MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 30, FRACCIONES VII A X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ESTABLECER QUE LA TARIFA CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO SERÁ LA QUE RESULTE DE DIVIDIR EL COSTO ORIGINADO AL MUNICIPIO POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16, 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ Y ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al jueves treinta de agosto de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de enero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Coahuila, Calle Francisco Coss y Obregón s/n, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila. b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Coahuila, Palacio de Gobierno, 1er piso, Calle Juárez e Hidalgo s/n, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila. II. Norma general cuya invalidez se reclama. Los artículos 9o. y 30, fracciones VII a X de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, publicada el 26 de diciembre de 2006 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa en copia certificada al presente oficio."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:
"Primero. El artículo 9o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben). El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40, en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal, determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio ordenamiento supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 9o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser en materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión. Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 26 de diciembre de 2006 se advierte la publicación del artículo 9o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señala: ‘Sección segunda. De los servicios de alumbrado público. ‘Artículo 9o. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será la que resulte dividir (sic) el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica, y su monto no podrá ser superior al 4% de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular, por el consumo de energía eléctrica y el 5% sobre el consumo comercial e industrial. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados como usuarios en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa señalada en el párrafo anterior, mediante recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal.’. De la lectura del artículo impugnado se advierte que los elementos del derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los habitantes que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tasa: 4% sobre el consumo doméstico y 5% sobre el consumo comercial e industrial. d) Base: El importe de consumo de energía eléctrica de cada usuario. e) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, éstos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: (se transcribe). En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este caso interesa, señala: (se transcribe). Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar impuestos al consumo de energía eléctrica. Así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, y en sentido contrario, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. De tal suerte que la base se establece de acuerdo a la capacidad contributiva, en relación al consumo de energía eléctrica lo cual no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado sino a un hecho o acto ajeno que tiende a gravar la capacidad tributaria de quienes utilizan el servicio. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2006, en el que señaló: ‘De los artículos transcritos se advierte que la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, establece una contribución a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho, según su artículo 30; cuyo objeto o hecho imponible, de acuerdo con el contenido del artículo 31, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, siendo que el derecho por concepto de alumbrado público corresponde a aquél que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y lugares para el uso común. No obstante lo anterior, tenemos que la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del artículo 33, al regular que la base para el cálculo de este derecho es el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. A dicha base se aplicará la tasa del 8% para los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07; y de 4% para los consumidores que se ubiquen en las tarifas OM, HM, HS, HSL y HTL. De ello se advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso, la base imponible se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público y, que en el caso, consiste en dicho consumo de energía. ... El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine. Por tanto, no obstante que el artículo 32 impugnado, denomina a la contribución de mérito ‘derecho’, materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.’. De tal modo que si la Legislatura de Coahuila, con la emisión del numeral 9o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, para el ejercicio fiscal de 2007, establece un impuesto al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 9o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J.25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad -incluidos los Congresos locales- que emite un acto a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. El primero de estos requisitos se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto; el segundo, con la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación de las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos la garantía de legalidad se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento, constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito, se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere y, respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se desprende que el Poder Legislativo sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Coahuila, al no estar facultado para fijar un impuesto en materia de energía eléctrica actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna, toda vez que fue más allá de su esfera de competencia, y en consecuencia, vulnera el numeral 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a) de la propia Norma Fundamental. Segundo. Violación del artículo 30, fracciones VII a X de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, a los preceptos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben). Asimismo, la norma general cuya invalidez se demanda, prevé: ‘Sección tercera. De los ingresos derivados de sanciones administrativas y fiscales. ‘Artículo 30. Los ingresos que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales serán los siguientes: I. a VI. ... VII. Cuando se efectúe matanza clandestina, se aplicará una multa de $96.00 previa inspección de la canal. VIII. Los predios no construidos en la zona urbana, deberán ser bardeados o cercados a la altura mínima de dos metros, con cualquier clase de material adecuado, el incumplimiento de esta disposición se sancionará con una multa (sic) $20.00 por metro lineal. IX. Las banquetas que se encuentran en mal estado deberán ser reparadas inmediatamente después de que así lo ordene el departamento de obras públicas municipales, se impondrá una multa de $0.60 por metro cuadrado, a los infractores de esta disposición. X. En caso de violación de las disposiciones de la Ley para la Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores en el Estado de Coahuila, en lo conducente, se harán acreedores a una multa de $3,600.00 en la primera reincidencia se duplicará la multa y cuando reincida por segunda o (sic) más veces se triplicará la sanción, independientemente de las sanciones que determine la ley de la materia.’