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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004, AL PREVER QUE LOS RECURSOS QUE RECIBAN LOS MUNICIPIOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, REGULADOS EN LAS SECCIONES I Y II DEL CAPÍTULO IV DE ESE ORDENAMIENTO LEGAL, PODRÁN DESTINARSE AL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR DICHOS ENTES, CON AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO E INSCRITAS A PETICIÓN DE ELLOS EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, ESTADO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE OPEREN EN TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 33 Y 50 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL NI, POR ENDE, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DEL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2004. · Registro digital (IUS): 20772
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1179.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2004. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de octubre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el seis de diciembre de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó con el carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la reforma al artículo 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, emitida y promulgada por el Congreso y el gobernador del Estado de Chiapas, respectivamente, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de noviembre de dos mil cuatro, para quedar redactado en los siguientes términos:

"Artículo 321. Los recursos que reciban los Municipios de los fondos a que se refieren las secciones I y II de este capítulo, y sus accesorios, no serán embargables bajo ninguna circunstancia, ni podrán gravarlas o afectarlas en garantía, ni ser susceptibles de destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en esta sección, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios, con autorización del H. Congreso del Estado e inscritas a petición de dichos Municipios, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la secretaría, a favor de la Federación, Estado, instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana."

SEGUNDO. El promotor de esta acción de inconstitucionalidad estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 16, 73, fracción XXX, 74, fracción IV, 124, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En el único concepto de invalidez, se expone lo siguiente:

"V. Concepto de invalidez.

"Único. Violación del artículo 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas a los preceptos 16, 73, fracción XXX, 74, fracción IV, 124, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:

"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’

"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"‘...

"‘XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.’

"‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

"‘...

"‘IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.’

"‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’

"‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’

"‘Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

"‘...

"‘El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo. ...’

"El artículo 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, que por esta vía se combate, prevé:

"‘Artículo 321. Los recursos que reciban los Municipios de los fondos a que se refieren las secciones I y II de este capítulo, y sus accesorios, no serán embargables bajo ninguna circunstancia, ni gravarlas o afectarlas en garantía, ni susceptibles de destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en esta sección, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios, con autorización del H. Congreso del Estado e inscritas a petición de dichos Municipios, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la Secretaría, a favor de la Federación, Estado, instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.’

"Las secciones I y II a que alude el numeral transcrito, se refieren a lo siguiente:

"‘Capítulo IV

"‘De los Fondos de Aportaciones Federales que Corresponden a los Municipios

"‘Sección I

"Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

"‘Sección II

"‘Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.’

"El artículo impugnado señala el destino que podrán tener los recursos federales que reciban los Municipios de Chiapas; esto es, alude a la utilización que podrán tener las aportaciones que la Federación destine a los Municipios de la entidad.

"Las aportaciones federales provienen de la partida federal autorizada para los poderes, dependencias y entidades de la Federación, esto es, se trata de recursos de naturaleza eminentemente federal, los cuales se destinan para los Estados y Municipios con el objeto de fortalecer, económicamente hablando, aquellos rubros en los que las mencionadas entidades necesiten de tal apoyo. Es decir, dicha partida fue creada para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en actividades específicas.

"La ayuda que la Federación brinda a los Estados y Municipios con estos recursos -aportaciones federales-, es independiente de los que reciben vía participaciones federales, dado que estos últimos tienen por objeto el evitar una doble tributación sobre la misma fuente. Por tanto, los ingresos que se obtengan se entregarán a la Federación, quien a su vez los redistribuye, participando así de dichos dineros.

"Por lo anterior, las autoridades federales, mediante convenios de desarrollo social, celebrados con los Ejecutivos Locales, determinan el monto, forma y tiempo en que deberán ser ejercidos estos recursos -aportaciones federales- y en caso de incumplimiento, pueden suspender las ministraciones respectivas e inclusive solicitar su devolución.

"La distribución de estos recursos, hasta antes de 1998, se regulaba en el Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y es a partir de ese año, que se encuentran contemplados en el Ramo 00033 de dicho presupuesto y en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

"En efecto, hasta 1998, las autoridades federales entregaban recursos a los Municipios, considerados en el Ramo 00026, para la superación de la pobreza, a través de convenios que la Federación celebraba con los Estados; a diferencia de las participaciones -comprendidas en el Ramo 00028-, los recursos primeramente mencionados, no se prevén para evitar la doble tributación sobre la misma fuente ante facultades concurrentes de la Federación y los Estados para gravar ciertas materias, sino que las aportaciones son recursos originarios de la Federación que ésta envía para materias específicas de interés común con los Estados y Municipios.

