ABORTO. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO. DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO AUTORIZA LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA POR ANALOGÍA O MAYORÍA DE RAZÓN. ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. ABORTO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER. DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. SUS DIFERENCIAS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a los días veintinueve y treinta de enero de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de septiembre de dos mil, Salvador Abascal Carranza, Alejandro Agundis Aria, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Jacobo Bonilla Cedillo, Camilo Campos López, Alejandro Díez Barroso Repizo, Federico Döring Casar, Hiram Escudero Álvarez, Maximino Alejandro Fernández Ávila, María Guadalupe Josefina García Noriega, Patricia Garduño Morales, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Ernesto Herrera Tovar, Santiago León Aveleyra, Tomás López García, Eleazar Roberto López Granados, Ana Laura Luna Coria, Iván Reynaldo Manjarrez Meneses, Federico Mora Martínez, Arnold Ricalde de Jager, Lorena Ríos Martínez, Rolando Alfonso Solís Obregón, Francisco Solís Peón, Miguel Ángel Toscano Velasco y Walter Alberto Widmer López, ostentándose como diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuación se señala:
"II. Órgano legislativo que emitió la norma general impugnada: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cuanto hace a la discusión y aprobación de las reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y en cuanto a la emisión del decreto que contiene dichas reformas y adiciones, publicado el 24 de agosto de 2000. III. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a la iniciativa, promulgación y publicación de las reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuya invalidez se promueve y que se contienen en el decreto mencionado. IV. Norma general cuya invalidez se reclama: Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 334, fracción III, reformado por decreto publicado el 24 de agosto de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en su artículo 131 bis, mismo que fue adicionado por el mismo decreto."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El artículo 334, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, reformado por acuerdo adoptado por mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual fue publicada el 24 de agosto del 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es contraria a las 'garantías individuales' consagradas en los artículos 1o., 14 y 22, en relación con el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: De acuerdo con el artículo 14 constitucional 'Nadie puede ser privado de la vida ... sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos ...', y los tribunales previamente establecidos únicamente podrán condenar a muerte a una persona después de haber seguido el juicio respectivo y en el que se haya cumplido con las formalidades esenciales, única y exclusivamente en los siguientes casos, conforme al 22: 1. Traición a la patria en guerra extranjera; 2. Al parricida; 3. Al homicida con alevosía, premeditación o ventaja; 4. Al incendiario; 5. Al plagiario; 6. Al salteador de caminos; 7. Al pirata; y 8. A los reos de delitos graves del orden militar. Nuestra legislación, confirmando lo que la ciencia ha demostrado, establece que la vida humana se inicia a partir de la concepción, y así lo establece en diversas disposiciones, entre las que destacan las siguientes: En el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, se establece: 'Artículo 40. ... II. Embarazo. Es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo (evidenciada por cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de menstruación o prueba positiva del embarazo médicamente aceptada) hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos; III. Embrión. El producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la decimosegunda semana de gestación; IV. Feto. El producto de la concepción desde el principio de la decimotercera semana de la gestación hasta su expulsión o extracción; ...'. En el Código Civil para el Distrito Federal, se establece: 'Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.'. Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal establece en el 'Título decimonoveno' relativo a los 'Delitos contra la vida y la integridad corporal' que: el aborto es un delito contra la vida de un ser humano a partir de la concepción, y lo define como: 'Artículo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.'. En igual sentido se pronuncian todas y cada una de las Legislaturas de los Estados que forman la Unión. Aunado a lo anterior, México ha sido parte en diversas declaraciones, pactos y convenciones internacionales, y las mismas han sido ratificadas por el Senado de la República y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, son obligatorios conforme al artículo 133 de la Constitución, que establece: 'Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. ...'. Entre las declaraciones, pactos y convenciones que México ha suscrito o adoptado, destacan los siguientes: Declaración de Ginebra de 1924. Derechos del Niño y la adoptada en la Asamblea General de 20 de noviembre de 1959. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1981. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1981. La Convención de los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969, ratificada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de 1981. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada el 7 de noviembre de 1967. En todos estos instrumentos internacionales se destacan los siguientes principios: 1. Que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza coadyuvante o complementaria del que ofrece el derecho interno de los Estados. 2. Que toda persona es ser humano. 3. Que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 4. Que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 5. Que el derecho a la vida estará protegido por la ley a partir de la concepción. 6. Que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 7. Que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 8. Que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 9. Que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. 10. En todas y cada una de las declaraciones, pactos y tratados, los Estados se obligan a respetar los instrumentos internacionales y adecuar su legislación a los mismos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada por México, establece en su artículo 31, párrafo 2, que para los propósitos de interpretación de un tratado el contexto debe comprender, en adición al texto, el preámbulo y sus anexos, por lo cual, cuando haya necesidad de interpretar un tratado hay que acudir, entre otras fuentes, al preámbulo de la convención de que se trate. Al efecto, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece textualmente lo siguiente: '... Teniendo presente que, como se indica en la declaración de los Derechos del Niño «el niño, por su falta de madurez física y mental» necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento ...', por lo que, interpretando adecuadamente el artículo 1o. de la convención mencionada, se entiende por niño todo ser humano desde antes de nacer y hasta los 18 años de edad, salvo que alcance la mayoría de edad antes, conforme a la legislación aplicable. Por lo mismo, todos los niños, aun los no nacidos tienen derecho a la vida y entran bajo la protección del derecho y gozan de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución. El artículo 133 constitucional establece la validez constitucional de los tratados internacionales como Ley Suprema de toda la Unión. Por lo mismo, toda ley general que después de la entrada en vigor de estos tratados internacionales violara el contenido de esta convención y atentara contra la vida de un niño que aún no ha nacido, sería inconstitucional. Esta H. Suprema Corte de Justicia ha sostenido la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes federales, como lo demuestra la siguiente ejecutoria. 9a. Época. Pleno. Tesis de Pleno. 'TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión «... serán la Ley Suprema de toda la Unión ... » parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de «leyes constitucionales», y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.». No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.»; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. P. LXXVII/99. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.».'. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo X, noviembre de 1999. Pleno. Pág. 46. No. Doc. E0009P-001443. Si bien es cierto que la Constitución establece en el artículo primero que 'En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ...', igualmente por ser uno de los fines del Estado, el mismo debe velar por el orden público y el respeto de todos y cada uno de los derechos de los individuos que en ella se encuentren; por tal motivo, en el artículo 17 se establece que '... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ...'. En este orden de ideas, el Estado debe expedir leyes que estén encaminadas a proteger las garantías individuales, entre ellas, el derecho a la vida; por tanto, en ningún momento el legislador puede aprobar ley alguna que vaya en contra de la garantía individual que reconoce el derecho a la vida, por así garantizarlo el capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa modifican el Código Penal del Distrito Federal en el artículo 334, fracción III, entre otros, que a la letra dice: 'Artículo 334. No se aplicará sanción: ... III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada.'. Como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que la reforma legislativa es contraria a los preceptos constitucionales citados y a los tratados internacionales invocados, por lo siguiente: 'Ningún habitante permanente o transitorio de la República (hombre o mujer, menor o adulto, nacional o extranjero, individuo o persona jurídica o moral) puede ser privado de la vida, de la libertad, de la propiedad o posesiones y, en fin, de todos y cada uno de sus derechos, tanto los establecidos por la Constitución como los otorgados en las demás leyes, decretos y reglamentos ...'