ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN AQUÉLLA. MULTAS FIJAS. EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ Y ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al lunes tres de septiembre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiséis de enero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Tlaxcala, con domicilio en: Calle I. Allende, número 31, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Palacio de Gobierno, Plaza de la Constitución número 3, colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. II. Norma general cuya invalidez se reclama. Los artículos 27 y 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, publicada el 27 de diciembre de 2006 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:
"Primero. El artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben). El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40, en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal, determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser en materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión. Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 27 de diciembre de 2006, se advierte la publicación del artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señala: ‘Capítulo IX. Servicio de alumbrado público. Artículo 27. Los derechos por los servicios de alumbrado público se causarán y pagarán, aplicando al consumo de energía eléctrica, los porcentajes que a continuación se señalan en la siguiente: (Tipo) tarifa. 01. Doméstico 6.5%. 02. Comercial 6.5%. 03. Baja tensión 6.5%. 08. Servicio general de alta tensión 2.0%. 12. Servicios especiales de voltaje de más de 66 kw. 2.0%. Si este Ayuntamiento ha contratado con la Comisión Federal de Electricidad, tendrá la obligación de prestar el servicio e informar al Congreso del Estado, a través de la cuenta pública.’. De la lectura del artículo impugnado se advierte que los elementos del derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los habitantes que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tasa: 6.5% sobre el consumo doméstico, 6.5% sobre el consumo comercial, 6.5% sobre el consumo de baja tensión, 2.0% sobre el servicio general de alta tensión y 2.0% sobre servicios especiales de voltaje de más de 66 kw. d) Base: El importe de consumo de energía eléctrica de cada usuario. e) Época de pago: La empresa suministradora hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: (se transcribe). En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este caso interesa, señala: (se transcribe). Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar impuestos al consumo de energía eléctrica. Así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de electricidad, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, y en sentido contrario, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. De tal suerte que la base se establece de acuerdo a la capacidad contributiva, en relación al consumo de energía eléctrica, lo cual no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado, sino a un hecho o acto ajeno que tiende a gravar la capacidad tributaria de quienes utilizan el servicio. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2006, en el que señaló: ‘De los artículos transcritos se advierte que la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, establece una contribución a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho, según su artículo 30; cuyo objeto o hecho imponible, de acuerdo con el contenido del artículo 31, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, siendo que el derecho por concepto de alumbrado público corresponde a aquel que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y lugares para el uso común. No obstante lo anterior, tenemos que la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del artículo 33, al regular que la base para el cálculo de este derecho es el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. A dicha base se aplicará la tasa del 8% para los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07; y de 4% para los consumidores que se ubiquen en las tarifas OM, HM, HS, HSL y HTL. De ello se advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energía eléctrica, por lo que, en el caso, la base imponible se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energía. ... El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine. Por tanto, no obstante que el artículo 32 impugnado, denomina a la contribución de mérito «derecho», materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.’. De tal modo que si la Legislatura de Tlaxcala, con la emisión del numeral artículo (sic) 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, establece un impuesto al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad -incluidos los Congresos Locales- que emite un acto a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. El primero de estos requisitos se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto; el segundo, con la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación de las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos, la garantía de legalidad se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento, constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere y, respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, tomo 157-162, Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se desprende que el Poder Legislativo sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Tlaxcala, al no estar facultado para fijar un impuesto en materia de energía eléctrica actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna, toda vez que fue más allá de su esfera de competencia y, en consecuencia, vulnera el numeral 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la propia Norma Fundamental. Segundo. Violación del artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, a los preceptos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben). Asimismo, la Norma General cuya invalidez se demanda, prevé: ‘Título quinto. Aprovechamientos. Artículo 41. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican: I. Por no empadronarse o refrendar el empadronamiento en la Tesorería Municipal, dentro de los términos que el Código Financiero establece; 5.25 días de salario; II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, 5.25 días de salario; III. Por no presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, documentos y libros o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal, 5.25 días de salario; IV. Por no presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al pago de los impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos, 5.25 días de salario; V. Por no conservar los documentos y libros durante el termino (sic) de cinco años; 5.25 días de salario; VI. Resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes, que legalmente puedan pedir las autoridades o no mostrar sus sistemas contables, documentos, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas, vehículos o cualquier otra dependencia y en general negar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita con la causación de los impuestos y derechos a su cargo, 21 días de salario; VII. Por efectuar la matanza de ganado fuera de los rastros o lugares autorizados por el Ayuntamiento de Yauhquemehcan, 15.75 días de salario; VIII. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que procedan de lugares fuera del Municipio; 15.75 días de salario; IX. El incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con multa de 15 días de salario.’