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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL NO ESTABLECER QUIÉN ES EL SUJETO PASIVO PARA EL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL NO CONTEMPLAR LA TASA O TARIFA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A PAGAR POR LA SEGUNDA CATEGORÍA DE SUJETOS PASIVOS ESTABLECIDOS EN EL DIVERSO 16, FRACCIÓN II, DEL CITADO ORDENAMIENTO, VULNERA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL DISPONER QUE EL OBJETO DEL HECHO IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS LO CONSTITUYE LA REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 36 SEXTIES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA LAS TARIFAS A QUE ESTARÁ SUJETO EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, ES CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DECRETO 088, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ESTABLECER UNA TARIFA ÚNICA EN EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS PARA LOS SUELDOS PAGADOS POR EL PATRÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DECRETO 088, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE ESA ENTIDAD CREA EL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN II Y 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE EXTENSIVA AL ARTÍCULO 19 DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL DEPENDER DIRECTAMENTE DE AQUÉLLOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DEROGACIÓN DE DIVERSAS EXENCIONES FISCALES CONTENIDAS EN EL ANTERIOR ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, MEDIANTE EL DECRETO 088, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SU DESESTIMACIÓN SI NO SE ALCANZAN OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. DOBLE TRIBUTACIÓN. EN SÍ MISMA NO ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2007. · Registro digital (IUS): 22842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 831.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2007. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y JUAN CARLOS ROA JACOBO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por escrito recibido el veintiséis de enero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, nueve diputados,(1) quienes se ostentaron como integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de San Luis Potosí, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del Decreto Número 088, que reforma la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de San Luis Potosí, en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis:

1. Que el Decreto 088 que reforma la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí conculca los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, toda vez que los mencionados artículos constitucionales establecen la obligación de toda autoridad a ajustarse al debido proceso legal, principio que no fue respetado, ya que en la discusión y aprobación del Decreto 088 se transgredieron varias disposiciones del ordenamiento jurídico local que regulan el procedimiento legislativo:

A) En la sesión del 27 de diciembre del 2006, en la que se discutieron las diversas reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, se procedió a poner en consideración del Pleno si estaba conforme con omitir la lectura del dictamen correspondiente, lo cual fue aprobado, sin embargo, se omitió, sin aprobación ni justificación alguna, la segunda lectura del dictamen, violándose el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, el que señala que el Congreso, solamente en caso de urgencia calificada por las dos terceras partes de los diputados presentes, puede dispensar o abreviar los trámites establecidos para la formación de leyes.

B) Asimismo, en la discusión del dictamen se le hicieron diversas observaciones, acordándose modificar la redacción de algunos artículos, por lo que procedía, de conformidad con las fracciones III y IV del artículo 113 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, devolverlo a la comisión, con la finalidad de que ésta considerara las observaciones de la Asamblea y, posteriormente, someterlo a la votación del Pleno del Congreso. Formalidades que no se cumplieron, ya que el dictamen se remitió al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación, sin tener la certeza de que se realizaran las modificaciones acordadas por el Pleno de los diputados.

2. Que en relación con las reformas contenidas en el capítulo III de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, que establecen el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos, se transgreden los artículos 31, fracción IV, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

A) Se vulnera la fracción IV del artículo 31 constitucional, por no cumplirse con el principio de legalidad tributaria, al no contemplar el artículo 18 de la ley reformada dos de los elementos esenciales de toda contribución: el sujeto pasivo y la tasa o tarifa y, por ende, tampoco se respetan los principios constitucionales que deben regir a todo impuesto, es decir, la proporcionalidad y la equidad.

B) Se vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto éste consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues por la imperfecta redacción de los artículos 18 y 19 del decreto impugnado, al sujeto denominado "impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos" que obtenga ingresos o premios derivados de estas actividades, no podrá aplicársele legalmente el propio impuesto, en tanto el contribuyente no está enmarcado en ninguna tasa impositiva ni en ninguna época de entero del impuesto.

