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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL DECRETO 247, QUE CONTIENE LA REFORMA AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE HACIENDA; DEL DECRETO 249, POR CUANTO HACE AL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN VIII, NUMERAL VIII.1, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007 Y DEL DECRETO 248, ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY PARA EL CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, TODOS ESOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE APARECEN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EL 28 DE DICIEMBRE DE 2006, RESPECTIVAMENTE, YA QUE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE APROBARON DICHOS DECRETOS NO SE RESPETARON LAS CAUSAS QUE PERMITEN TANTO A LAS MAYORÍAS COMO A LAS MINORÍAS PARLAMENTARIAS, EXPRESAR Y DEFENDER SU OPINIÓN EN UN CONTEXTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA, VIOLÁNDOSE LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CONTRA UNA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO UNA NORMA GENERAL, ABSTRACTA E IMPERSONAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2007. · Registro digital (IUS): 20404
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 1413.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2007. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de agosto de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, David Ángeles Castañeda, José de Jesús Santana García, Alberto Aguilera Esparza, Martha Elisa González Estrada, Carlos Llamas Pérez, César Pérez Uribe, Arturo Adame Murillo, José Palomino Romo, José Francisco Ortiz Rodríguez y María del Carmen Villa Zamarripa, diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de Aguascalientes, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

• De la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, se reclama la emisión:

• Del Decreto 247, por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Hacienda para el Estado de Aguascalientes, que aparece publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil seis.

• Del Decreto 248, por el que se aprueba la reforma al artículo 2o. de la Ley Para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; que aparece publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el veintiocho de diciembre de dos mil seis.

• Del Decreto 249, en el que se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, únicamente por lo que hace al artículo 1o., fracciones VIII, numeral VIII.1, inciso a), así como respecto a los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios; que aparece publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil seis.

• Del Decreto 250, que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, únicamente por lo que hace al artículo 37, fracción III, inciso a); que aparece publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil seis.

• Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, se reclama la promulgación de los decretos anteriormente citados.

SEGUNDO. Los promoventes señalaron como antecedentes de los decretos impugnados, los siguientes:

