AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de mayo de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el veintitrés de agosto del dos mil, en la oficina de correos de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, y recibido el cinco de septiembre del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Armando López Campa, José Luis de Lira González, Juan Francisco Ovalle Peña, Jorge Rodríguez León, Víctor Hugo Romo Córdoba, J. Jesús Hernández Valdivia, Jesús Ramos Franco, Pascuala Nava Santana, Antonio Reyna Santoyo y Abel Lariz Serna, ostentándose como diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de la norma general que a continuación se señala:
"II. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan mediante este procedimiento constitucional.-a) La propia LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en cuanto hace a la discusión y aprobación de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.-b) El C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, por lo que hace al decreto promulgatorio de la referida Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.-III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.-La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, específicamente en el título segundo, capítulo único, que comprende los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y en general con todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el 24 de julio del 2000, que a la presente se acompaña como anexo No. 2."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"En el título segundo, capítulo único, que comprende los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, y en general con todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley, son inconstitucionales puesto que violan lo dispuesto por los artículos 4o., 14, 16, 17, 27, 115, párrafo primero, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, establece la facultad del Municipio o al prestador de los servicios de agua potable para suspender el suministro de agua potable y, consecuentemente, viola el derecho constitucional que se confiere en el artículo 4o. de nuestra Ley Suprema, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.-De conformidad con el artículo 4o. constitucional, que consagra el derecho a la salud de los habitantes de nuestro país, y a su ley reglamentaria, que en el presente caso lo es la Ley General de Salud, la cual prohíbe expresamente suprimir la dotación del servicio de agua potable con la única excepción de los casos en que como resultado de la vigilancia de la potabilidad del agua, se encuentre que la misma es insalubre, lo cual se desprende de los artículos 119, 121, 207 y 222 de la Ley General de Salud, por lo cual al facultar al Municipio o al prestador de los servicios de agua potable para suspender el suministro de agua potable, en el precepto de cuya inconstitucionalidad se solicita la invalidez, dejando a los habitantes en pleno estado de insalubridad, ya que imposibilita para que cuente con un recurso indispensable para subsistencia humana, dicha ley conculca y violenta de manera flagrante, clara e inequívoca los preceptos constitucionales señalados.-Indudablemente el agua potable representa para la humanidad el líquido más preciado y necesario para su subsistencia, ya que sin este vital líquido no es posible la conservación de la vida y por consiguiente tener una salud adecuada, por lo que privar del agua potable a los habitantes del Estado de Aguascalientes representaría no sólo violar una garantía constitucional consagrada en nuestra Ley Suprema, sino el derecho a la vida.-Asimismo, el artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes es inconstitucional, ya que faculta a un particular, es decir, al prestador de los servicios a realizar la suspensión de suministro de agua potable, situación que le compete única y exclusivamente a la autoridad, ya que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la prestadora del servicio carece de sustento legal para reclamar actos coactivos contra particulares, ya que dicha prestadora de servicios no tiene la investidura de autoridad, por tal motivo, para que la prestadora de servicios de agua potable pudiera reclamar algún adeudo u obligación a los usuarios de agua potable y alcantarillado, éste debería ser a través de procedimientos y autoridades competentes jurisdiccionales, ya que como se dijo con antelación, el prestador de servicios tiene el carácter de particular, por lo cual la ley cuya invalidez se solicita viola los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Ley Suprema.-Asimismo, el artículo 115, fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran el agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de sus aguas residuales, por lo cual resulta inconstitucional que la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, faculte a un particular en este caso a un prestador de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado para que ejerza estas funciones de prestación de servicios públicos.-Desde el punto de vista estrictamente jurídico, elevado a rango constitucional en el artículo 27, las aguas del subsuelo comprendidas en el territorio, pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; sin embargo, establece que cuando lo exija el interés público el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.-En este sentido, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las leyes y condiciones que establezcan las leyes. Por lo anteriormente señalado, resulta inconstitucional que el Gobierno del Estado de Aguascalientes y los Municipios, mediante la Ley de Agua para el Estado, faculte y delegue funciones para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que dicha facultad sólo compete única y exclusivamente al Ejecutivo Federal, por lo tanto, la ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se solicita viola lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El título segundo, capítulo único, que comprende los artículos del 4o. al 12 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Instituto del Agua, organismo con funciones de planeación y programación hidráulica, en el ámbito de su competencia, que habrán de tratarse en el seno del Consejo de Cuenca correspondiente; suplir al titular del Ejecutivo Estatal en los Consejos de Cuenca y acudir a las sesiones que sea invitado; representar al Ejecutivo Estatal en las actividades de coordinación y concertación con cualesquiera órgano que tenga relación con los asuntos del agua; para el ejercicio de sus atribuciones el instituto podrá celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios; entre otras facultades, resulta evidente la inconstitucionalidad de la ley, toda vez que nuestra Carta Magna en su artículo 115, fracción I, establece: 'Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.'.-Por lo anterior, resultan inconstitucionales los preceptos establecidos en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, toda vez que se crea un organismo público descentralizado, es decir, una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.-Es importante destacar el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustenta nuestro régimen jurídico mexicano en que la Norma Suprema, yace excelsa en la cúspide del derecho, el cual establece: 'Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.'.-El artículo antes invocado establece la obligación de la observancia a nuestra Carta Magna a pesar de que existan disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes locales. Por lo tanto, es evidente que la ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se reclama es a todas luces violatoria del orden constitucional."
TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 4o., 14, 16, 17, 27 y 115, párrafo primero, fracciones I y III.
CUARTO.-Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnó el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de once de septiembre de dos mil, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentaron y por admitida la demanda relativa; ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su competencia corresponde.
QUINTO.-El gobernador del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe, manifestó lo siguiente:
"En el escrito inicial, signado por los diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes: Armando López Campa, José Luis de Lira González, Juan Francisco Ovalle Peña, Jorge Rodríguez León, Víctor Hugo Romo Córdoba, J. Jesús Hernández Valdivia, Jesús Ramos Franco, Pascuala Nava Santana, Antonio Reyna Santoyo y Abel Lariz Serna, impugnan a través del escrito que origina el expediente en el que se promueve el acto precisado en el capítulo III, titulado 'Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron', mismo que hace consistir en: 'La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, específicamente en el título segundo, capítulo único, que comprende los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y en general con todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el 24 de julio del 2000, que a la presente se acompaña como anexo No. 2.'.-El texto transcrito anteriormente, debemos de relacionarlo con el párrafo b) del capítulo II del escrito inicial de demanda; párrafo en el cual se menciona al suscrito gobernador constitucional, como el órgano institucional que emitió el '... Decreto promulgatorio de la referencia (sic) Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes ...', de ahí que la conducta o acto administrativo que se reclama al suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes es la promulgación y la correspondiente publicación de la ley de la que se duelen los promoventes.-En virtud de lo anterior, le informo que el titular del Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar, ya que el artículo 27, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala como facultad exclusiva del Congreso del Estado, el emitir las leyes que se aplicarán en nuestra entidad.-Por lo que hace a la promulgación y publicación del Decreto Número 109, por medio del cual se decreta y publica la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, específicamente en cuanto a los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104; le informo que dicho acto es cierto, ya que el decreto en cuestión fue publicado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de julio de 2000.-La fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece: 'Artículo 46. Son facultades y obligaciones del gobernador: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.'.-La fracción transcrita indica que es facultad del Ejecutivo 'Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado', y promulgar significa: 'v.t. (lat. promulgare). Publicar solemnemente: promulgar un decreto. Fig. publicar, anunciar' (según se lee en el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, edición 1981), por lo que debemos de concluir que del acto que el actor menciona como reclamado, solamente el consistente en la promulgación del Decreto Número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 24 de julio de 2000, es cierto, ya que dicha promulgación se hizo precisamente en cumplimiento del artículo de la Constitución Estatal referida.-Independientemente de que sea cierto el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado, por los diez diputados integrantes de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, promoventes de la acción de inconstitucionalidad, debo llamar la atención a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la Constitución del Estado solamente faculta al gobernador para que una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo Estatal, sea el Poder Ejecutivo quien la mande publicar; publicación que, desde luego, en nada conculca los derechos de los señores diputados quejosos en sus garantías, ya que dicha publicación, solamente se da en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio del Estado, ya que la facultad para promulgar las leyes expedidas por el Congreso Estatal, es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local y del secretario general de Gobierno, atento a lo dispuesto por los artículos 32, 35, 46, fracción I y 49 de la propia Constitución Política del Estado de Aguascalientes; por ello, considero que la sola publicación de un documento emitido por el Poder Legislativo no es causal de invalidez, ni causa perjuicio directo a los promoventes de la demanda sobre la cual se informa.-Es aplicable la tesis jurisprudencial 221, consultable en las páginas doscientos diez y siguientes, Tomo I, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.-Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.'.-Así pues, conforme al criterio de la Suprema Corte, la simple publicación del Decreto Número 109 que contiene la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, ordenamiento jurídico del que se duelen los actores, no les causa perjuicio por la simple promulgación y publicación, que son las acciones que realmente tiene encomendado el titular del Ejecutivo Estatal.