ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veinticuatro de enero de dos mil, en el domicilio particular del licenciado Jesús Díaz García, autorizado por el secretario general de Acuerdos para recibir demandas y promociones fuera de las horas de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionario que remitió el oficio y anexos de referencia a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día veinticinco de enero siguiente, Gladys McDonald Maldonado, Ignacio Virgen, Zenen Aarón Xochihua Enciso, Alejandrino Valdez Sosa, Everardo Gaxiola Gaxiola, Alma E. Alcaraz Hernández, Patricia Estela Bueno Yanes, José Javier Osorio Salcido, Héctor Estrada Meza, Martín S. González Ramírez, Ricardo Javier Casas López, María Teresa Guerra Ochoa, Óscar Urias Germán, César Julio Saucedo Barrón y Audomar Ahumada Quintero, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
"I. Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas: H. Congreso del Estado de Sinaloa. II. Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas: C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. III. Normas generales cuya invalidez se reclama: el artículo 1o., fracción IX, inciso a) y el artículo 3o., segundo párrafo, ambos preceptos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Atendiendo a la clasificación que el maestro Ignacio Burgoa ha sostenido respecto a las prohibiciones constitucionales, el artículo 117 de la Ley Fundamental establece para las entidades federativas un catálogo de las denominadas prohibiciones absolutas, es decir, enunciados prohibitivos que no admiten excepción alguna en su observancia. Así, el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional estatuye que ‘Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. ...’. De lo anterior resulta que el Constituyente, a través de la disposición constitucional en comento, ha mandado que los Estados y Municipios, así como sus organismos descentralizados y empresas públicas, solamente pueden contratar empréstitos cuando se cumplan puntualmente todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) Que el destino de los empréstitos sean inversiones públicas productivas; b) Que los empréstitos se contraigan conforme a las bases que para tal efecto establezca en una ley la legislatura de que se trate; c) Que los conceptos de endeudamiento se definan en el presupuesto de egresos que corresponda; y, d) Que los montos de endeudamiento también se establezcan en el presupuesto de egresos respectivo. Ello sólo puede entenderse así, ya que se trata de la única forma o vía para acceder válidamente a la excepción de la prohibición general que implica dicho estatuto constitucional. Es claro que el espíritu de la Norma Suprema es evitar, en su máxima expresión, el comprometimiento de los recursos públicos aportados por la sociedad y el de transparentar satisfactoriamente su destino y aplicación llegado el caso de ser justificadamente necesario dicho acontecimiento. En la especie, las normas generales impugnadas resultan inconstitucionales por razón de su indubitable contravención al precepto constitucional de referencia, en virtud de lo siguiente: El artículo 1o., fracción IX, inciso a), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, estatuye un ingreso ordinario del orden de 250 millones de pesos por concepto de crédito. Por su parte, el artículo 3o., segundo párrafo, de la ley referida establece que ‘Se autoriza al Gobierno del Estado por conducto del Ejecutivo Estatal para que se afecten en y a favor de instituciones financieras y banca de desarrollo las participaciones que le corresponden en impuestos federales, la parte que garantice el pago de las obligaciones que se contraigan en el presente ejercicio fiscal. Esta afectación será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. Como ya lo hemos señalado, la disposición constitucional transgredida establece que sólo se podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se satisfagan a cabalidad los supuestos de procedibilidad ya enunciados, uno de los cuales es, sin duda, el que se realicen conforme a las bases que la legislatura respectiva establezca en una ley. En el caso del Estado de Sinaloa, dichas bases se encuentran preconizadas en el texto del artículo 84 de la Constitución Política del Estado, mismo que a la letra dice: ‘Sólo podrán contratarse empréstitos por el Estado o sus Municipios en forma directa o a través de sus organismos públicos, cuando se trate de obtener ingresos extraordinarios que, para el cumplimiento de sus atribuciones de derecho público sean justificados en cada caso, a juicio del Congreso del Estado, quien mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, deberá aprobar y autorizar previamente los contratos respectivos, formas de financiamiento, constituyéndose como aval el Ejecutivo del Estado.’