. De la anterior transcripción se observa que el artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, establece diversas multas fijas, las cuales son contrarias al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, mismo que instituye, entre otros supuestos, la prohibición del cobro de multas excesivas o fijas. Así las cosas, en el derecho penal como en el administrativo sancionador existen inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, como lo es la sanción, de tal forma que los principios establecidos en materia penal no son ajenos al ámbito administrativo para la aplicación de las sanciones. En ese orden de ideas, la sanción administrativa es una pena infligida por la administración pública a un administrado -ciudadano- como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Dicha sanción puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, un arresto, etcétera. La sanción administrativa obedece, en la ley y en la práctica, distintos objetivos preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios, o de castigo. De esta forma, el derecho administrativo represivo consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De esta guisa, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico y/o frente a la lesión del derecho administrativo. En las relatadas condiciones, es dable aseverar que el castigo administrativo guarda una analogía esencial con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. En este sentido, el Congreso de Tlaxcala al legislar en materia de ingresos, debe salvaguardar el imperativo constitucional previsto en el numeral 22 de la Constitución Federal, esto es, al momento de crear la norma jurídica debe precisar en su contenido un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijarla, basándose en la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica. El artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, que se impugna, establece indebidamente diversas multas fijas que contravienen el precepto constitucional antes citado, ya que no establece los mínimos y máximos de la sanción económica, que la autoridad municipal deberá de tomar en cuenta al aplicarla, por tanto, es dable aseverar que no valorarán las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho que dieron origen al acto del particular que se pretende sancionar. En tales circunstancias, la autoridad administrativa sancionadora estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo una multa de manera irrazonable y desproporcionada, consecuentemente, esa falta de oportunidad para individualizar la sanción por parte de la autoridad administrativa, es lo que conduce a considerar que las citadas multas pueden ser excesivas. Al establecer el precepto impugnado diversas sanciones de carácter pecuniario, en las que no se indica el (sic) o los parámetros de las mismas para efecto de individualizarlas, es decir, al fijar una sola cantidad, contravienen lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley Fundamental, puesto que, se insiste, omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que se debe aplicar al infractor e impide que la autoridad administrativa tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho a sancionar. Así, tenemos que el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha manifestado respecto de la multa excesiva o fija, en la tesis P./J. 9/95 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, septiembre de 2003, página 5, cuyo rubro y texto señalan: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’ (se transcribe). Las sanciones contempladas en el ordinal que se diserta, por el solo hecho de prever diversas cantidades específicas -multa de 5.25 días de salario por no empadronarse o refrendar el empadronamiento en la Tesorería Municipal, dentro de los términos que el Código Financiero establece; 5.25 días de salario por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos y 5.25 días de salario por no presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, documentos y libros o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal- devienen inconstitucionales, toda vez que la autoridad que impondrá la sanción o multa no cuenta con un parámetro entre un mínimo y un máximo que le permita, con base en la gravedad de la infracción y la situación económica del infractor, determinar el monto o la cuantía de la multa que se aplicará, lo que a todas luces contraviene lo estatuido en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por otra parte y en relación a la violación del artículo 16 de la Constitución Federal, cabe señalar que dicho numeral constitucional, como ya se dijo, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, cabe reiterar que la garantía genérica de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto Federal como Local, aunque de manera sui géneris, tal como quedó precisado líneas atrás. En este contexto, de los razonamientos esgrimidos, resulta evidente que el Congreso de Tlaxcala, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el artículo 22 de la Carta Magna, toda vez que dicho precepto prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; en esta tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico este tipo de multas, el Congreso Local se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal. En este sentido, y toda vez que el numeral que se combate contradice lo dispuesto por los numerales 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna. En mérito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2007, toda vez que como ha quedado debidamente demostrado, es contrario a lo dispuesto por los numerales 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 16, 22, primer párrafo, 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) y 124.
CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 31/2007, y turnar el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de treinta de enero de dos mil siete, la Ministra instructora admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran su respectivo informe.
SEXTO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en lo toral, manifestó:
a) Que del último párrafo de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, se desprende que no existe una prohibición para las entidades federativas de legislar únicamente sobre derechos por la prestación del servicio de alumbrado público, puesto que en él se establece la participación de las entidades federativas en los rendimientos de las contribuciones especiales enumeradas en dicha fracción, en la forma que determine la ley federal secundaria y la normatividad local.
Que, por tanto, el establecimiento de contribuciones en materia de energía eléctrica no es facultad exclusiva de la Federación, sino concurrente con la de las entidades federativas, a través de las Legislaturas de los Estados.
b) Que la expedición de la norma impugnada se llevó a cabo de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 54, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
c) Que de acuerdo a las fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), del artículo 115 constitucional, los Municipios pueden gravar el servicio de alumbrado público a su cargo para cubrir los gastos de este servicio y estar en posibilidad de prestarlo, para lo cual se necesita que las Legislaturas Locales establezcan los derechos específicos que deben recibir los Municipios por la prestación de este servicio.
d) Que el artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, no establece un impuesto, sino un "derecho", entendiendo por tal la contribución establecida en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.
e) Que el Congreso Local actuó de acuerdo al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), y concretamente en su último párrafo, que faculta a las Legislaturas de los Estados a fijar el porcentaje correspondiente en las Leyes de Ingresos de los Municipios por el concepto de impuestos sobre energía eléctrica.
g) Que el Municipio se encuentra facultado por esta legislatura para percibir por concepto de derecho los porcentajes por servicio de alumbrado público establecidos en el artículo 27 de la Ley de Ingresos impugnada, supeditado a contratar con la Comisión Federal de Electricidad la prestación del servicio de consumo de energía eléctrica e informar al Congreso Local, en términos del último párrafo del artículo 27 impugnado.
h) Que si se declarara inválida la norma impugnada, se producirá un daño financiero al Municipio, en virtud de que éste no tendrá fundamento para percibir los ingresos por la prestación del servicio público de alumbrado público que le corresponden conforme a las fracciones III y IV del artículo 115 constitucional.
i) Que las multas previstas en el artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, determinan los hechos que las motivan, por tanto, la multa no es contraria al Texto Constitucional, porque no es una multa fija para todos los casos, lo que hace determinar en cada caso la gravedad o levedad de la infracción, para individualizar la multa que corresponda.
SÉPTIMO. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala precisó que son ciertos los actos que se le atribuyen por lo que respecta a la sanción, promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de las normas impugnadas, cuya actuación tiene fundamento en los artículos 49 y 70, fracción II, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, que facultan al gobernador del Estado a sancionar, promulgar y publicar los decretos expedidos por el Poder Legislativo.
OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose instruido el procedimiento, se puso en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20686-cac98e9e/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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