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CAÑA DE AZÚCAR. LAS APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR NO SON OBLIGATORIAS PARA LOS INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONES CAÑERAS. CAÑA DE AZÚCAR. LAS APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO SON CONTRIBUCIONES. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 34 Y 38 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, 56, 119 Y 125 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14, 17 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 57 Y 58 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, SON ACORDES CON EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2005. · Registro digital (IUS): 20569
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 864.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIA: GUILLERMINA COUTIÑO MATA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de julio de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI, 34, 38, 50, segundo párrafo, última parte, 56, 57, 58, 87, 98, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de agosto del mismo año, emitida y promulgada por el Congreso de la Unión y el presidente de la República, respectivamente.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 9o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, párrafo primero, 17, 28, párrafos segundo y tercero, 31, fracción IV, 104, fracción I y 133 de la Constitución Federal.

Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente, en síntesis, son los siguientes:

1. Los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, violan el artículo 9o. constitucional, pues limitan la libre asociación, al establecer requisitos adicionales a las organizaciones locales para conformarse a sí mismas, como para constituir organizaciones nacionales.

Las únicas limitantes a dicha garantía individual se encuentran previstas en los artículos 9o. y 130 de la Constitución Federal, consistentes en que la asociación tenga fines pacíficos y objeto lícito; que para tomar parte en los asuntos políticos del país sólo pueden reunirse y asociarse los ciudadanos mexicanos; que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos; que las agrupaciones políticas no pueden tener una denominación que contenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa.

El artículo 34 impugnado que establece que las organizaciones locales obtendrán el registro siempre y cuando al menos, produzcan, el 10% del volumen total de la caña de la zona de abastecimiento correspondiente, coarta la libertad de asociación, pues las personas que no reúnan dicha premisa no podrán acceder a los apoyos y estímulos que la ley prevé.

Para que una organización local ya constituida pueda conseguir y mantener su registro tiene que reunir dichos porcentajes. La libertad de asociarse implica el derecho de formar una organización o incorporarse a una ya existente, derecho a permanecer en la asociación, estas libertades son vulneradas por el precepto impugnado, pues por una parte limita que los productores cañeros puedan unirse para formar una organización local y, por otra, seguir permaneciendo en ella, lo que se traduce en que sea nugatorio su derecho de asociación.

El artículo 38 impugnado al señalar que las organizaciones nacionales de abastecedores de caña, que no demuestren que sus organizaciones locales están constituidas conforme al numeral 34 y que además cuentan inicialmente con el 5% de la producción nacional de caña y tienen presencia al menos en cuatro Estados productores de caña de azúcar, con el porcentaje de membresía y de producción nacional durante los ciclos azucareros 2005 a 2010, limita el derecho de asociarse a las organizaciones locales, ya que acota la posibilidad de agruparse nacionalmente.

Por otra parte, los preceptos impugnados violan la libertad de asociación prevista en el numeral 9o. de la Constitución, al obligar a los abastecedores de caña a asociarse, toda vez que de no hacerlo se encontrarían completamente al margen del mercado de caña de azúcar y de la protección de sus derechos e intereses, ya que solamente las organizaciones cañeras que se encuentren representadas en los comités de producción y calidad cañera de cada ingenio, en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y en la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, son las que se verán protegidas.

2. Los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar violan los artículos 14, 17 y 104 de la Constitución Federal, toda vez que obligan a que desde el momento en que se celebre un contrato sobre la realización de cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, se "pacte" el sometimiento de las diferencias al arbitraje de la Junta Permanente, con lo que se les obliga a renunciar a la jurisdicción de los tribunales federales o locales.

Al respecto del arbitraje, el procurador señala que en el sistema jurídico mexicano el procedimiento arbitral debe entenderse como una forma de dirimir controversias surgidas entre particulares, en el que las partes acuerdan que someterán sus diferencias a juicio de un tercero, con el fin de evitar ventilarlas ante los tribunales judiciales, en este sentido los particulares pueden optar por la vía arbitral o judicial.

Entonces, como los preceptos impugnados obligan a someterse a un arbitraje, violan los artículos 14 y 17 constitucionales prevén como garantía de los gobernados la impartición de justicia que debe brindarse por el Estado a través de los tribunales previamente establecidos, con sujeción al marco jurídico vigente y respetando el debido proceso legal y, por otra parte, vulneran el numeral 104 de la Constitución, pues soslayan la competencia que prevé para los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias que se susciten en cumplimiento de leyes federales.

