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AUDIENCIA DE PRUEBAS. EL ARTÍCULO 299, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. DICTÁMENES PERICIALES CONTRADICTORIOS. EL ARTÍCULO 349, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO PREVÉ, EN DETERMINADAS SITUACIONES, QUE SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE INTEGRE AVERIGUACIÓN PREVIA POR LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, VIOLA LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). DICTÁMENES PERICIALES CONTRADICTORIOS. EL ARTÍCULO 349, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO PREVÉ, EN DETERMINADAS SITUACIONES, QUE SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE INTEGRE AVERIGUACIÓN PREVIA POR LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN II, ÚLTIMA PARTE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIONES I Y VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LEGITIMA PARA EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA A LOS TERCEROS Y A LAS AUTORIDADES CUANDO SE AFECTE EL INTERÉS PÚBLICO, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LEGITIMA PARA EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA AL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SE AFECTE EL INTERÉS PÚBLICO, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004). NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2004 Y SU ACUMULADA 12/2004. · Registro digital (IUS): 20570
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 564.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2004 Y SU ACUMULADA 12/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN Y MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinticinco de septiembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficios presentados el veintiséis de febrero de dos mil cuatro, el primero, en el domicilio de la persona designada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir demandas y promociones de término fuera del horario de labores y, el segundo, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Espina Von Roehrich, Obdulio Ávila Mayo, Mónica Leticia Serrano Peña, Carlos A. Flores Gutiérrez, Jorge A. Lara Rivera, José de Jesús López Sandoval, Gabriela Cuevas Barrón, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, María Gabriela González Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Irma Islas León, Sofía Figueroa Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Jaime Aguilar Álvarez y Masarraza, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge García Rodríguez, Norma Gutiérrez de la Torre, Héctor Mauricio López Velázquez, José Medel Ibarra y Martha Teresa Delgado Peralta, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma cuya emisión y promulgación atribuyeron, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno, ambas autoridades del Distrito Federal, que precisaron de la manera siguiente:

Asamblea legislativa del Distrito Federal.

"Norma general cuya invalidez se reclama: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en especial por la creación de los artículos 737 A, 737 B, 737 C, 737 D, 737 E, 737 F, 737 G, 737 H, 737 I, 737 J, 737 K y 737 L de dicho código adjetivo civil, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 27 de enero del año 2004."

Procuraduría General de la República.

"Norma general cuya invalidez se reclama: Se demanda la declaración de invalidez del artículo 693, párrafos primero y segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de 27 de enero de 2004."

SEGUNDO.-En los conceptos de invalidez expresados en la acción de inconstitucionalidad 11/2004, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expone, esencialmente, en relación con el tema de la acción de nulidad de juicio concluido, que los numerales del 737 A al 737 K del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son violatorios de los artículos 14, 16, 17, 23 y 133 de la Constitución Federal, en virtud de que:

a) La Comisión Dictaminadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no estudió las iniciativas que le fueron turnadas, al omitir analizar adecuadamente las implicaciones de todos los artículos que fueron objeto de adición y reforma; asimismo, si bien se basó en los criterios sustentados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema de nulidad de juicio concluido, no precisó ciertos alcances, como los atinentes a que: 1) el juicio respecto del cual se demanda su nulidad se haya tramitado en forma fraudulenta; 2) sólo compete a un tercero que alegue colusión de los litigantes para llevar el juicio a sus espaldas y de ese modo perjudicarlo, o cuando quien sí fue parte alegue que fue suplantado o que fue representado por quien no tenía facultades para hacerlo; y, 3) quien ha sido parte en un juicio no tiene legitimación activa para instar al órgano jurisdiccional nuevamente, pues al haber intervenido en el proceso estuvo en aptitud de alegar y demostrar, ahí mismo, los vicios en los cuales se sustenta el supuesto fraude.