-De los conceptos de invalidez que hacen valer los diputados promoventes de la acción de inconstitucionalidad, no se desprende ninguno que sea imputable al titular del Ejecutivo del Estado y del cual pudiera afirmarse que afecta a los hoy actores; por el contrario, de la lectura y análisis de dichos conceptos de invalidez, se concluye fácilmente que todos ellos refieren el contenido de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; ordenamiento jurídico que fue legislado en su totalidad por la LVII Legislatura del Congreso del Estado y debo de reiterar que el Gobernador Constitucional del Estado no legisla y, por tanto, no participó en la aprobación de la ley en cuestión, misma que se contiene en el Decreto Número 109, ya referido, abundando en el hecho de que la participación del suscrito en dicha ley, solamente es con respecto a la promulgación y publicación del decreto, en el Periódico Oficial del Estado, fechado el 24 de julio del presente año.-Se anexa como prueba de lo anterior, copia debidamente certificada del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes publicado el 24 de julio de 2000, misma que a partir de su página 2 contiene el Decreto Número 109, objeto del presente juicio, documento con el cual también se cumple con el requerimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en auto de fecha 11 de septiembre de 2000, in fine.-Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Aun y cuando el artículo 19 in fine, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: '... las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.', con fundamento en los propios artículos 19, 20, fracción II y demás correlativos de la ley reglamentaria que se menciona, desde este momento solicito el análisis de todo lo actuado con el fin de que se determine si existe alguna causa de improcedencia del presente juicio."
SEXTO.-El Congreso del Estado de Aguascalientes al rendir su informe, manifestó lo siguiente:
"Que por medio del presente y en cumplimiento de lo ordenado por el primer párrafo del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rendimos el informe que fue requerido al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante oficio 04861, notificado legalmente el 12 de septiembre del año en curso, dentro de la acción de inconstitucionalidad cuyo número se anota al rubro, haciéndolo de la siguiente forma: Es cierto el acto legislativo que se impugna en cuanto a la discusión y aprobación de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, que fue promulgada y publicada mediante Decreto Número 109 expedido por esta LVII Legislatura del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes con fecha 24 de julio de 2000, sin embargo, dicho ordenamiento legal, los títulos, capítulos, secciones y artículos impugnados no resultan inconstitucionales, como se verá más adelante.-1. Es improcedente la demanda interpuesta, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que los diputados impugnantes no tienen acreditada la personalidad para demandar a esta legislatura, dado que los documentos con los que supuestamente pretenden acreditarla no cubren los requisitos legales conducentes, toda vez que se anexa a la demanda un documento que presuntamente certifica el oficial mayor del H. Congreso del Estado; sin embargo, la citada certificación carece de validez legal, en virtud de que el oficial mayor no tiene facultades para expedir copias certificadas de constancias de los archivos del Poder Legislativo, ya que los únicos que tienen las facultades para expedir copias certificadas son los secretarios de la mesa directiva correspondiente del H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Aguascalientes y 18, fracción II, del reglamento interior de dicho Congreso, por lo que ese Alto Tribunal debe sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo establecido por los artículos 10, fracción I, 11 y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria con antelación citada.-Ahora bien, el acuerdo de intentar la acción de inconstitucionalidad no es necesario que lo adopte el Pleno de la legislatura, es suficiente con que el número de sus integrantes que exige la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, manifiesten indubitablemente su voluntad, y para manifestar esta voluntad deberán externarla al secretario de la Cámara, para que éste dé fe de lo anterior, en el sentido que los diputados se inconforman con el ordenamiento cuestionado. Asimismo, debido a que el número de diputados que conforman las Legislaturas de los Estados de la Cámara Federal de Diputados y los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es superior a dos mil, por seguridad procesal resulta indispensable que el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes certifique que quienes suscriben el escrito correspondiente sean miembros del cuerpo colegiado, que están en ejercicio y que las firmas que aparecen al calce del escrito respectivo fueron estampadas por ellos, situación que no acreditaron los promoventes de la acción de inconstitucionalidad con la certificación respectiva del secretario de la Cámara, luego entonces sobreviene en la especie una causal de improcedencia para que se declare sobreseída la misma.