Se concluye que se crea un régimen de excepción que otorga un trato diferenciado a los conflictos inherentes a la caña de azúcar, con respecto del resto de la actividad jurisdiccional y se crea un régimen legal heterogéneo y disconforme con el marco constitucional que lo rige, por lo que debe declararse la invalidez de los preceptos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, impugnados.

3. Los artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, violan el artículo 28, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, pues otorgan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la facultad de proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos en la materia, dentro de las que se encuentra el azúcar de caña.

El artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que las leyes fijarán las bases conforme a las cuales deban señalarse los precios máximos; lo que significa que tal atribución corresponde al Congreso de la Unión, la cual sólo implica el establecer las mencionadas bases, no así fijar los precios directamente, ya que de hacerlo viola el principio constitucional de libre concurrencia y competencia.

Los preceptos impugnados violan el principio constitucional de libre concurrencia y competencia, ya que establecen el precio de la caña de azúcar, cuando el Congreso de la Unión sólo puede fijar las bases conforme a las cuales podrán determinarse precios máximos. Lo anterior, porque una vez establecido el precio de referencia del azúcar, el Ejecutivo Federal se encuentra impedido para determinar el precio de la caña de azúcar, pues éste queda determinado automáticamente por disposición de la ley.

La ley establece una fórmula para determinar el precio del azúcar base estándar, misma que servirá de referencia para fijar al precio de la caña de azúcar, por lo que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar queda limitado simplemente a la aplicación de dicha fórmula y su cálculo aritmético.

Es contrario al principio de libre concurrencia y competencia, el que se fije un precio conforme al que se podrá vender y comprar la caña de azúcar, mismo que no podrá ser inferior ni superior al 57% del precio de referencia, calculado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar de conformidad con los preceptos impugnados.

Al respecto, se aclara que los numerales impugnados no fijan las bases para determinar un precio máximo, como se prevé en el artículo 28 de la Constitución, sino que en contra del principio de libre concurrencia y competencia, se determina el precio de la caña de azúcar en sí mismo, a razón del 57% del precio de referencia del azúcar base estándar y, además, impone dicho precio para todo el ciclo agrícola.

El Legislativo invade las atribuciones del Ejecutivo Federal ya que a éste le corresponde determinar el precio máximo de los bienes y servicios, calculándolo de conformidad con las bases en que aquél haya determinado en la ley.

4. El artículo 98 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, viola los artículos 16, párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución.

El precepto impugnado al establecer la aportación de cuotas tripartitas para la viabilidad del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña), impone una obligación pecuniaria a los industriales y las organizaciones de productores que no se identifica con los conceptos de contribuciones, que se contienen en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación.

Además de que resulta inconstitucional que a través de lineamientos y reglamentación que acuerde el comité nacional, como prevé el artículo 98 impugnado, se pretenda imponer una carga económica a los particulares, sobre todo si se considera que en la norma combatida no se establece los elementos esenciales de la contribución (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), lo que genera incertidumbre a los destinatarios de la norma.

Por ello, es que al comité nacional se le están otorgando facultades de autoridad fiscal, sin que lo sea, además de que para la fijación del monto de las aportaciones tripartitas se otorga un amplio margen de discrecionalidad, pues las mismas serían establecidas "en los términos, lineamientos y reglamentación que acuerde el comité nacional".

La única excepción al principio de legalidad, prevista en el artículo 131 constitucional, no se actualiza en este caso.

Por otra parte, el requisito de fundamentación se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le establece, sin embargo, en este caso el Congreso de la Unión al imponer el pago de aportaciones (no precisadas) a los productores, a los industriales y al Gobierno Federal, no actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en el artículo 31, fracción IV.

5. El artículo 87 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar viola el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución, toda vez que prevé cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor se queden cañas contratadas y programadas sin industrializar en la zafra de que se trate, en beneficio de los abastecedores de caña afectados, el ingenio y la totalidad de los abastecedores que sí hayan entregado caña en esa zafra, absorberán el 66% (sesenta y seis por ciento) del valor de esas cañas, deduciendo el promedio de los costos totales de cosecha y demás deducibles que le correspondan.

Con tal prevención el mencionado precepto impugnado afecta el patrimonio del ingenio y de la totalidad de los abastecedores que hayan entregado caña durante la zafra de que se trate, sin que sean parte del compromiso contractual pactado por el abastecedor que sufrió la pérdida por causa fortuita o fuerza mayor, ni mucho menos hayan expresado su consentimiento para sufrir esa disminución en su patrimonio mediante un acuerdo de voluntades o bien haya una resolución judicial que justifique tal afectación.

