ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 389, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, NO VIOLA EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO ÉSTE CONTEMPLA UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, NO VIOLA EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de febrero de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiséis de enero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Espina Von Roehrich, Obdulio Ávila Mayo, Mónica Leticia Serrano Peña, Carlos A. Flores Gutiérrez, Jorge A. Lara Rivera, José de Jesús López Sandoval, Gabriela Cuevas Barrón, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, María Gabriela González Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Irma Islas León, Sofía Figueroa Torres, Manuel Jiménez Guzmán, María Claudia Esqueda Llanes, José Medel Ibarra, Mauricio López Velázquez, Norma Gutiérrez de la Torre, Jorge García Rodríguez, Jaime Aguilar Álvarez y Masarraza, Bernardo de la Garza Herrera y Francisco Agundis Arias, quienes se ostentaron como diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
"II. Órgano legislativo que emitió la norma general impugnada: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en cuanto hace a la discusión y aprobación del decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal (sic) y en particular por la discusión y aprobación de los artículos 389, 390, 391 y 392 de dicho código y el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, para el ejercicio del año 2004, ambos publicados el 26 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. III. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto al decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal (sic) y el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, para el ejercicio del año 2004. IV. Norma general cuya invalidez se reclama: decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal (sic), específicamente los artículos 389, 390, 391 y 392 y el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, para el ejercicio del año 2004, ambos publicados el día 26 de diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Por decreto publicado el 14 de junio del año 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el título cuarto y se adicionó el párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Artículo único. Se modifica la denominación del título cuarto y se adiciona un párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Título cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Artículo 113. ... La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Federación, las entidades federativas y los Municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes: a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización; y, b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su consiguiente entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos. Por su parte, el Código Financiero vigente para el Distrito Federal en sus artículos 389 al 392 dispone: ‘Artículo 389. De conformidad con la legislación aplicable y lo establecido en la Constitución y estatuto, el Distrito Federal tiene la obligación de pagar los daños que se causen en los bienes o derechos de los particulares, con motivo de su actividad administrativa que no cumpla con las disposiciones legales y administrativas que se deben observar. Los pagos de indemnización se efectuarán una vez que se haya comprobado que efectivamente le corresponde al particular la indemnización. Dichos pagos atenderán a las disposiciones de este código y estarán a cargo del presupuesto de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado a los que se hayan encontrado adscritos los servidores públicos que los causen. En tratándose de servidores públicos de los órganos a que se refiere el artículo 449 de este código, los pagos estarán a cargo del presupuesto de los órganos en que se encuentre adscrito el servidor público que haya causado el daño. Los pagos a que se refiere este precepto, estarán sujetos en todo momento a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.’. ‘Artículo 390. Para efectuar los pagos a que se refiere el artículo anterior el documento justificante del gasto, según el caso, será. I. La resolución firme en que la contraloría reconozca la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida, y en consecuencia ordene el pago correspondiente, siempre y cuando ésta no sea impugnada, por la autoridad competente; II. La recomendación de la comisión que haya sido aceptada por alguna dependencia o entidad en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios; III. La resolución firme del Tribunal de lo Contencioso que declare la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño y por tanto condene a su pago; IV. La resolución que haya quedado firme, dictada por cualquier órgano judicial competente, declarando la responsabilidad de indemnizar y por lo tanto ordene su pago; y, V. La recomendación de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que haya sido aceptada por alguna área, unidad, órgano desconcentrado o entidad, en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios.’. ‘Artículo 391. En los casos señalados en el artículo anterior cuando no se hubiese determinado en cantidad líquida el monto de la indemnización, la Procuraduría Fiscal, con base en la información proporcionada por las dependencias y entidades, determinará en cantidad líquida dicha reparación y lo hará saber a la secretaría para que ésta ordene su pago.’