C) Por otra parte, el capítulo III de la ley reformada, denominado "Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos", contraviene los artículos 73, fracción X y 124 constitucionales, por legislar en materias exclusivas de la Federación.

De la interpretación conjunta de los artículos 73, fracción X y del 124 de la Constitución Federal se desprende que las facultades que no estén señaladas para los funcionarios federales están reservadas para los Estados y, en la especie, se tiene que la Federación, particularmente el Congreso de la Unión, tiene la facultad exclusiva para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, por lo que los Estados están impedidos para regular lo relativo al pago de impuestos en dicha materia. En esta tesitura, resulta inconstitucional el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, por invadir la esfera competencial de la Federación.

3. Que las reformas relativas al impuesto sobre nóminas infringen los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

A) En la exposición de motivos del Decreto 088, que reforma la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, no se aportó la más mínima explicación por la supresión de ciertas exenciones contenidas en el anterior artículo 27 de la Ley de Hacienda, además de que dicha supresión no procede legalmente conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues en su artículo 19 dispone que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de normas de trabajo no causarán impuesto alguno.

B) El Decreto 088, al derogar algunas de las exenciones contempladas en el anterior artículo 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, bonos de productividad, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte, e indemnizaciones por rescisión o terminación que tenga su origen en la prestación de servicios personales subordinados), vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Lo anterior, en razón de que el impuesto sobre nóminas gravita sobre la remuneración al trabajo personal subordinado, mientras que las exenciones, tal como estaban previstas, se refieren a otro tipo de beneficios no estrictamente productivos, sino de carácter social, económico, participativo o de estímulo y premiación, por lo que no deben considerarse como base gravable del impuesto en cuestión.

C) Que la configuración del impuesto sobre nóminas vulnera el principio de proporcionalidad, debido a que la base impositiva se fija atendiendo únicamente a la realización de erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, esto es, lo que grava es un gasto que se lleva a cabo para cumplir con las normas constitucionales en materia de trabajo, como es el salario y demás prestaciones que derivan de una relación laboral, por lo que el monto de los pagos no está en relación directa o proporcional con la capacidad para contribuir y, en consecuencia, es injusto y desproporcional, en virtud de que lo que se afecta es el pago de sueldo, de los cuales no se obtiene ningún lucro o utilidad mercantil; a mayor abundamiento, conviene mencionar que el impuesto en cuestión grava sujetos por una actividad que no es indicativa de la existencia de capacidad para contribuir al gasto público.

D) Que al contemplar el impuesto sobre nóminas una tarifa única del 2% está conculcando el principio de equidad tributaria, toda vez que no considera la distinta capacidad de las personas morales.

E) Que se conculcan los principios de legalidad y seguridad jurídica tributaria contemplados en los artículos 31, fracción IV, 14 y 16 constitucionales, respectivamente, en virtud de que no se define en la ley correspondiente de manera precisa, clara y expresa qué tipo de pagos de los que efectúa el patrón a sus trabajadores están sujetos al impuesto sobre nóminas.

4. Que las reformas contenidas en el Decreto Número 088, relacionadas con el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, infringen los numerales 31, fracción IV, 73, fracción VII y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

A) El Poder Legislativo Local, al imponer como obligación el pago del impuesto en cuestión, a los tenedores de vehículos automotrices con más de cinco años de antigüedad, vulnera los principios de equidad y de prescripción, pues se pretende que los contribuyentes paguen una tenencia por unidades automotrices de hasta veinte años, lo cual es arbitrario no sólo porque no se justifica el citado lapso de tiempo, sino porque el mismo representa el doble de tiempo del término extraordinario de diez años que la figura jurídica de prescripción determina.

B) Que, en relación con los artículos 73, fracción X y 124 constitucionales, la creación del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos por la Legislatura Local en el Decreto 088 es inconstitucional, toda vez que de la interpretación conjunta de dichos numerales y de la existencia y vigencia de un impuesto similar en el ámbito federal, se deduce que es facultad legislativa exclusiva de la Federación la materia de tenencia de vehículos.