"1. Con fecha 31 de octubre de 2006, el Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa del paquete fiscal del Estado de Aguascalientes para el ejercicio 2007 basado en un ingreso probable por un monto a ejercer de 9,112 millones de pesos, señalándose expresamente a foja 27 dentro de los criterios de política económica y hacendaria del Estado; página 57, dentro de la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2007, dentro del punto marcado con el número cinco de las estimaciones previstas para 2007, al igual que en los artículos 1o., fracciones VIII y VIII.1, en los que sólo aparece la cantidad de -53,000,000.00 que corresponden al pago del servicio de la deuda contratada con anterioridad, por lo que no se prevé nuevo endeudamiento público; lo anterior se acredita con la copia certificada que se acompaña como anexo dos, consistente en las iniciativas de Ley de Ingresos, presupuesto de egresos, reforma a la Ley de Hacienda y reforma a la Ley Para el Control de las Entidades Paraestatales, presentadas por el Ejecutivo del Estado. 2. Tras la presentación, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en uso de sus facultades, tuvo a bien turnar la iniciativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LIX Legislatura para su estudio y dictamen con fecha 1o. de noviembre de 2006, como se desprende del citado anexo dos. 3. Los trabajos de la LIX Legislatura en razón del paquete económico para el año 2007 se dieron encaminados al estudio y análisis de una iniciativa presentada en atención a lo ordenado por el artículo 46, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el cual no contempló solicitud alguna de endeudamiento. 4. Con fecha 30 de octubre de 2006, los once Municipios del Estado en términos de Ley (sic), cumplieron con la presentación al Congreso del Estado de 11 iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, las cuales fueron en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo turnadas por el presidente de la mesa directiva a la Comisión de Vigilancia para su estudio y dictamen. 5. De igual forma 10 de los once Municipios del Estado presentaron ante el Congreso del Estado iniciativas de reforma a las Leyes de Hacienda de dichos Ayuntamientos, las cuales de igual forma fueron turnadas a la Comisión de Vigilancia para su estudio y dictamen. 6. La Comisión de Vigilancia de la LIX Legislatura, con fecha 20 de diciembre de 2006, dictaminó las iniciativas de reforma a las Leyes de Hacienda y de Ingresos de los Municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2007, las cuales a su vez, como se acredita con el anexo tres que al presente se acompaña, fueron remitidas para su conocimiento y estudio previo, a todos los diputados integrantes de la LIX Legislatura en fecha, cumpliendo con lo ordenado en los artículos 78, 143, 148, 151, 152 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 7. Durante el mes de diciembre se realizaron varias reuniones de trabajo entre los diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes y el paquete económico del Gobierno del Estado en el que se presentó el paquete económico para el ejercicio 2007, reuniones siempre encaminadas al estudio de la iniciativa presentada el día 31 de octubre de 2006, la cual no contiene solicitud alguna de endeudamiento, procediéndose al estudio de los ingresos y las partidas de egresos a razón de los 9,112 millones de pesos solicitados como tope financiero. 8. Con fecha 22 de diciembre de 2006 se presenta al Congreso un documento por parte del Ejecutivo por el que solicita se incluya dentro del paquete económico del año dos mil siete una supuesta solicitud de endeudamiento por dos mil millones de pesos, sin que tenga la característica de una iniciativa o de una modificación a la iniciativa correspondiente, y sin acompañarse y sin presentar como lo señala la ley de deuda pública, el programa de financiamiento neto y sin acompañar los elementos técnicos y económicos necesarios para su aprobación, como se acredita con el anexo cuatro que al presente se acompaña en copia certificada, ya que como de ellos se desprende lo señalado en dicho documento, no obstante nombrarse al documento solicitud de aprobación de contratación de empréstitos adicionales al programa de financiamiento neto previsto en el artículo 1o., fracción VIII, de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2007 (no contiene la iniciativa presentada el día 31 de octubre de 2006 programa alguno de endeudamiento neto) no se cumple en este con los extremos que debe cumplir una iniciativa, así como los establecidos en los artículos 19 y 20 de la Ley de Deuda Pública. 9. Con fecha 26 de diciembre sesionó la Comisión de Vigilancia, sesión en la cual les fue presentado por el área técnica legislativa del Congreso del Estado un proyecto de dictamen del paquete económico para el año 2007 sin contratación de deuda pública y con base en los 9,112 millones de pesos propuestos en la iniciativa presentada el día 31 de octubre, el cual no fue firmado por los diputados integrantes de la comisión al acordarse por todos que debía presentarse el proyecto de dictamen a sus grupos parlamentarios, sin que se presentara ante la Comisión de Vigilancia propuesta diversa de dictamen ni se iniciara la realización de un proyecto de dictamen diferente o que se incluyera la solicitud de deuda pública. Lo anterior se acredita con la copia certificada del proyecto de dictamen que se presentó (sin deuda pública) no firmado, así como con el acta de la sesión de la Comisión de Vigilancia que ha sido solicitada y al día de hoy no entregada, los cuales se acompañan al presente como anexos cinco y seis. 10. Con fecha 27 de diciembre sesionó la Comisión de Gobierno a efecto de conformar el orden del día de la sesión del Pleno programada para el propio día 27. En dicha sesión se acordó proponer al Pleno un orden del día que incluía las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado, así como las Leyes de Hacienda de 10 Municipios, acordándose que se incluyeran al final a efecto de dictar un receso al llegar a ellos, los asuntos referentes al paquete económico del Estado para 2007, en razón de que aun no se contaba con los dictámenes respectivos, ya que éstos no habían sido firmados por la Comisión de Vigilancia en su sesión del día anterior. Lo anterior se acredita con la copia certificada del acta de la sesión de la Comisión de Gobierno, así como del proyecto de orden del día aprobado por dicha comisión para proponer al Pleno, los cuales se acompañan al presente como anexos siete y ocho. 11. En la sesión del Pleno de fecha 27 de diciembre, tras haber sido convocada dicha sesión en la anterior del Pleno de fecha 21 de diciembre y tras contarse con el quórum de ley por encontrarse presentes 25 diputados de los 27 que integran el Congreso, fue decretada la instalación legal de la sesión y con ello el presidente de la mesa directiva Jesús Santana García sometió a la consideración del Pleno el proyecto de orden del día acordado en la Comisión de Gobierno, sobre el cual se presentó propuesta del diputado Efraín Castillo Valadez, por la cual solicita se modifique la propuesta del orden del día a efecto de reacomodar los asuntos del día y queden en primer lugar los referentes a los dictámenes de la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio 2007, siéndole señalado por el diputado presidente de la mesa directiva que ello era imposible en razón de no contarse con los dictámenes respectivos, ya que el día anterior no habían sido firmados por la Comisión de Vigilancia. 