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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. ALUMBRADO PÚBLICO. LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005, QUE PREVÉ LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2005. · Registro digital (IUS): 19275
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 1878.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de octubre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el primero de agosto de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, Calzada Francisco I. Madero esquina con Av. Tecnológico s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, carretera Oaxaca-Puerto Ángel, km. 9.05, Oaxaca, Oaxaca. II. Norma general cuya invalidez se reclama: El artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, publicada el 25 de junio de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad ..."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer, son los siguientes:

"Único. El artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento ...’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX. Para establecer contribuciones: ... 5o. Especiales sobre: a) Energía eléctrica ...’. ‘Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. El numeral 16 de la Constitución Federal, establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40 en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos, todas aquellas facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Sin embargo, para poder hablar de contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago; en el caso del derecho de alumbrado público. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión. Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 25 de junio de 2005, se advierte la publicación de los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señalan: ‘Título tercero. De los derechos. Capítulo primero. Alumbrado público. Artículo 31. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entenderá por servicio de alumbrado público el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común.’. ‘Artículo 32. Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicada frente a su predio.’. ‘Artículo 33. Servirá de base para el cálculo de este derecho el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre, la energía eléctrica, aplicando la tasa del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT.’. ‘Artículo 34. El cobro de este derecho lo realizará la empresa suministradora del servicio, la cual hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario.’. ‘Artículo 35. La empresa suministradora del servicio deberá enterar las cantidades recaudadas por este derecho a la Tesorería Municipal.’. De la anterior transcripción se desprende que los elementos del supuesto derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicada frente a su predio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tasa o tarifa: La tasa del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT. d) Base: El importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre, la energía eléctrica. e) Época de pago: La empresa suministradora del servicio, hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Ahora bien, para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: ... IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ...’. En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... b) Alumbrado público ...’. Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz. De lo anterior resulta que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar el pago de la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos Municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución. De tal modo que si la Legislatura de Oaxaca, con la emisión del numeral 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005. Sirven de apoyo a la anterior determinación, los criterios sustentados por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, señalan: ‘Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988. Tesis P./J. 6/88. Página 134. ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las Legislaturas Locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.’. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, marzo de 2004. Tesis 2a./J. 25/2004. Página 317. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2002, estableció que si no se impugnó oportunamente la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, que prevé los sujetos, objeto, base y época de pago de la «contribución especial por servicio de alumbrado público», debe tenerse por consentida, y que al emitirse anualmente las Leyes de Ingresos para cada Municipio de ese Estado, surge la posibilidad de impugnar en amparo sólo respecto de la tasa ahí prevista; ahora bien, en virtud de que los porcentajes de dicha tasa se hacen depender de las tarifas que para la venta del servicio público de energía eléctrica establece la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, cuya emisión compete al ámbito federal, así como las contribuciones correspondientes según lo establece el artículo 73, fracciones X y XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Federal, cuando se impugnen las citadas leyes de ingresos, en cuanto a este elemento, también es aplicable, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial temática P./J. 6/88 de rubro: «ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.».’. Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto, con el caso concreto. Respecto de la fundamentación y motivación de los actos formal y materialmente legislativos, ese Alto Tribunal ha sostenido la tesis de jurisprudencia cuyos rubro y texto, señalan: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentación y la motivación de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confieren (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a resoluciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 157-162, Primera Parte. Página 150).’. De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emitan corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Oaxaca, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna. Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 16, 73, fracción XIX, sección 5o., inciso a), 124 y 133.

