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Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2002. · Registro digital (IUS): 17079
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, , Pág. 371.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de abril de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado el día veintiocho de noviembre del año dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Padilla Márquez, Juan Fernando Palomino Topete, Herminio Ventura Rodríguez, Norma Esparza Herrera, Miguel Ángel Piza Jiménez, José de Jesús Landeros Loera, Rafael Galván Nava, Juan Manuel Martínez Rodríguez, José Guadalupe Horta Pérez, Luis Santana Valdez, Francisco Javier Martínez Hernández, Filemón Rodríguez Rodríguez y Miguel Bess-Oberto Díaz, ostentándose como diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: A) Órgano legislativo que emite la norma general impugnada: H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. B) Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: El C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. III. Norma general cuya invalidez se reclama: a) Por violación indirecta a los artículos 16 y 41 de la Constitución General de la República se reclama la invalidez del Decreto Número 193 del H. Congreso del Estado de Aguascalientes en el que se reforma el artículo 17, en sus párrafos primero, segundo, tercero, fracciones I y III; se adicionan las fracciones III y IV del párrafo undécimo; se reforma el párrafo decimotercero, inciso c) y decimocuarto; y se deroga el párrafo decimoquinto y se reforma el párrafo vigésimo primero; la reforma del artículo 27, fracciones XI, XV, párrafo primero, XVI, XXVI, primer párrafo y XXXI; se deroga la fracción V del artículo 29; se reforman los artículos 46, fracciones II, IV y X, 50 y 51; se adiciona un segundo párrafo al artículo 52; se reforman los artículos 54, 55, párrafo primero, 56, 57, fracción V, 62, 63, 65, párrafo primero y 71, fracciones IX y XI, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. b) Por violación directa al artículo 105, fracción II, de la Constitución General de la República, se reclama la invalidez de las reformas a los artículos 17, en sus párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I y III, párrafo decimotercero, inciso c), párrafo decimocuarto y párrafo vigésimo; la adición de las fracciones III y IV del párrafo undécimo y la derogación del párrafo decimoquinto y el párrafo primero; y 27, fracciones XV, XVI y XXVI, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. c) Por violación a la fracción II del artículo 116 de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 52 y 54, fracciones IV y V, del propio ordenamiento, las reformas al artículo 17 de la Constitución Local. IV. Medio oficial en el que se publicaron las normas generales impugnadas: El Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes publicado el día 29 de octubre de 2001."

SEGUNDO. Los diputados promoventes no señalaron capítulo de antecedentes en la demanda respectiva.

TERCERO. Resulta pertinente destacar que únicamente se transcribe el primer concepto de invalidez hecho valer por la parte actora, por las razones que se precisan en el resultando sexto de este fallo:

"Primer concepto de invalidez. En la reforma a la Constitución Política de Aguascalientes publicada el pasado veintinueve de octubre del año dos mil uno en el Periódico Oficial del Estado, bajo el Decreto Número 193 del H. Congreso de Aguascalientes, en el que se reforma el artículo 17, en sus párrafos primero, segundo, tercero, fracciones I y III; se adicionan las fracciones III y IV del párrafo decimoprimero; se reforma el párrafo decimotercero, inciso c) y decimocuarto; y se deroga el párrafo decimoquinto y se reforma el párrafo vigésimo primero; la reforma del artículo 27, fracciones XI y XV, párrafo primero, XVI, XXVI, primer párrafo y XXXI; se deroga la fracción V del artículo 29; se reforman los artículos 46, fracciones II, IV y X, 50 y 51; se adiciona un segundo párrafo al artículo 52; se reforman los artículos 54, 55, párrafo primero, 56, 57, fracción V, 62, 63, 65, párrafo primero, 71, fracciones IX y XI, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes violó de manera flagrante el procedimiento de reforma que establece el artículo 94 de la Constitución Local; además, con dicha violación se transgrede el contenido del artículo 3o. de la misma Constitución Local, toda vez que dicho numeral establece que el poder público solamente puede actuar en uso de facultades expresas, es decir, solamente puede hacer lo que la ley de manera nítida le faculta y en los términos de la misma; el artículo 27, fracción XXVI y su respectiva ley reglamentaria al no seguir el procedimiento de reforma constitucional que establece dicho ordenamiento; el propio artículo 30 y 31 de la Constitución Local; en virtud de lo anterior, el Congreso del Estado contravino lo dispuesto por los artículos 16 y 41 de la Constitución Federal, por lo que resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en este primer punto, al ser combatido un ordenamiento que transgredió el proceso legislativo, al tenor de las siguientes consideraciones. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que establece el procedimiento de reforma a la Constitución Local, ésta sólo puede ser reformada cuando se cumplen los siguientes requisitos: Cualquier iniciativa de reforma constitucional debe ser aprobada por al menos las dos terceras partes del número total de diputados integrantes del Congreso del Estado, que en el caso concreto son dieciocho, al integrarse la legislatura con veintisiete diputados. Una vez aprobado el proyecto por el Congreso del Estado, debe obtenerse la anuencia con la reforma, de la mayoría simple de los Ayuntamientos del Estado, esto es, al menos seis Ayuntamientos deben convenir expresa o tácitamente con la reforma constitucional de que se trate. Para ese efecto, el Congreso del Estado debe enviar a cada uno de los Ayuntamientos, tanto el proyecto aprobado, como los debates que hubiere provocado su discusión. Los Ayuntamientos, en sesión de Cabildo y por votación de sus integrantes, deben decidir si están o no de acuerdo con la modificación constitucional que haya sido sometida a su conocimiento. Desde luego, la potestad de aprobación o desaprobación concedida a los Ayuntamientos se sujeta a que se ejercite en un plazo perentorio de quince días, contados a partir de que reciban aquella documentación de parte del Congreso del Estado. Ahora bien, la decisión de los Ayuntamientos puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando dentro del término aludido de quince días envían al Congreso del Estado su dictamen de aprobación o desaprobación; es tácita, si transcurrido el plazo en cuestión, no envían ninguna respuesta al Congreso. En el caso de que se trate de una decisión expresa, el Congreso debe estarse al sentido de la votación de cada Ayuntamiento, esto es, que si la mayoría simple de los Cabildos aprueban la reforma, ésta se lleva a cabo y, por el contrario, si la misma mayoría la rehúsa, entonces no se modifica la Constitución. Tratándose de decisiones tácitas, es decir, cuando el Congreso no reciba dentro del plazo de quince días la respuesta de algún Cabildo o de varios, se entenderá que ese o esos Ayuntamientos omisos, aprueban la reforma o adición. Así, una vez contabilizados los votos expresos y los votos tácitos, sólo en el caso de que la mayoría de los Cabildos, conforme a las reglas previas, aprueben la modificación, ésta será declarada parte de la Constitución, con toda la obligatoriedad que ello implica y, en caso contrario, no podrá hacerse válidamente ninguna alteración al texto constitucional que se haya pretendido cambiar. En la especie, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes incumplió con ese procedimiento al pretender reformar la Constitución Política del Estado, por las siguientes razones: En sesión extraordinaria celebrada por el Congreso del Estado en fecha 25 de septiembre del año dos mil uno, que fue en la que se decidió la aprobación de la reforma constitucional discutida, la presidencia ordenó comunicar el acuerdo legislativo de aprobación a los Ayuntamientos del Estado, para los efectos del artículo 94 de la Constitución del Estado. Mas sin embargo (sic), es el caso que el día veintinueve de octubre se publican las reformas constitucionales contenidas en el Decreto 193 en el Periódico Oficial del Estado, cuando no se reunía el número mínimo de seis Ayuntamientos que hubieren aprobado el proyecto de dictamen de las reformas a la Constitución Local para tener por aprobadas dichas reformas y, por tanto, no se habían cumplido los extremos del artículo 94 de la Constitución Local, pues existían, como se expondrá en los siguientes párrafos, cinco Ayuntamientos que votaron en contra del proyecto de reformas, otros que no les fue entregada la documentación que debe ser acompañada al proyecto en términos de la fracción I del artículo 94 de la Constitución Local, y otros que no habían sido notificados de dicho proceso de reforma legislativo. Como se acredita con las copias certificadas