b) La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha ido diseñando un esquema de excepciones a la inmutabilidad de las sentencias definitivas, el cual puede sintetizarse en que: el juicio sobre el cual se demanda su nulidad se haya tramitado en forma fraudulenta; sólo compete a un tercero que alegue colusión de los litigantes para llevar el juicio a sus espaldas y de ese modo perjudicarlo, o cuando quien sí fue parte alegue que fue suplantado o que fue representado por quien no tenía facultades para hacerlo; quien ha sido parte en un juicio no tiene legitimación activa para instar al órgano jurisdiccional nuevamente, porque al haber intervenido en el proceso, estuvo en aptitud de alegar y demostrar dentro del mismo, los vicios en los cuales se sustenta el supuesto fraude; ningún precepto del código procesal impugnado autoriza a que la parte que actuó en el juicio se sustraiga de los efectos producidos por la cosa juzgada; y de permitirse que en cualquier momento quien fue oído y vencido en juicio, mediante el ejercicio de una acción ordinaria independiente ante otra autoridad jurisdiccional, haga variar la inmutabilidad de la cosa juzgada y la verdad legal, se vulneraría el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho, y los juzgadores carecerían de autonomía en el ejercicio de su función.

Se ha dicho que las partes que contendieron en juicio, no están legitimadas para promover otro en el que demanden la nulidad de aquél, ya que tuvieron a su alcance todos los medios necesarios para alegar adecuadamente la acción ejercitada, así como las excepciones y defensas y la posible reconvención. En este juicio subyace la potestad de las partes para alegar lo que a su interés convenga, de conformidad con las formalidades esenciales que les produjeron seguridad jurídica en la tramitación de dicho juicio. La ruptura de un esquema de seguridad jurídica, en virtud del cual se le permita a quien que ya fue oído y vencido en un juicio, en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, iniciar uno nuevo en el cual no sólo demande la nulidad del primero, sino que con base en el segundo juicio obtenga el resultado que no consiguió en el primero es, sin duda, una vulneración al principio de seguridad y aun al de legalidad jurídica que la Constitución Federal protege.

Las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal rompen con el principio de seguridad jurídica, al permitir a quien ya fue oído y vencido en juicio que ejerza nuevamente una acción de nulidad.

c) El artículo 737 A establece los supuestos en que procede la acción de nulidad, entre los que destacan siete; esa adición al capítulo de que se trata no sólo era innecesaria (pues la mayoría de las causas de nulidad de juicio concluido que se agregaron tienen medio de defensa a través del juicio de amparo) sino también inconveniente, ya que impide la seguridad jurídica que la cosa juzgada otorga y, además, puede provocar litigios interminables, así como tácticas maliciosas para buscar esa nulidad, porque los términos de prescripción para su ejercicio pueden prolongarse dadas las causas que la propia reforma establece.

Es inconstitucional y, por ende, innecesario que se contemple específicamente la acción de nulidad de juicio concluido, ya que antes de la reforma existían causas muy precisas, previstas por las decisiones de los tribunales federales para ese fin, lo que impedía el abuso de tal práctica y garantizaba que en casos muy excepcionales (y no casi ilimitados, como los establecidos en la reforma) se pudiera intentar dicho juicio, lo que en esencia significa que, al incluir las causales a que la reforma se refiere, éstas entrarán en conflicto con los medios de defensa ordinarios establecidos en el propio código procesal, lo que propiciará inseguridad jurídica.

d) El artículo 737 A, fracción I, del código procesal civil de esta ciudad, al permitir que una parte que ya fue oída y vencida en juicio pueda alegar el dolo de su contraparte en otro juicio, en el que se demande la nulidad, vulnera el artículo 14 constitucional; primero, porque permite un medio de defensa adicional al que ya se ejerció en el primer juicio, en el que la presunción de cosa juzgada pasa a segundo término y, aún más, resulta irrelevante si la nueva acción se basa en un elemento tan subjetivo como el dolo de una de las partes, debido a que dependerá de la relatividad de qué tan dolosamente actuó en el juicio anterior, y sobre todo, qué tanto influyó en la sentencia que se dictó en dicho juicio del cual se demanda su nulidad. Esta fracción resulta totalmente inconstitucional, porque equivale a adoptar un sistema subjetivo, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo juicio, aun del orden civil.

El concepto dolo es muy amplio y tiene significados distintos, según se trate de aspectos civiles o penales, por lo que la interpretación de que en un procedimiento existe dolo sería subjetiva y ello provocaría, como todas las demás fracciones del precepto en estudio, inseguridad jurídica, tanto en el juicio natural como en el que se intente para anularlo. Lo anterior, porque en la norma no se define qué debe entenderse por dolo en materia procesal, lo que contrasta con el principio de seguridad jurídica que la Constitución Federal tutela.

En una interpretación analógica, sobre la base del derecho civil, por dolo se entiende, en términos generales, la deliberada intención de causar injustamente un mal a alguien; es decir, la acción encaminada a lograr ese fin es violatoria del deber jurídico de ajustar la conducta a las normas de rectitud y buena fe, que informan la virtud secular de la justicia. Sin embargo, tratándose de derecho procesal, el dolo sólo podría entenderse como la conducta desarrollada por una parte, para dejar a la otra sin defensa sustancial respecto al fondo del negocio; esa situación sólo se daría en los casos en que no se permitiera la defensa, por lo que en aquellos casos se estaría en presencia de un emplazamiento simulado, puesto que si se emplaza al demandado, éste tiene conocimiento del juicio que se sigue en su contra o en el que es parte y cuenta con todos los medios de defensa establecidos en el código procesal para hacer valer sus derechos. En esa hipótesis, la propia ley adjetiva establece los medios y recursos adecuados para lograr que la indefensión desaparezca: nulidad de actuaciones antes de que se dicte sentencia; nulidad de emplazamiento expresado como agravio en contra de la resolución definitiva; y la apelación extraordinaria.

Independientemente de ello, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en sus artículos 21 y 22, fracción III, concede al afectado el plazo de quince días para promover juicio de amparo si reside en el lugar del juicio; de noventa días, si reside fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días cuando resida fuera de ella; en todos los casos contados a partir de que haya tenido conocimiento del procedimiento en el que no fue legalmente citado. Fuera de esa causa de indefensión sustancial, cualquier acto "doloso" dentro del juicio, de una parte en contra de la otra, puede ser combatido eficazmente a través de los medios de impugnación ordinarios o, en su caso, del juicio de amparo indirecto o directo, según el acto procesal de que se trate.

e) En el artículo 737 A, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles local establece el derecho de impugnación de las pruebas, dentro del mismo juicio natural, como lo hacen por ejemplo los artículos 340, 341, 342, 343, 344, 345 y 386. Estas disposiciones establecen todo el esquema de regulación sobre la presentación de documentos falsos dentro del juicio, así como para redargüirlos de falsos y evitar que surtan efectos dentro del juicio. También existe la oportunidad de ofrecer pruebas supervenientes o de ofrecer pruebas en segunda instancia, según lo establecen los artículos 706, 707 y 713 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Por la redacción del artículo que se combate puede incitarse a litigantes de mala fe, para que promuevan juicios, procedimientos, denuncias o querellas paralelos al juicio natural, a fin de prevalerse de una posible declaración o reconocimiento de falsedad, retardando con malicia su conclusión, para hacerla valer después como causa de nulidad de juicio concluido, lo cual repercute, invariablemente, en la seguridad jurídica como imperativo categórico en los juicios.

Además, la fracción II del artículo 737 A permite que, en el juicio de nulidad, una prueba que ya fue desahogada y apreciada por el juzgador natural, por la Sala de apelación y seguramente en sentencia de amparo, se declare falsa por causas que no se hicieron valer en el procedimiento original, lo que atenta contra las reglas generales del código y contra la seguridad jurídica, lo que es motivo para declarar su inconstitucionalidad.

f) El artículo 737 A, fracción III, del ordenamiento de que se trata, atenta contra la seguridad jurídica y, por ende, contra la Constitución Federal, pues permite la acción de nulidad de juicio concluido respecto de los documentos no presentados por causas de fuerza mayor y que fueren encontrados con posterioridad a la sentencia; hipótesis que resulta absurda, ya que si fueron encontrados después de sentencia, esto sólo pudo ser por dos circunstancias: o se sabía de su existencia y no se encontraban al alcance, o se ignoraba que existían.

En el primer caso, el propio código procesal, en sus artículos 95, fracciones II y III, 96, 97, 98, 99 y demás relativos, resuelve el problema. En el segundo caso, aunque complejo, tiene otras soluciones que no atentan contra la potestad de la cosa juzgada ni vulneran el principio de legalidad, toda vez que en el juicio cuya nulidad se reclame, por ley el Juez basó su sentencia en la litis y en las pruebas ofrecidas y desahogadas.

En esos supuestos, la norma permite que se inicie acción (distinta a la de nulidad de juicio) en que se hagan valer circunstancias distintas a las del primer juicio, ya que la cosa juzgada no alcanzaría a aquellas circunstancias basadas en documentos que cambiarían los hechos por ignorancia de su existencia, sin que exista la necesidad de anular el primer juicio, o bien, demandar la responsabilidad civil del que incurrió en el ocultamiento malicioso de la prueba, en los términos del artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal.

g) El artículo 737 A, fracción IV, es ininteligible; sin embargo, de su redacción se desprende que el "error de hecho en el juzgado, que resulta de los actos o documentos de juicio" permite la anulación del juicio, no obstante que cualquier error en ese sentido puede combatirlo el afectado en apelación y después en amparo. La redacción de esa fracción, para "explicar" cuándo existe el error que menciona, atenta contra las reglas de la lógica, lo que impide su adecuada interpretación legal. De su contenido se advierte que se refiere a que la sentencia sea incongruente, por lo que de existir tal violación, ésta puede ser combatida, en términos del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Inclusive, cuando deba aclararse alguna sentencia, el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, prevé que tal aclaración pueda hacerse de oficio, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución correspondiente, o a instancia de parte, presentada dentro del día siguiente al de la notificación. En este último caso, el Juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración; por tanto, incluir nuevamente una fracción en la que se establezca este derecho, inclusive para las partes que ya han litigado, contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, en cuanto a la seguridad jurídica que debe prevalecer en todo juicio.

h) En el artículo 737 A, fracción V, se vuelve a incurrir en error procesal grave, puesto que la parte demandada tiene la obligación de oponer la excepción de cosa juzgada y ésta debe resolverse, como todas las excepciones procesales a que se refiere el artículo 35, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales se podrán alegar en la audiencia previa y de conciliación, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 A del multicitado código. En el caso de que la excepción de cosa juzgada no se haya resuelto, debe decidirse en el mismo juicio natural en la audiencia previa y de conciliación; si el Juez no la atiende, ello dará motivo al recurso ordinario y, en su caso, al juicio de garantías.

Si la cosa juzgada se determinó en otro procedimiento y antes de dictarse sentencia (pero después de que se hubiere contestado la demanda o la reconvención) puede alegarse, como excepción y prueba superveniente, por lo que tal cuestión habrá de resolverse en la sentencia definitiva; si aconteció después de que se haya emitido sentencia, puede oponerse como excepción en contra de la ejecución de la sentencia, en los términos que establece el artículo 531 del código procesal civil local.

Todas esas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, así como constar por instrumento público, por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial. Tales excepciones se sustanciarán en forma de incidente, con suspensión de la ejecución, sin proceder ésta cuando en el incidente respectivo se promueva el reconocimiento o la confesión. La resolución que se dicte no admite más recurso que el de responsabilidad.

En ese sentido, aquel precepto prevé también la falsedad como causa para oponerse a la ejecución. Se pueden oponer excepciones como incidente, y aunque la resolución no admite recurso ordinario, pues el de responsabilidad en esencia no es recurso, el afectado puede acudir al juicio de amparo bi-instancial, por lo cual no puede haber indefensión.

i) El artículo 737 A, fracción VI, que señala como supuesto de procedencia de la acción de que se trata, al "dolo" del Juez, "comprobado en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada", vulnera también nuestro sistema procesal y la seguridad jurídica, no sólo porque se refiere a circunstancias distintas a las que son causa de responsabilidad de Jueces y Magistrados, previstas en los artículos 728 a 737 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sino que además atenta contra el sistema procesal integral, puesto que si el dolo es patente, necesariamente se reflejará en las actuaciones del Juez, lo que es subsanable, ya sea por medio de la apelación o del juicio de amparo. Además, debe considerarse el recurso de queja o queja administrativa en contra de las actuaciones del Juez, así como la posibilidad de recusarlo con causa y la existencia de otros medios en la ley, para que la parte afectada dentro del juicio pueda impedir tal comportamiento y obtenga la corrección de las anomalías producto de la ilegal actuación o del dolo del Juez.

La fracción en comento (VI) se refiere sólo al dolo del Juez y no al del tribunal, por lo que la actuación de los Magistrados no está contemplada; por lo cual, si el tribunal de apelación confirma las actuaciones del Juez natural, la reforma permite una instancia adicional, a todas luces contraria a la firmeza del procedimiento y a la potestad de la cosa juzgada, con lo que contraviene la seguridad jurídica que debe regir en los juicios.

j) El artículo 737 A, fracción VII, es también contrario a las reglas de la lógica, al establecer como causa de nulidad, la colusión de las partes litigantes, ya que si la hubo, ninguna de ellas podrá valerse de su ilícita actuación. La fracción no habla de los representantes de las partes o de sus patronos, sino que habla de parte, lo que confirma la conclusión apuntada.

Dicho artículo señala también que esa colusión o maniobra fraudulenta sea en perjuicio del actor, lo que impide su adecuada interpretación, puesto que no se sabe si sólo es en perjuicio del actor en el juicio natural (lo que excluiría al demandado o al actor en el juicio de nulidad). Esto último resulta igualmente contrario a la seguridad jurídica, porque si el actor fue parte en el juicio original, de acuerdo con la hipótesis planteada en la reforma, fue uno de los que se coludió con la otra parte y carecería de legitimación en el segundo juicio, en tanto que si no fue parte tiene entonces expedito su derecho como tercero, ya sea en tercería en el juicio natural, o como tercero interesado no llamado a juicio, a través de una demanda de garantías.

Esa misma fracción señala que la actitud fraudulenta puede ser en contra del interés público o para defraudar a la ley, aspectos éstos que llevarían a las mismas conclusiones: a) si el interés público se encuentra afectado, su representante (Ministerio Público) puede acudir también al juicio de amparo; b) si ambas partes se pusieron de acuerdo para defraudar la ley en el juicio natural, carecerían de legitimación para reclamar la nulidad de ese juicio, por haber dado motivo a la nulidad; y, c) si la defraudación a la ley fue en perjuicio de tercero, éste tiene expedita la vía constitucional del amparo.

k) Además, el artículo 737 A no distingue su aplicación respecto a las vías que el código contempla, por lo que en principio tendrá que aplicarse a toda clase de juicios, al ordinario y a los especiales, así como a las controversias del orden familiar, cuyas resoluciones, cuando se trata de menores y de alimentos, no quedan sujetas a los efectos de la cosa juzgada (artículo 94) y que tiene reglamentación expresa para su modificación cuando las circunstancias que originaron el primer fallo cambian.

l) La propia reforma, en su artículo 737 I, establece que se observarán las disposiciones generales del código, en todo lo que no se oponga a ese capítulo, cuando en realidad atentó contra casi todas las reglas del mismo, por lo que hace a las disposiciones invocadas y, además, en forma enunciativa, a los artículos 31, 55, 81, 281, 402 y 426 a 429 todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Lo más grave es que vaya en contra del sistema procesal que se encuentra concebido para evitar que tengan lugar las causas de nulidad a que se refiere la reforma, que incluye como parte fundamental al juicio de garantías; la reforma, entonces, crea de hecho una "cuarta instancia" y genera el peligro real de que los juicios, de por sí complicados y tardados, se compliquen aún más y se puedan convertir en prácticamente eternos, porque las variantes que se pueden presentar propician que una parte, obrando de mala fe, inicie juicios o presente denuncias o querellas paralelas al juicio del que premeditadamente pretenda demandar su nulidad si la sentencia le es adversa, o que se valga de terceros para que lo hagan con el mismo fin, como se ha mencionado. Con ello se vulnera también la garantía de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal.

m) Los artículos 737 A y 737 B del decreto impugnado, permiten que la acción de nulidad de juicio concluido se ejerza aun cuando las partes que la inicien sean las que ya previamente han acudido a la instancia judicial a deducir sus derechos. Esta situación no sólo origina el encarecimiento de la justicia y el gasto de recursos públicos de manera ociosa, sino que contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Federal, por contravención a los principios contenidos en las garantías de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídicas.

Al establecer los artículos 737 A y 737 B impugnados, que las partes pueden pedir la nulidad de juicio concluido, sin precisar qué ocurriría en el supuesto de que las partes que llegaran a promover dicho procedimiento ya hubiesen agotado en el tildado de nulo, la instancia del juicio de garantías, se origina una laguna que redunda en perjuicio de los principios de seguridad y de certeza jurídica, pues al permitir que, sin consideración alguna, se ejerza la acción de nulidad de juicio concluido, se tolera que un mismo juicio, en el que intervinieron las mismas partes, con motivo de la misma causa y en el que se litigaron las mismas prestaciones relativas al mismo objeto del juicio natural, se vulnere el principio de seguridad jurídica, contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal, consistente en que ningún juicio deberá tener más de tres instancias.

El hecho de que la legislación ordinaria permita a quien tenga interés en que se declare o constituya un derecho y a quien tenga el interés contrario, iniciar un procedimiento judicial e intervenir en él, interponer los recursos como el de apelación cuando estime violados sus derechos y, además, demandar la nulidad de las actuaciones judiciales cuando el interesado no haya sido oído y vencido en juicio, es inconcuso que la regulación a que se contrae el decreto impugnado controvierte disposiciones del mismo ordenamiento legal sobre el que versan las reformas, situación que genera inseguridad jurídica y, por ende, violación a los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Federal, y 1o. y 688 del código procesal civil del Distrito Federal.

n) Por su parte, en los artículos del 737 B al 737 L de la citada reforma se establece que la acción de nulidad de juicio concluido puede intentarla cualquiera de las partes en el juicio natural, un tercero o el Ministerio Público; que es competente para conocer de ella el Juez de lo Civil en turno; que debe intentarse dentro del año en que causó estado la sentencia o en el lapso de tres meses a partir de la fecha en que conoció o debió de conocer los motivos en que se funde la misma, pero que el plazo de prescripción se suspende si está pendiente de resolverse sobre la falsedad de una prueba; que comete fraude procesal el que intente el juicio de nulidad y no obtenga sentencia favorable, o quien desista de la demanda o de la acción de nulidad, así como el abogado patrono o "litigante" que asesore al demandante a promover el juicio, y que se dará vista de oficio al Ministerio Público en ese caso; que para suspender la ejecución de juicio concluido habrá que otorgar garantía; que se permite la reconvención en esa clase de juicios; que no procede la acción de nulidad de juicio concluido contra diverso procedimiento de nulidad de juicio concluido; que quien dio motivo al juicio de nulidad será responsable de los daños y perjuicios y que éstos no serán menores al doble de la cuantía del juicio primario; que siempre será condenado en costas quien dé motivo a esos juicios y que los abogados serán responsables solidarios de los gastos y costas del segundo juicio.

o) Los artículos 737 B a 737 L de la reforma citada son contrarios a los principios generales que rigen el proceso civil y, por ende, configuran una contravención constitucional a la seguridad jurídica de los juicios, porque van en contra de las disposiciones que rigen la prestación del servicio profesional de los abogados, al establecer que éstos o los litigantes que asesoren para el inicio del proceso de nulidad de juicio concluido serán responsables si no se obtiene sentencia favorable; pues tal norma es contraria a lo establecido en el artículo 2613 del Código Civil para del Distrito Federal, ya que ningún profesional de la abogacía tiene la obligación de ganar los juicios que se le encomienden.

Por otro lado, al sancionar como delito el desistimiento de la acción o de la demanda de nulidad de juicio concluido impide, por ejemplo, que una persona mal asesorada que inicie ese litigio, al consultar posteriormente y enterarse de su improcedencia, se le condene por desistir, al igual que si pierde; con lo cual se contravienen los artículos 32 y 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

p) Por último, si se toma al pie de la letra el criterio que esta Suprema Corte ha emitido para que un juicio pueda ser declarado nulo, la reforma no sólo se aparta del criterio sustentado por el Máximo Tribunal, sino que contraviene el principio de seguridad jurídica, pues quien estuvo legitimado para comparecer a juicio tuvo a su alcance todos los medios, plazos y recursos para que, en su oportunidad, hubiera hecho valer lo que eventualmente pueda intentar en el nuevo juicio.

Las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se apartan de un principio elemental que prevaleció por mucho tiempo y que, aun cuando la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha reconocido la existencia de dicho juicio dentro de nuestro sistema jurídico, tuvo cuidado en interpretar la ley al pie de la letra y conforme a los principios generales del derecho, esto es, tomando en cuenta los aspectos jurídicos que la doctrina ha reconocido como la autoridad de cosa juzgada, la inmutabilidad de las sentencias y el principio de seguridad jurídica, en virtud del cual prohíbe a quienes ya han sido parte en un juicio, que tengan legitimación activa para demandar su nulidad, pues tuvieron a su alcance todos los medios y recursos para hacer valer en ese juicio lo que eventualmente funde la acción de nulidad.

Al establecer la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, cuando la promuevan quienes intervinieron en dicho juicio, ante el mismo tribunal y con motivo de la misma causa, el decreto de reformas impugnado vulnera el principio de seguridad jurídica, previsto en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Federal, pues permite que dicha acción se ejerza, sin importar que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20570-0fff53b1/audiencia-de-pruebas-el-articulo-299-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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