ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE ESTABLECE EL PAGO DE "DERECHOS" POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A RAZÓN DE 3% PARA SERVICIO DOMÉSTICO Y DE 4% PARA SERVICIO COMERCIAL O INDUSTRIAL, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 34, FRACCIONES V A X Y XII A XXIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de agosto de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, publicada el veintiséis de diciembre de dos mil seis en el Periódico Oficial de la entidad. Dichos preceptos establecen lo siguiente:
"Artículo 13. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga a la comunidad, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa que se aplicará para el pago de derechos por la prestación de alumbrado público será del 3% para servicio doméstico y del 4% en servicio comercial e industrial, de la cantidad que figure en el recibo o factura de la compañía prestadora del servicio de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados como usuarios en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa señalada en el párrafo que antecede, mediante el recibo que al efecto expida la tesorería municipal."
"Artículo 34. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, serán los siguientes: ... V. Traspasar una licencia de funcionamiento sin la autorización de la autoridad municipal, multa de $189.00. VI. El cambio de domicilio sin previa autorización de la autoridad municipal, multa de $189.00. VII. La violación de las disposiciones contenidas al caso a la Ley para la Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores en el Estado de Coahuila, multa de $357.00, sin perjuicio de responsabilidad penal a que se pudiera haber incurrido. VIII. En caso de reincidencia de las fracciones V, VI y VII se aplicarán las siguientes sanciones: a) Cuando se reincide por primera vez, se duplicará la sanción establecida en la partida anterior, y se clausurará el establecimiento por 30 días. b) Si reincide por segunda vez o más veces, se clausurará definitivamente el establecimiento, y se aplicará una multa de $2,100.00. IX. Los predios no construidos en la zona urbana, deberán ser bardeados o cercados a una altura mínima de dos metros con cualquier clase de material adecuado, el incumplimiento de esta disposición se sancionará con una multa de $6.50 por metro lineal. X. Las banquetas que se encuentren en mal estado, deberán ser reparadas inmediatamente después de que así lo ordene el Departamento de Obras Públicas del Municipio, en caso de inobservancia se aplicará una multa de $5.50 por metro cuadrado, a los infractores de esta disposición. ... XII. Es obligación de toda persona a que construya o repare una obra, solicitar permiso al Departamento de Obras Públicas del Municipio, para mejorar fachadas o bardas, dicho permiso será gratuito, quien no cumpla con esta disposición será sancionado con una multa de $105.00. XIII. La construcción o reparación de fachadas o marquesinas que puedan significar un peligro para la circulación en las banquetas, deberán ser protegidas con el máximo de seguridad para los peatones, quedando totalmente prohibido obstruir la banqueta que dificulte la circulación. Los infractores de esta disposición serán sancionados con multa de $105.00, sin perjuicio de construir la obra de protección a su cargo. XIV. Se sancionará de $284.00, a las personas que no mantengan limpios los lotes baldíos, usos y colindancias con la vía pública, cuando el Departamento de Obras Públicas lo requiera. XV. Los establecimientos que operen sin licencia, se harán acreedores a una multa de $116.00. XVI. Quien viole sellos de clausura, se hará acreedor a una sanción de $735.00. XVII. Quienes realicen matanza clandestina de animales se les aplicará una multa de $1,313.00. XVIII. Se sancionará con una multa de $104.00, a quienes incurran en cualesquiera de las conductas siguientes: 1. Descuidar el aseo del tramo de calle y banqueta que corresponda a los propietarios o poseedores de casas, edificios, terrenos baldíos y establecimientos comerciales o industriales. 2. Quemar basura o desperdicios fuera de los lugares autorizados por el R. Ayuntamiento. 3. Destruir los depósitos de basura instalados en la vía pública. XIX. Tirar basura en la vía pública o en los lugares no autorizados para tal efecto por el R. Ayuntamiento, cobrará una multa de $142.00. XX. Por fraccionamientos no autorizados, una multa de $42.00 por lote. XXI. Por relotificaciones no autorizadas, una multa de $42.00 por lote. XXII. Se sancionará con una multa a las personas que sin autorización incurran en las siguientes conductas: a) Demoliciones, de $39.00. b) Excavaciones y obras de conducción, de $39.00. Obras complementarias, de $18.00. d) Obras completas, de $42.00. e) Obras exteriores, de $20.00. f) Albercas, de $37.00. g) Por construir el tapial para ocupación de la vía pública, de $27.00. h) Revolturas de morteros o concretos en áreas pavimentadas, de $42.00. i) Por no tener licencia y documentación en la obra, de $42.00. j) Por no presentar el aviso de terminación de obras, de $11.00. XXIII. Por la ocupación de dos espacios, se impondrá una multa de $31.00. XXIV. Por introducir objetos diferentes a monedas en estacionómetros municipales $30.50."
SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 16, 22, primer párrafo, 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el procurador general de la República argumenta lo siguiente:
1. En el primero de ellos se argumenta que el precepto 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es violatorio de los artículos 16, 22, 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) De conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 124 de la Carta Magna, el Estado mexicano se constituye en una República Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jurídico no deben contravenir las disposiciones del Pacto Federal en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas a la Federación, corresponden a los Estados.
b) En relación con lo anterior, de la interpretación literal del artículo 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica.
c) En términos de lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
De acuerdo con el artículo 2o. del citado código, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo estos últimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
d) Si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.
En este entendido, el precepto 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil siete, que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los artículos constitucionales mencionados, toda vez que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de fluido eléctrico, es decir, que a mayor consumo, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.
De este modo, la base se establece de acuerdo a la capacidad contributiva, en relación con el consumo de energía eléctrica, lo cual no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado, sino a un hecho o acto ajeno que tiende a gravar la capacidad tributaria de quienes utilizan el servicio.
Apoya su razonamiento en el criterio sustentado por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2006, así como en las tesis de jurisprudencia de rubros: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."
e) La garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que tratándose de leyes se cumplen, el primero de ellos, con la cita de los preceptos legales en los cuales se apoye la determinación adoptada con la expresión de las causas inmediatas, razones particulares que demuestren la adecuación de las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto en el caso concreto.
Apoya sus argumentos en la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", con lo cual concluye que el legislativo sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de las atribuciones de ese órgano.
f) Por todo lo anterior, concluye que al no estar facultado el Congreso del Estado de Coahuila para fijar un impuesto en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo los artículos 16 y 124 de ese ordenamiento, toda vez que fue más allá de su esfera de competencia y, en consecuencia, vulnera el diverso artículo 73, fracción XXIX, sección 5, inciso a), de la propia Norma Fundamental.
2. En el segundo concepto de invalidez se esgrime que el numeral 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es violatorio de los artículos 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Establece diversas multas fijas, las cuales son contrarias al primer párrafo del artículo 22 invocado que instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas. En efecto, el Congreso de Coahuila en el precepto cuestionado previó multas fijas, pues no estableció los mínimos y máximos de la sanción económica que la autoridad municipal deberá de tomar en cuenta al aplicarla, por lo cual es dable aseverar que no valorará las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar.
En tales circunstancias, la autoridad administrativa sancionadora estaría imposibilitada para calificar la gravedad o levedad de la falta cometida, por ello la multa sería irrazonable y desproporcionada; luego, esa falta de elementos para individualizar la sanción, es lo que conduce a considerar a las multas excesivas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado respecto de la multa excesiva o fija en la tesis de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."
b) Por otra parte, la garantía genérica de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local, en los términos señalados antes.
c) En este contexto, resulta evidente que el Congreso de Coahuila, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en consecuencia, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, el órgano legislativo se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal.
CUARTO. Mediante acuerdo del veintiséis de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 10/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para instruir el procedimiento y para que formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de veintinueve de enero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, quienes emitieron y promulgaron la norma impugnada, a efecto de que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada, al rendir sus informes manifestaron en síntesis lo siguiente:
El Poder Legislativo del Estado de Coahuila, al rendir su informe en lo medular manifestó, lo que a continuación se relata:
1. La Legislatura Estatal cuenta con facultades para emitir leyes donde se disponga el pago de contribuciones, incluidas las derivadas de derechos por la prestación de servicios públicos; en el caso de la ley tildada de inconstitucional, el procedimiento legislativo fue seguido puntualmente y, por tanto, no existe ilegalidad en ese aspecto.