. Comentario al artículo catorce constitucional contenido en 'Mexicano: ésta es tu Constitución', editado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas y Comité de Asuntos Editoriales, de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, P 64 (sic). Este artículo 14, por contener las garantías de la persona y sus derechos, es característico de un régimen respetuoso de la libertad y es regla general, propio de la forma de gobierno que tiene México, que el poder público, o autoridad, sólo pueda hacer lo que la ley le autorice, en tanto que los gobernados están en libertad de efectuar no sólo todo aquello que la ley les permita, sino también lo que no les prohíba. En ambos casos, autorización para gobernantes y prohibición para gobernados, deben constar expresamente en las leyes. Basándose en lo anterior, el legislador debe legislar en aquellas materias que permitan el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos, de ahí que se expidan Códigos Penales en los cuales se señalen como conductas típicamente antijurídicas, dolosas y culpables, aquellos actos que atenten en contra de los individuos en su vida y su persona, sus bienes y posesiones, aun a las corporaciones y al Estado mismo, o en su actuación; de tal manera que el legislador en ningún momento y bajo ninguna circunstancia puede limitar los derechos individuales reconocidos como garantías, las cuales deben ser respetadas tanto por los gobernantes como los gobernados, ya que el Estado debe prohibir a éstos, los gobernantes y gobernados, cualquier acto que atente en contra de las garantías o derechos de cada individuo. De lo contrario, se estará restringiendo o suspendiendo el goce de las garantías conforme al artículo 1o. constitucional. El legislador que aprobó la limitación al derecho a la vida de los individuos que presenten 'alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia', atenta contra la garantía que tiene todo gobernado a que el Estado le otorgue la protección de sus derechos, empezando por el primero de ellos, que es el derecho a la vida, y cualquier acto que de cualquier manera le restrinja tales derechos, evidentemente estará violando los preceptos constitucionales antes invocados. Lo anterior se evidencia en el hecho de que no habiendo vida, no existe persona y, por tanto, no hay centro de imputación de derechos y obligaciones. En el caso concreto, con la reforma aprobada por la mayoría de la Asamblea Legislativa a la fracción III del artículo 334 del Código Penal, un individuo que por cualquier razón presente alguna alteración genética o congénita, que supuestamente a criterio de dos personas ajenas dañe su salud, al límite que pueda poner en riesgo su sobrevivencia, no se le permite vivir y llegar a su muerte natural, privándole de este derecho al aplicarle la muerte por eutanasia, la cual también es considerada como una conducta típicamente antijurídica, dolosa y culpable en nuestro derecho. Por tanto, esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decretar procedente la acción de inconstitucionalidad, y fundado el concepto de invalidez que se hace valer. Segundo concepto de invalidez. 1. Fuente de inconstitucionalidad: Artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal cuya invalidez se alega, mismo que fue adicionado por el decreto citado. 2. Precepto constitucional violado: Artículos 1o., 14, 16, 20, 21 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Concepto de invalidez: Como ya se expresó en los conceptos de invalidez anteriores, el derecho a la vida no puede ser restringido o suspendido por autoridad alguna. A. Las facultades del Ministerio Público se encuentran enunciadas en forma limitativa en los artículos 20 y 21 constitucionales, y derivado de las facultades aquí establecidas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal regula su actividad, y de esta legislación se concluye que el agente del Ministerio Público únicamente tiene las facultades que dicho ordenamiento le otorga expresa y limitativamente. El artículo 20 constitucional, en su último párrafo, al referirse a que la víctima tiene derecho a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera, se refiere a un derecho de la víctima, no a una facultad del Ministerio Público de ordenar la interrupción de un embarazo, facultad que no está previamente establecida por una ley. Se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no existe una ley expedida con anterioridad que faculte al Ministerio Público a ordenar la suspensión de un embarazo, pues correspondería a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y previamente a la Constitución otorgar estas facultades, y no a una simple ley adjetiva. Asimismo, no se puede alegar que el artículo 20 constitucional ya determina la atención médica de urgencia, porque esto es un derecho de la víctima, no una facultad del Ministerio Público, y en los asuntos criminales no cabe la interpretación por analogía o por mayoría de razón. B. El artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que se adicionó por el decreto mencionado, faculta inconstitucionalmente al Ministerio Público a autorizar la suspensión del embarazo cuando éste sea consecuencia de una violación y exista una denuncia por este delito. Por lo mismo, estas pretendidas facultades que el artículo otorga al Ministerio Público suponen ser medidas que se toman como resultado de la posible comisión de un delito. La garantía contenida en el artículo 21 constitucional prevé que corresponde a la autoridad judicial imponer las penas y al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. La ejecución de las medidas que deriven de la posible comisión de un delito corresponde a otras autoridades de carácter ejecutoras, no a una autoridad investigadora y persecutora, como es el Ministerio Público, máxime que en el caso ni siquiera se prevé que dichas medidas sean ordenadas por una autoridad judicial. C. El artículo 49 de nuestra Carta Magna prohíbe en su segundo párrafo que 'No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ...', y en el caso concreto se están reuniendo en el agente del Ministerio Público facultades que son propias de la autoridad judicial, como son la imposición de penas de acuerdo con el propio artículo 21 constitucional."