12. Ante tal comentario se señaló por el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia Juan Manuel Ramos Mireles, que la comisión había sesionado tan sólo unos minutos antes por lo que ya se contaba con los dictámenes aprobados por mayoría de los integrantes de ésta. 13. Ante dichos comentarios se sometió a la consideración del Pleno la orden del día aprobado por la Comisión de Gobierno, el cual fue rechazado y con ello sometido a votación el propuesto por el diputado Castillo Valadéz, el cual fue aprobado por votación mayoritaria. 14. Ante la supuesta existencia de los dictámenes y el nuevo orden del día aprobado por el Pleno, el presidente de la mesa directiva con base en sus facultades establecidas en el artículo 50, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decretó un receso para que se entregaran los dictámenes a todos los diputados y éstos pudieran ser conocidos adecuadamente, ya que al ser colocados en el orden del día como los primeros asuntos a tratar, y al no ser conocidos, ello justificaba plenamente el receso, para continuar el día 28 a las 9:00 horas, con lo cual se levantó la sesión, justificando dicho receso en la necesidad de que se conociera adecuadamente el contenido de los dictámenes, máxime que la diputada González Estrada, miembro de la Comisión de Vigilancia señaló ante el Pleno que los integrantes de la comisión no habían visto los dictámenes, ya que habían llegado por conducto del presidente, por lo que no se conocía el contenido de los documentos, considerándose que el término otorgado para reiniciar a las 9:00 horas del día siguiente era prudente para ello y se estaba en posibilidades de aprobar dicho paquete económico antes del día último del año. Lo anterior se acredita con el acta de sesión, así como con la propia versión estenográfica de la misma, al igual que la respectiva versión videográfica que al presente en copias certificadas se acompañan como anexos nueve, diez y once. 15. No obstante haber sido levantada la sesión, y sin facultades para ello, 15 diputados, encabezados por el diputado vicepresidente Gerardo Martín Arenas, determinaron sin convocatoria alguna y sólo por el hecho de estar reunidos, reinstalar la sesión del Pleno, sin convocatoria al resto de los diputados y sin justificación alguna para ello, por lo que siendo las 12:28 horas reinstalaron la sesión del Pleno con 15 diputados y continuaron con los trabajos ordenando se corriera traslado de los dictámenes y decretando un receso de una hora para su estudio y continuar a las 13:30 horas del mismo día 27 de diciembre de 2006 para proceder a la votación de los dictámenes; dictámenes que como se aprecia de los acuses de recibo fueron entregados incluso después de aprobados los dictámenes, lo cual se acredita con el anexo doce. 16. Siendo las 13:39 horas del día 27 de diciembre de 2006 y tras encontrarse presentes sólo 15 diputados y sin que hubiere convocatoria al resto de los diputados del Pleno, se reiniciaron los trabajos, y tras la dispensa de la lectura de todos los dictámenes del orden del día fueron aprobados por los diputados presentes en una sesión a todas luces ilegal, ilegítima y sin sustento alguno. 17. Es de señalarse que con motivo del receso decretado por el vicepresidente se realizó la entrega de los dictámenes a los diputados y, como se acredita con la copia certificada que al presente se acompaña en documento escrito y magnético que nos fue entregado, como anexo trece el dictamen que se entregó en particular referente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2007, en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, no contienen cantidades e información alguna, ya que aparece una leyenda que dice: "Error vínculo no detectado", amén de que no hay constancia alguna de que la comisión haya sesionado y de que el dictamen no cuenta con las firmas de todos los integrantes de ésta, por lo que formal y materialmente podemos afirmar que no se contó con dictamen al respecto y el Pleno aprobó un documento sin cantidades que no es en ningún caso un dictamen formalmente. De igual forma es de resaltarse que las cantidades faltantes antes citadas, y otorgando sin conceder que la sesión fuese legal, y así aprobado el dictamen, es éste el aprobado y no el publicado en el Periódico Oficial del Estado en el cual aparecen ya con cantidades los artículos antes citados, violentando y modificando en su caso, lo aprobado por el Pleno. 18. Digno es de señalarse la aprobación que otorga el Pleno al Decreto 248 referente al dictamen de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales, ya que éste no se encontraba en los asuntos del orden del día a tratar propuestos por la Comisión de Gobierno, y siendo que el diputado Efraín Castillo sólo propuso el cambio de lugar de los respectivos al paquete fiscal 2007 del Estado (3 dictámenes, ingresos, egresos y hacienda), dicho asunto nunca estuvo listado en el orden del día aprobado por el Pleno, lo cual se acredita con la versión estenográfica de la sesión que obra agregada a la presente como anexo diez, así como de la propia versión videográfica que obra agregada a la presente demanda como anexo once, ambos relativos a la sesión de fecha 27, con lo que se acredita que el diputado Efraín Castillo Valadéz nunca pidió que el Pleno votara la inclusión de dicho dictamen, siendo aprobada su propuesta sin ello, y no obstante el diputado Francisco Díaz Alvarado subió al Pleno, dio lectura y se votó por los diputados presentes dicho dictamen a favor sin haber estado nunca en el orden del día. 19. No de menos importancia es el hecho de que el vicepresidente y no el Pleno habilitara el nombramiento de un prosecretario para el desarrollo de la sesión como se desprende del acta de dicha sesión y que obra agregado a la presente demanda como anexo nueve, en la cual a foja ocho, primer párrafo, se acredita que dicho vicepresidente en virtud de que la mesa directiva debe funcionar estando presentes la mayoría de sus integrantes (3 de 5) y al sólo encontrarse dos, habilita al diputado Abel Sánchez Garibay como prosecretario, cuando es una facultad exclusiva del Pleno y no de un solo diputado, aun siendo el vicepresidente en funciones."