Esto es, se afecta en su patrimonio al ingenio y a los demás abastecedores que sí hayan entregado la caña, sin que previamente hayan consentido la afectación de su patrimonio para responder de los daños sufridos por el abastecedor cuyas cañas contratadas y programadas se quedaron sin industrializar, por caso fortuito o de fuerza mayor, lo que viola su garantía de audiencia.

6. Los artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI, 34, 38, 50, segundo párrafo, última parte, 56, 57, 58, 87, 98, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar violan el artículo 133 de la Constitución, ya que no respetan los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, toda vez que contradicen los artículos 9o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, 28, párrafos segundo y tercero, 31, fracción IV, y 104, fracción I, de la propia Constitución Federal.

TERCERO. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 27/2005, y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza, para que actuara como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO. Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que emitieron las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo Federal que las promulgó, para que rindieran su informe.

QUINTO. El veinte de octubre de dos mil cinco, Juan de Dios Castro Lozano, consejero jurídico del Ejecutivo Federal rindió el informe, en el que manifestó que "... el titular del Ejecutivo se adhiere a lo planteado por el abogado de la nación en su demanda, haciendo suyos y solicitando respetuosamente que se tengan por reproducidos los razonamientos vertidos en ella."

En proveído de veintiuno del mismo mes y año, el Ministro instructor le reconoció a Juan de Dios Castro Lozano la personalidad con que se ostentó y por rendido el informe del presidente de la República.

SEXTO. El mismo veinte de octubre de dos mil cinco, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en representación de ésta rindió el informe que le fue solicitado, en el que con el propósito de justificar la constitucionalidad de las normas impugnadas, manifestó lo siguiente:

1. Que la expedición de las normas impugnadas cumplió con el procedimiento previsto constitucionalmente para tal efecto, toda vez que el órgano legislativo discutió, aprobó y expidió las normas generales impugnadas.

Al respecto, explica que tres diputados presentaron iniciativas de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y otra diputada presentó la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, relativa al programa especial azucarero, las cuatro iniciativas se turnaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería para la elaboración del dictamen correspondiente, el cual fue sometido al Pleno de la Cámara de Diputados, el quince de marzo de dos mil cinco, en el que se establecieron distintos objetivos; y el diecisiete del mismo mes y año fue aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pasando al Senado, el que en principio no aprobó el mencionado proyecto (no se obtuvo mayoría calificada), por lo que ordenó returnarlo a la Comisión de Agricultura y Ganadería, la que se ocupó de las observaciones realizadas por el Senado en dictamen de veintiuno de junio de dos mil cinco, sometiéndose nuevamente a votación siendo aprobado en lo general y en lo particular el mencionado proyecto de ley, ordenándose pasar al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

2. Las normas generales impugnadas no violan los artículos 9o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, párrafo primero, 17, 28, párrafos segundo y tercero, 31, fracción IV, 104, fracción I y 133 de la Constitución Federal, por las siguientes razones:

a) Artículo 9o. constitucional. Libertad de asociación. Los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no violan la libertad de asociación prevista en el artículo 9o. de la Constitución, toda vez que este derecho no es ilimitado, pues la misma Norma Fundamental establece la posibilidad de que el legislador le imponga restricciones, cuando prevé que el objeto de toda asociación debe ser lícito, ya que permite que a través de las leyes se reglamente y se regule el ejercicio de dicha garantía constitucional.

Se agrega, que otras limitantes al derecho de asociación se encuentran en el requisito de que la asociación sea pacífica, en materia política y tratándose de suspensión de garantías.

Sobre este tema se concluye que de acuerdo a una interpretación literal, sistemática, histórica y genético teleológica del artículo 9o. constitucional, el legislador ordinario válidamente puede normar el derecho de asociación, con el objeto de que las personas morales que surgen del ejercicio de ese derecho, no impidan que los fines del Estado se cumplan o causen conflictos dentro de la sociedad, pudiendo establecer determinadas condiciones o requisitos que deben cubrir aquellos que quieran formar parte de ellas, lo que no se traduce en que a los gobernados se les impida ejercer su derecho público subjetivo, sino, por el contrario, que se les reconozca y se les respete, y que el mismo Estado encuentre el límite de su actuación en dichas normas.