C) Asimismo, se aduce que al existir un impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos en el ámbito federal, en el cual se grava con tasa del 0% la tenencia de vehículos de más de 10 años de antigüedad, se deduce que el legislador federal no quiso dejar de contemplar este tipo de vehículos, en aras de que en los Estados no se estableciera un impuesto en este sentido, porque se generaría una doble tributación.

D) Que se conculcan los principios de proporcionalidad y equidad contemplados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que la mecánica del tributo estatal en cuestión no toma en cuenta el valor real de cada vehículo, sino el año del modelo estableciendo una cuota única de 3 días de salarios mínimos para el caso de vehículos automotrices de más de diez años y hasta veinte, y una segunda de 1.5 días de salarios mínimos para motocicletas y motonetas.

E) Que se transgrede el principio de igualdad con el establecimiento del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, al obligar al pago de dicho impuesto a los tenedores de vehículos con placas de San Luis Potosí y no así a los que tengan vehículos con placas de cualquier otro Estado de la República, independientemente de las características de los mismos.

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son: 14, 16, 31, fracción IV, 73, fracciones VII y X y 124.

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 20/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de treinta de enero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, se requirió al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que al momento de rendir el informe solicitado remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, requerimiento que se tuvo por desahogado mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil siete.

QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. En síntesis, las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada, al rendir sus informes, manifestaron:

I. Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

1. Que el Decreto 088 que reformó la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí fue llevado a cabo observando las normas que rigen el acto, de acuerdo con el ejercicio de las facultades que, al efecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sus artículos 70, 71 y 80, fracción II, prevé en favor del titular del Poder Ejecutivo, consistentes en promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado las leyes, decretos y acuerdos que expida la legislatura de la propia entidad;

2. Que, respecto al primer concepto de invalidez, el proceso legislativo del que surgió la reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, no se irroga por parte del Ejecutivo Estatal, ya que no es atribución del titular del gobierno de esa entidad intervenir en dicho proceso, sino únicamente promulgar y publicar las leyes que expida el Congreso Local;

3. Que, en el presente asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del numeral 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que quienes reclaman la inconstitucionalidad del Decreto 088 refieren la supuesta ilegalidad del proceso legislativo; sin embargo, no esbozan razonamiento alguno tendiente a demostrar actos -positivos u omisivos- que impliquen la violación de disposición jurídica alguna por parte del gobernador del Estado de San Luis Potosí. Y que, en consecuencia, debe sobreseerse;

4. Que respecto a lo manifestado en el sentido de que el legislador omitió el sujeto al establecer la tasa, se presume que esa fue la intención tácita del legislador, tal vez considerando que el incremento patrimonial ya se ve afectado en términos del impuesto sobre la renta. Y que, además, dicha omisión no contradice el Texto Fundamental, dado que el órgano competente para imponer contribuciones se encuentra facultado para establecer excepciones explícitas o tácitas;

5. Que, en lo concerniente a la supuesta afectación a la exclusividad de facultades, debe indicarse que no existe en la Constitución Federal ningún precepto que disponga la exclusión de facultades a que aluden los diputados actores. Que cuando el Constituyente otorgó exclusivamente a la Federación la facultad de legislar sobre las materias que establece la fracción X del artículo 73 de la Ley Fundamental, se refirió a los aspectos que conforman la regulación sustantiva en materia de juegos con apuestas y sorteos; sin embargo, no le otorgó de manera exclusiva la facultad de imponer contribuciones. Y que, por su parte, la fracción XXIX del mismo precepto establece un régimen fiscal especial en favor del erario federal, cuyas fuentes impositivas no coinciden en todos sus rubros con las materias señaladas en la fracción X, ni viceversa, de lo que se infiere que esa facultad también la pueden ejercer las Legislaturas Locales, por tratarse de un renglón en el que hay concurrencia entre la Federación y las entidades federativas;

6. Que en relación con el primer punto de su tercer concepto de invalidez:

Que los diputados promoventes se confunden, ya que el sujeto obligado al pago del impuesto sobre nómina, según se advierte del contenido de los artículos 20 y 21 de la Ley de Hacienda, es el empleador, no el empleado. Por consiguiente, los principios de justicia social quedan intocados y en nada afectan las normas impugnadas a los trabajadores.