. Como habrá de observarse, la única forma en que el Estado puede contratar empréstitos, es que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de la obtención de ingresos extraordinarios; b) Que en cada caso se justifique la necesidad del empréstito; c) Que los contratos y formas de financiamiento sean conocidos y autorizados previamente por el Congreso Local; y, d) Que la aprobación, tanto de los contratos y formas de financiamiento como del empréstito en sí, sea por mayoría calificada de los integrantes del Congreso Local. Así, es evidente que las obligaciones por empréstitos sólo pueden contraerse excepcionalmente conforme al criterio aprobatorio de una mayoría calificada de los integrantes del Parlamento Local. En la especie, las normas impugnadas, al establecer el concepto de créditos bajo la forma de ingresos ordinarios y autorizar la afectación de determinados recursos estatales a favor de instituciones de crédito como garantía del cumplimiento de obligaciones derivadas, claro está, de los empréstitos que en el presente año contrate el Gobierno Estatal, facultan al Estado para obtener recursos económicos mediante la contratación de empréstitos sin haberse satisfecho el mandato de las bases ya descritas, toda vez que no se trata de ingresos extraordinarios, no está justificada la necesidad de su contratación, no son conocidos los contratos y formas de financiamiento, y la aprobación de dicha facultad no se otorgó por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso. En tal virtud, resulta meridianamente claro que las normas impugnadas violan el mandato constitucional al autorizar al Estado la obtención de recursos mediante la contratación de empréstitos sin atender las bases establecidas por la legislatura sinaloense en la Ley Fundamental del Estado. Norma que, por cierto, tiene jerarquía formal superior a cualquier otra expedida por el H. Congreso del Estado a través del procedimiento legislativo ordinario y que no puede considerarse derogada por lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, ni por ninguna otra disposición normativa estatal, sea de carácter permanente o transitorio. Al respecto, el artículo 158 de la propia Constitución Local preceptúa que ‘Esta Constitución es la ley fundamental del gobierno interior del Estado y nadie podrá estar dispensado de acatar sus preceptos ...’. Es claro, pues, que las bases que establece el artículo 84 de la Constitución Local, están orientadas a permitir un estricto control de la representación popular sobre las contrataciones de créditos que por motivos excepcionales y que sólo en ese supuesto realice el Estado. En la especie, la expedición de las normas impugnadas permitirá al Ejecutivo Estatal realizar contrataciones de empréstitos sin sujetarse al cumplimiento de los ya expresados requisitos constitucionales, toda vez que para efectos legales de contratación, las instituciones de crédito y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo requieren de la autorización que en este caso inconstitucionalmente se estableció en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000. Ello ha de concluirse así, ya que de otra forma no se explica la incongruencia que se observa en la ley inmediatamente antes referida, cuando en su artículo 28, tercer párrafo, estatuye que ‘... el Ejecutivo Estatal, por conducto de la secretaría, autorizará mayores erogaciones dentro de las mismas partidas del presupuesto, con cargo a los ingresos extraordinarios que se originen por conceptos de empréstitos y financiamientos y que se autoricen por el Congreso del Estado de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política Local.’. En relación con dicha disposición, el artículo 14 de la ley en cita prevé como gasto total para el presente ejercicio fiscal la cantidad de $9,698’522,454, que es precisamente la cantidad total de ingresos previstos para el ejercicio, incluido el monto de 250 millones por concepto de crédito. Lo anterior evidencia y corrobora que las normas impugnadas posibilitarán la contratación de 250 millones de pesos en empréstitos a cargo del Estado, sin sujeción a las bases de autorización previstas en el multicitado artículo 84. De la misma forma y en contravención a la Constitución Federal, no se acredita que los empréstitos se destinarán a inversiones públicas productivas, ni tampoco se establecen en el presupuesto respectivo los conceptos y los montos de gasto correspondientes. Por lo tanto, resulta inconcuso que las normas generales impugnadas son violatorias del segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional, al posibilitar que el Estado contraiga empréstitos sin sujetarse a las bases establecidas para tal efecto en la Ley Fundamental del Estado de Sinaloa."
TERCERO. En la demanda se señaló como violado el artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Humberto Román Palacios, para instruir el procedimiento.
Por auto de veintiocho de enero de dos mil, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
QUINTO. En auto de veintitrés de febrero del mismo año, se tuvo a las autoridades demandadas rindiendo el informe solicitado; una vez agotado el plazo legal otorgado a las partes para que expresaran sus alegatos y presentado que fue el pedimento del procurador general de la República, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil, se puso el expediente en estado de resolución.