por el secretario general del Congreso del Estado, de los oficios mediante los cuales presuntamente se remitió a los Ayuntamientos del Estado el proyecto aprobado, se desprende: a) No se acredita de manera fehaciente que se haya enviado en términos de la fracción I del artículo 94 de la Constitución Política del Estado, el proyecto de reforma aprobado por la mayoría calificada de los diputados a los respectivos Ayuntamientos, en virtud de que: 1. En el oficio supuestamente remitido por el Congreso del Estado al Municipio de Jesús María número 2976, aparece una leyenda escrita a mano y signada por un supuesto agente de seguridad pública, además aparece entre paréntesis en la parte inferior del documento, entre paréntesis (sic) (enviarán después) aludiendo a los anexos correspondientes. 2. En el oficio presuntamente remitido por el Congreso del Estado al Municipio de Rincón de Romos número 2978, aparece el sello efectivamente de la presidencia municipal, pero aparece igualmente la leyenda (enviarán original) en manuscrito, lo cual determina que no acompañaron la documentación respectiva del dictamen de reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; aun así, se acompaña copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del tres de octubre y notificada al Congreso, en la que se acredita que la reforma a la Constitución y, por tanto, el dictamen respectivo enviado por el Congreso del Estado fue rechazado por mayoría de votos del Ayuntamiento. 3. En el oficio supuestamente remitido por el Congreso del Estado al Municipio de San Francisco de los Romo número 2979, no aparece el sello oficial de recibido del Ayuntamiento, sino únicamente una firma ilegible y el nombre de una persona, pero no queda debidamente acreditado que fue al Ayuntamiento al que se le notificó dicho documento, y mucho menos que se hayan acompañado los documentos respectivos. 4. En el oficio presuntamente remitido por el Congreso del Estado al Municipio de San José de Gracia número 2980, no aparece el sello oficial de recibido del Ayuntamiento, sino únicamente una firma ilegible y el nombre de una persona que no se identifica, y mucho menos queda acreditado, por tanto, debidamente, que fue el Ayuntamiento notificado correctamente, y mucho menos que se hayan acompañado los documentos respectivos, aun así, se acompaña copia certificada de la notificación que hizo el Ayuntamiento al Congreso del Estado, en la cual se acredita que dicho Ayuntamiento rechazó las reformas planteadas y que fue recibido por el Congreso en fecha diez de octubre dentro del término establecido por el artículo 94 de la Constitución Local. b) No se acredita de manera fehaciente que se haya remitido a cada uno de los Ayuntamientos que forman conjuntamente con la legislatura el Poder Reformador de la Constitución, toda vez que: 1. El Congreso del Estado con fecha veintiséis de septiembre notificó por oficio 2971 al Municipio de Aguascalientes, respecto del dictamen de reformas a la Constitución Política de Aguascalientes; el nueve de octubre del año dos mil uno, el Municipio de Aguascalientes solicitó por oficio número 249/01 al entonces oficial mayor del Congreso del Estado, le remitiera los debates sostenidos por la Legislatura Local en relación con el dictamen de reformas constitucionales, solicitando diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Local; con fecha veintitrés de octubre el Municipio de Aguascalientes, por oficio 257/2001 vuelve a solicitar al Congreso del Estado le sea remitida la documentación correspondiente a los debates sostenidos por la legislatura, argumentando el Municipio que los regidores integrantes del Ayuntamiento una vez que conocieron del dictamen, requerían de los debates originados en el Congreso a fin de poder someter a votación el proyecto al seno del Cabildo, y requieren que el Congreso del Estado envíe por conducto del oficial mayor dicha información; es hasta el veinticinco de octubre cuando el entonces presidente de la Diputación Permanente, por oficio 3136, informa al Municipio de Aguascalientes que no hubo debates al seno del Congreso del Estado, y comunica que ‘el dictamen remitido a ese Ayuntamiento concluye con el proyecto del decreto que consta de tres artículos resolutivos, de los cuales, los artículos primero y tercero fueron aprobados por mayoría calificada. Sin embargo, el artículo segundo del proyecto de decreto no fue aprobado, en virtud de que no se reunió dicha mayoría calificada. En este sentido, el Ayuntamiento deberá tratar, discutir y, en su caso, resolver, aprobando o desaprobando lo relativo a los artículos primero y tercero exclusivamente del dictamen que se encuentra en su poder’; a dicha epístola el Municipio remite el oficio número 25.X.01/S.A.Y.G.M./01 en el cual notifica al Congreso del Estado por conducto del presidente de la Diputación Permanente, que a partir de esa fecha, veintiséis de octubre, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes se encuentra legalmente enterado del proyecto de decreto de reforma constitucional, para que éste, dentro del término a que se refiere la fracción II del precitado artículo 94 constitucional, emita la votación correspondiente. 