Que, además, las manifestaciones de los promoventes no son suficientes para acreditar contradicción alguna sobre constitucionalidad, pues las afirmaciones vertidas no contienen elementos jurídicos que limiten o restrinjan la potestad tributaria depositada en el Congreso Local, ni que precisen cuál es la lesión jurídica y cuáles los motivos por los que consideran que se incurre en dicha afectación.

Que, contrario a lo sostenido por los promoventes en el sentido de que las reformas impugnadas vulneran las garantías de proporcionalidad y equidad que debe observar toda contribución, el impuesto sobre nóminas sí respeta la capacidad contributiva del sujeto pasivo, pues se fija atendiendo al negocio del obligado, la cantidad de empleados y la cuantía de las prestaciones que los trabajadores perciban.

Que, por cuanto hace a las alegaciones orientadas a la exposición de motivos de las normas impugnadas, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la exposición de motivos de ninguna manera limita o restringe la soberanía manifestada en la atribución legislativa, supeditada tan sólo a la constitucionalidad de las disposiciones normativas.

Que es incorrecta la apreciación de los accionantes, en el sentido de que las reformas impugnadas violan el principio de equidad tributaria, ya que la referencia de capacidad contributiva, tomada por el legislador, coincide con el común denominador del sujeto pasivo del impuesto: remuneraciones al trabajador, en su calidad patronal dentro de la relación laboral;

7. Que, en relación con el segundo punto del tercer concepto de invalidez, el hecho de que un concepto haya sido interpretado en distintas ocasiones, por distintas autoridades, de ninguna manera implica la inconstitucionalidad de la disposición que contiene ese concepto;

8. Que, respecto al cuarto concepto de invalidez, contrario a lo sostenido por los accionantes en relación con el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, la supuesta violación "al principio de prescripción que rige en materia fiscal y, por consecuencia, al requisito de equidad" no se actualiza, toda vez que la prescripción liberatoria sólo puede verificarse respecto a la obligación líquida, y en materia tributaria la prescripción liberatoria depende de la determinación y liquidación de un crédito fiscal y, desde luego, de su notificación al administrado. Además, el Código Fiscal estadual continúa rigiendo la figura relativa a la prescripción liberatoria, sin que de manera alguna se hayan modificado sus hipótesis de aplicación; y,

9. Que, referente al punto dos del cuarto concepto de invalidez, no existe norma constitucional alguna que impida a una entidad federada el establecimiento de contribuciones en materia de tenencia vehicular, prevaleciendo la libertad en la potestad tributaria que cada soberanía mantiene supeditada tan sólo a la no contradicción constitucional.

Que, por lo que hace a la doble tributación, ésta, por sí misma, no es inconstitucional, sino únicamente cuando se acredita que el gobernado resiente una carga desproporcional e inequitativa. No obstante ello, de ninguna manera se reconoce la doble tributación a que aluden los impugnantes, la desproporción ni la inequidad.

Que el hecho de que el sujeto pasivo se encuentre obligado al pago del impuesto tanto en el ámbito federal como en el local no implica una doble tributación, pues el objeto del impuesto local se constriñe a una temporalidad menor a la federal; a su vez, la temporalidad del impuesto local es tratada por la regulación federal de manera equivalente a la no obligación de pago -tasa cero-.

Que, respecto al argumento de los accionantes consistente en que se violan los principios de proporcionalidad y equidad, en virtud de que el cálculo del impuesto local a la tenencia vehicular no obedece al valor real del vehículo, sino al año del modelo mismo, se sostiene que todos los vehículos tienen, independientemente del valor que tengan, a su disposición las mismas calles, avenidas y cualquier otro medio de comunicación aprovechable. Por lo tanto, no se puede considerar desproporcionado el importe del impuesto si éste equivale al pago anual de tres salarios mínimos, una vez que se dispone de vehículo, como aspecto de capacidad contributiva.