Asimismo, precisaron como preceptos constitucionales violados, los artículos 14, 16, 25, 26, 28, 41, 71, 72, 116 y 117, fracción VIII, segundo párrafo, con base en los siguientes conceptos de invalidez:

Primer concepto de invalidez.

I. Las normas de carácter general contenidas en los Decretos 247, 248, 249 y 250, aprobados por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, presentan en su aprobación, violaciones graves, reiteradas y sistemáticas al proceso legislativo, así como al proceso para la autorización de la contratación de deuda pública, violentándose con ello el contenido de los artículos 14, 16, 41, 71, 72, 116 y 117, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse las formalidades esenciales del proceso legislativo, así como las establecidas para la autorización de la contratación de deuda pública.

Los principios de legalidad y seguridad jurídica que se encuentran previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3o. de la Constitución Local, obligan al poder público, por un lado, a actuar estrictamente en ejercicio de sus facultades y, por el otro, a cumplir con lo que la ley le encomienda y ordena.

No obstante ello, los diputados que aprobaron los Decretos 247, 248, 249 y 250, violentaron el proceso legislativo general, en virtud de lo siguiente:

• No se presentó una iniciativa en los términos de ley y con los anexos que las propias leyes exigen.

• No existió una sesión formal y legalmente instalada por el Pleno del Congreso Local para aprobarlas.

• No se contó con un dictamen presentado ante el Pleno en los términos que marca la propia ley para su aprobación.

• Se publicó en el Periódico Oficial del Estado, información diferente a la que se había presentado al Pleno del Congreso Estatal.

Asimismo, dichos diputados transgredieron aspectos particulares del proceso legislativo propios y necesarios para autorizar la contratación de deuda pública, en relación con las disposiciones constitucionales y legales que regulan esa parte del proceso legislativo, toda vez que, por una parte, el gobernador del Estado de Aguascalientes no presentó el programa de financiamiento neto en los términos de ley; por la otra, el Congreso Local no aprobó dicho programa y, finalmente, no se incluyó en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, aprobada por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.