CUARTO. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 21/2005 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

En diverso auto de misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Oaxaca adujo en relación con los hechos de la demanda:

"1. En cuanto al apartado I, de la infundada demanda de acción de inconstitucionalidad, relativa a la autoridad emisora y promulgadora de la norma impugnada, manifiesto lo siguiente: En relación al inciso a), que se refiere la autoridad emisora es cierto que este Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el Decreto Número 93, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oax., para el ejercicio fiscal del año 2005, misma que contiene el numeral 33, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Número 26, de fecha 25 de junio de 2005. En cuanto al inciso b) del apartado que se contesta, no tengo nada que manifestar al respecto, toda vez que no es un hecho propio del Poder Legislativo. 2. Por lo que hace al apartado II, de la demanda denominado: ‘Norma general cuya invalidez se reclama’, como ya se manifestó, es cierto, ya que dicho precepto forma parte del Decreto Número 93, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del año 2005, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Número 26, de fecha 25 de junio de 2005. 3. En relación al apartado III, de la infundada demanda de acción de inconstitucionalidad, denominado: ‘Preceptos constitucionales que se estiman violados’, contesto: Niego que el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del año 2005, viole en perjuicio de nadie los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. En contestación al apartado IV, de la infundada demanda que el actor denomina: ‘Consideraciones previas al pronunciamiento de los conceptos de invalidez’, manifiesto: Sobre el inciso a) que se denomina: ‘Sobre la competencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad’, reconozco que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del presente asunto. Respecto al inciso b) de este apartado, en el que el actor pretende justificar la oportunidad de la presentación de su demanda, nada tengo que manifestar. 5. En contestación al punto señalado como V, de la demanda de acción de inconstitucionalidad, denominado: ‘Conceptos de invalidez’, se informa en los siguientes términos: El artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del año 2005, aprobado mediante Decreto Número 93, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Número 26, de fecha 25 de junio de 2005, no contraviene el texto de los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: a) La garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal, no se quebranta con la aprobación del artículo 33 ya referido, cuya invalidez se demanda, en virtud de que para la aprobación de dicha ley se observaron las formalidades del procedimiento legislativo que establecen los artículos 31, 49, 50, 51, 53, 59 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como lo preceptuado por los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca y el 70 al 151 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, y en su contenido, no se contravino el espíritu de la Constitución Federal, no invade competencias del Congreso de la Unión, ni este Congreso, ni el Municipio; por lo que dicho acto legislativo tiene sustento constitucional y, en consecuencia, tiene validez la norma general impugnada. Por lo que solicito se declare la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. b) El señalamiento que el actor realiza en el sentido de que la norma impugnada viola el artículo 73, fracción XXIX, sección 5o. inciso a), resulta a todas luces incongruente; toda vez que el acto que se reclama de esta soberanía constitucional y popular, al aprobar la mencionada Ley de Ingresos, de la que forma parte el artículo 33, del cual se pretende su invalidez por la parte actora, no invade la esfera de las atribuciones del Congreso de la Unión, por no establecer contribuciones sobre consumo de energía eléctrica, atribución que se encuentra reservada al Poder Legislativo Federal. La norma preceptuada en el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oax., para el ejercicio fiscal de 2005, se refiere al alumbrado público, atribución establecida para los Municipios en el inciso b) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en función de ello, los Municipios tienen a su cargo las funciones y el servicio de alumbrado público, que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares públicos de uso común; por lo que, a mayoría de razón, la disposición de la Ley de Ingresos que se reclama, no resulta inconstitucional como lo alega el actor. Por lo tanto, no es violatorio de la Constitución el mencionado artículo 33 y no invade las atribuciones federales; ya que lo que en él se establece, es que el cobro del alumbrado público, lo realizará la empresa suministradora del servicio, la cual hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expide por el consumo ordinario. 