"La Ley de Coordinación Fiscal, hasta antes de su reforma de 1998, no establecía un capítulo expreso para regular las aportaciones federales contempladas en el Ramo 00026, sino que es hasta el 1o. de enero del año en cita, en que se institucionalizan estos recursos, al adicionarse el capítulo V a la mencionada ley, aunque dentro del Ramo 00033.

"Anterior a la reforma de 1998, sólo se preveían en el presupuesto de egresos de la Federación y en los convenios que al efecto celebraban las entidades con la Federación.

"Por esa razón, los Estados legislan en su régimen interior para la aplicación de dichos recursos, en atención al presupuesto de egresos de la Federación y a lo convenido con esta última, como en el caso específico.

"Al respecto, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente, establece:

"‘Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

"‘I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

"‘II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

"‘III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

"‘IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

"‘V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

"‘VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y del Distrito Federal.

"‘VII. Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

"‘Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.’

"De tal disposición, se aprecia el reconocimiento expreso de la existencia de las aportaciones federales que se venían dando con anterioridad a la Ley de Coordinación Fiscal de 1998, que ahora se institucionalizan y se regulan expresamente en esta ley, lo que se corrobora de igual forma, en el texto de la exposición de motivos del ordenamiento invocado, que en la parte conducente, prevé:

"‘La iniciativa de reformas y adiciones que someto a la consideración de esa soberanía, tiene por objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas locales e inclusive municipales en dos ámbitos: el presupuestario a través de la institucionalización de la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas; y en el tributario mediante la asignación a los Municipios del 50% de la recaudación que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1998, respecto de las personas ahora ubicadas en la economía informal, que se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes. -Con esta primera parte de la iniciativa, se propone a esa soberanía institucionalizar el apoyo que la Federación ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los Municipios les corresponden como participación en la recaudación federal-. Así pues, en adición y con independencia al referido concepto de recaudación federal participable, se propone dar permanencia a los recursos que la Federación aporta para el mejor desarrollo de las actividades que se han descentralizado a las entidades en los últimos años. Con tal motivo, propongo la adición a la Ley de Coordinación Fiscal de un nuevo capítulo, el V, que se denomine ‘De los fondos de aportaciones federales’ destinados específicamente a coadyuvar a las siguientes actividades de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios ... La iniciativa que someto a la consideración de esa soberanía, introduce al régimen jurídico de aportaciones federales, las erogaciones destinadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que han venido siendo reguladas por el presupuesto de egresos de la Federación, como parte de los recursos del Ramo 26 ‘Superación de la Pobreza’ ... Cabe señalar que estas aportaciones son independientes y adicionales a las participaciones de los Estados y Municipios en la recaudación federal participable, ya que constituyen recursos federales diferentes. ...’

"Así entonces, las aportaciones federales contempladas en el Ramo 26 del presupuesto de egresos de la Federación, son independientes y constituyen una ayuda adicional hacia los Estados y Municipios, quienes deben emplearlas en actividades específicas.

"Por tanto, se insiste, son recursos federales diferentes de los que se les destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J. 8/2000 del Tribunal Pleno, consultable en la página 509, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XI, febrero de 2000

"‘Tesis: P./J. 8/2000

"‘Página: 509

"‘APORTACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS. Estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la Federación destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas; se prevén en el presupuesto de egresos de la Federación, regulándose en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, resultando independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales.’

"Precisadas las características esenciales de las aportaciones federales, se pasa a determinar el porqué el numeral 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, resulta inconstitucional.

"Tal como quedó señalado, dentro de las aportaciones federales se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cuyo sustento legal es el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece:

"‘Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

"‘a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, y

"‘b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

"‘En caso de Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.

"‘Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán:

"‘I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

"‘II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

"‘III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

"‘IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados, y

"‘V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.’

"Del numeral transcrito, se desprende que los recursos provenientes del citado fondo, sólo podrán destinarse al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

"En concordancia con lo anterior, la propia Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 46, dispone:

"‘Artículo 46. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades federativas y, en su caso, los Municipios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas, afectarlas en garantías, ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42 y 45 de esta ley.

"‘Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en los citados artículos.’

