Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. ALUMBRADO PÚBLICO. LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ DEL DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005, QUE PREVÉ LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2005. · Registro digital (IUS): 19355
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1141.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: J. FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de diciembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se precisa, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, calzada Francisco I. Madero, esquina con Av. Tecnológico s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, carretera Oaxaca-Puerto Ángel, km. 9.05, Oaxaca, Oaxaca. II. Norma general cuya invalidez se reclama: artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, publicada el 16 de julio de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"ÚNICO. El artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX. Para establecer contribuciones: ... 5o. Especiales sobre: a) Energía eléctrica ...’. ‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. El numeral 16 de la Constitución Federal, establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, consecuentemente, es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40 en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen, interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos, todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Sin embargo, para poder hablar de contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago; en el caso del derecho de alumbrado público. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión. Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 16 de julio de 2005, se advierte la publicación de los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señalan: ‘Título tercero. De los derechos. Capítulo primero. Alumbrado público. Artículo 31. Es objeto este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entenderá por servicio de alumbrado público el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común.’. ‘Artículo 32. Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicada frente a su predio.’. ‘Artículo 33. Servirá de base para el cálculo de este derecho el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, aplicando la tasa del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT.’. ‘Artículo 34. El cobro de este derecho lo realizará la empresa suministradora del servicio, la cual hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario.’. ‘Artículo 35. La empresa suministradora del servicio deberá enterar las cantidades recaudadas por este derecho a la Tesorería Municipal.’. De la anterior transcripción se desprende que los elementos del supuesto derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no ubicada frente a su predio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tasa o tarifa: La tasa del 8% para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, 07 y 4% para las tarifas OM, HM, HS y HT. d) Base: El importe de consumo que los propietarios poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. e) Época de pago: La empresa suministradora del servicio, hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Ahora bien, para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: ... IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ...’. En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala: ‘Artículo 115 ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... b) Alumbrado público ...’. Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz. De lo anterior, resulta que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior, tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar el pago de la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos Municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución. De tal modo que si la Legislatura de Oaxaca con la emisión del numeral 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2005. Sirven de apoyo a la anterior determinación, los criterios sustentados por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos señalan: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988. Tesis P./J. 6/88. Página 134. ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las Legislaturas Locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.’. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, marzo de 2004. Tesis 2a./J. 25/2004. Página 317. ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2002, estableció que si no se impugnó oportunamente la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, que prevé los sujetos, objeto, base y época de pago de la «contribución especial por servicio de alumbrado público», debe tenerse por consentida, y que al emitirse anualmente las Leyes de Ingresos para cada Municipio de ese Estado, surge la posibilidad de impugnar en amparo sólo respecto de la tasa ahí prevista; ahora bien, en virtud de que los porcentajes de dicha tasa se hacen depender de las tarifas que para la venta del servicio público de energía eléctrica establece la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, cuya emisión compete al ámbito federal, así como las contribuciones correspondientes según lo establece el artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., subinciso a), de la Constitución Federal, cuando se impugnen las citadas leyes de ingresos, en cuanto a este elemento, también es aplicable, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial temática P./J. 6/88 de rubro: «ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.».’. Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal, obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto, con el caso concreto. Respecto de la fundamentación y motivación de los actos formal y materialmente legislativos, ese Alto Tribunal ha sostenido la tesis de jurisprudencia cuyos rubro y texto, señalan: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentación y la motivación de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confieren (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a resoluciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica.’. De la anterior transcripción se desprende que, en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En ese contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Oaxaca, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna. Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133.

CUARTO. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 25/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano como instructor del procedimiento y para que formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad; ordenando dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. El Congreso del Estado de Oaxaca, por conducto del presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Novena Legislatura de esa entidad, al rendir su informe, en síntesis, señaló:

• Que es cierto que esa autoridad aprobó el Decreto 95, que contiene la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca.

• Que reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad.

• Que el artículo 33 de la citada ley, no es violatorio de los artículos 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133 constitucionales, en atención a las siguientes razones:

a) La garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional no se quebranta con la aprobación del artículo que se pretende invalidar, en virtud de que para la aprobación de dicho numeral se observaron las formalidades del procedimiento legislativo que establecen los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los artículos contenidos en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca y del Reglamento Interior del Congreso de la misma entidad federativa.

b) Que el artículo cuya invalidez se demanda no invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, ya que no establece contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, sino que se refiere al alumbrado público, atribución establecida para los Municipios en el inciso b) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que debe declararse improcedente la acción planteada toda vez que el artículo 33 del ordenamiento legal en cuestión no establece de manera alguna una facultad recaudatoria por concepto de energía eléctrica a favor del Municipio, sino que únicamente se refiere a la forma de calcular la contribución, que en la especie resulta ser un derecho para sostener el servicio de alumbrado público.

• Que la disposición mencionada no contradice a la Constitución Federal, ni invade la esfera de facultades de autoridad federal alguna; ello es así, porque únicamente se concreta a señalar los porcentajes que de hecho, la Comisión Federal de Electricidad ya cobra a los usuarios, en función de la tarifa establecida por la misma paraestatal.

• Que más aún, el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, establece lo siguiente:

"Artículo 16. La construcción, operación, mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio municipal de alumbrado público, así como la ejecución de los proyectos correspondientes y de cualquier trabajo relacionado con dicho servicio, estarán a cargo de la dependencia o entidad competente.

"Las obras e instalaciones del servicio municipal de alumbrado público en ningún caso formarán parte integrante del sistema eléctrico del suministrador y, para los efectos del presente reglamento, se equipararán a las destinadas al uso de la energía eléctrica en lo concerniente a las relaciones entre el prestador del servicio de alumbrado público y el suministrador.

"Para fijar los límites de la responsabilidad del suministrador, en los contratos de suministro que celebre el prestador del servicio de alumbrado público con el suministrador se determinarán con toda precisión las condiciones del mismo, la tarifa aplicable y, especialmente, los puntos de entrega de la energía eléctrica.

"Los proyectos y la construcción de sistemas de alumbrado público se sujetarán, en lo conducente, a las normas oficiales mexicanas."

• Asimismo, hizo valer lo que llamó excepción de falta de acción, porque el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios para la prestación del servicio de alumbrado público, y para recaudar las contribuciones que lo hagan posible; como también la de improcedencia de la acción derivada de lo anterior.

SEXTO. El gobernador del Estado de Oaxaca, en su informe respectivo, en esencia señaló que:

• Es cierto el acto que se le atribuye relativo a la promulgación del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca.

SÉPTIMO. Recibidos los informes de las autoridades responsables, formulados sus alegatos y encontrándose debidamente instruido el procedimiento en sus términos, por auto de catorce de octubre de dos mil cinco, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciséis de julio de dos mil cinco.

SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El artículo 33 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, se publicó en el Periódico Oficial del citado Estado el dieciséis de julio de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar de ese medio informativo, que obra a foja quince del expediente principal.

En consideración a que el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el domingo diecisiete de julio, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales vencería el quince de agosto del presente año.

Luego si el escrito de demanda fue presentado por el procurador general de la República, el quince de agosto de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente.

La demanda la suscribe el procurador general de la República.

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, cuyos datos de localización, rubro y contenido, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: P./J. 98/2001

"Página: 823

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

En este orden de ideas, cabe mencionar que las acciones de inconstitucionalidad son juicios abstractos de contrastación de las normas jurídicas con la Constitución Federal, las cuales pueden ser planteadas únicamente por los sujetos expresamente legitimados por el artículo 105, fracción II, constitucional, supuesto en el que se encuentra incluido el procurador general de la República, quien en el presente caso comparece en ese carácter y no en representación del Congreso de la Unión ni de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual deviene infundado lo aducido por el Poder Legislativo de la entidad en ese sentido.

CUARTO. Enseguida se procederá al análisis de las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan.

El Congreso del Estado de Oaxaca hace valer dos excepciones que denomina: "falta de acción" e "improcedencia de la acción", respectivamente; la primera de ellas la hace consistir en que el artículo impugnado no contraviene la Constitución Federal, toda vez que los Municipios se encuentran facultados para la prestación del servicio público de alumbrado y, por ende, "para recaudar contribuciones que la hagan posible", y en el caso únicamente se están estableciendo los porcentajes que la Comisión Federal de Electricidad ha cobrado y cobra por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público, cuya presta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19355-760cb09c/accion-de-inconstitucionalidad-estudio-innecesario-de-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.