SEXTO. Por oficios de fechas tres y cinco de abril del año dos mil, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y el presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la entidad, en representación de ésta, solicitaron se decretara el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, manifestando al efecto lo siguiente:
a) El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa:
"Como lo acredito con las copias certificadas de los decretos respectivos y con el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, publicado el día 3 del presente mes, el H. Congreso del Estado aprobó la reforma a los artículos 1o., fracción IX, inciso a) y 3o., párrafo segundo, y adicionó el artículo 26 bis a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, con el objeto de dejar satisfechos los requisitos constitucionales que establece el artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, aprobó la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público para el Estado de Sinaloa, ordenamiento jurídico mediante el cual se cumple también con el requisito que al respecto prevé la norma constitucional antes referida. Por otra parte, cabe apuntar que en la reforma y adición a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, se establece expresamente lo siguiente: ‘Artículo 1o. ... I. a VIII. ... IX. Ingresos derivados de endeudamiento, los cuales se destinarán para financiar inversión pública productiva 250’000,000 a) Financiamiento 250’000,000 b) Otros 0 total: $9,698’522,454 ... Artículo 3o. ... Se autoriza al Gobierno del Estado por conducto del Ejecutivo Estatal para que gestione y contrate con la institución financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca para este tipo de crédito, la cantidad autorizada en la fracción IX, inciso a) del artículo 1o. de esta ley, así como para que se afecten en y a favor de instituciones financieras y banca de desarrollo las participaciones que le corresponden en impuestos federales, la parte que garantice el pago de las obligaciones que se contraigan en el presente ejercicio fiscal. Esta afectación será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 26 bis. Los ingresos derivados de endeudamiento a que se refiere el artículo 1o., fracción IX, inciso a), de la presente ley, se destinarán a financiar los siguientes conceptos de inversión pública productiva y por los montos que a continuación se señalan:
Ver monto
"‘Los conceptos señalados en las fracciones I y II de este artículo, forman parte del ramo administrativo 06, correspondiente a agricultura, ganadería y pesca; y el señalado en la fracción III, del ramo administrativo 07, al de comunicaciones y obras públicas, del artículo 19 relativo al título segundo denominado «Del presupuesto de egresos».’. Por lo que atañe a la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa, en ella se precisa que los ingresos que se obtengan por endeudamiento contraído por el Ejecutivo, se destinarán a inversiones públicas productivas, consistentes en la ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes y prestación de servicios públicos; asimismo, se dispone que los ingresos derivados del endeudamiento serán la base para la contratación de los créditos, los cuales no serán superiores al monto autorizado por el Congreso del Estado, debiendo concretarse con la institución financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca y con un plazo de endeudamiento que no deberá exceder de 30 años, además de otras medidas de control administrativo y prohibiciones que garantizan el correcto ejercicio de los ingresos obtenidos, con la vigilancia que al respecto tendrá el Congreso del Estado, prescribiéndose que el titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá informar y acreditar a dicha representación popular el ejercicio del endeudamiento autorizado, al rendir su cuenta pública semestral. Como podrá observarse, en el primero de esos documentos la Legislatura del Estado ha establecido los conceptos y los montos en que serán empleados los ingresos derivados de endeudamiento neto por la cantidad de 250 millones a que se refiere el artículo 1o., fracción IX, inciso a), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, y en el segundo de ellos se han fijado las bases para que el Estado pueda contraer los empréstitos cuyos conceptos y montos ya han sido autorizados en la ley citada con antelación. Ahora bien, con los anteriores ordenamientos legales y documentos que se acompañan, han quedado satisfechas las exigencias del artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal; luego, ha cesado el acto materia de la controversia, conforme lo previsto en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procedente es decretar el sobreseimiento respectivo, con apoyo en el artículo 20, fracción II, de este mismo cuerpo de leyes."
