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CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 33 AL 38 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 33 AL 38 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o., 5o. Y 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE SEÑALA COMO AGRAVANTE EL ESTADO DE EBRIEDAD DEL INFRACTOR, O SU INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS TÓXICAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, EN CUANTO ESTABLECE LA IMPOSICIÓN DEL ARRESTO A LOS MENORES DE EDAD INFRACTORES DE DICHA LEY, VIOLA EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉ LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBABLE INFRACTOR, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, AL SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE CONCILIACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO OPERA TRATÁNDOSE DE LA DETENCIÓN MOMENTÁNEA DEL PROBABLE INFRACTOR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 107 AL 111 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE REGULAN LO RELATIVO AL REGISTRO DE INFRACTORES, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2004. · Registro digital (IUS): 20337
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: VEINTISIETE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 889.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2004. VEINTISIETE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de abril de dos mil siete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, Obdulio Ávila Mayo, Gabriela Cuevas Barrón, José Espina Von Roehrich, Sofía Figueroa Torres, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Gabriela González Martínez, Irma Islas León, Jorge Alberto Lara Ribera, José de Jesús López Sandoval, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Mónica Leticia Serrano Peña, Jaime Aguilar Álvarez y Mazarrasa, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Manuel Jiménez Guzmán, Héctor Mauricio López Velásquez, José Medel Ibarra, Francisco de Paula Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Bernardo de la Garza Herrera, Arturo Escobar y Vega, Sara Guadalupe Figueroa Canedo y Martha Teresa Delgado Peralta, quienes se ostentaron como integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:

I. Autoridad que emitió y promulgó la norma general impugnada:

A. Órgano legislativo: Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura en cuanto hace a la discusión y aprobación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y en cuanto a la emisión del decreto que contiene dicha ley, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 48 bis de fecha 31 de mayo de 2004.

B. Órgano Ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: Jefe de Gobierno del Distrito Federal en cuanto a la iniciativa, promulgación y publicación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que se contiene en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 48 bis, de fecha 31 de mayo de 2004.

II. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que se contiene en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 48 bis, de fecha 31 de mayo de 2004, únicamente por lo que hace a sus artículos 4o., 6o., 9o., fracción XVI, 24, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII, 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV y XVII, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 55, 60, 74, último párrafo y 107, 108, 109, 110 y 111.

SEGUNDO. Los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura formularon como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Artículos 5o., 21 y 123, fracción III, (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: La constituyen los artículos 9o., fracción XVI, en relación con los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de mayo de 2004, que establecen: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). ‘Artículo 33.’ (se transcribe). ‘Artículo 34.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 36.’ (se transcribe). ‘Artículo 37.’ (se transcribe). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Los preceptos legales anteriormente transcritos, prevén las ‘actividades de apoyo a la comunidad’ como una opción para cumplir con la sanción. En esencia, se trata de trabajo en favor de la comunidad, que va en contra de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la imposición de trabajos personales sin retribución y sin consentimiento sólo puede ser impuesto como pena por autoridad judicial, empero el Juez Cívico es formalmente autoridad administrativa, no obstante que materialmente lleve a cabo la imposición de sanciones. En efecto, los preceptos impugnados vulneran la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. constitucional, al privar al infractor del producto de su trabajo por resolución de autoridad administrativa. Los elementos de la libertad de trabajo establecidos en este precepto constitucional, son los siguientes: 1. Una injusta retribución y. 2. Pleno consentimiento. El término ‘justa retribución’, se refiere a ‘toda remuneración que esté de acuerdo y en proporción con la naturaleza misma del servicio que se preste, así como en consonancia con las dificultades de su ejercicio’. De la lectura de los dispositivos que se consideran inconstitucionales, se desprende que aun cuando el infractor, en apariencia conviene en cumplir con actividades de apoyo a la comunidad de manera libre, la verdad de las cosas es que lo hace a cambio de no sufrir un arresto que se traduce en una afectación de su persona, en perjuicio de su libertad personal. Evidentemente, resulta menos