2. Como se puede leer en los numerales 1 y 2 del inciso anterior, se desprende claramente que los documentos públicos consistentes en el proyecto de dictamen de reformas a la Constitución Política del Estado y los respectivos debates no fueron enviados a los Ayuntamientos, contradiciendo lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, fracción I, que establece que la iniciativa de reforma, una vez aprobada por los votos de las dos terceras partes del número de diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere provocado para su discusión. 3. El mismo supuesto acontece en el oficio remitido al Municipio de asientos, en el cual aparece la leyenda en la parte inferior del oficio (ellos lo envían), refiriéndose a los documentos y anexos al oficio correspondiente. 4. En el Municipio de Tepezala, el oficio remitido por el Congreso del Estado donde les da a conocer el proyecto de reformas a la Constitución Local, para proceder en términos del artículo 94, fue entregado a la Dirección de Desarrollo y Concertación Social de dicho Municipio, y nunca al Ayuntamiento de ese Municipio de Tepezala, toda vez que es del conocimiento jurídico que la administración municipal es diferente al órgano de gobierno municipal que es el Ayuntamiento, el cual tiene al secretario del Ayuntamiento para que reciba la correspondencia que se remita a este órgano colegiado. Lo cual acredita que no fue al Ayuntamiento al que se le remitió el mencionado proyecto de reformas. Por tanto, si se considera que expresamente cinco Municipios se opusieron a la reforma de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, como lo son El Llano, Cosío, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos; que en San Francisco de los Romo no se notificó dicho proyecto de reforma a la Constitución Política Local, por tanto, era imposible que dicho Ayuntamiento hubiere entrado en análisis y discusión de la iniciativa, lo que tiene como consecuencia que para dicho Cabildo no corriera el término que establece el artículo 94, fracción II, de la Constitución Local; que para el Municipio de Aguascalientes el cómputo de los quince días para realizar la aprobación o rechazo respectivo del proyecto de reformas en términos del numeral 1 del inciso b) que se expresa líneas arriba, comenzó el veintiséis de octubre; es incontrovertible que la reforma de mérito es ilegal, al haber sido mandada para su publicación por parte del Congreso del Estado al Ejecutivo el Decreto 193 con fecha veintitrés de octubre, siendo que a esta fecha no se habían cumplimentado los lineamientos formales que el propio artículo 94 de la Constitución del Estado prevé al efecto, toda vez que no existía la mayoría absoluta de los Ayuntamientos que aprobaran dicha iniciativa. Más aún, la reforma fue aprobada a partir de que el Congreso consideró como aceptaciones tácitas, las omisiones de respuesta de nueve Ayuntamientos del Estado, pero esa determinación tampoco se encuentra apegada a derecho, pues si como ya se demostró, el Congreso no notificó a todos los Ayuntamientos el proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado y, en su caso, no remitió a los Cabildos los debates generados en la discusión del proyecto de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es obvio que el plazo de quince días que establece la fracción II del artículo 94 de la Constitución Local no inició su cómputo, pues razonablemente debe entenderse que ese término sólo es aplicable a los Ayuntamientos a partir de que cuentan con todos los elementos necesarios para discutir una posible modificación a la Constitución Local y, en su caso, aprobarla o desaprobarla mediante un proceso de votación, pues es absurdo pedirle a cualquier órgano colegiado que discuta la validez de un documento que no le ha sido dado a conocer. De la misma manera se acompañan los documentos públicos, los cuales acreditan la actuación dolosa de la Diputación Permanente, al enviar al Ejecutivo para su publicación