. ‘Artículo 392. El Distrito Federal exigirá de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los particulares, a que se refiere el artículo 389, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.’-Antes de entrar en materia, es de vital importancia hacer las siguientes precisiones: 1. La incorporación de un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro régimen jurídico, fue motivo de arduo análisis y debate tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, como de las Legislaturas de los Estados. La introducción de un régimen de responsabilidad objetiva y directa en nuestro sistema jurídico que obliga al Estado a indemnizar a los particulares cuando, con motivo de su actividad administrativa les cause un daño, sin que tengan el deber jurídico de soportar, es en esencia una nueva garantía individual. Recurriendo al sistema de fuentes, como método de interpretación, puede concluirse que, el Constituyente Permanente quiso que los gobernados contaran con una nueva garantía constitucional: la garantía de integridad patrimonial. De esta manera, la reforma constitucional alcanzó un estatus superior de lo que es la responsabilidad subjetiva, indirecta y solidaria que tutela el derecho civil. De la citada reforma constitucional deriva la responsabilidad patrimonial del Estado, objetiva y directa. En ese sentido, conviene citar textualmente algunos de los aspectos más importantes que se consideraron en las minutas de la Cámara de Diputados y de Senadores, para entender la teleología de la reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial. Se citan textualmente algunos extractos de dichas minutas: Dictamen aprobatorio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales del Distrito Federal, por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘II. Considerando que, como se mencionó en los antecedentes, ya está prevista la responsabilidad del Estado en nuestra legislación, podría parecer que no es necesaria una nueva iniciativa de modificación legal; no obstante lo anterior, cabe hacer la siguiente precisión que reafirme la conveniencia de llevar a cabo la reforma propuesta. En efecto, aunque ha habido un progreso en el tema de la responsabilidad del Estado en nuestras leyes es de la opinión general que hacer efectiva esa responsabilidad, en nuestro país, resulta prácticamente imposible; y que son muchos los casos en los que por la actividad pública se causan daños a los particulares en sus bienes o derechos y que quedan sin resarcimiento alguno. Una de las razones que explican esta situación es, precisamente, que los principios en que se funda la actual responsabilidad del Estado, son los de la teoría de la culpa civil y los de la responsabilidad subsidiaria. Así pues, la doctrina moderna y los sistemas jurídicos de otros países nos han llevado a la conclusión de que la responsabilidad del Estado debe regirse por los principios propios del derecho público, en concreto del derecho administrativo, estableciendo una responsabilidad directa y objetiva, sin necesidad de demostrar la culpa del servidor público, siendo, en cambio, indispensable la prueba del daño ocasionado y el nexo causal con la actividad del Estado. En opinión de estas comisiones, las iniciativas en dictamen consiguen este propósito. ... I. Ambas iniciativas proponen reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado a nivel constitucional. Los miembros de estas comisiones dictaminadoras coinciden en este punto con las iniciativas, no obstante que en algunos países la responsabilidad del Estado toma su fundamento en las leyes secundarias, sin estar consagrada en sus Constituciones. Estamos ciertos de que el efecto de establecerlo en la Constitución, es el de darle carácter de norma superior, que obligue y limite al legislador ordinario; de esta forma se garantiza que la responsabilidad directa y objetiva del Estado será regulada tanto en la legislación federal como en la de las entidades federativas. Si no se estableciera a nivel constitucional, quedaría a discreción del legislador ordinario establecer un sistema de responsabilidad directa o subsidiaria, con lo que, en primer lugar, no se conseguiría el propósito de proteger plenamente al particular, y, en segundo término, se darían sistemas de responsabilidad distintos en cada entidad federativa, con la consiguiente inequidad e inseguridad jurídica. Por estos motivos, estas comisiones consideran que las bases de la responsabilidad del Estado deben establecerse a nivel constitucional. b) Aunque es evidente que al establecer una obligación para la autoridad, que es la de responder por los daños causados, se otorga un derecho al particular, este derecho no pierde su categoría ni su efectividad por encontrarse en la parte orgánica de la Constitución. Es de general aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia, que los derechos que se establecen en la Constitución gozan de la misma protección y tienen la misma jerarquía, independientemente de su ubicación formal. Atendiendo a los anteriores
