitucional, señala que los empréstitos sólo podrán contratarse hasta por los montos que se fijen anualmente en los respectivos presupuestos (leyes de ingresos y presupuestos de egresos), lo cual significa que el endeudamiento (monto global),

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7172-e5e46afb/emprestitos-los-articulos-28-3o-segundo-parrafo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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