las reformas de mérito, cuando éstas no habían sido aprobadas por la mayoría absoluta (cincuenta por ciento más uno) que exige el artículo 94 de la Constitución, es decir, si cinco Municipios votaron en contra de las reformas, y para el Ayuntamiento de Aguascalientes el término empezó a correr a partir del día veintiséis de octubre y otros Ayuntamientos no habían recibido la documentación, es claro que no existía tal requisito, por lo que se violó de manera flagrante el procedimiento de reforma a la Constitución Local. Con base en tales premisas, debe concluirse que el proceso legislativo que generó la reforma constitucional que se combate es totalmente contrario a derecho, ya que no se encuentra ajustado a la legalidad que rige ese tipo de modificaciones legales, y ello redunda en una violación a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución General de laRepública, pues se trata de un acto de autoridad que carece de la debida fundamentación y motivación, esto es, que no se encuentra apegado a derecho. Por otra parte, el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece que cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o se refiera a los ámbitos de competencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial deberá oírse la opinión de éstos. Es decir, en la reforma constitucional que se impugna y que fue publicada el veintinueve de octubre, dentro de los preceptos reformados se encuentran los de competencia judicial como son los artículos 51, 52, 54, 55, párrafo primero, 56 y 57, fracción V; y como podrá observarse de la iniciativa, dictamen y la versión estenográfica del acta, se acredita que el Poder Judicial en términos del segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Local, no fue oído en sus opiniones por el Congreso del Estado; se acredita que no se cumplió con lo dispuesto en el numeral en cita, ya que las comisiones respectivas debieron oír las opiniones del Poder Judicial, y al no hacerlo se transgredió dicha norma constitucional, lo cual acredita otra violación al procedimiento de reforma constitucional realizado por el Congreso del Estado. Aunado a lo anterior, los preceptos que norman el curso legislativo que debe darse a una iniciativa de ley y las reglas que se aplican al efecto, son las del Reglamento Interior del Congreso del Estado vigente hasta el doce de noviembre del presente año. El reglamento de mérito, expedido por el Congreso del Estado el día tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, en ejercicio de la facultad expresa que le concede la fracción XXVI del artículo 27 de la Constitución Local, en lo que interesa, establece lo siguiente: ‘Capítulo VII. De las iniciativas. ‘Artículo 42. A ninguna iniciativa se le dispensarán los trámites que para su estudio, dictamen y resolución dispone la Ley Orgánica del Congreso y este reglamento. Sin embargo, cuando a solicitud de los diputados, del titular del Poder Ejecutivo del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia o de los Ayuntamientos, y además la urgencia del asunto a criterio del Congreso así lo amerite, se llevarán los trámites en tal forma que la resolución se dé en razón de la premura indicada.’. ‘Artículo 44. Las iniciativas para la formación, reforma o derogación de las leyes deben provenir de los miembros del Poder Legislativo, del titular del Ejecutivo del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia en los asuntos de su ramo o de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia. Las iniciativas serán recibidas por la Oficialía Mayor, la que las turnará al Pleno si el Congreso se encuentra en periodo de sesiones, o a la Diputación Permanente si está en receso el Congreso. Al ser recibidas, por el Pleno o por la Diputación Permanente, se verificará que estén debidamente firmadas y que contengan una parte expositiva que las fundamente. Las iniciativas podrán sugerir la forma en que sean aprobadas. La Oficialía Mayor acusará recibo de la iniciativa recibida al promovente, y si lo considera necesario, hará saber el trámite que se le haya dado.’. ‘Artículo 49. Los dictámenes que presenten las comisiones al Congreso serán por escrito. Deberán contener una exposición clara y precisa del asunto a que se refieran. Se expresarán las consideraciones y motivos que la comisión hubiere tenido en cuenta para adoptar la resolución que se proponga, con base en los estudios realizados sobre la materia objeto de la iniciativa. Si la comisión estima necesario efectuar algunas modificaciones a la iniciativa, las dará a conocer en el dictamen, exponiendo los argumentos en que se apoye. El dictamen culminará con la resolución por medio de la cual se aprueba o se desecha la iniciativa en los términos en que fue promovida o con las modificaciones que se le hagan. El dictamen deberá ser suscrito por los integrantes de la comisión o comisiones unidas que lo elaboraron.’