En consecuencia, los artículos 34 y 38 del ordenamiento impugnado, se ajustan a lo dispuesto por el artículo 9o. constitucional, pues no impiden el ejercicio del derecho de asociación sino, por el contrario, da una mayor apertura para que los abastecedores de caña de azúcar constituyan asociaciones que representen mejor sus intereses, la filiación de los abastecedores de caña a sus organizaciones será resultado de una decisión voluntaria tomada a partir de lo que más convenga a sus intereses, mejorará la competencia y la calidad de los servicios prestados a sus afiliados, se democratizará la representación social.

b) Artículos 14, 17 y 104 de la Constitución Federal. Los numerales 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no violan los mencionados preceptos constitucionales.

En relación con la garantía de audiencia, el legislador cumple con su obligación frente a los particulares al establecer en las leyes procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en los que resulten afectados sus derechos y que tal obligación se circunscribe únicamente a señalar el procedimiento aludido, sin tener que regularlo con las características de un procedimiento judicial.

Por tanto, los artículos 50, segundo párrafo y última parte, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no violan el artículo 14 constitucional, pues el legislador estableció un procedimiento conciliatorio ante comités y ante una Junta Permanente, en donde estableció la forma y requisitos para integrar los comités y dicha Junta, así como sus facultades, se consagraron claramente las dos formalidades procesales esenciales, la de defensa u oposición a actos privativos que pudieran suscitarse así como la probatoria.

En consecuencia, resultan infundados los argumentos en que se sostiene que las normas generales impugnadas violan los artículos 17 y 104, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que los hace derivar de una supuesta transgresión a la garantía de audiencia, la cual no existe.

b.1) Artículo 17 de la Constitución. Se respeta el derecho público subjetivo de tutela jurisdiccional, previsto en este numeral constitucional, pues claramente el ordenamiento impugnado establece los plazos, términos y órganos ante los cuales se puede acceder de manera expedita a plantear una pretensión o defenderse de ella con el fin de que a través de procedimientos conciliatorios y arbitrales, puedan ofrecer pruebas y rendir alegatos para que se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión.

b.2) Artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal. No es transgredido por las normas generales impugnadas, toda vez que la obligación del legislador es establecer un procedimiento en que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos, sin que dicho procedimiento tenga necesariamente los caracteres de un procedimiento judicial, pues válidamente puede satisfacerse la obligación del legislador al establecer un procedimiento ante autoridades administrativas, en el cual se dé al particular la oportunidad de hacer su defensa y se le otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad de que rindiendo pruebas y formulando alegatos, aun que no tenga la misma formalidad de un procedimiento judicial.

Por tanto, es infundado el argumento de la parte actora en el sentido de que corresponde a los tribunales federales resolver todas las controversias que se susciten en aplicación de leyes federales, como lo es la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Además, por lo que respecta a los contratos de condiciones particulares y de asociación el participación y coinversiones, al no estar plenamente establecido que las partes deben sujetarse plenamente a la jurisdicción de la Junta Permanente, pueden válidamente elegir libremente si acuden al procedimiento arbitral o conciliatorio o si, en su caso, acuden ante los tribunales judiciales.

Al respecto, se agrega que en la ley impugnada se establecieron tres tipos de contrato, respetándose en todos los casos la garantía de audiencia. Para solucionar los conflictos derivados de los contratos uniformes (de compraventa y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, lo celebran los industriales con los abastecedores de caña de azúcar); expresamente se dispone que las partes deben recurrir a los procedimientos conciliatorio y arbitral que se prevé; por lo que respecta a los contratos de condiciones particulares (de compraventa de siembra, cultivo, cosecha y entrega y recepción de caña de azúcar, lo celebran de manera voluntaria e individual los abastecedores de caña con algún ingenio, que puede estipular condiciones diferentes a las del contrato uniforme) y de asociación en participación y coinversiones (lo celebran entre los ingenios y los abastecedores de caña con el propósito de aumentar la inversión, productividad, eficiencia y diversificación del campo cañero, con el único requisito que estén registrados ante la Junta Permanente), al no estar establecido que deben acudir al mencionado procedimiento conciliatorio y arbitral, las partes pueden pactar en estos contratos el sujetarse a la jurisdicción de la Junta Permanente o bien, acudir a los tribunales judiciales.

c) Los artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no conculcan lo dispuesto por el artículo 28, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal.

El artículo 5o. de la ley impugnada no viola lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, toda vez que fija las bases para que se determine el precio máximo del azúcar, en caso de que el Ejecutivo Federal lo considere necesario, en términos del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia, por existir riesgos de desabasto o de que se especule con los precios en perjuicio de los consumidores.