azonamientos, y al principio de que, por técnica legislativa, hay que evitar las reiteraciones en el texto constitucional, consideramos que no es necesario establecer la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la parte dogmática, bastando que se incluya en la orgánica. VI. El objeto de la presente iniciativa, como se ha mencionado ya en este dictamen, es establecer la garantía de integridad patrimonial a favor de los particulares, y el correspondiente deber de la autoridad de indemnizar por los daños causados. Con el fin de lograr este propósito, consideramos necesario, como se propone en una de las iniciativas en comento, que en el texto del artículo se señale que la responsabilidad patrimonial del Estado será directa y objetiva, de manera que el legislador quede obligado por el Texto Constitucional a establecer en ley la responsabilidad directa del Estado, no pudiendo establecer un régimen de responsabilidad patrimonial subsidiaria o indirecta, pues éste es precisamente el status quo que pretende modificarse. Los particulares no tienen la obligación jurídica de soportar el daño que sufran por la actividad administrativa del Estado, ya que tal daño es antijurídico por sí mismo, al quebrantar los principios de equidad, bien común e igualdad; por un imperativo de justicia se debe restablecer la igualdad que se vulnera, por lo que el Estado debe repararlo. ... No obstante lo anterior, y con el fin de evitar un desajuste financiero contraproducente a los fines que se persiguen, estas comisiones consideran pertinente señalar lo siguiente: a) Debido a que la modificación constitucional propuesta significa un cambio diametral en nuestra estructura jurídica y administrativa, nos parece necesario señalar un periodo de vacatio legis suficiente para que se corra el lógico proceso de adaptación. Nos parece que la reforma deberá empezar a regir a partir del 1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; b) Con el objeto de hacer frente a las responsabilidades que se determinen, y para respetar el orden y equilibrio de los poderes, las autoridades administrativas deben señalar una partida presupuestal para el ejercicio fiscal que corresponda, que se aprobará dentro del presupuesto de cada una de las instancias del Gobierno Federal, Local y Municipal para ese año; c) Tomando como referencia la legislación comparada, y las experiencias que nos aporta, estas comisiones apuntaban la posibilidad de que en la legislación secundaria se estudie la capacidad financiera y se establezcan límites de indemnización según las diferentes áreas de servicio o actividad pública. Hay que tomar en cuenta que, por la naturaleza de los servicios, la cuantía de algunos daños puede ser mucho mayor en unas materias que en otras. Hacemos la aclaración de que esta posibilidad legislativa debería respetar, en nuestro parecer, tres parámetros: el principio de equidad, la responsabilidad directa y objetiva, y un proceso de gradualidad creciente en el pago de indemnizaciones. Del dictamen aprobatorio de la Cámara de Senadores. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. De la minuta sometida a nuestro estudio se desprende que su objetivo central es el de sentar las bases constitucionales para dar pauta a la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, ampliando de esta manera las garantías del gobernado frente a la administración. - ... El sistema que se establecerá en México permitirá que la responsabilidad a fincar cuente con dos importantes características: ser objetiva y directa. Será directa, en virtud de que la administración no responderá subsidiariamente por el servidor público relacionado con el daño, sino que podrá exigírsele al Estado, de manera inmediata, la reparación del mismo; por supuesto, dejando a salvo el derecho de repetición en contra del funcionario por parte de la autoridad. En cuanto a la responsabilidad objetiva, con ella nos referimos a que, ajena a la responsabilidad subjetiva, no dependerá de un actuar doloso o ilegal de un funcionario en particular. No pasa inadvertido a esta comisión, el hecho de que en el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados se haya precisado que el alcance de la responsabilidad del Estado se circunscribe a la lesividad de su actividad administrativa irregular. Dicha precisión es relevante, pues de esta manera se logra conjugar, en forma por demás atinada, la noción de ‘daños’ y el concepto de ‘responsabilidad objetiva y directa.’. Lo anterior supone que siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular; porque lo irregular en materia de responsabilidad objetiva es la producción del daño en sí mismo. En este sentido, no puede calificarse como regular una actividad administrativa que como tal, cause daños a los particulares o gobernados. No se considera prudente, por el momento, incluir la actividad normal o regular de la administración, dado que ese criterio no ha cobrado gran aceptación en nuestro derecho; sin perjuicio, por supuesto, de que el rumbo que tomen estas nuevas disposiciones permitan una revisión posterior sobre este punto. ... Como lo afirma acertadamente la colegisladora el marco jurídico con que contamos en la materia, actualmente, no es suficiente, exponiendo que: ‘Una de las razones que explican esta situación es, precisamente, que los principios en que se funda la actual responsabilidad del Estado, son los de la teoría de la culpa civil y los de responsabilidad del Estado, son los de la teoría de la culpa civil y los de la responsabilidad subsidiaria.’ (sic). Tomando en cuenta esa situación, se plantea dejar atrás la necesidad de demostrar la culpabilidad del servidor público, para requerir de manera indispensable, la prueba del daño ocasionado, y el nexo causal con la actividad estatal. ... Conclusiones. 