6. Debe declararse improcedente la acción planteada por el actor, toda vez que el artículo 33 del que se duele, no establece de manera alguna, una facultad recaudatoria para el Municipio, sino que, únicamente se refiere a la forma de calcular la contribución, que en la especie, resulta ser un derecho, que se regula en los artículos 31 y 32. En efecto, los artículos citados establecen el objeto del derecho, y que es la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio, servicio cuya prestación está encargada por la Constitución Federal a los Municipios. De ninguna manera pues, se está autorizando al Municipio a cobrar contribuciones por concepto de energía eléctrica, como erróneamente lo aprecia el procurador general de la República. A lo que se refiere concretamente el artículo 31, es que ese derecho lo tienen que pagar los habitantes del Municipio para que la administración municipal, se allegue de recursos para sostener el servicio de alumbrado en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común; de ninguna manera se establecen contribuciones sobre generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, que sí son facultades propias de la Federación, de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; de ahí nace la confusión del procurador general, que con lo anterior debe quedar dilucidada. El artículo 33 impugnado, establece el mecanismo y los factores que se utilizarán para el cálculo del referido ingreso municipal; y así, visto de manera aislada, como lo plantea el actor, no causa ningún agravio, ni vulnera el texto constitucional en perjuicio de facultades de la Federación o alguno de sus poderes. Por ello carece de materia la causa que intenta el procurador general. La Comisión Federal de Electricidad, como organismo público descentralizado del Ejecutivo Federal, tiene a su cargo, la prestación del servicio público de energía eléctrica, los Municipios, el servicio público de alumbrado público. 7. De la simple lectura de un recibo de pago de consumo de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad en toda la República mexicana, que puede considerarse para estos efectos como documental fehaciente, se puede leer que se contempla por concepto de DAP (derecho de alumbrado público) el 8% sobre la cantidad cobrada por el consumo. Ese derecho que se le cobra al usuario, es retenido por la empresa, y enterado a las tesorerías de los Municipios del país, por la razón de que, es a los Ayuntamientos a quien la Constitución Federal obliga a la prestación del servicio de alumbrado público. Ello se encuentra contemplado de manera clara en los artículos 34 y 35 de la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2005, para el Municipio de Santa María Huatulco. El contenido del artículo 33 de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2005 del Municipio de Santa María Huatulco, no contradice a la Constitución Federal, ni invade la esfera de facultades de autoridad federal alguna; ello es así, porque no establece cobro de derecho por servicio de energía eléctrica, únicamente se concreta a señalar los porcentajes que de hecho ya la Comisión Federal de Electricidad cobra a los usuarios, en función de la tarifa establecida por la misma paraestatal. Para robustecer lo antes expuesto, me permito transcribir el texto del artículo 16 del Reglamento de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 16. La construcción, operación, mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio municipal de alumbrado público, así como la ejecución de los proyectos correspondientes y de cualquier trabajo relacionado con dicho servicio, estarán a cargo de la dependencia o entidad competente. Las obras e instalaciones del servicio municipal de alumbrado público en ningún caso formarán parte integrante del sistema eléctrico del suministrador y, para los efectos del presente reglamento, se equipararán a las destinadas al uso de la energía eléctrica en lo concerniente a las relaciones entre el prestador del servicio de alumbrado público y el suministrador. Para fijar los límites de la responsabilidad del suministrador, en los contratos de suministro que celebre el prestador del servicio de alumbrado público con el suministrador se determinarán con toda precisión las condiciones del mismo, la tarifa aplicable y, especialmente, los puntos de entrega de la energía eléctrica. Los proyectos y la construcción de sistemas de alumbrado público se sujetarán, en lo conducente, a las normas oficiales mexicanas.’. Todas las anteriores consideraciones sostienen también la inoperancia de los señalamientos que hace el actor, en el sentido de que la norma impugnada, vulnera el contenido de los artículos 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la actuación de este Congreso se sujetó a las disposiciones constitucionales federales, locales y reglamentarias, sin afectar, vulnerar o invadir esferas competenciales de otras autoridades. En cuanto al capítulo de pedimentos efectuados por el actor, manifiesto que no le asiste el derecho para actuar, toda vez que la aprobación del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal del año 2005, aprobado mediante Decreto Número 93, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Número 26

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19275-e38a11c7/accion-de-inconstitucionalidad-estudio-innecesario-de-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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