"En el ámbito local, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en materia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, señala lo siguiente:

"‘Artículo 299. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban el Estado y los Municipios (sic) podrán destinar única y exclusivamente a financiar obras y acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población que se encuentre en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en cada uno de los rubros siguientes:

"‘A) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal:

"‘I. Agua potable, drenaje, letrinas y alcantarillado;

"‘II. Urbanización municipal;

"‘III. Electrificación rural y de colonias pobres;

"‘IV. Infraestructura básica de salud y educativa;

"‘V. Mejoramiento de vivienda;

"‘VI. Caminos rurales;

"‘VII. Infraestructura productiva rural.

"‘B) Fondo de Infraestructura Social Estatal: Para obras y acciones de beneficio regional o intermunicipal.’

"En concordancia con la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Chiapas, expresamente, regula a qué serán destinados los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

"En el caso particular, la norma que se tilda de inconstitucional, establece que los recursos que reciban los Municipios correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, podrán destinarse para el pago de obligaciones contraídas por los propios Municipios, con autorización del Congreso Local e inscritas a petición de dichos Municipios, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Federación, del Estado, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"En este sentido, la norma combatida vulnera el orden constitucional por lo siguiente.

"La norma cuya invalidez se solicita permite que en el Estado de Chiapas las aportaciones federales se destinen al pago de obligaciones contraídas por los Municipios, cuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban los Municipios, deben ser destinadas exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, por lo que, en consecuencia, resultan vulnerados los preceptos 16, 73, fracción XXX, 74, fracción IV, 124, 133 y 134 de la Constitución Federal.

"A fin de comprender con mayor precisión la inconstitucionalidad del precepto 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, conviene analizar el principio general de administración pública hacendaria, que rige para los Municipios, los Estados, el Distrito Federal y la Federación.

"En el ámbito de los Ayuntamientos, la hacienda municipal se prevé en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la que se establece como prerrogativa de los mismos el régimen de libre administración hacendaria.

"De una interpretación armónica, sistemática y teleológica de la citada disposición constitucional, se llega a la conclusión de que la hacienda pública municipal comprende la totalidad de los ingresos activos y pasivos de los Municipios, pero sólo determinados conceptos quedan comprendidos dentro del régimen de libre disposición hacendaria, que son los que expresamente señala la fracción IV del artículo 115 de la Carta Fundamental.

"Sobre estos conceptos, los Municipios pueden disponer libremente de su hacienda para los fines públicos establecidos en las leyes, de tal forma que puedan ejercer y aplicar los recursos que integran su hacienda y que están comprendidos dentro del régimen de la libre administración hacendaria, en la forma y términos que consideren convenientes, siempre y cuando, se ajusten a las disposiciones legales que los rigen y para los fines públicos previstos.

"En las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, rige el principio de libre administración hacendaria, en tanto que, al contar con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que debe destinarse a satisfacer sus necesidades, deben gozar de libertad para administrar y disponer de sus recursos económicos, a efecto de ejercerlos y aplicarlos para los fines públicos a que deben destinarse.

"Por su parte, la Federación también cuenta con una hacienda pública federal, que le corresponde administrar y disponer conforme a las disposiciones que la rigen, por tanto, respecto de los recursos económicos que la integran, tiene la facultad de ejercicio y aplicación, para los fines públicos en que deben destinarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

"Considerando los diferentes niveles de gobierno en que se divide nuestro sistema federal, que comprende un ámbito de competencia determinado en el que cada nivel ejerce sus facultades, que cada uno cuenta con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que respectivamente se rige por sus propias disposiciones, debe concluirse que el principio de libre administración pública, inmerso en nuestra Carta Fundamental, rige para los Municipios, los Estados, el Distrito Federal y la Federación.

"Por tanto, acorde con sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a las disposiciones que a cada uno le es aplicable, deben administrar sus haciendas públicas, a efecto de poder ejercer y aplicar los recursos económicos que les corresponden para sus fines públicos.

"Lo anterior es acorde con el sistema federal que consagra el artículo 124 de la Constitución Federal, en virtud del cual las facultades que no están expresamente concedidas por la Ley Fundamental a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, en este contexto, tratándose de la hacienda pública, la Federación tiene facultades expresas para administrar sus recursos y, en lo tocante a las haciendas estatales y al Distrito Federal, deben entenderse reservadas a favor de cada entidad federativa, así como para los Municipios. En estas condiciones, cada nivel de gobierno es el competente para disponer y ejercer sus propios recursos públicos para la satisfacción de sus necesidades en términos de las leyes correspondientes.