TERCERO. La parte actora estima que las normas cuya invalidez demanda transgreden los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, 21, 22, 49 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de dos de octubre de dos mil, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
QUINTO. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal manifestó en su informe, medularmente:
1) Que la procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad tiene como requisito esencial, que sea iniciada por cuando menos un tercio del total de los integrantes del correspondiente órgano legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) de la fracción II del artículo 105 constitucional, lo que en el caso no se satisface por lo siguiente:
a) Que como se desprende de la demanda, ésta no se firmó por tres diputados.
b) Que dos de los firmantes, esto es, Jacobo Bonilla Cedillo y Francisco Solís Peón, a pesar de haber impreso su signo gráfico, se trata de personas que se ignora quiénes sean, puesto que de las constancias de mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa que obran en el expediente, de cuatro de julio de dos mil, se aprecia que fueron electos dos diputados que llevan los mismos apellidos, sin existir certeza de que los firmantes sean tales, discrepancia que conforme a derecho debe tomarse en cuenta para examinar la procedencia de la acción.
c) Que las firmas que obran en la parte final de la demanda son ilegibles y no puede presumirse que se trate de las mismas personas, ante la imposibilidad de efectuar un cotejo de firmas, por lo cual existe duda y la ley no establece la suplencia de la deficiencia de la queja en cuanto al acreditamiento de la personalidad que deben ostentar los interesados, por ser de orden administrativo y de estricto derecho, además de ser de orden público e interés social el procedimiento legal en que se actúa, en el que se encuentran controvertidos intereses importantes y trascendentales de la sociedad.
Se citan en apoyo a las anteriores consideraciones los criterios de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESA ACCIÓN.", "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. CONCEPTOS DISTINTOS.", "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.", "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA." y "LEGITIMACIÓN 'AD CAUSAM' Y LEGITIMACIÓN 'AD PROCESUM'.".
2) Que en lo que concierne al primer concepto de invalidez que hace valer la parte actora, es infundado, toda vez que las reformas efectuadas permiten a las mujeres, en el ámbito del Distrito Federal, la interrupción de su embarazo en determinadas condiciones sin contravenir a la Ley Fundamental, ya que el producto de la concepción no goza de las garantías individuales establecidas por la misma, toda vez que su goce y disfrute solamente corresponde a individuos.
Que la parte actora, partiendo del falso concepto de que el producto de la concepción goza de garantías, pretende que exista contradicción entre lo dispuesto por la Ley Suprema del país y las reformas efectuadas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que permiten a las mujeres, en el ámbito del Distrito Federal, la interrupción de su embarazo en determinadas condiciones excluyentes de responsabilidad penal.
3) Que apoyándose en una indebida interpretación del artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal y aislada del diverso 337 del código referido, concluye erróneamente que nuestro derecho reconoce la capacidad jurídica de las personas físicas "en los términos planteados por dicha parte".
Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 337 del Código Civil, para los efectos legales sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Juez del Registro Civil; que del análisis del artículo precitado se desprenden dos eventos para tener por nacido al producto del embarazo y si no se satisfacen ambos no puede tenérsele por nacido y, consecuentemente, por tutelados sus derechos y garantías individuales, según una interpretación adecuada de la garantía constitucional contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal.
4) Que la garantía que protege el derecho a la vida se encuentra contenida en los artículos 14 y 22 constitucionales y de acuerdo con nuestro derecho únicamente es permisible la privación de la vida, cuando exista sentencia firme pronunciada en un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales y las leyes expedidas con anterioridad al hecho que así lo establezcan; que el análisis debe ubicarse en los alcances que debe tener el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.
Que la palabra "nadie" que contiene el aludido precepto constitucional, es un pronombre indefinido y lleva la connotación equivalente a ninguna persona, y dentro de nuestro derecho se deben llenar los requisitos que establece el Código Civil para tener el carácter de persona para ser sujeto de derechos y obligaciones.
5) Que al vincular el artículo 22 constitucional con el artículo 337 del Código Civil vigente, estableciéndose en el último una condición para que el producto del embarazo pueda ser considerado como viable y, por ende, sujeto de derecho, de no cumplirse con tales dispositivos no nos encontramos en la posibilidad de referirnos al nasciturus para considerarlo jurídicamente como una persona, pues no cumple con los supuestos que previene el Código Civil.
6) Que en la acción de inconstitucionalidad se esgrime como argumento toral el hecho de que se está violando el artículo 14 constitucional, por resultar presuntamente violadas las garantías individuales que le corresponden al no nacido, por existi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16974-24c75284/aborto-requisitos-para-que-se-configure-la-excusa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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