Por otra parte, la ley impugnada prevé las atribuciones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, específicamente en el artículo 10, fracción IX, establece la atribución de elaborar balances azucareros y de edulcorantes totales por país, para homologar las políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país, en relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias y comerciales, precios administrados, y de mercados, que entre otros se consideren para el establecimiento de criterios orientados a establecer las bases para la fijación de precios máximos de caña de azúcar en el mercado nacional.

En el mismo sentido, el artículo 7o. de la ley impugnada reitera que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación propondrá a la Secretaría de Economía las bases para que fije precios máximos en la materia, para evitar el desabasto y garantizar la protección del interés social, lo que en lugar de contravenir, cumple con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional.

Se agrega, que las atribuciones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no invaden las facultades del Ejecutivo Federal, ya que aquéllas comprenden el registro y control estadístico que permita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación hacer propuestas para el cálculo del precio de referencia, lo que en los últimos catorce años ha realizado un Comité de Agroindustria, que tiene carácter consultivo y es presidido por el titular de la mencionada secretaría, con la concurrencia de organizaciones de los industriales azucareros y de los abastecedores de caña, de ahí que sea positivo que esta práctica se incorpore a la ley que establece la obligación de la citada secretaría de llevar dicho control y hacer recomendaciones a la Secretaría de Economía, para que, determine, apruebe y publique el precio de referencia del azúcar, que servirá de base para el pago de la caña de azúcar durante la zafra determinada. Las atribuciones del comité nacional dan certidumbre y confianza a las negociaciones de los actores de la agroindustria.

Por último, se agrega que los actos que tienen su origen en los preceptos impugnados no se ubican dentro de las prohibiciones que establece el artículo 28 constitucional, así como los numerales 8o, 9o. y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, pues las actividades del comité nacional no dañan la agroindustria azucarera, ni impiden la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento y comercialización de la materia prima, ni mucho menos fijan un precio, sino por el contrario, se está fortaleciendo dicha industria al otorgar confiabilidad, certeza económica y jurídica a los actores de este ramo, como a los consumidores finales.

d) El artículo 98 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, no viola lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Deben desestimarse los argumentos en que la parte accionante pretende que se declare la invalidez del artículo 98 de la ley impugnada, derivando su inconstitucionalidad de que las aportaciones que prevé no corresponden a las contribuciones que establece el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, cuando la confrontación de las normas impugnadas debe ser con los preceptos constitucionales que aquélla estima vulnerados.

El fondo y las aportaciones que se prevén en el precepto cuestionado, no son contribuciones, sino que se trata del producto del ejercicio de la facultad que el artículo 73, fracción XXX, en relación con los numerales 25 y 27, fracción XX, de la Constitución, otorgan al Congreso de la Unión para promover un desarrollo sustentable de la caña de azúcar con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina cañera el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, estableciendo así la legislación reglamentaria que planea y organiza la producción de caña de azúcar, su industrialización y comercialización garantizando un desarrollo nacional integral que fortalece la soberanía de la nación.

Al respecto, se aclara que de una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento impugnado, se desprende que las aportaciones previstas en el artículo 98, no son contribuciones, sino que están destinadas para fomentar la investigación científica y tecnológica de la caña de azúcar para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria, fomentando el crecimiento económico, el empleo, la más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los cañeros, según lo previsto por los artículos 25 y 27, fracción XX, constitucionales.

En los artículos 97 al 103, se crea el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña), el cual depende de un organismo público descentralizado (el comité nacional) y cuyo propósito es orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria de la caña de azúcar, de ahí que sus aportaciones aun en el caso de que se quisieran ubicar en lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, se trataría de un producto, es decir, no se trata del tipo de contribuciones que deban cumplir con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Igualmente, es infundada la afirmación de los accionantes en el sentido de que el comité nacional, es una autoridad fiscal, ya que se trata de un organismo público descentralizado con atribuciones determinadas en el numeral 10 del ordenamiento impugnado, las que no consisten en la recaudación de impuestos, controlar a los causantes o imponer sanciones en términos del Código Fiscal de la Federación.

Tampoco se viola el artículo 16 constitucional, toda vez que contrariamente a lo señalado por los promoventes, el Congreso de la Unión no se salió de los límites del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues éste no establece las facultades del legislador para imponer contribuciones, ya que lo que prevé es la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público.

Además, la norma impugnada fue expedida en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, 72, 73, fracción XXX

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20569-2c4e5586/cana-de-azucar-las-aportaciones-para-el-sostenimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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