Lo anterior es así, en virtud de que el proceso legislativo en Aguascalientes se compone de las siguientes etapas: a) Iniciativa presentada en las instalaciones del Congreso del Estado por persona facultada para ello, cumpliendo con los requisitos formales respectivos y acompañada de los anexos y documentos que las normas generales y particulares determinen se deben acompañar, justificando los planteamientos contenidos en ella; b) Integración del expediente que contiene la iniciativa y sus anexos; c) Presentación a lectura de la iniciativa ante el Pleno o la Diputación Permanente del Congreso del Estado y, en su caso, dispensa de la lectura acordada por el propio Pleno o por los integrantes de la Diputación Permanente por contar con copia del documento; d) Turno de la iniciativa para su estudio y dictamen ante la comisión o comisiones respectivas; e) Remisión de la iniciativa, cuando así proceda, a los Poderes Ejecutivo o Judicial, así como a los Ayuntamientos del Estado; f) Análisis, estudio, debate, así como recepción de opiniones y comentarios de la comisión o comisiones encargadas del dictamen; g) Elaboración y aprobación del dictamen por el voto de la mayoría de los integrantes de la comisión o comisiones; h) Entrega del dictamen a la presidencia de la mesa directiva, a la Dirección de Servicios Parlamentarios y al resto de los diputados integrantes de la legislatura con cinco días de anticipación a la fecha en que se discutirá en el Pleno; i) Acuerdo de la Comisión de Gobierno para la inclusión del dictamen en el orden del día de la sesión del Pleno; j) Aprobación por el Pleno de ser tratado en los asuntos de la orden del día de la sesión del Pleno en sesión legalmente instalada; k) Presentación del dictamen al Pleno para lectura, debate y, en su caso, aprobación; l) Aprobación del decreto por parte del Pleno mediante los votos que la ley ordene para el particular, en sesión legalmente instalada; m) Remisión del decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, mediante documento legal que cumpla con las formalidades necesarias para ello y; n) Publicación, sanción y promulgación del decreto por parte del gobernador del Estado en los términos que la propia ley ordene.

Así las cosas, al haberse aprobado de la manera en que se hizo, los Decretos 247, 248, 249 y 250, por la LIX Legislatura, se violentaron diversas formalidades del proceso legislativo, lo que sin lugar a dudas trasciende a dichas normas y afectan su validez.

Asimismo, es de resaltarse que los pasos o requisitos formales del proceso legislativo del Estado de Aguascalientes, a su vez, se ven enriquecidos en relación con la solicitud de deuda pública, por los ordenamientos legales de previa vigencia, derivados de lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, el artículo 27, fracción IV, de la Carta Local y los artículos 4o., 8o., fracción III, 9o., 11, 18, 19, 20 y 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, dentro de los cuales se establece, lo siguiente:

• Toda operación que implique deuda pública, deberá realizarla con la participación y aprobación previa por parte del Congreso del Estado.

• Toda deuda pública deberá invariablemente ser destinada a inversiones públicas productivas recuperables.

• La solicitud de autorización de deuda pública, así como la aprobación que otorgue el Congreso del Estado, deberá tener por acreditado, sustentado y ordenado que el destino de ésta sea invariablemente para inversiones específicas, ya sean públicas productivas o recuperables.

• Todo financiamiento o deuda pública que se contrate por las entidades autorizadas debe estar contenido en el programa de financiamiento neto.

• El programa de financiamiento neto debe contener, por un lado, la estimación del financiamiento que requieran las entidades para el ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de complementar sus ingresos para la realización de proyectos productivos; y, por el otro, todos los elementos de juicio y datos técnicos que justifiquen los requisitos señalados en el párrafo segundo del artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El programa de financiamiento neto debe ser aprobado por el Congreso del Estado y debe ser incluido en la Ley de Ingresos del ejercicio de que se trate.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que en los antecedentes de los decretos impugnados, no se contó con una iniciativa de ley que cumpliera con los requisitos constitucionales y legales para la contratación de deuda pública; pues dentro del proceso legislativo que trajo como consecuencia la aprobación de los Decretos 247, 248, 249 y 250, de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, se presentaron diversas violaciones formales que directamente trascienden a las normas aprobadas y, con ello, las afectan de validez.