1. Consideramos acertada la inserción de la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro orden jurídico, máxime al quedar ubicada en el rango de norma constitucional. 2. Esta medida legislativa significará un grave (sic) avance en el combate a la impunidad del Estado y el tradicional sentido de irresponsabilidad con que se ha venido conduciendo, donde nos hemos colocado al margen de la evolución que la figura de la responsabilidad ha tenido dentro del derecho en otras naciones. 3. Con esta reforma el Poder Legislativo apuesta lograr la solidez de Estado de derecho en México, seguros además, de que esta innovación repercutirá en la confianza de la población ante el despliegue de actividades del servicio público, y al fortalecimiento de las garantías de los particulares frente a la administración. 4. Los particulares no tienen la obligación jurídica de soportar el daño que les ocasione la actividad administrativa del Estado. Por ello, y ante el trastorno que esto implica, es de elemental justicia proveer la reparación que corresponda, sin importar que el emisor del mismo haya sido una autoridad. 5. La modificación constitucional que se dictamina significa un gran avance para nuestro sistema jurídico, al sentar las bases para otorgar mayores garantías a los particulares; en específico, en materia de seguridad jurídica, al dar sustento a la responsabilidad patrimonial del Estado en forma directa y objetiva. 6. Por último, consideramos apropiado no limitar estas disposiciones al ámbito de la administración federal, sino irradiar esta obligación a todos los niveles de gobierno, mismos que se encargarán de establecer los mecanismos necesarios para la protección de los gobernados, en un esfuerzo nacional por afrontar esta problemática. La adición de un párrafo segundo al artículo 113 constitucional obedeció a la incorporación y reconocimiento de una nueva garantía a favor de los gobernados: la garantía de integridad patrimonial, por virtud de la cual, quienes sufran un daño en sus bienes o derechos por la actividad administrativa del Estado, tienen el derecho de recibir una indemnización cuando no tengan la obligación jurídica de soportarlo. Un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter objetivo y directo, acogido por nuestro orden jurídico fundamental, establece un régimen que órbita en los derechos fundamentales de los ciudadanos. El sistema es objetivo porque no se requiere acreditar culpa, ilicitud, falta de cuidado o impericia en el autor del daño, para que se genere la responsabilidad; basta la existencia del daño para que se produzca ésta; pero el daño va asociado con la inexistencia del deber jurídico de soportarlo, es decir, que no haya causas de justificación capaces de legitimar el daño. De esta manera se afirma que la objetividad invariablemente va asociada con la producción del daño y que no debe haber causas que justifiquen su producción. El sistema es directo, porque no se requiere demandar previamente al autor del daño (servidor público), sino que directamente se demanda al Estado, aun cuando éste pueda ejercitar la vía de regreso contra el servidor público. El daño es el elemento central de la responsabilidad patrimonial del Estado. La distinción entre daño y perjuicio en la institución jurídica en comento, acogida por el Constituyente Permanente, radica en que se distingue del concepto vulgar de perjuicio, éste supone un mero detrimento patrimonial, mientras que el daño es el perjuicio antijurídico. Lo anterior es un elemento nodal para entender que la responsabilidad instituida en el artículo 113 constitucional, la que es de carácter objetivo y tutela la garantía de integridad patrimonial de los gobernados. Es decir, dicha responsabilidad, basada en principios de justicia conmutativa, genera la obligación del Estado de indemnizar a un particular que haya sido afectado en sus bienes o derechos, por la actividad administrativa irregular; el alcance de la misma se circunscribe a la lesividad de su actividad administrativa irregular. Dicha precisión es relevante, pues de esta manera se logra conjugar en forma por demás atinada la noción de ‘daños’ y el concepto de ‘responsabilidad objetiva y directa’. Lo anterior supone que siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular; porque lo irregular, en materia de responsabilidad objetiva, es la producción del daño en sí mismo. En este sentido, no puede calificarse como regular una actividad administrativa que, como tal, cause daños a los particulares o gobernados. Como se advierte, el papel de la responsabilidad patrimonial del Estado, como principio constitucional del Estado de derecho, está referido efectiva y necesariamente a la sumisión del poder al derecho. Tal sumisión comprende, de manera principal, el control de la legalidad de los actos de los órganos que ejercen el poder y por consecuencia, la obligación de resarcir los daños causados por la actividad ilegal. Así, la actitud del poder frente al límite que implica la imposición de responsabilidad por su ejercicio, depende sin duda, del mayor o menor desarrollo del Estado de derecho. En efecto, desde el momento en que el Estado es obligado a resarcir un daño por virtud de su responsabil
dad, constitucional o legalmente consagrada, se ve constreñido a tratar de adecuar su actuación con el fin de no producir ese daño en el futuro. Lo que necesariamente implica, que la responsabilidad patrimonial del Estado cumple una función de control; que la administración modere su actuación con la finalidad de evitar ser posteriormente condenada. Es preciso señalar que para entender lo que en esencia es la institución jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado, hay que entender sus aspectos elementales, pues la reforma constitucional fue producto de la dogmática jurídica desarrollada por otros países y así fue incorporada por el Constituyente Permanente en la reforma constitucional. De esta manera, la Constitución incorporó un sistema de responsabilidad objetivo y directo, el cual, difiere de la responsabilidad subjetiva, indirecta y solidaria que tutela el derecho civil. Dentro de nuestra legislación civil encontramos un sistema de responsabilidad basado en elementos que necesariamente revisten un juicio valorativo como la culpa, la ilicitud, la falta de cuidado, el incumplimiento de un deber, la impericia, inclusive el dolo, lo que evidentemente contrasta con un sistema de responsabilidad objetivo, donde no es trascendente, ni siquiera importante, si el agente actuó con culpa, de manera ilícita, dolosa o incumplió un deber de cuidado, sino que va a bastar la producción del daño. Este aspecto debe destacarse en función del concepto de invalidez que se hace valer, debido a que las normas que regulan la responsabilidad patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, contenidas en el Código Financiero del Distrito Federal, contravienen lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, pues estas disposiciones se apartan de regular la responsabilidad objetiva y directa, en contravención de lo dispuesto por el Constituyente Permanente; es decir, la Asamblea Legislativa reguló en el Código Financiero un sistema de responsabilidad, subjetivo e indirecto, tal como se expone en líneas adelante. A efecto de darle consistencia al presente concepto de invalidez, deben tomarse en cuenta algunos de los aspectos más relevantes que son concomitantes a la responsabilidad patrimonial del Estado, ya sea en el derecho comparado o en la doctrina, procurando demostrar con ello, que la incorporación de la responsabilidad patrimonial del Estado en México, obedeció a una institución con una verdadera dogmática jurídica y que contrasta con la regulación contenida en las normas cuya invalidez se demanda. El sistema venezolano ha tratado de diseñar un esquema de responsabilidad patrimonial en el cual, el daño es el elemento central, en virtud de la garantía de integridad patrimonial del particular frente a la actividad o inactividad del Estado. El derecho español reconoce como presupuestos de la responsabilidad de la administración el carácter objetivo y directo. La responsabilidad de la administración que configura la ley es una responsabilidad de tipo directo y objetivo, siguiendo la pauta iniciada por el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Responsabilidad directa, en cuanto la administración responde de los daños cometidos por sus agentes de modo directo y no subsidiario, sin perjuicio de que en algunos casos la administración pueda repetir contra el agente culpable. La responsabilidad es objetiva en la medida que no requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la responsabilidad subjetiva, propia del derecho civil. Por su parte, en el seno de la Naciones Unidas, derivado de las múltiples sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, se han centrado los esfuerzos para definir lo que es daño. De esta manera, en el 47o. periodo de sesiones de la comisión antes indicada, celebrada en el año de 1995, se presentó el 11o. informe del relator especial, en el cual se caracterizó el daño como condición sine qua non de cualquier responsabilidad e indemnización posible. Aun cuando se centró el informe del relator en cuestiones ambientales, se propuso un texto para la definición de ‘daño’, integrando en dicho concepto la muerte, las lesiones corporales o el perjuicio a la salud o integridad física de las personas; el perjuicio causado a los bienes patrimoniales, así como el lucro cesante y, evidentemente el daño al medio ambiente. El daño es el elemento fundamental para el nacimiento de la responsabilidad, requiere de ciertas características: ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La nota de la efectividad, -dice Álvaro Castro Estrada-, supone que se trata de un daño cierto y real; no simplemente posible o contingente; actual no eventual, aunque también futuro, siempre que con certeza se sepa que ocurrirá el daño, además de ser concreto, esto es, como diría García de Enterría ‘residenciable directamente en el patrimonio del reclamante’. Cabe apuntar que esta idea de que la efectividad del daño se refiere a que se ‘haya causado’ éste en realidad o que ‘necesariamente deba causarse’ en el futuro, se encuentra previsto en el artículo 2110 del Código Civil mexicano. Dice Avelino Blasco, la lesión, daño se distingue del concepto vulgar de perjuicio. Éste supone un mero detrimento patrimonial, mientras que la lesión es el perjuicio antijurídico. Antijurídico, no porque el autor del mismo haya obrado con culpa o ilegalidad, que es la antijuridicidad subjetiva, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo, antijuridicidad objetiva. Es dec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20920-5d84b5cd/accion-de-inconstitucionalidad-la-improcedencia-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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