b) El presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa:
"El artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el sobreseimiento procederá cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 19 del ordenamiento invocado. Por su parte, el artículo 19, fracción V, de la ley en comento, dispone que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o acto materia de la controversia. Los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan aplicables en la presente acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados demandantes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 59 del mismo ordenamiento. En efecto, el artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en el título tercero, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título segundo del mismo ordenamiento y por lo tanto procede decretar el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad promovida, en virtud de los siguientes razonamientos. Que en el caso que nos ocupa, han cesado los efectos de las normas materia de la presente acción de inconstitucionalidad y, por lo tanto, procede decretar el sobreseimiento en virtud de que el Congreso del Estado en sesión pública ordinaria del día 31 de marzo del corriente año, aprobó la reforma de la fracción IX, incisos a) y b) del artículo 1o. y el párrafo segundo del artículo 3o. y adicionó un artículo 26 bis, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, según me permito demostrar con el ejemplar del Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’ del día 3 de abril del corriente año, en donde aparece la reforma y adición mencionada, mismo que acompaño al presente escrito. Así las cosas, al haber propuesto los diputados demandantes la invalidez del artículo 1o., fracción IX, inciso a) y el artículo 3o., segundo párrafo, ambos preceptos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2000, y habiendo sido objeto de reforma dichos numerales, la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse en virtud de actualizarse el supuesto previsto por el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, así como con el artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 19, fracción V, de la ley citada, dispone que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o acto materia de la controversia; asimismo, el artículo 20, fracción II, dispone que el sobreseimiento procederá cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 19. Así las cosas, al actualizarse los supuestos normativos indicados en virtud de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado, han cesado los efectos de las normas materia de la acción de inconstitucionalidad, por lo que procede decretar el sobreseimiento solicitado. Asimismo, me permito manifestar que en la misma publicación de fecha 3 de abril del año 2000 del Órgano Oficial del Gobierno del Estado, se publicó la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa, y que de igual forma agrego al presente escrito, a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. Así las cosas, la ley que establece las bases a las que se sujetarán los ingresos derivados de endeudamiento que sean autorizados por el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. En la ley se conceptúan los ingresos derivados de endeudamiento como la autorización concedida por el Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para que se obtengan financiamientos para contratación dentro del país por créditos que sean utilizados para inversión pública productiva. Las bases sobre las cuales se ejercerán los ingresos de endeudamientos (sic) se encuentran previstas en el artículo 5o. de la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público del Estado de Sinaloa. En virtud de las anteriores consideraciones y de acuerdo al anexo que me permito acompañar a este escrito, el Congreso del Estado de Sinaloa por mi conducto estima que en el presente caso han cesado los efectos de las normas jurídicas materia de la controversia, por lo que procede en los términos del artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, así como por lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad y archivar el presente asunto como totalmente concluido."
SÉPTIMO. En auto de catorce de abril de dos mil, se dio vista a la parte actora y al procurador general de la República, para que en el plazo concedido manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación a las anteriores solicitudes de sobreseimiento.
Por oficio número PGR 557/2000, el procurador general de la República solicitó se decrete el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, toda vez que considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber cesado los efectos de la norma general impugnada, por virtud de las reformas antes señaladas.
Asimismo, la parte actora al desahogar la vista que se le mandó dar, manifestó lo siguiente:
"Debemos sostener ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la solicitud de sobreseimiento promovida por la parte demandada es del todo improcedente y, por tanto, nos oponemos a la misma. Según consta en autos, la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte actora en contra de algunos preceptos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el presente ejercicio fiscal, esencialmente, se sustenta en dos aspectos de inconstitucionalidad, a saber: 1. Que no se haya establecido el concepto de destino de los recursos que se pretenden obtener vía endeudamiento, con lo cual se contraviene el 117, fracción VIII, segundo párrafo, constitucional, ya que no se acredita la condición constitucional de que tales recursos vayan a ser destinados a inversiones productivas. Con las reformas a las normas impugnadas, los inconstitucionales efectos que éstas producen no han cesado en forma total, toda vez que los conceptos de destino que se han establecido mediante el artículo 26 bis, si bien es cierto el descrito en la fracción I refleja con precisión la inversión productiva a la que se destinará el recurso, los contenidos en las fracciones II y III no describen las inversiones específicas a que se destinarán tales recursos, condición esta indispensable para determinar si se trata o no de inversiones productivas. 