Que sobre el último argumento que sostienen los congresistas en el sentido de que el contribuyente, conforme transcurran los años, pagará más, en razón de los eventuales incrementos al salario mínimo, dicho argumento es ineficaz e infundado, pues la litis sólo puede versar sobre hechos ciertos y concretos, verificables, comprobables, no sobre simples especulaciones basadas en la imaginación.

II. Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

1. Que son falsas las argumentaciones de los diputados promoventes y que el proceso se llevó a cabo en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por el entonces vigente Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí;

2. Que, contrario a lo sostenido por los accionantes, no hubo violación al artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por no haberse dado segunda lectura al proyecto de decreto, ya que dicho numeral establece que se pueden dispensar o abreviar trámites, sin diferenciar o distinguir la primera o segunda lecturas de los dictámenes;

3. Que los artículos 18 y 19 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí impugnada no se refieren a los sujetos de este impuesto, sino al cálculo, épocas y forma de pago del mismo; por tanto, resulta inexistente la omisión a que se refieren los promoventes, toda vez que es el artículo 16 de ese mismo ordenamiento el que establece quiénes serán sujetos a ese impuesto;

4. Que si bien es cierto que el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal establece en qué materias puede legislar de manera exclusiva el Congreso Federal, entre las que se encuentra el juego de apuestas y sorteos, también lo es que en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí no se está legislando en esa materia, sino que se está gravando un impuesto y ello no lo prohíbe la Carta Magna, pues de la fracción XXIX-A del mismo artículo 73 se advierte que no se establece como facultad exclusiva del Congreso Federal el establecimiento de contribuciones en materia de juegos de apuesta y sorteos, por lo que las legislaciones estatales no se encuentran impedidas para hacerlo, ya que las facultades que no se encuentren expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, de conformidad con los artículos 124 y 73 de la Norma Fundamental;

5. Que, respecto del impuesto sobre nóminas, la supuesta falta de explicación en la exposición de motivos por la supresión de exenciones en el artículo 27 de la norma impugnada no es argumento de invalidez de la misma, ya que la Constitución Federal no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen, pues estas últimas no son elementos determinantes de la validez de las leyes, ni forman parte alguna en las fases de creación de las leyes;

6. Que señalan equivocadamente los promoventes que al suprimir las exenciones que existían sobre el impuesto sobre las nóminas del dos por ciento de la nómina en el artículo 27 de la ley reclamada, se está despojando de ese beneficio a varios sectores de los trabajadores que se encontraban exentos del mismo. Que ello es así, ya que la carga tributaria no recae en los trabajadores, sino en los patrones con base en sus erogaciones, es decir, no se está gravando el producto del trabajo, sino la erogación del empleador, sin violar los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, pues en ellos se establece que las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado constituyen el objeto del gravamen, que consisten en los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, por lo cual, tales preceptos cumplen con la garantía de legalidad de los tributos, pues únicamente se tomará en cuenta para el cálculo del gravamen en cuestión todo aquello que una persona erogue para remunerar el trabajo personal de sus trabajadores, que es la forma en que demuestra la capacidad contributiva que tiene el obligado;

7. Que el impuesto sobre nóminas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, ya que recae sobre el gasto o el egreso que atiende en forma mediata a la riqueza del contribuyente, pues no se fija en función de los ingresos económicos, del capital o del patrimonio de las personas que hacen la erogación, sino solamente en la capacidad que tiene el sujeto para realizar esa erogación o gasto, porque conforme a la técnica tributaria que rige este tipo de impuestos, debe suponerse la riqueza de las personas, según efectúen gastos por concepto de remuneraciones a los trabajadores.

