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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CONDICIONAR LA PERMANENCIA EN EL EMPLEO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN MENOS DE UN AÑO EN EL PUESTO, POR TENER UN VÍNCULO DE PARENTESCO O AFINIDAD CON ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO O DE LAS JUNTAS MUNICIPALES, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 5o., 115, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2005. · Registro digital (IUS): 20693
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 1931.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el siete de julio de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

"Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Congreso de la entidad, Libertad número 9, zona centro (Torre Legislativa), Chihuahua, Chihuahua. b) Gobernador del Estado, Aldama número 9 (Palacio de Gobierno), Chihuahua, Chihuahua. Norma general cuya invalidez se reclama. Se demanda la declaración de invalidez del artículo 61, fracción IV, segundo párrafo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado el 8 de junio de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. El concepto de invalidez que se hizo valer es el siguiente:

"Único. Violación del artículo 61, fracción IV, párrafo segundo del Código Municipal del Estado de Chihuahua a los numerales 5o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 115, fracción VIII, segundo párrafo, 123, apartado B, fracción IX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ...’. ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: I. a VII. ... VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias; ...’. ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: I. a VIII. ... IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; ...’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Por su parte, el artículo 61, fracción IV del Código Municipal del Estado de Chihuahua, prevé: ‘Artículo 61. Para ser funcionario municipal se requiere: I. a III. ... IV. No ser cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del presidente municipal, del presidente seccional, de los regidores o del síndico. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a quien tenga una antigüedad mínima de un año en su puesto o función, al momento de la toma de posesión de los integrantes del Ayuntamiento o de las Juntas Municipales; según sea el caso. V. ...’. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5o. de la Carta Magna, el derecho a la libertad del trabajo consiste en que a nadie se le puede impedir el ejercicio de su profesión, industria o comercio, salvo por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, por resolución gubernativa o cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Esto es, el precepto 5o. constitucional establece las libertades del trabajo, de industria y de comercio; consigna, por una parte, la posibilidad de que toda persona elija la profesión que más le agrade y, por otra, hace mención de las limitaciones al ejercicio de esa libertad. La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, conforme dos lineamientos específicos, a saber: A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Estos lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en términos del primer párrafo del artículo 5o. de la Carta Magna, se sustentan a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga exigible la garantía constitucional. Esto es así, ya que la libertad de trabajo no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales, como son: a. Que no se trate de una actividad ilícita; b. Que no se afecten derechos de tercero, y c. Que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley; dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse cuando sea ilícita, es decir, que esté prohibida por ley o que, aun y cuando no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano. Tocante al segundo presupuesto normativo, éste implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación a derechos de tercero, esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley a favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aquél. El tercer presupuesto normativo establece que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general. Esto último se entiende, en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el interés de la sociedad por encima del interés particular. En estas condiciones, puede considerarse que la garantía individual en estudio, no es absoluta, en tanto que pondera a su vez la licitud de la actividad de que se trate así como los derechos de tercero y de la sociedad en general, consignando de esta manera limitaciones a dicha garantía basados en principios fundamentales a los que debe atenderse para su exigibilidad y tutela. Por otra parte, del análisis cuidadoso del artículo 5o. de la Constitución Federal, se desprende que el Poder Legislativo, en su función de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con los gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta perderá su eficacia. La razón radica en que la ley debe tener los atributos señalados y, además, en que el propio precepto constitucional reserva a la función judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero y por resolución gubernativa, en los términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad. Ahora bien, del estudio integral de la disposición impugnada, se colige que los funcionarios municipales de la entidad que no hayan cumplido un año de antigüedad en el puesto o función que desempeñen, no podrán seguir prestando sus servicios como empleados del Ayuntamiento y, en consecuencia, serán removidos de su cargo si su cónyuge, un pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuatro grado o por afinidad dentro del segundo, asume las funciones de presidente municipal, presidente seccional, regidor o síndico, violando con ello, la libertad de trabajo que tiene todo gobernado. El hecho de tener cierto tipo de parentesco con el cabildo recién electo y no contar con la antigüedad de un año como funcionario municipal, no se contrapone a las limitantes establecidas en el artículo 5o. constitucional, esto es, dicha función pública no es ilícita y sólo puede ser vedada por resolución judicial, cuando afecta los derechos de tercero o por determinación gubernativa cuando afecte a la misma sociedad chihuahuense. La licitud en la ocupación de un cargo en el servicio público municipal deriva del hecho mismo de que es un cargo público