PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA SE INTEGRARÁ CON LOS HABITANTES DE LA UNIDAD TERRITORIAL, INCLUYENDO MENORES DE EDAD Y EXTRANJEROS, NO VIOLA EL DERECHO DE ASOCIACIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 4o., FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS ARTÍCULOS 57 Y 87 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRALORES CIUDADANOS Y LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS COLABORARÁN DE MANERA HONORÍFICA, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN IV, 108 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de mayo de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Alberto Lara Rivera, José Espina Von Roehrich, Obdulio Ávila Mayo, Mónica Leticia Serrano Peña, Jorge A. Flores Gutiérrez, José de Jesús López Sandoval, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, María Gabriela González Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Irma Islas León, Sofía Figueroa Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Jaime Aguilar Álvarez y Masarraza, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Héctor Mauricio López Velásquez, José Medel Ibarra, Martha Teresa Delgado Peralta, Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Arturo Escobar y Vega, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, quienes se ostentaron como diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"Órgano legislativo que emitió la norma general impugnada: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la discusión y aprobación del Decreto por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que hace a la promulgación y publicación del decreto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 42 Bis de fecha 17 de mayo de 2004. Norma general cuya invalidez se reclama: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes, son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. La Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal, crea un cuarto nivel de gobierno no contemplado por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3o., la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal crea un nivel de gobierno no contemplado en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 3o. de la citada ley dispone. ‘Artículo 3o. Son órganos de representación ciudadana en las Unidades Territoriales del Distrito Federal: I. Comité ciudadano; II. Consejo ciudadano.’. Se entiende que estas figuras jurídicas creadas tienen el carácter de autoridad, tanto por su origen como por las atribuciones que la impugnada ley les otorga, en consecuencia, violan lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 122. ... Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señale esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerá la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.’. a) Por su proceso de integración, previsto en los artículos 89, 90, 97, 99, 100 y 119: ‘Artículo 89. El comité ciudadano se conformará por nueve integrantes electos, bajo el principio de cociente natural y resto mayor.’. ‘Artículo 90. Para ser integrante del comité ciudadano se necesita cumplir con los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos. II. Residir en la unidad territorial cuando menos un año antes de la elección. III. No haber sido condenado por delito doloso que le corresponda pena corporal. IV. No desempeñar ni haber desempeñado algún cargo público, ni de dirección partidaria a nivel delegacional o estatal, cuando menos seis meses antes de la fecha de la elección.’. Capítulo IV. De la elección de los comités ciudadanos: ‘Artículo 97. El comité ciudadano de cada unidad territorial se elegirá por medio del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que cuenten con credencial de elector.’. ‘Artículo 99. La elección de los comités se llevará a cabo a través de planillas integradas por nueve candidatos. En la integración de las planillas se procurará la participación equitativa de hombres y mujeres, y ningún género podrá exceder el 70 por ciento.’. ‘Artículo 100. La organización del proceso de elección de los comités ciudadanos estará a cargo del Instituto Electoral de acuerdo a lo que establece esta ley.’. ‘Artículo 119. Las responsabilidades en que incurran los integrantes del comité ciudadano en el desempeño de sus funciones se regirán por lo establecido en la presente ley y por las demás disposiciones aplicables.’. b) Por la autoridad competente de organizar el proceso para integrarlos y resolver sus controversias, conforme a lo dispuesto en los artículos 96, 100, 121 y 126 de la citada Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal: ‘Artículo 96. La resolución de conflictos, las remociones y las sustituciones en los comités ciudadanos serán atendidas y resueltas por el Instituto Electoral del Distrito Federal.’. ‘Artículo 100. La organización del proceso de elección de los comités ciudadanos estará a cargo del Instituto Electoral de acuerdo a lo que establece esta ley.’. ‘Artículo 121. La separación o remoción de uno o más integrantes del comité ciudadano podrá ser iniciada por las dos terceras partes de éste. Solicitud que será resuelta por el órgano designado por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal serán apelables en última instancia ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Durante el proceso de separación o remoción el integrante o integrantes del comité ciudadano, tendrá o tendrán (sic) durante de ser escuchado por las autoridades del Instituto Electoral en lo que a su defensa convenga.’. ‘Artículo 126. El consejo ciudadano será la instancia de representación de los comités ciudadanos que tendrán contacto directo, a través de sus comisiones, con las autoridades de la demarcación territorial y con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.’. Por la obligatoriedad de cumplir sus resoluciones, conforme al artículo 9o. de la Ley de Participación Ciudadana: ‘Artículo 9o. Las y los habitantes del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones: ... III. Respetar las decisiones que se adopten en las asambleas ciudadanas de su unidad territorial, y ...’. ‘Artículo 78. Las resoluciones de la asamblea ciudadana serán de carácter obligatorio para el comité ciudadano, y para los vecinos de la unidad territorial que corresponda.’. ‘Artículo 88. El comité ciudadano tendrá las siguientes funciones: ... V. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana.’