2. Que la contratación del o de los empréstitos, se pretenda realizar en contravención a las bases que para tales efectos establece el artículo 84 de la Constitución Local, mismo que manda que el Estado sólo puede contratar deuda cuando se trate de obtener ingresos extraordinarios; en cuyo supuesto (que es el único permitido) se exige que el Congreso del Estado, antes de la contratación, conozca y apruebe los contratos, la forma de financiamiento, las condiciones específicas de pago, la institución de crédito, así como el plazo para el pago del crédito; todo ello con el voto calificado de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. En esta tesitura, las reformas a las normas impugnadas, ante una inminente declaración de inconstitucionalidad por parte de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, están orientadas a tratar de eludir la justicia constitucional, mediante la solicitud de sobreseimiento presentada, por el supuesto hecho de que han cesado los inconstitucionales efectos de las mismas. Con el mismo propósito se aprobó la Ley que establece las Bases para el Endeudamiento Público del Estado, de nueva creación, con la cual evidentemente se pretende hacer creer a ese Tribunal Pleno que es esa, y no el artículo 84 de la Constitución Local, la norma que regula las bases para los empréstitos a que se refiere el artículo 117 constitucional. Como podrá apreciarse, la ley recién aprobada está redactada en total contravención a lo dispuesto por el referido artículo 84 de la Constitución Local, con lo cual no sólo subsisten los efectos de las normas impugnadas, sino que se han consumado mediante la prevención, en dicha ley, de que el Estado y sólo el Estado, contrate créditos con la simple aprobación de la respectiva ley anual de ingresos y presupuesto de egresos. Así, al no haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó la presente acción de inconstitucionalidad, no puede considerarse que los efectos de las normas impugnadas han cesado en beneficio del orden constitucional. Ese Máximo Tribunal del país, reiteradamente ha sostenido en diversos criterios de jurisprudencia que la cesación de los efectos del acto reclamado sólo puede actualizarse ante la presencia de una cesación total, incondicional, integral y permanente del acto. De tal forma que la situación de que se trate se vuelva al estado en que se encontraba hasta antes de la existencia del acto impugnado, como si éste nunca hubiese existido, lo cual no acontece en la especie. A continuación me permito transcribir algunas de las tesis que contienen los criterios de referencia: ‘SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.’, ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.’, ‘ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ y ‘CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. NO OPERA CUANDO LOS EFECTOS SE CONSUMAN.’. Así, con las reformas a las normas impugnadas y la creación de la Ley que establece las Bases de Endeudamiento Público para el Estado de Sinaloa, no cesan los efectos de las normas impugnadas, las cuales, si bien han sido modificadas, continúan existiendo y, por ende, surtiendo sus efectos, ahora en forma consumada, mediante la creación de dicha ley secundaria transgresora de la Constitución estadual (sic) y, por consiguiente, del orden constitucional. En efecto, al consumarse los efectos de las normas impugnadas mediante la creación de la ley multicitada, violatoria del artículo 84 de la Constitución Local, con ello también se contraviene el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Carta Magna, que otorga el rango de norma suprema a las Constituciones estaduales (sic). Además, se transgrede el artículo 116 del Cuerpo Normativo Fundamental, que obliga a los poderes de las entidades federativas a regirse conforme a sus propias Constituciones, ya que las demandadas, vía una ley secundaria, se atribuyen la facultad de determinar que, en tratándose de empréstitos, el Ejecutivo del Estado no sea sujeto del esquema de control que para tales supuestos prevé el artículo 84 de la Constitución Local. De conformidad a los artículos 39, 40, 41 y 116 constitucionales, la soberanía del pueblo se expresa en las Constituciones de los Estados en lo que hace al ámbito normativo que corresponde a éstos y se ejercita a través de aquéllas. Por tanto, es a las Constituciones estaduales (sic) a las que les corresponde organizar, dotar de facultades y limitar el ejercicio de poder público estatal en sus órganos legislativo, ejecutivo y judicial, mediante sistemas de control recíprocos, como el establecido en el pluricitado artículo 84, y no a éstos el establec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7046-e11a9792/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO HA DEJADO DE TENER VIGENCIA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- EMPRÉSTITOS. LOS ARTÍCULOS 28, 3o., SEGUNDO PÁRRAFO Y 1o., FRACCIÓN IX, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- CATASTRO. EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ADICIONADO POR DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTID (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PERSONAS INDÍGENAS PROCESADAS. DEFENSA ADECUADA CONFORME AL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY PARA PREVENIR (I.9o.P.64 P (10a.))
- INDULTO. (s/clave)
- APELACIÓN. LA CITA EQUIVOCADA DE LA FECHA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR DICHO RECURSO. (VI.1o.C.6 C (10a.))
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis