ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de julio de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el cinco de julio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Espina Von Roehrich, María Teresita de Jesús Aguilar Marmolejo, Juan Antonio Arévalo López, Obdulio Ávila Mayo, Sofía Figueroa Torres, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Gabriela González Martínez, Irma Islas León, Jorge Alberto Lara Rivera, José de Jesús López Sandoval, Christian Martín Lujano Nicolás, José Benjamín Muciño Pérez, José María Rivera Cabello, Mónica Leticia Serrano Peña, Manuel Jiménez Guzmán, María Claudia Esqueda Llanes, José Medel Ibarra, Héctor Mauricio López Velázquez, Norma Gutiérrez de la Torre, Jaime Aguilar Álvarez Masarraza, Jorge García Rodríguez, Martha Teresa Delgado Peralta, Arturo Escobar y Vega y Sara Guadalupe Figueroa Canedo, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que demandaron la invalidez de las normas generales que más adelante se mencionan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
"Órgano legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas: A. Órgano legislativo: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en cuanto hace a la discusión y aprobación de las reformas y adiciones a los artículos 13, 44, fracción VI y 48, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal; 55, 86, 90, 116, 243, último párrafo, 244 y 299, fracciones VII y IX del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y 133, párrafo tercero, y 273 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y en cuanto a la emisión del decreto que contiene dichas reformas y adiciones, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de junio de 2004. B. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general impugnada: Jefe de gobierno del Distrito Federal en cuanto a la iniciativa, promulgación y publicación del decreto de reformas y adiciones a los artículos 13, 44, fracción VI y 48, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal; 55, 86, 90, 116, 243, último párrafo, 244 y 299, fracciones VII y IX del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y 133, párrafo tercero, y 273 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de junio de 2004. Norma general cuya invalidez se reclama, y medio oficial en que fue publicada: Artículos 13, 44, fracción VI y 48, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal; 55, 86, 90, 116, 243, último párrafo, 244 y 299, fracciones VII y IX, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y 133, párrafo tercero, y 273 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de junio de 2004."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: La constituyen los artículos 44, fracción VI y 48, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, reformados por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de junio de 2004, mismos que a la letra señalan: ‘Artículo 44. El otorgamiento del tratamiento preliberacional se concederá al sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos: 1. Cuando haya compurgado el 50% de la pena privativa de libertad impuesta. II. Que haya trabajado en actividades reconocidas por el centro de reclusión. III. Que haya observado buena conducta. IV. Que participe en actividades educativas, recreativas, culturales o deportivas que se organicen en la institución. V. Se cubra la reparación del daño. VI. No estar sujeto a otro u otros procesos penales o no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso y de la misma inclinación delictiva. VII. Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado; y VIII. Compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando.’. ‘Artículo 48. No se otorgará libertad preparatoria a aquel sentenciado que: 1. Esté sujeto a otro u otros procesos penales o haya sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso y de la misma inclinación delictiva; II. Se encuentre en el caso señalado por el artículo 42 de esta ley.’. Las disposiciones legales antes transcritas, particularmente por lo que se refiere a que el sentenciado no se encuentre sujeto a otro u otros procesos penales para que pueda acceder a los beneficios del tratamiento preliberacional y de la libertad preparatoria, atentan contra el principio de presunción de inocencia que se encuentra salvaguardado por los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este blindaje procesal que los citados preceptos constitucionales brindan a los gobernados en cuanto al mencionado principio de presunción de inocencia, y que encuentra su origen en la fórmula jurídica ‘nadie es culpable mientras que un Juez no lo determine así’ (hija del hijo principio in dubio pro reo, es decir, la duda beneficia al acusado) (sic) se encuentra vulnerado por la reforma de los mencionados artículos 44, en su fracción VI y 48 en su fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de junio del presente año. Este principio de presunción de inocencia no debe limitarse a una cuestión teórica del derecho por parte del legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, tal como lo pretende hacer a través de la reforma a los mencionados preceptos legales, sino que demanda su respeto como beneficio fundamental de las personas, y limitante del proceder de las autoridades, en los términos de las garantías consagradas por los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, ya que el hecho de condicionar al sentenciado a que no se encuentre sujeto a otro u otros procesos penales, entre otros requisitos, para poder acceder a los beneficios sustitutivos de la sanción penal de tratamiento preliberacional y de libertad preparatoria, prejuzga sobre la culpabilidad del sentenciado en esos otros procesos penales que todavía no se han resuelto en definitiva y que se desconoce el sentido de la resolución que el Juez Penal emita, y sin embargo, el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, al establecer este requisito para que se tenga derecho al goce de dichos beneficios, considera indebidamente a esos otros procesos penales a los que, en su caso, se encuentre sujeto el sentenciado, como cosa juzgada, aun cuando todavía no existe sentencia firme expedida por la autoridad jurisdiccional competente, con lo que evidentemente se vulnera el principio de presunción de inocencia protegido por los citados artículos constitucionales, dejando con ello en completo estado de indefensión al sentenciado que cumpliendo con todos los demás requisitos que establece la ley para hacerse acreedor a los beneficios sustitutivos y de reducción de la sanción penal, pretenda solicitar el otorgamiento del tratamiento preliberacional o de la libertad preparatoria, aun cuando los procesos a los que se encuentre sujeto no se hayan resuelto en definitiva. Es claro que el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, se olvidó de que ‘toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario’, y en ese entendido mientras los procesos se encuentren sub júdice, se ignora si el sentenciado es responsable de los demás delitos que se le imputan, mientras tanto, debe considerarse inocente y no tomarse en cuenta dichos procesos penales que aún no cuentan con sentencia definitiva para negarle los beneficios del otorgamiento del tratamiento preliberacional y de la libertad preparatoria que la ley prevé en favor de los sentenciados. Efectivamente, los mencionados artículos 44 y 48 en sus fracciones VI y I de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, respectivamente, resultan a todas luces inconstitucionales al establecer como requisito para que proceda el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria, que el sentenciado no deba estar sujeto a otro u otros procesos penales o no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso y de la misma inclinación delictiva, tal como ha quedado expuesto, además de que atentan contra el espíritu de las garantías previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente las del inculpado contempladas en el apartado A, fracción I, en donde se establece que el Juez únicamente podrá negar la libertad provisional del inculpado en caso de delitos graves y a solicitud del Ministerio Público, cuando aquél haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el propio Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las constancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. Abundando, tanto la doctrina como la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales para el Distrito Federal, establecen que la ejecución de las sanciones penales corresponde única y exclusivamente a las autoridades administrativas ahí señaladas. Para tal efecto, los artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, dentro del capítulo correspondiente a la competencia, establecen que corresponde al jefe de gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la aplicación de esta ley, y a la propia secretaría por conducto de la Subsecretaría de Gobierno, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno, la aplicación de las disposiciones de la ley. Es decir, la ejecución de las sanciones deriva de actos de autoridades administrativas, y no jurisdiccionales, violando con ello los ámbitos de competencia de un poder y otro. Esto es, para la ejecución de las sanciones nos podemos apoyar en la penología, la ciencia penitenciaria y lo que actualmente se denomina el derecho penal ejecutivo, como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y el condenado durante la ejecución de la pena. Precisando lo anterior, el derecho penal ejecutivo es aplicable desde el momento en que se hace ejecutivo el título que legitima la ejecución de la pena, o sea, a partir del instante en que la sentencia que impone la sanción pasa en autoridad de cosa juzgada. Ahora bien, referente al requisito de no estar sujeto a otro u otros procesos penales o no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso y de la misma inclinación delictiva, en un ejercicio de desentrañar los elementos que integran este tipo, tenemos las siguientes hipótesis: A) No estar sujeto a otro u otros procesos penales; y B) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso y de la misma inclinación delictiva. Por lo que se refiere al requisito de no estar sujeto a otro proceso penal, debemos tener presente lo que para tal efecto dispone el artículo 14 constitucional, que establece: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. Asimismo, prevé: ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.’. En ese orden de ideas, la simple disposición ‘de no estar sujeto a otro proceso penal’, nos lleva a concluir que se le está privando al procesado de su libertad y derechos procesales, en una flagrante violación a la garantía de audiencia, ya que dicho requisito pone al sentenciado en calidad de sentenciado por segunda o tercera vez, sin que se le hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento penal, para efecto de que se tenga por determinada la sanción penal o no, y más aún, sin que se le haya seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos, violando con ello el principio de seguridad jurídica que consiste principalmente en el derecho que tiene el procesado de apelar en segunda instancia una sentencia condenatoria, o incluso hasta agotar el juicio de amparo por violación a sus garantías individuales. Adicionalmente, queda prohibido en los juicios del orden criminal imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley, es decir, en esta hipótesis por mayoría de razón y/o analógicamente se le está dando la calidad de sentenciado por segunda ocasión al reo que aspire a cualquiera de los beneficios que otorgan los mencionados artículos 44 y 48 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, en sus fracciones VI y I, respectivamente. Por lo que es de concluir, que con la aplicación de dichas disposiciones legales también se viola flagrantemente la garantía de audiencia del procesado al pretender otorgarle la calidad de procesado por segunda o tercera ocasión, sin haber sido oído o vencido en juicio. Referente a la segunda parte consistente en: ‘Haya sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y de la misma inclinación delictiva’, de igual forma, la reforma que se impugna de inconstitucional, deja a la autoridad administrativa la libre determinación de sancionar a un procesado por delito que no es doloso, como un delito de la misma inclinación delictiva, es decir, a un delito culposo como delito doloso, argumentando que es de la misma inclinación delictiva, violando con ello los principios de legalidad y seguridad jurídicas previstos en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente, empero, en ningún momento se establece la hipótesis de delitos dolosos y de la misma inclinación delictiva, dando pauta a que dicho requisito sea violatorio del artículo 16 constitucional, que establece que los mandamientos deberán emitirse por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En este mismo orden de ideas, la autoridad administrativa encargada de ejecutar las sanciones penales, no tendría el fundamento y la motivación para negar cualquiera de los beneficios a que se refieren los artículos 44 y 48 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, argumentando que el procesado se encuentra sujeto a otro proceso penal, ya que tal hipótesis no es derivada de un acto de autoridad competente en la que se funde y motive debidamente la expedición del mismo, y que por el simple hecho de estar sujeto a un proceso penal, se deben de restringir los derechos del procesado. Soporta este criterio el principio rector del derecho penal non bis in idem, que se traduce en que: ‘Nadie puede ser sentenciado dos veces por un mismo delito.’. Es decir, no se puede aplicar una pena privativa de la libertad, sustentándose la autoridad administrativa en actos administrativos no sujetos a un procedimiento previamente establecido por autoridades competentes. Precisando lo anterior, a la ejecución de una pena que se le pudiera denominar flexible, no se le pueden imponer condiciones de calidad discutibles como lo es el condicionamiento o requisito de estar sujeto a otro proceso penal sin que se tenga aún la certeza jurídica de que el sentenciado en un proceso diferente sea absuelto o condenado. Habida cuenta que tales requisitos resultan inconstitucionales en términos de lo que disponen los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el sentenciado que no pueda cubrir el requisito a que se refieren las fracciones VII y I de los artículos 44 y 48, respectivamente, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, por el simple hecho de estar sujeto a otro proceso penal, se le está dejando en total estado de indefensión, ya que no se estaría sujetando la autoridad administrativa al principio rector de la individualización de la pena, además de que no se establece si el sentenciado debe estar sujeto a otro proceso penal por delito doloso o por delito culposo, en el que al momento de individualizar la pena, en primer término se debe de atender a la mayor o menor gravedad de la trasgresión cometida por el delincuente, y el grado de valoración social de los bienes jurídicos lesionados por los diversos hechos antisociales. Aún más, cabe precisar que resultan inconstitucionales las fracciones aludidas, ya que en exceso, de una manera ilegal, van en contra de lo que dispone la fracción I del artículo 20 constitucional, que en su parte conducente establece: ‘Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá de otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado de grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.’. Es decir, constitucionalmente se establece la prohibición de otorgar la libertad provisional bajo caución a un procesado, cuando se trata de delitos ‘graves’, empero, en ninguna de sus hipótesis para el caso de que se trate de delitos dolosos o culposos, en primer término, porque tanto el código sustantivo como el adjetivo en la materia para el Distrito Federal, no establecen un catálogo de delitos ‘graves’, y en segundo término, porque se niega la libertad únicamente cuando se trate de delito ‘grave’, resultando a todas luces, que si el tratamiento de preliberación a que se refiere el artículo 44 de la ley de la materia y la libertad preparatoria que dispone el artículo 48 de ese mismo cuerpo de leyes, constituyen una garantía constitucional, los requisitos para que se les pueda otorgar tales beneficios al procesado o reo, no pueden ir más allá de lo que dispone nuestra Carta Magna, y con ello resulta inconstitucional la exigencia extrema de no estar sujeto a otro proceso, o no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y de la misma inclinación delictiva. Ello, en virtud de que el mencionado precepto constitucional establece los términos y condiciones bajo los cuales el Juez de la causa concederá o no la libertad provisional, pero de ninguna manera el legislador constitucional contempló estas circunstancias para el otorgamiento de otros beneficios penales, como en el caso del tratamiento preliberacional y de la libertad preparatoria, de lo que se advierte claramente que el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, se extralimitó en sus facultades constitucionales al establecer mayores requisitos en las reformas aludidas de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal que los previstos en nuestra Carta Magna, de lo que devienen en inconstitucionales los artículos 44, en su fracción VI, y 48, en su fracción I, de la mencionada ley, como se solicita resuelva esa H. Superioridad. No hay que olvidar que el juzgador para dictar sentencia al momento de individualizar la pena, previamente debe tomar en cuenta las circunstancias peculiares exteriores del infractor, es decir, las circunstancias exteriores de ejecución, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y las personas afectadas, el peligro corrido e inclusive sus antecedentes penales, llegando así a determinar el sentido de peligrosidad del sujeto activo, razón por la que se considera que para analizar la procedencia del otorgamiento del tratamiento preliberacional y de la libertad preparatoria, sería incongruente a todas luces considerar de nueva cuenta los procesos que tenga pendientes el sentenciado e incluso en los que se haya dictado sentencia condenatoria. Resulta evidente que el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria constituyen una preparación del interno para la libertad que en breve plazo pudiera obtener y que se trata de capacitarlo para enfrentar un sistema de vida diferente del que ha tenido durante los años de su condena, el que tendrá que enfrentar a un mundo diferente, tanto del de la prisión como del que dejó en el exterior al ser internado. No cabe duda que con la reforma que hemos señalado y que se tilda de inconstitucional, se restringen los derechos del sentenciado a acceder a dichos beneficios que contempla la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, así como a su reinserción a la vida en sociedad, en clara violación de sus garantías individuales. Es claro que el criterio que adoptó el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en los mencionados preceptos legales impugnados, para el otorgamiento del tratamiento preliberacional y de la libertad preparatoria, se encuentra sustentado en criterios autoritarios que no obedecen al espíritu protector de las garantías individuales consagradas en los mencionados artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Por lo anterior, se solicita a su Señoría, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 44, fracción VI, y 48, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. Segundo concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: La constituye el artículo 13 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de junio de 2004, que a la letra señala: ‘Artículo 13. Se consideran medios para alcanzar la readaptación social del sentenciado, el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, con base en la disciplina. Su acreditación será requisito indispensable para el otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada. Para los efectos del otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada, se establecerán en el programa a que se refiere el artículo 8o. de esta ley, los términos en que se acreditará la realización de las actividades laborales, la capacitación para el trabajo y la educación.’. El artículo 18 constitucional en su segundo párrafo establece: ‘Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.’