En efecto, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, respecto del paquete económico para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no se presentó solicitud alguna para la contratación de deuda pública, en la que sólo aparece la cantidad de 53,000,000.00, los cuales corresponden al pago de la deuda contratada con anterioridad, por lo que no se previó nuevo endeudamiento público; siendo esta iniciativa la que se turnó a los diputados y, por ende, la que debió servir de base para el dictamen que aprobara el Pleno del Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 124, 127 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y 8o., 9o., 19 y 20 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, y no el documento que presentó el titular del Ejecutivo Estatal, el veintidós de diciembre de dos mil seis, en virtud del cual se solicita un endeudamiento con base en el programa de financiamiento neto, previsto en el artículo 1o., fracción VIII, de la Ley de Ingresos, en virtud de lo siguiente:

• El Ejecutivo Estatal no cuenta con facultad expresa alguna que le permita presentar alcances o anexos en lo particular a su proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, ya que incluso su facultad para presentar el documento referente al paquete fiscal está limitado en el tiempo al término del treinta y uno de octubre de cada año, según lo establece la Carta Local en el artículo 46, fracción II, por lo que cualquier documento fuera de dicho término carece de validez.

• El documento que se presenta como solicitud adicional a la Ley de Ingresos, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 127 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para poder ser considerada como una iniciativa.

• En dicho documento se señala que lo que se busca es completar el programa de financiamiento neto establecido en el artículo 1o., fracción VIII, de la iniciativa de Ley de Ingresos. Sin embargo, dicho artículo no contiene programa de financiamiento neto alguno, ya que se establece que no habrá nuevo endeudamiento durante el año dos mil siete, por lo que no se cumple con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, ya que no se acompaña el programa de financiamiento neto ni los elementos de juicio y datos técnicos que justifiquen los requisitos señalados en el artículo 117, fracción VIII, de la Carta Magna; además de que ni siquiera establece los proyectos a los cuales se habrá de aplicar el endeudamiento y, mucho menos, los elementos de juicio y datos técnicos de ello.

Así las cosas, se pone de manifiesto que en el presente caso, no se contó con una iniciativa que cumpliera con los requisitos formales del proceso legislativo para la solicitud de autorización de deuda pública, constituyéndose, por ende, en una violación formal que trasciende a la norma aprobada, afectando su validez, ya que es improcedente el que se hubiera aprobado por parte de la Legislatura del Estado un decreto con autorización de deuda pública que no fue solicitado o, que en su caso, no se solicitó en términos de ley.

Por tanto, se estima procedente la acción de inconstitucionalidad planteada respecto del artículo 1o., fracciones VIII y VIII.1, inciso a) y segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año dos mil siete, en relación con el artículo 37, fracción III, inciso a), del presupuesto de egresos de la entidad.

II. Por otra parte, debe señalarse que en el caso concreto, no se contó con un dictamen de la Comisión de Vigilancia o comisión diversa que cumpliera con los requisitos constitucionales y legales aplicables, ni tampoco se llevaron a cabo los estudios y análisis de los proyectos a realizar con el endeudamiento que se solicitó, con los cuales se pudiera acreditar ante el Pleno del Congreso del Estado, que se cumplieron los extremos del artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus respectivas regulaciones, tanto de la Carta Local, como de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en sus artículos 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 155 y 165, regula todo lo relativo a los dictámenes de las Comisiones. Sin embargo, en el caso concreto, el área técnica del Congreso de la Unión, propuso un dictamen con base en el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo del Estado, esto es, sin endeudamiento público, el cual inclusive no fue firmado por los diputados integrantes de la comisión, en razón de que debían consultarlo con sus grupos parlamentarios, sin que exista constancia alguna de que en otro momento se hubiera discutido y aprobado.

No pasa desapercibido que en otros procesos de constitucionalidad, en relación con los procesos legislativos, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la falta de dictamen aprobado por la comisión respectiva pudiera estimarse como una violación formal que no trasciende a la norma, siempre y cuando sea aprobado por el Pleno. Sin embargo, se estima que tal criterio no sería aplicable, ya que en el caso particular, el proceso legislativo no sólo por no haber dictamen de la comisión, sino también por el incumplimiento a los requisitos adicionales que le impone la Ley de Deuda Pública, en tratándose de la autorización de empréstitos, siendo ello algo formal e indispensable, ya que implica la afectación del patrimonio de los recursos del Estado, e incluso la propia Carta Magna obliga, en el artículo 117, fracción VIII, a que la deuda sólo sea y se acredite para fines de inversión pública productiva, debiéndose cumplir con los requisitos que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20404-4c03b8c0/accion-de-inconstitucionalidad-debe-declararse-la-invalidez-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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