Que, por otra parte, el impuesto impugnado se encuentra referido claramente en una ley, es proporcional y equitativo y, además, es destinado al pago de gastos públicos, y es por ello que debe considerarse válido y apegado al artículo 31 de la Constitución Federal;

8. Que en cuanto a la alusión que hace la parte promovente sobre las figuras de la caducidad y prescripción en materia fiscal, se hace notar que en el presente caso no son aplicables los argumentos vertidos en atención a lo que a continuación se menciona:

Que las figuras jurídicas de prescripción y caducidad no forman parte ni constituyen un requisito esencial en el establecimiento del impuesto sobre tenencia vehicular, ya que tales figuras adquieren validez cuando se trata de la revisión, liquidación y ejecución de un crédito fiscal. Y que, en el caso, no se encuentran ante la determinación de un crédito fiscal, sino ante el establecimiento de un impuesto que con el transcurso del tiempo pudiera generar créditos fiscales que a su vez pueden caducar o prescribir; y,

9. Que es incorrecto el señalamiento que hacen los actores al estimar que el impuesto estatal de tenencia no atiende al valor real de los vehículos, ya que pasan por alto el hecho de que el vehículo, cualquiera que sea su marca o valor comercial, transitará por las mismas vialidades y hará uso de las vías de comunicación, cuyo mantenimiento se sufraga con los impuestos.

I. Procurador general de la República.

1. Que la causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer el gobernador de la entidad debe desestimarse, toda vez que los argumentos vertidos por dicha autoridad involucran cuestiones sobre el fondo del asunto. Así se sostiene en la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.".

2. Que, sobre el concepto de invalidez relativo a las violaciones al procedimiento legislativo, es infundado el argumento en el que se aduce que no se aprobó ni justificó la dispensa de la segunda lectura del dictamen en contravención al numeral 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, toda vez que dicho numeral no es aplicable al presente caso, pues el mismo se refiere a un caso de excepción en el que se dispensa el trámite legislativo, supuesto que en la especie no aconteció, pues lo único que se dispensó fue la lectura del dictamen sometido a consideración del Pleno del órgano legislativo, y tal dispensa se aprobó por la mayoría.

Que también devienen infundadas las alegaciones consistentes en que no se acordó en su totalidad el dictamen como había sido propuesto, lo que ameritaba que se devolviera a la Comisión de Hacienda para que lo corrigiera y se presentara de nueva cuenta al Pleno para su discusión y aprobación en términos de la fracción III del artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como que se dio por terminada la sesión sin que se hubiera cumplido con el trámite legislativo correspondiente, al haberse expedido la minuta y enviado al Ejecutivo sin que hubiera certeza de la redacción final de las modificaciones acordadas. Que ello es así, toda vez que de la versión estenográfica de la sesión del Pleno del Congreso de San Luis Potosí, de 27 de diciembre de 2006, se advierte que la minuta fue votada y aprobada en su totalidad por la legislatura, y si bien es cierto que aquélla sufrió cambios durante la discusión y votación en lo particular, éstos consistieron en la modificación y derogación de algunos preceptos y no existió alteración alguna en los demás textos aprobados en lo general, por lo que sí se tuvo la certeza de cuáles fueron los dispositivos derogados.

Que, por otra parte, el supuesto contenido en la fracción III del artículo 113 del Reglamento Interior del Congreso de San Luis Potosí no se actualiza, pues dicho precepto establece la obligación de devolver a la comisión redactora el dictamen cuando el Pleno del Congreso le hace observaciones, circunstancia que en el caso no sucedió, pues sí fue aprobado el dictamen, en lo general, por la mayoría.

Que del acta de la versión estenográfica de la sesión del Pleno del Congreso se advierte que no existió ningún vicio procedimental que trascendiera a la validez de las normas impugnadas, pues se cumplió con el quórum legal para sesionar y se contó con la mayoría requerida para la aprobación y emisión del ordenamiento que se combate.

Que, por lo anterior, deben considerarse infundadas las violaciones a los principios de debido proceso legal y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que el Congreso Local acató las normas que regulan el procedimiento de formación de leyes en la expedición de las reformas a la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

3. Que, en relación al segundo concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos, es infundada la violación al artículo 73, fra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22842-29288e07/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-18-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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