"Sin perjuicio del respectivo ámbito de competencia de cada nivel de gobierno y del principio de libre administración hacendaria que rige para cada uno en lo individual, es el caso que determinados recursos de un nivel de gobierno, en aras de dicho principio y consecuentemente en función de su libre disposición y aplicación, se destinan a favor de otro nivel de gobierno para su fortalecimiento y para coadyuvar en determinadas materias específicas.

"Sin embargo, en las aportaciones federales, aunque pasan a formar parte de la hacienda pública del ente al que se beneficia, prevalecen las disposiciones del que los destina para tal efecto, de tal manera que para esos recursos continúan rigiendo las disposiciones legales que originariamente los prevé y que son las que establecen dicho destino y aplicación, por lo que en estos casos, los beneficiarios de los mismos no pueden disponer libremente de estos recursos, sino en estricta aplicación, para los fines que prevén las leyes que las regulan.

"En efecto, sea que se trate de Estados o de la Federación, la actividad financiera se desarrolla no sólo por el Gobierno de la Unión, sino también por los Gobiernos Locales (Estados, Distrito Federal o Municipios), cada uno en su respectivo ámbito de competencia, lo que eventualmente genera problemas de coordinación entre la actividad de cada nivel de gobierno, que puede referirse tanto a la coordinación entre la prestación del servicio y al monto de los gravámenes necesarios para prestarlo, como al control del nivel conjunto de gastos públicos y de la recaudación tributaria, para evitar que la superposición de varios sistemas fiscales conduzca a una excesiva presión impositiva, y en el caso del Gobierno Federal, impedir que la política financiera local obstaculice la de este último.

"Lo anterior ha motivado al establecimiento de sistemas de coordinación mediante la celebración de convenios acorde con las disposiciones que rigen los recursos respectivos, para que cada nivel de gobierno pueda disponer de sus recursos y cuando éstos se destinan a otro nivel de gobierno, se ajusten a las disposiciones legales del primero para su correcta y eficaz aplicación y destino para coadyuvar en materias específicas de interés común.

"Consecuentemente, se evidencia claramente que las aportaciones federales son recursos de origen federal, que se destinan para los Estados y los Municipios y supervisados por las autoridades federales, los cuales, por su naturaleza, se rigen por disposiciones federales, por lo que aunque pasan a formar parte de las haciendas estatales y municipales, no están comprendidos dentro del régimen de libre administración de estos últimos, pues es la Federación la que autoriza su destino y aplicación, de ahí que los otros niveles de gobierno no puedan disponer libremente de dichos recursos y, por el contrario, deben sujetarse, para su aplicación, a las disposiciones federales y convenios de coordinación respectivos.

"Al respecto cabe citar lo expuesto en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, de 13 de noviembre de 1998, relativa al decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, que dice:

"‘... La iniciativa presentada en esa oportunidad fue enriquecida por las aportaciones sustantivas de esa honorable representación, de forma tal que además de los fondos de aportaciones federales inicialmente propuestos para la educación básica, los servicios de salud y la infraestructura social municipal, esa entidad soberana incluyó los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal, así como el de Aportaciones Múltiples.’

"A fin de corroborar el hecho de que las aportaciones federales no se encuentran comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria, se transcribe el siguiente criterio jurisprudencial:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XI, febrero de 2000

"‘Tesis: P./J. 9/2000

"‘Página: 514

"‘HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.’

"Por todo lo expuesto, resulta incuestionable que el numeral 321 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, que se tilda de inconstitucional, es violatorio de los artículos 16, 73, fracción XXX, 74, fracción IV, 124, 133, y 134 de la Constitución Federal, toda vez que establece reglas distintas en materia de aportaciones federales que, por su naturaleza y por las razones anteriores, deben regularse conforme a las disposiciones que al efecto prevé la citada Ley de Coordinación Fiscal.

"En efecto, siendo recursos de naturaleza federal que se rigen por disposiciones federales, respecto de los cuales la Federación dispone su destino en su respectivo ámbito de competencia, conforme al principio de libre administración pública hacendaria, los Estados no pueden establecer reglas distintas sobre sus destinos, por lo que la disposición impugnada, al contrariar los lineamientos generales establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, contraviene el ámbito de facultades de la Federación.

"De conformidad con los numerales 74, fracción IV y 134 de la Carta Fundamental, el Gobierno Federal deberá administrar los recursos de que disponga, de tal manera que satisfaga los objetivos para los cuales están destinados; y, por otra parte, compete a la Cámara de Diputados del Congreso de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20772-fa450044/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-321-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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