. De la anterior transcripción, se observa que las fracciones VII a X del artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, establecen diversas multas fijas, las cuales son contrarias al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, mismo que instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas. Así las cosas, en el derecho penal como en el administrativo sancionador existen inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, como lo es la sanción, de tal forma que los principios establecidos en materia penal no son ajenos al ámbito administrativo para la aplicación de las sanciones. En ese orden de ideas, la sanción administrativa es una pena infligida por la administración pública a un administrado -ciudadano- como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Dicha sanción puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, un arresto, etcétera. La sanción administrativa obedece, en la ley y en la práctica, distintos objetivos preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios, o de castigo. De esta forma, el derecho administrativo represivo consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De esta guisa, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico y/o frente a la lesión del derecho administrativo. En las relatadas condiciones, es dable aseverar que el castigo administrativo guarda una analogía esencial con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. En este sentido, el Congreso de Coahuila al legislar en materia de ingresos, debe salvaguardar el imperativo constitucional previsto en el numeral 22 de la Constitución Federal, esto es, al momento de crear la norma jurídica debe precisar en su contenido un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijarla, basándose en la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica. El artículo 30, fracciones VII a X de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, que se impugna, establece indebidamente diversas multas fijas que contravienen el precepto constitucional antes citado, ya que no establece los mínimos y máximos de la sanción económica, que la autoridad municipal deberá de tomar en cuenta al aplicarla, por tanto, es dable aseverar que no valorarán las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar. En tales circunstancias, la autoridad administrativa sancionadora estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo una multa de manera irrazonable y desproporcionada, consecuentemente, esa falta de oportunidad para individualizar la sanción por parte de la autoridad administrativa, es lo que conduce a considerar que las citadas multas pueden ser excesivas. Al establecer las fracciones VII a X del precepto impugnado diversas sanciones de carácter pecuniario, en las que no se indica el (sic) o los parámetros de las mismas para efecto de individualizarlas, es decir, al fijar una sola cantidad, contravienen lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley Fundamental, puesto que, se insiste, omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar. Así, tenemos que el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha manifestado respecto de la multa excesiva o fija, en la tesis P./J. 9/95 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, página 5, cuyo rubro y texto señalan: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe). Las sanciones contempladas en las fracciones VII a X del ordinal que se diserta, por el solo hecho de prever diversas cantidades específicas -multa de $96.00 por efectuar matanza clandestina; de $20.00 por metro lineal por no bardear los predios no construidos; de $0.60 por metro cuadrado por no reparar las banquetas, etcétera- devienen inconstitucionales toda vez que la autoridad que impondrá la sanción o multa no cuenta con un parámetro entre un mínimo y un máximo que le permita, con base en la gravedad de la infracción y la situación económica del infractor, determinar el monto o la cuantía de la multa que se aplicará, lo que a todas luces contraviene lo estatuido en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por otra parte y en relación a la violación del artículo 16 de la Constitución Federal cabe señalar que dicho numeral constitucional, como ya se dijo, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, cabe reiterar que la garantía genérica de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local, aunque de manera sui géneris, tal como quedó precisado líneas atrás. En este contexto, de los razonamientos esgrimidos, resulta evidente que el Congreso de Coahuila, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en esta tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, el Congreso Local se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal. En este sentido, y toda vez que el numeral que se combate contradice lo dispuesto por los numerales 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna. En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad de las fracciones VII a X del artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2007, toda vez que como ha quedado debidamente demostrado, es contrario a lo dispuesto por los numerales 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 16, 22, primer párrafo, 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) y 124.
CUARTO. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 67/2007, y turnar el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de veintinueve de enero de dos mil siete, la Ministra instructora admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran su respectivo informe.
SEXTO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila, en lo toral, manifestó:
a) Que el Congreso del Estado de Coahuila cuenta con facultades para emitir leyes donde se disponga el pago de contribuciones para los Municipios de conformidad con los artículos 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 158 B, 158 C, 158 U, fracción V, de la Constitución Política Local, y 21 del Código Financiero para los Municipios de la entidad.
b) Que es una obligación constitucional de los Municipios prestar el servicio de alumbrado público; y que de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso c), éstos pueden recaudar los recursos necesarios para financiar este servicio.
c) Que el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público sobre la base del consumo de energía eléctrica es constitucional, en virtud de que la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, en su artículo 9o., establece que el cobro por el derecho de alumbrado público se realizará sobre el costo total del servicio dividido entre todos los habitantes del Municipio, incluidas las personas que no cuentan con servicio de energía eléctrica; y que la única referencia al consumo es que el mismo constituye el tope máximo que se puede cobrar por este derecho, esto es, cuatro por ciento de la cantidad que paguen los contribuyentes por el consumo de energía eléctrica en forma particular, y del cinco por ciento sobre el consumo comercial e industrial.
d) Que no se ha emitido ningún impuesto al consumo de energía eléctrica porque el consumo individual del fluido de energía eléctrica no es la base imponible, ni la tasa de referencia sobre el mismo consumo.
e) Que en la Ley de Ingresos impugnada se aplicó el último párrafo del artículo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual permite a los Municipios cobrar derechos por el servicio de alumbrado público utilizando como base el consumo de energía eléctrica.
f) Que las sanciones administrativas previstas en la Ley de Ingresos que se combate, fueron emitidas sobre la base de la libertad de hacienda que el artículo 115 de la Constitución Federal otorga a los Municipios.
g) Que los ingresos que se obtienen de las multas previstas en la Ley de Ingresos municipal son ingresos no tributarios, por lo que su naturaleza no es la de una contribución y, consecuentemente, no deben regirse por los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila precisó que es cierto el acto que se le atribuye por lo que respecta a la promulgación de la norma impugnada, cuya actuación tiene fundamento en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Coahuila.
OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose instruido el procedimiento, se puso en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 9o. y 30, fracciones VII a X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Estado de Coahuila, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer término se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."
Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita sea publicado en el correspondiente medio oficial. Sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Los artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Estado de Coahuila, que se impugnan, se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad el martes veintiséis de diciembre de dos mil seis, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado de fojas veintiuno a treinta de autos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del miércoles veintisiete de dici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20572-2a24e2a2/multas-fijas-el-articulo-30-fracciones-vii-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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