. El análisis sistemático de tales preceptos permite establecer que toda iniciativa de ley, así como todo dictamen de las comisiones legislativas, deben sustentarse en una parte expositiva que las fundamente suficientemente, que los trámites para su estudio, dictamen y resolución no son dispensables, y que cuando una iniciativa de ley carece de ellos es inválida. Además, es conveniente precisar que, por aplicación de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, la parte expositiva a que se ha hecho mención debe justificar motivada y fundadamente el texto de la iniciativa de ley, lo que significa que, cuando la exposición de motivos de la iniciativa o del dictamen no fundamenta debidamente el proyecto del texto legislativo o la modificación por parte de la comisión legislativa de que se trate la propuesta original en el Estado de Aguascalientes, ésta será inválida en términos del artículo 42 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Aguascalientes, y violatoria de la supracitada garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, una vez demostrado que la reforma a la Constitución Política del Estado se llevó a cabo con violación al artículo 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de la legalidad de los actos de autoridad y el Estado constitucional en el que transitamos, tanto porque el procedimiento legislativo no se llevó a cabo conforme a los lineamientos legales pertinentes, como porque no hay una exposición de motivos que la justifique plenamente, debe decretarse su invalidez, pues las omisiones que se han patentizado, debidamente ponderadas, inciden directamente en la afectación a las garantías de legalidad señaladas, ya que tales irregularidades permiten apreciar que la legislación combatida no tiene ningún sustento ni soporte jurídico. Es evidente que hay violación a la garantía de legalidad contenida en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al conculcar la seguridad jurídica de la causa legal del procedimiento, al incumplir el procedimiento legal que establece el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para su reforma o adición, así como el artículo 31 de la propia Constitución Local y los artículos 42, 44 y 49 del Reglamento Interior del Congreso del Estado en vigor, todo lo cual se traduce en una indebida e ilegal motivación de la reforma constitucional que se impugna. Tiene aplicación al caso concreto, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, listado bajo el número P./J. 4/99, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 288, materia constitucional, jurisprudencia, con el rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas. Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número 4/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.’. Asimismo, se viola el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ...’, el precepto en cita nos remite evidentemente a los siguientes puntos: a) El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por los de los Estados; b) El ejercicio de dicha soberanía debe apegarse absolutamente a lo establecido en la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados; c) Las Constituciones Locales en ningún caso deberán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La interpretación sistemática de dicho precepto nos lleva a desentrañar el sentido del mismo, por lo que en primer término debemos precisar que el ejercicio de la soberanía representa el ámbito de facultades y atribuciones que de manera explícita y nítida tienen los poderes públicos, en virtud del mandato que la propia Constitución les determina, ejercicio soberano de los poderes públicos que debe realizarse con estricto apego al principio de legalidad, por lo que dichos poderes sólo pueden hacer lo que la ley les faculte y apegados estrictamente a los lineamientos establecidos por la propia ley. En segundo lugar, los poderes públicos en el ámbito estatal son el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, según lo dispone el artículo 116, párrafo primero, de la Constit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17079-75522100/fundamentacion-y-motivacion-de-los-actos-de-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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