lesivo prestar trabajos a favor de la comunidad que verse privado de la libertad, de ahí que se afirme que el consentimiento que pueda otorgar el responsable para prestar este tipo de trabajos, sea nulo por darse de manera coaccionada. Aquí tienen aplicación las palabras de Ignacio Burgoa, al señalar que: ‘cuando al hombre le sea impuesta una actividad que no se adecue a la teleología que ha seleccionado, no sólo se le imposibilita para ser feliz, para desenvolver su propia personalidad, sino que se le convierte en un ser abyecto y desgraciado’. A mayor abundamiento, el pleno consentimiento para prestar trabajos a favor de la comunidad debería manifestarse de una manera libre y espontánea, porque de no otorgarse en esta forma, se estaría imponiendo como pena pública, lo que sólo es posible por resolución de autoridad judicial, según lo previsto por el artículo 5o. constitucional y cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 123, fracciones I y II, (sic) de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, ajustándose a jornadas limitadas. Ahora bien, en virtud de que las disposiciones de la Ley de la Cultura Cívica del Distrito Federal se hacen extensivas a los menores de 18 años, puede afirmarse que los preceptos que se transcriben violentan también lo establecido en el artículo 123, fracción III, (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la prohibición de utilizar el trabajo de los menores de 14 años. Por ello, la conmutación de la sanción por actividades de apoyo a la comunidad, no podría imponerse a los individuos mayores de 11 años y menores de 14, so pena de violentar los principios fundamentales de nuestro orden jurídico mexicano. Por otra parte, los servicios públicos que se enumeran en el artículo 36 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, no encuentran identidad con el catálogo de servicios públicos obligatorios, aunque retribuibles, según lo dispuesto por el propio artículo 5o. constitucional, que en la parte que interesa establece: (se transcribe). Es de advertirse, que a pesar de que el legislador constitucional estableció una excepción para el establecimiento de trabajo obligatorio, también acotó el hecho de que el trabajo obligatorio sólo puede consistir en servicios públicos, que estos servicios públicos deberán encuadrarse dentro del catálogo establecido en el propio artículo 5o. constitucional y que, adicionalmente, tienen que ser retribuidos. Lo anterior nos lleva a concluir que las actividades de apoyo a la comunidad son francamente violatorias de la libertad de trabajo, al tratarse de un trabajo prestado bajo un consentimiento viciado, sin contar con la justa retribución y por ser trabajos de los que la Constitución no prevé posibilidad alguna de que puedan ser obligatorios. Razón suficiente para declarar inconstitucionales los preceptos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que se impugnan. Por si esto fuera poco, el trabajo a favor de la comunidad, con independencia de la denominación que se le dé, tiene el carácter de pena pública, según se establece en el artículo 30, fracción IV, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y consiste ‘en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas de asistencia o de servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas que la ley respectiva regula’ (Ibidem, artículo 36). Las actividades de apoyo a la comunidad al tener la naturaleza de pena pública, no pueden ser impuestas a consecuencia de infracciones cívicas. Debe destacarse aquí que el artículo 21 constitucional sólo permite la imposición de multa o arresto hasta por 36 horas por infracciones a los reglamentos gubernativos, proscribiendo la posibilidad de imponer cualquier otro tipo de sanción, es el caso de las actividades de apoyo a la comunidad. Asimismo, al permitirse indebidamente en el artículo 9o., fracción XVI, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, el establecimiento de equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realización de las actividades de apoyo a la comunidad, se le está dando competencia a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal para que verdaderamente establezca conmutaciones del arresto que corresponda al infractor, por actividades de apoyo a la comunidad, lo cual es contrario al espíritu del artículo 21 constitucional, al rebasar las determinaciones en donde se establece la competencia de la autoridad administrativa, ya que el trabajo a favor de la comunidad no puede aplicarse como sanción por la comisión de infracciones cívicas, con independencia de que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, carece de atribuciones para imponer sanciones por la comisión de infracciones cívicas por violación a los reglamentos gubernativos. A mayor abundamiento, debemos informar a esa superioridad que no existe disposición constitucional alguna que faculte a dicha autoridad administrativa para llevar a cabo dichas funciones. No pasa (sic) por alto a este estudio, las deficiencias e inseguridad jurídica que presenta el artículo 34 de la ley que se impugna, al establecer la posibilidad de que tanto la administración pública del Distrito Federal, como las delegaciones envíen a la consejería propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas por los infractores, cuando por otra parte, el artículo 36 establece un catálogo taxativo de la naturaleza de dichas medidas. Por ello, el artículo 34 y el 36 al establecer el primero la posibilidad de proponer actividades de apoyo a la comunidad, y el segundo, al señalar el catálogo de actividades que determinó el legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura. Asimismo, el último párrafo del artículo 34 presenta una redacción insidiosa, al establecer: (se transcribe). Es evidente que las actividades de apoyo a la comunidad no pueden considerarse como una prerrogativa, entendiéndose por tal ‘privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello’, según el diccionario de la Real Academia Española. Es éste uno de los casos en que con eufemismos se pretenden ocultar situaciones que atentan contra la dignidad y derechos humanos de los individuos, en virtud de las consideraciones sobre constitucionalidad que se han desarrollado a lo largo de este concepto de invalidez. Es importante hacer notar también que la facultad discrecional del Juez Cívico para conmutar el arresto por trabajo comunitario aun tratándose de la realización de conductas graves o cuando exista reincidencia, violenta el espíritu del artículo 21 constitucional, en donde se prevé que las sanciones administrativas consistirán en multa o arresto únicamente, y en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa (Juez Cívico) cambia de (sic) esquema de sanciones previsto en dicho artículo 21, al imponer como sanción por la comisión de una falta administrativa, la realización de actividades de apoyo a la comunidad con sólo pedirlo el infractor, aun en aquellos casos en donde las faltas cometidas sean de tal gravedad que pongan en riesgo la estabilidad de la convivencia comunitaria. Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusión de que los artículos 9o., fracción XI, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que se estudiaron, adolecen de inconstitucionalidad y, por tanto, se solicita a su señoría se declare procedente el presente concepto de invalidez, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de dichos preceptos legales. Segundo concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Artículos 2o., apartado A, fracción VIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: Artículo 42 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de mayo de 2004. El artículo de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que se impugna, establece: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal no establece una protección adecuada de los derechos lingüísticos de los indígenas, particularmente el texto del mencionado artículo 42 es contrario al reconocimiento de las lenguas indígenas que tuvo verificativo mediante la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 2001, en la que se reconoció el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a usar su propia lengua, con independencia de si hablan español o no. La mencionada disposición legal condiciona de manera arbitraria la utilización o el recurso a un intérprete a que no se hable español, contraviniendo con ello el principio constitucional previsto en el citado artículo 2o. de nuestra Carta Magna. Esto es así, ya que el artículo 2o. constitucional en su fracción VIII del apartado A establece: (se transcribe). Como se advierte claramente del texto constitucional antes transcrito, el derecho que se consagra a favor de los indígenas para hacer efectiva la garantía de contar con intérpretes y defensores cuando se encuentren involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, no se encuentra condicionado a su grado de conocimiento del idioma, por lo que la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal al establecer en su artículo 42 la condición de que no se hable español para que los presuntos infractores tengan derecho a dicha garantía constitucional, evidentemente transgrede a todas luces el mencionado dispositivo constitucional, habiéndose excedido en sus facultades el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, al establecer mayores requisitos que los que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, con el texto de la disposición legal que se combate de inconstitucional, se atenta contra los principios del Convenio (Núm. 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, aprobado por el Senado el 11 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991, que se apoyó para su expedición en el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven, lo que de ninguna manera es atendido por la mencionada Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal, particularmente por su artículo 42, al no respetar el derecho lingüístico de las comunidades indígenas. Este acuerdo internacional establece la obligación de los Estados parte de asumir la responsabilidad para llevar a cabo medidas que aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar, en igualdad de circunstancias, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, lo que evidentemente con el texto del mencionado artículo 42 no se cumple, dejando en estado de indefensión a los indígenas, así como que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de sus pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Abunda dicho acuerdo internacional, señalando que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, y que los gobiernos podrán consultarlos cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo que no sucedió en la especie, ya que lejos de haber solicitado su opinión sobre la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, y sobre todo, de su artículo 42, a través del texto de este dispositivo legal, restringe su derecho a acceder a los intérpretes y defensores que nuestra Constitución prevé en su favor al hecho de que no hablen español. El propio acuerdo internacional establece que los pueblos indígenas deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos representativos para asegurar el respeto efectivo de tales derechos, además de que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces. Como ya se comentó anteriormente, este principio también se ve vulnerado por el referido artículo 42 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en donde sin facultad alguna, el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, se excede de sus facultades constitucionales, al condicionar el ejercicio del derecho para las comunidades indígenas de contar con intérpretes y defensores en los procedimientos judiciales y administrativos en los que se encuentran involucrados a la circunstancia de que no hablen español. Este arreglo internacional es de aplicación obligatoria en nuestro país, al constituirse como Ley Suprema de toda la Unión, tal como lo establece el artículo 133 constitucional que consagra el principio de la supremacía constitucional, en los siguientes términos: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). De lo establecido en este precepto constitucional se puede deducir que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano respecto de la Constitución Federal y. por tanto, su observancia es obligatoria, por lo que se deben respetar las disposiciones contenidas en los mismos. Esto es así, porque los tratados internacionales son compromisos asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades, tanto federales como estatales y municipales, frente a la comunidad internacional, por tanto, su acatamiento resulta obligatorio. En consecuencia, cualquier ley o disposición normativa que se expida con posterioridad a la entrada en vigor de un acuerdo o tratado internacional, en contravención al mismo, deberá decretarse como inconstitucional, como es el caso del multicitado artículo 42 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en congruencia con lo establecido en la jurisprudencia del rubro: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, que se transcribe más adelante. Por los razonamientos antes señalados, esa superioridad deberá declarar la inconstitucionalidad del mencionado artículo 42 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Tercer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Artículos 1o., 5o., 11, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de la inconstitucionalidad: La constituye lo dispuesto por los artículos 6o., 24, fracciones I, VII y VIII, así como 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que a la letra establecen: ‘Artículo 24.’ (se transcribe). ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Los preceptos citados vulneran la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el imperativo de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento; entendiendo por fundamentación, la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por motivación la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate, tal como ya ha sido bastante estudiado en la jurisprudencia nacional; en los términos siguientes: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). Esta garantía genérica de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato que se proyecta en todas las autoridades, incluido el Poder Legislativo, en cuyo caso, la garantía de legalidad significa que los actos legislativos deben cumplir con la fundamentación y motivación debida, so pena de vulnerar el derecho que tienen todos los individuos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Respecto de la garantía de legalidad en los actos legislativos, tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: ‘FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). En efecto, dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y motivación se realiza de una manera sui generis respecto de la generalidad de los actos de autoridad, según la tesis referida; en este caso, debe entenderse por fundamentación la existencia de la facultad a cargo del órgano legislativo de regular determinada materia y, por motivación el hecho de que las leyes que se emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas. Aquí debe tenerse en cuenta que la iniciativa de una ley, así como los dictámenes y debates que se realizan durante el proceso legislativo, también forman parte de éste, y que en la mayoría de los casos, sirven para determinar la debida fundamentación y motivación del referido proceso, tal como lo ha establecido ese Alto Tribunal en la siguiente tesis: ‘INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.’ (se transcribe). Es de advertirse, reiteramos, que la fundamentación de los actos legislativos se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, en tanto que la motivación se surte cuando las normas generales que el órgano colegiado emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, de lo cual se sigue, que para cumplir el requisito de motivación exigido por la Ley Fundamental, las normas que dicte el órgano legislativo, en este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, deberán surgir del reconocimiento que haga el legislador de las necesidades y reclamos de la sociedad que demanden una solución, a través de una debida regulación jurídica. Es evidente la exigencia de que las normas que se emitan correspondan efectivamente a las relaciones sociales que se pretenden regular, esto es, que haya adecuación y coherencia entre los preceptos normativos que se dicten con las necesidades sociales que se pretenden satisfacer, ya que de otra forma la motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional se ve vulnerada. Respecto de los preceptos que se impugnan de inconstitucionales (artículos 24, fracciones