. Como se desprende del artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, la readaptación social del delincuente encuentra su sustento precisamente en dicha disposición constitucional, en donde se refiere que para alcanzar dicha readaptación social, tanto los Gobiernos de la Federación como los de los Estados organizarán el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, de donde se colige que corresponde a dichas autoridades proporcionar las condiciones y mecanismos necesarios para acercar a los sentenciados al trabajo, la capacitación para el mismo y educación, como medios para que puedan alcanzar la readaptación social que se persigue. No cabe duda que la obligación de proporcionar el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación a los sentenciados, corresponde al Estado a través de las mencionadas autoridades, por lo que en tanto no se atienda la demanda de la población penitenciaria para acceder a dichas actividades, esas autoridades estarán incumpliendo con el mandato constitucional antes referido, tal como acontece con la reforma del mencionado artículo 13 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, en donde el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, condiciona el otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada, a la acreditación por parte del sentenciado de las actividades laborales, la capacitación para el trabajo y la educación, cuando, como se ha dicho, corresponde a dichas autoridades proporcionar los medios para que se puedan llevar a cabo estas actividades; pero si no se cumple con esa obligación, evidentemente el sentenciado no podrá acreditar su participación en las actividades de trabajo, capacitación y educación, en detrimento de una garantía constitucional que le permita la readaptación social en las condiciones antes señaladas, y consecuentemente, no tendría derecho al otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada que regula la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. Evidentemente, el legislador constitucional incorporó en el mencionado artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referencia a la capacitación para el trabajo y la educación como medios para lograr la readaptación social del delincuente, atribuyendo la obligación a las autoridades federales y locales para que proporcionen los medios necesarios a fin de que se cumpla con su cometido. Como es sabido, la realidad y la Constitución precisan del trabajo, la capacitación para éste y la educación, como los medios para mejorar las condiciones y actitudes del interno frente a la vida y la convivencia social a que tarde o temprano debe retornar. Las cuestiones de educación son otro de los elementos fundamentales para el manejo de los internos y a que obliga el mencionado artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, también con cargo al Estado a través de las autoridades federales y locales correspondientes. Sin duda, al no proporcionarse ésta en los términos del mencionado precepto constitucional, evidentemente los sentenciados no estarán en condiciones para acceder a la misma, con el consecuente detrimento de su garantía constitucional y de la posibilidad de acceder a solicitar el otorgamiento de tratamiento en externación y los beneficios de libertad anticipada. Con base en los anteriores razonamientos de hecho y de derecho, es claro que el artículo 13 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal adolece de inconstitucionalidad, por lo que se solicita a esa H. Superioridad su pronunciamiento en ese sentido. Tercer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Artículos 14, 16, 21, 22 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: Artículo 55 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y 273 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 4 de junio de 2004. El artículo 55 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, establece: ‘Artículo 55 (Venta de bienes a disposición de la autoridad). Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de sesenta días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública. Si el interesado no se presenta dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación respecto de la celebración de la subasta, el producto de la venta se destinará al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, previas las deducciones de los gastos ocasionados en los términos de las disposiciones legales aplicables. Si transcurridos seis meses desde la segunda notificación, los objetos o valores no han sido reclamados, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se pondrá a disposición de quien esté facultado para recibirlo, previas las deducciones de los gastos ocasionados en los términos de las disposiciones legales aplicables. Si el facultado no se presenta a recoger el producto a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los noventa días siguientes a la realización de la subasta, dicho producto se destinará al Fondo para la Atenc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20440-642cd0ad/accion-de-inconstitucionalidad-el-cambio-de-la-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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