2. El cobro del derecho de alumbrado público a fijar por los Municipios se encuentra claramente establecido en el párrafo último, del artículo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, norma que tiene su origen en el precepto 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se advierte de la inserción siguiente:
"Capítulo IX. De las participaciones a las entidades federativas. Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre: I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido. Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los alimentos y demás servicios relacionados con los mismos. Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la enajenación de bienes o prestación de servicios mencionados en esta fracción, no se considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley. II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se exporten o sean de los señalados en los artículos 2o. A y 2o. C de esta ley. III. Los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capital de las empresas, excepto por la tenencia o uso de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos motorizados, motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos y motocicletas. IV. Durante el ejercicio de 1996 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico, se causará a la tasa del cero porciento. V. El uso o goce temporal de casa habitación. VI. Espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo, que en su conjunto superen un gravamen a nivel local del 8% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades. Queda comprendido dentro de esta limitante cualquier gravamen adicional que se les establezca con motivo de las citadas actividades. VII. La enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, organizados por organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública. Tampoco mantendrán impuestos locales o municipales de carácter adicional sobre las participaciones en gravámenes federales que les correspondan. El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en vigor los gravámenes a que se refiere este artículo.". "Artículo 42. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los impuestos que los Estados o el Distrito Federal tengan establecidos o establezcan sobre enajenación de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado. En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá limitativo de la facultad de los Estados y del Distrito Federal para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del suelo o construcciones, o la transmisión de propiedad de los mismos o sobre plusvalía o mejoría específica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no se aplicará respecto de la enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 9o. de esta ley. Tratándose de energía eléctrica las entidades federativas no podrá (sic) decretar impuestos, contribuciones o gravámenes locales o municipales, cualquiera que sea su origen o denominación, sobre: I. Producción, introducción, transmisión, distribución, venta o consumo de energía eléctrica. II. Actos de organización de empresas generadoras o importadoras de energía eléctrica. III. Capitales invertidos en los fines que expresa la fracción I. IV. Expedición o emisión por empresas generadoras e importadoras de energía eléctrica, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a los mismos. V. Dividendos, intereses o utilidades que representan o perciban las empresas que señala la fracción anterior. Se exceptúa de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el impuesto a la propiedad privada que grava la tierra, pero no las mejoras y la urbana que pertenezca a las plantas productoras e importadoras así como los derechos por servicios de alumbrado público que cobren los Municipios, aun cuando para su determinación se utilice como base el consumo de energía eléctrica."
Por tanto, es obvio que el procurador general de la República ignora o pretende ignorar la existencia del numeral preinserto, pues no considera la posibilidad de que en el marco del sistema de coordinación fiscal se dan materias concurrentes y que de la facultad de igual naturaleza derivada de tal precepto se permita el cobro del derecho al servicio de alumbrado público a los Municipios utilizando como base el consumo de energía eléctrica.
En esta tesitura, al emitir el artículo 13 cuestionado, simplemente se aplicó lo dispuesto en el numeral 42 de Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues en la expedición prevista en él se otorgó a los Municipios la facultad de cobro del derecho por el servicio público de energía eléctrica.
3. El cobro del derecho de alumbrado público previsto en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, no es inconstitucional, porque si bien es cierto que el numeral 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre energía eléctrica, también lo es que conforme a lo establecido en el precepto 115, fracción III, inciso a) y IV, inciso c), de ese Magno Ordenamiento el Municipio está obligado a prestar el servicio de alumbrado público y para atender el mismo cuenta con los ingresos derivados de la recaudación por cobro de la prestación de los servicios públicos, entre los cuales se encuentra el de energía eléctrica e incluso existe una prohibición a fin de evitar que por medio de las leyes federales se establezcan descuentos al cobro de los servicios municipales.
Por tanto, en uso de esas facultades el Municipio de Sacramento, Coahuila, remitió a la legislatura demandada su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil siete, en la cual se contiene el cobro del derecho por alumbrado público, la cual fue turnada a estudio a comisiones y con base en el artículo 115 de la Constitución, se aprobó por unanimidad de votos.