I, VII y VIII, y 25, fracciones XI y XXII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, cumplió con la fundamentación debida al actuar dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), del que se deriva su atribución para legislar en materia de justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno. Sin embargo, en el caso de las normas impugnadas, no se cumplió plenamente con el requisito relativo a la motivación, en virtud de que estos preceptos no están dirigidos a regular relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas, más bien, permiten advertir una política sancionadora de algunas clases sociales, sin justificar de manera alguna las causas que las motivaron. Del análisis de los debates y dictámenes emanados del Poder Legislativo Local, se advierte que la emisión de tales preceptos no corresponde a relaciones sociales que reclamaban de una regulación, sino que se dirigen a regular una hipótesis diversa, vinculada con relaciones sociales a las que el órgano legislador no aludió concretamente y que tampoco se pueden tener por existentes ni menos aún que reclamen de la regulación contenida en la norma que se impugna, considerando el hecho de que no se advierte de los antecedentes del proceso legislativo, datos, información o argumentaciones específicas en torno al número de casos en que las actividades descritas hayan violentado la ‘tranquilidad de las personas’ o ‘seguridad ciudadana’, que según los propios artículos 24 y 25 de la ley impugnada, son el objeto de tutela. No pasa por alto a este estudio, que de acuerdo con los ejes discursivos de las iniciativas, las fuentes específicas para llevar a cabo la ponderación de la necesidad de regular algunas conductas incorporadas a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, fue la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretaría de Seguridad Pública que reportaron quejas respecto de conductas que no estaban previstas en la anterior ley, como disparos de arma de fuego, presencia de ebrios e intoxicados en la vía pública, riñas y ruido excesivo. Sin embargo, puede advertirse con toda claridad que la necesidad de regulación de esas conductas, no tiene vinculación con las que ahora se impugnan y que tal recurrencia de llamadas no puede constituir la motivación de las fracciones que en este concepto de invalidez se impugnan (artículos 24, fracciones I, VII y VIII, y 25, fracciones XI y XII) que se refieren a las actividades de prostitución, gestión en dependencias públicas, reventa y trepar en elementos constructivos para observar en predio ajeno. En estos últimos casos, no existe una lesión o puesta en peligro de los bienes o intereses de terceros, se trata, por mucho, de un comportamiento de peligro abstracto, cuya prohibición obedece a criterios de naturaleza moral y que son incompatibles con los principios de las sociedades seculares. En conclusión, no existe la necesidad de regular estas últimas relaciones sociales. Asimismo, debe advertirse en las fracciones que se citan, una justicia cívica de autor, más que de hecho, que sería la ideal. En esencia, la fracción I del artículo 24 que sanciona la prestación de un servicio no solicitado y la coacción para el pago, va dirigida a los conocidos ‘limpia parabrisas’, en tanto que la fracción VII del artículo 24 que sanciona la prostitución, la invitación a la misma y la solicitud del servicio, en nada vulneran la tranquilidad de las personas, por lo que no existe correspondencia entre el precepto legislativo y la relación social que requiere ser regulada. En estos casos, se advierte que no existe valor jurídico protegido y que la sanción se dirige más hacia los sectores marginados de la población, que a la inhibición y sanción que atentan contra la tranquilidad de las personas. Asimismo, por lo que se refiere a la fracción VIII del artículo en cita, se advierte que no se sanciona la actividad, sino al sujeto que la realiza, y sólo podría ser así en virtud de que la gestión en los trámites no podría considerarse ilícito o lesivo de la tranquilidad ciudadana. He aquí otro tipo sancionador dirigido a cierto sector de la sociedad, más que a sancionar una actividad por dañar valores jurídicos de la sociedad o dirigidos a preservar el orden público, lo que trae como consecuencia la falta de motivación del acto legislativo al no existir la necesidad de regular esta relación social. Con independencia de lo anterior, se advierte la falta de técnica legislativa en la fracción VIII del artículo 24 impugnado, cuya redacción hace pensar que el ofrecimiento de gestión de trámites se puede llevar a cabo válidamente con ‘autorización’. Las restantes violaciones constitucionales de estas fracciones se detallan líneas abajo. Por otra parte, el artículo 25, dirigido a proteger la seguridad ciudadana, sanciona en sus fracciones XI y XII la conocida ‘reventa’ y el trepar en elementos constructivos para observar al interior de un predio ajeno. Se destaca aquí una aplicación excesiva del régimen sancionador. Por lo que hace a la primera conducta, no puede esgrimirse relación válida que vincule dicha conducta con la protección de la seguridad ciudadana, lo que evidencia falta de motivación del acto legislativo. Asimismo, existe inseguridad jurídica ante la dificultad de determinar cuáles son los precios autorizados, recordemos que en la venta de boletos para espectáculos públicos, no existen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20337-e2bb2f0f/cultura-civica-del-distrito-federal-el-articulo-9o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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