. Por la naturaleza de la forma de elección y el carácter de las decisiones que toman estos nuevos órganos se concluye que son parte de nivel de gobierno no contemplado por la Constitución de la República en el artículo 122, ni por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Los requisitos contemplados en el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana son similares a los requisitos para los integrantes del comité ciudadano, inclusive se contempla en la fracción III un requisito más no contemplado, por ejemplo, en lo relativo a los integrantes de la Asamblea Legislativa, como lo dispone la fracción I de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: I. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución.’. Por otra parte, no son parte de la administración del Gobierno del Distrito Federal porque no está contemplado el nombramiento de los integrantes del comité ciudadano conforme al inciso d) de la base segunda, ni en la base tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 122. Definida. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: ... Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal: ... d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes. Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal: I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal. Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.’. En ninguno de los ordenamientos anteriores se hace referencias a los órganos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Segundo concepto de invalidez. El artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana viola lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal contraviene el contenido del artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al darle la posibilidad de participar en la asamblea ciudadana a quienes no tienen la categoría de ciudadanos. ‘Artículo 75. En cada unidad territorial habrá una asamblea ciudadana, que se reunirá al menos tres veces por año, será pública y abierta y se integrará con los habitantes de la unidad territorial, los que tendrán derecho a voz, y con los ciudadanos de ésta que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán derecho a voz y voto. No se podrá impedir la participación de ningún vecino del lugar en la asamblea ciudadana sin causa justificada. En éstas podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz.’. La parte final del párrafo segundo de este artículo 75 contradice lo estipulado en el artículo 9o. de la Constitución de la República respecto de la participación de los ciudadanos en órganos deliberativos, pues sólo los ciudadanos mexicanos pueden asociarse o reunirse para deliberar en los asuntos políticos del país. ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. ...’. El artículo 34 de la Constitución define quiénes son ciudadanos en México: ‘Artículo 34. ... Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener modo honesto de vivir.’. Supuesto que se viola con el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Además la asamblea ciudadana tiene atribuciones deliberativas y puede incidir respecto de problemas propios de la demarcación territorial, conforme lo disponen los artículos 77 y 78 de la citada ley. ‘Artículo 77. La asamblea ciudadana podrá decidir el uso de los recursos públicos destinados por el Gobierno del Distrito Federal y el órgano político administrativo de la demarcación, correspondientes a programas específicos cuyas reglas de operación así lo establezcan, para lo cual deberán nombrar comités ciudadanos de administración y supervisión. Los comités ciudadanos de administración y supervisión nombrados por la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones que establezcan las reglas de operación de los programas referidas en el párrafo anterior. La asamblea también aprobará los diagnósticos y propuestas de desarrollo integral que se les presenten, los que podrán ser tomados en cuenta en la elaboración de los presupuestos correspondientes. El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que se refiere este artículo, se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite para ese solo efecto y por mayoría de votos de los asistentes. Tratándose de remoción los integrantes afectados deberán ser citados previamente y podrán manifestar a los que a su derecho convenga y presentar las pruebas en la asamblea.’. ‘Artículo 78. Las resoluciones de la asamblea ciudadana serán de carácter obligatorio para el comité ciudadano, y para los vecinos de la unidad territorial que corresponda.’. De esta forma, se puede concluir que la participación en la asamblea ciudadana, sólo corresponde a los ciudadanos residentes en la unidad territorial y que en su caso, pueden llevar las peticiones de los menores, al Pleno de la misma, los ciudadanos que tengan su representación legal. Tercer concepto de invalidez. El artículo 87 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal viola lo dispuesto en la fracción IV del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ningún cargo de elección popular será gratuito y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal concede la categoría de honorífica a los integrantes del comité ciudadano. ‘Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: ... IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y ...’. Sin embargo, el artículo 87 de la Ley de Participación Ciudadana establece en su párrafo segundo: ‘Artículo 87. En cada unidad territorial se elegirá un comité ciudadano conformado por nueve integrantes. La representación será honorífica y el tiempo de duración de las integrantes del comité ciudadano será de tres años.’. Definitivamente es un cargo de elección popular, pues está comprendido en el texto de esta ley, por el proceso de elección y las autoridades que intervienen en su definición, mismas que han sido aludidas en el primer concepto de invalidez. Cuarto concepto de invalidez. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en sus artículos 4o., fracción X y 6o., disponen de una delimitación territorial distinta a la contenida en el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y viola lo dispuesto en el artículo 122, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de lo dispuesto por el artículo 122 Constitucional, en su base primera, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene las facultades para crear una unidad territorial como la contemplada en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. ‘Artículo 122. Definida. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución; c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la asamblea; d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la contaduría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y Registro Público de la Propiedad y del Comercio; i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obras públicas; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución; m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos; n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal; ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.’. Por otra parte, es materia del Estatuto de Gobierno delimitar la forma de organización de la administración pública local en el Distrito Federal. Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal: I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal. Asimismo, fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.’. El Estatuto de Gobierno define en su artículo 104 las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal. ‘Artículo 104. La administración pública del Distrito Federal contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial. Para los efectos de este estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente delegaciones. La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el número de delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa.’. Dicho ordenamiento no contempla la figura a que hacen referencia la fracción X del artículo 4o. y el artículo 6o. de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, ni la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crearla. ‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por: ... X. Unidad territorial: la división territorial del Distrito Federal para efectos de participación y representación ciudadana, que se hace con base en la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica; ...’. ‘Artículo 6o. Se consideran vecinos de la unidad territorial a las y los habitantes que residan por más de seis meses en la colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional que conformen la unidad territorial de que se trate. La calidad de vecino de la unidad territorial se pierde por dejar de residir en ésta por más de seis meses, excepto por motivo del desempeño de cargos públicos, de representación popular o comisiones de servicio que les encomiende la Federación o el Gobierno del Distrito Federal fuera de su territorio.’. Quinto concepto de invalidez. El artículo 57 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal contraviene lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 57 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal crea la figura de contralores ciudadanos quienes colaborarán de manera honorífica con la administración pública del Distrito Federal con la facultad expresa de garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público. ‘Artículo 57. La red de contraloría ciudadana es el instrumento de participación de las y los ciudadanos que voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración pública del Distrito Federal, para garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público.’. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 108 quiénes serán considerados como servidores públicos y designa como tales a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal. ‘Artículo 108. ... Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.’. En vista que los contralores ciudadanos tienen la encomienda de garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público, desempeñan una comisión que no puede ser honorífica con la administración pública del Distrito Federal, ya que viola lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ‘Artículo 127. ... El presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son 14, 16, 9o., 34, 35, 36, fracción IV, 108, 122 y 127.
CUARTO. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, al que le correspondió el número 19/2004, y por razón de turno, designó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que actuara como instructora en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de la misma fecha, la Ministra instructora admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara su pedimento.
QUINTO. La Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, al rendir su informe respectivo, coincidieron sustancialmente al manifestar, en síntesis:
1. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción II, en relación con los artículos 59 y 65 de la ley reglamentaria de la materia, así como con la fracción II, inciso e), del artículo 105 de la Constitución Federal, en razón de que la demanda de acción de inconstitucionalidad no cumple con los requisitos a que se refieren dichos preceptos, toda vez que la Ley de Participación Ciudadana es una norma general que conlleva actos en materia electoral, tal como se desprende de la sección segunda del capítulo IV de los artículos 97 y 116, que se refieren a los procesos de elección de los comités ciudadanos, así como por estar regulado por el Código Electoral del Distrito Federal, en su capítulo III, referente a los procesos de participación ciudadana.
2. Que el artículo 3o. de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, al establecer que el comité ciudadano y el consejo ciudadano son órganos de representación ciudadana, no contraviene lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Federal, puesto que no crea un cuarto nivel de gobierno, ya que su función no es propia de una autoridad u órgano de gobierno, sino que se constriñe a promover y ejercer la participación ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad; de tal suerte que sus decisiones no están dotadas de imperium, que constituye una característica propia de los órganos de gobierno; pues si bien es cierto que las decisiones tomadas por los referidos organismos de participación ciudadana obligan a los habitantes de la unidad territorial, también lo es que no tienen la facultad de imponer sanciones en caso de inobservancia.
Que tampoco puede considerarse que las organizaciones de participación ciudadan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18889-ae7f521f/participacion-ciudadana-el-articulo-75-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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