En este orden de ideas, el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, impugnado, resulta constitucional porque si bien es cierto que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Magna, el Congreso de la Unión tiene atribuciones para establecer contribuciones sobre energía eléctrica, también lo es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso b), los Municipios tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, entre otros, el de alumbrado público. Además, que como lo dispone la fracción IV, inciso c), del precepto últimamente citado, los Municipios tienen derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios a su cargo para el funcionamiento de los mismos, luego, es obvio que las legislaturas pueden fijar las contribuciones correspondientes a los Municipios por concepto de los servicios que presten y como ya se vio es de su competencia exclusiva el servicio de mérito y, por ende, el cobro del derecho derivado del mismo.
4. Conforme a lo establecido en el numeral 7o. del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, los elementos del derecho de alumbrado público es una actuación del Municipio, consistente en la prestación de un servicio público y en el pago que debe realizar el sujeto pasivo de la contribución, el cual le permite sostener la prestación de tal servicio.
La tasa basada en el consumo doméstico comercial e industrial, para el pago del derecho de alumbrado público cuestionado, se utilizó para observar el principio de equidad, pues sólo de esa forma se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales; luego, para diferenciar a los contribuyentes se estableció una tasa del 3% para el consumo domiciliario y del 4% al consumo comercial e industrial que obtiene con base a la medición del consumo de energía eléctrica, pues no debe soslayarse que los usuarios con mayor potencial económico, tienen mayores recursos.
Por tanto, el artículo 13, cuestionado, no establece un impuesto, sino un derecho por la prestación de un servicio público, pues se cobró para cubrir la prestación del servicio público de energía eléctrica; por ello no se invade la esfera de competencia del legislador federal.
5. Toda vez que la multa tiene una naturaleza diferente a las contribuciones, no se puede hablar de violación al artículo 31, fracción IV constitucional, que establece los principios de proporcionalidad y equidad, pues las contribuciones tienen como punto de partida el ámbito patrimonial del gobernado, mientras que las multas aplican sanciones por conductas contrarias al orden social que no alcanzan el grado de delito, pero que administrativamente son reprochables porque alteran el orden social. Apoya lo anterior, la tesis de rubro: "MULTAS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe manifestó lo que enseguida se narra.
La ley tildada de inconstitucional se ajusta a las distintas fases del procedimiento legislativo, toda vez que se fundamenta en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Política del Estado.
El acto legislativo reclamado y su vigencia no vulneran las garantías constitucionales de que se duele el promovente, ya que en el mismo se contiene la debida fundamentación y motivación, entendiendo por esto que el Congreso que expidió la ley está facultado para ello, motivo por el cual el Ejecutivo del Estado ordenó la promulgación respectiva. Ese Alto Tribunal ha mantenido el criterio de que el Congreso que expidió la ley, constitucionalmente está facultado para ello, ya que los requisitos se satisfacen cuando el mismo Poder Legislativo actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere.
SEXTO. Una vez cerrado el periodo de alegatos, el veinte de marzo de dos mil siete se declaró cerrada la instrucción, y se puso el expediente en estado de resolución para formular el proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre los artículos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
De conformidad con el numeral 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
Asimismo, conforme al criterio sostenido por este Pleno en la sesión de cuatro de mayo de dos mil seis, derivado de la acción de inconstitucionalidad 25/2004, las acciones podrán ejercerse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, acorde con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, por lo que se abandonó el criterio sostenido por el propio Pleno en la sesión de veintisiete de octubre de dos mil cinco, derivado de la acción de inconstitucionalidad 21/2005.
Ahora bien, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiséis de diciembre de dos mil seis, por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el veintisiete del mismo mes y año y concluyó el veinticinco de enero de dos mil siete, de conformidad con el artículo 60 antes referido.
Ver calendario
En este tenor, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veinticinco de enero de dos mil siete, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 21 de autos, es decir, el último día del plazo establecido para ello, es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. A continuación se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de la República.(2)
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(3) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 34, fracciones V a X y XII a XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, el procurador general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoyan la conclusión anterior, las tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001 y P./J. 92/2006, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(4) y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL."(5)
CUARTO. En virtud de que de las constancias q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20575-f6b76a00/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-13-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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