-2. Por cuestión de orden público y en atención a lo que dispone el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester que se estudien previamente las causales de improcedencia de la citada acción de inconstitucionalidad, razón por la cual es preciso hacer notar a usted señor Ministro, que en la presente acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados impugnantes pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 10, fracción I y 11 de dicho ordenamiento, de conformidad con el aludido artículo 65 de la ley reglamentaria en cita y con lo establecido en el inciso d) de la fracción II del artículo 105 del Pacto Federal, en virtud de que como se aprecia del cuerpo de la demanda, los promoventes manifiestan representar más del treinta y tres por ciento del total de los diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, sin acreditar dicho supuesto fehacientemente.-Amén de lo anterior, el texto constitucional es preciso al exigir un número y porcentaje determinados fijos de diputados para intentar la acción en comento, sin admitir que sean más del porcentaje requerido y, en tal virtud, resulta improcedente la instancia intentada al promoverse fuera del porcentaje exigido por nuestra Carta Magna, ya que el hecho de que la demanda la formulen y firmen menos o más de ese número exigido por la Constitución General de la República, constituye la acción intentada en improcedente.-En razón de lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, es procedente sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad.-3. Es inatendible el concepto de invalidez propuesto por la actora, ya que no reúne los requisitos de un verdadero silogismo en el que se hagan verdaderos razonamientos lógico-jurídicos.-En efecto, el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dispone en su fracción V que la demanda deberá contener los conceptos de invalidez y, en el caso que nos ocupa, los actores en dicho capítulo de su ocurso plantean tres supuestos en un mismo concepto de invalidez; primero mencionan que son inconstitucionales los artículos del 4o. al 12 comprendidos en el capítulo único del título segundo; posteriormente, sostienen que son igualmente inconstitucionales los artículos del 46 al 64 y el 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, comprendidos los primeros en el capítulo tercero, sección tercera, sin mencionar de qué títulos se tratan, que corresponderían al título tercero; y el último, o sea el 104, correspondiente al mismo título tercero, capítulo V, sección tercera, y de igual forma manifiestan, que en general todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley, son inconstitucionales; sin embargo, únicamente como conceptos de invalidez en su escrito de demanda desarrollan lo concerniente al artículo 104 de la ley impugnada, lo que en sí se traduce en el único concepto de invalidez planteado, y a ese respecto expresaremos a continuación las razones y fundamentos para sostener la validez de la norma general impugnada, a saber: No les asiste la razón a los diputados actores de la presente acción de inconstitucionalidad, en primer término porque se fundan en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para enunciar los requisitos que debe contener la demanda de acción de inconstitucionalidad, siendo que dicho precepto se refiere a las controversias constitucionales y, por ende, refieren un artículo que no tiene aplicación en el caso que nos ocupa, por lo que de entrada su petición resulta confusa y ambigua.-Ahora bien, como anteriormente se señala, los diputados promoventes de la presente instancia, sostienen que el artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, establece la facultad del Municipio o del prestador de servicios de agua potable para suspender el suministro de dicho recurso, y señalan que con dicha disposición se viola el artículo 4o. constitucional, por contemplar, dicho dispositivo, que toda persona tiene derecho a la salud, y con tal medida se pone en riesgo la misma, ello en atención a lo que el artículo 121 de la Ley General de Salud, establece: 'Artículo 121. Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y avenamiento de los edificios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales aplicables.'.-De igual manera, argumentan los legisladores promoventes que como excepción expresa a la supresión de la dotación del servicio de agua potable se encuentran los casos en que como resultado de la vigilancia de la potabilidad del agua, se encuentre que la misma es insalubre, lo cual lo fundamentan en el precitado artículo 121 de la Ley General de Salud, sin embargo, no es la única excepción, ni la única disposición que establece que se puede suprimir el suministro de agua potable, pues como claramente lo prescribe la última parte del numeral invocado, existen diversas disposiciones legales aplicables que así lo determinan, y dentro de ellas se contempla en el caso que nos ocupa precisamente la tildada de inconstitucional Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, que como disposición legal así lo determina precisamente en el artículo 104 impugnado, tal y como lo prevé el anteriormente citado artículo 121 de la Ley General de Salud.-Ahora bien, lejos de lo que argumentan los diputados inconformes con la Ley de Agua, el ordenamiento que combaten con su acción de inconstitucionalidad trae explícita una gran ayuda de carácter social y humana, puesto que a pesar de lo argumentado por los impugnantes, el citado numeral 104, en su párrafo segundo, beneficia a la población de escasos recursos al exceptuar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7170-913eb3d3/agua-potable-cuando-el-estado-presta-el-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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