para actividades relacionadas con los Municipios o juntas municipales, previsto expresamente en un ordenamiento legal emitido por la Legislatura del Estado -Código Municipal del Estado de Chihuahua-, y que es de orden público e interés social que tiene como fin asegurar el desempeño profesional de los servidores públicos adscritos a dicho ente público, al respecto el citado ordenamiento señala en su artículo 76 que el trabajador al servicio de un Municipio es toda persona que le preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud del contrato, nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Las circunstancias de parentesco y antigüedad en análisis, tampoco afecta derechos de tercero, en virtud de que los cargos en el servicio público que prevé el Código Municipal chihuahuense, siempre que se apeguen a los principios de honorabilidad, honradez, legalidad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, no puede implicar afectación a derechos de tercero, sino por el contrario, la actividad cotidiana que realiza dicho funcionario tiende a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, siempre en beneficio de la misma. Finalmente, por cuanto hace a que no deben afectarse derechos de la sociedad, cabe señalar que un cargo en el servicio público municipal, no puede implicar lesión al interés general, en la medida que, como ya quedó expuesto, la ley que lo rige es de orden público e interés social y, además tiene por objeto prestar los servicios que necesita la población, lo cual evidentemente es en beneficio de la propia sociedad. En ese orden de ideas, se concluye que el ejercicio de un cargo dentro del servicio municipal, es acorde con los principios fundamentales en que se basa la garantía de libertad de trabajo. En tales circunstancias, es evidente que la Legislatura del Estado de Chihuahua trastoca los derechos laborales de los funcionarios municipales de la entidad al disponer que cuando no hayan cumplido un año de antigüedad en el puesto o función que desempeñan, no serán considerados como funcionarios públicos municipales, no obstante que con anterioridad cubrieron los requisitos establecidos en la norma para el ingreso al puesto correspondiente, lo cual tiene como consecuencia que sean removidos de su cargo, y por consiguiente su despido, si su cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitaciones de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, asumen las funciones de presidente municipal, presidente seccional, regidor o síndico, sin que se configure alguna de las hipótesis previstas para prohibir el derecho al trabajo. Corrobora lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, aplicado por analogía: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, abril de 1999. Tesis P./J. 29/99. Página 258. ‘LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR. Del análisis cuidadoso del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que un actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta pierda su eficacia. La razón radica en que la ley debe tener los atributos señalados y, además en que el propio precepto constitucional reserva a la función judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resolución judicial, cuando se afecten derechos de terceros, y por resolución gubernativa, en los términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad.’. Resulta entonces que el artículo 61, fracción IV, segundo párrafo del Código Municipal de Chihuahua, contraviene la garantía de libertad de trabajo prevista por el artículo 5o. de la Constitución Federal, que esencialmente establece que a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos y no se afecten derechos de tercero o de la sociedad, siendo que en el caso, como ya quedó expuesto con anterioridad, no se trata de una actividad ilícita, ni se afecta tales derechos, en consecuencia, procede que ese Supremo Tribunal, declare la invalidez de la norma general en referencia. El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución General de la República, antes reproducido, consagra la garantía de audiencia que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus derechos. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, sea mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones, y que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Como se advierte, el numeral en mención protege los derechos, atribuciones o facultades de las personas físicas y morales ante la posibilidad de que sufran algún acto de privación de tales derechos o atribuciones por parte de un órgano de gobierno, siendo dicho acto el presupuesto esencial para que exista una posible violación al precepto en comento. En ese contexto, para que algún funcionario municipal en el Estado de Chihuahua sea cesado o separado de su cargo es necesario que se actualicen diversas causas que la ley establece y bajo la tramitación de un procedimiento, tales exigencias deben ser observadas en aras de cumplir los principios constitucionales descritos con anterioridad. El Código Municipal de Chihuahua en su artículo 76 dispone que el trabajador al servicio de un Municipio, es toda persona que le preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud del contrato, nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, bajo la calidad de confianza o de base. Asimismo, se establece que entre los trabajadores de confianza se encuentran los titulares de las dependencias de la administración municipal; el secretario particular del presidente municipal; los jefes y subjefes de departamento; los cajeros de las oficinas receptoras; auditores; pagadores; inspectores; administradores de servicios públicos; miembros de comisiones de estudio; consultores; asesores; ingenieros comisionados en obras públicas; miembros de la policía, tránsito y bomberos municipales y alcaldes, mientras que los trabajadores de base son los no incluidos en la enumeración anterior. La relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores se sujetará, en lo previsto en el Código Municipal y supletoriamente el Código Administrativo para el Estado de Chihuahua. Tales ordenamientos jurídicos estatales, establecen una serie de normas que los funcionarios municipales deben observar en el desempeño de sus funciones, para que no sean cesados o destituidos en su encargo, por su parte la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone, entre otras cosas, el procedimiento bajo el cual serán sometidos los trabajadores que no cumplan con sus funciones, así como las posibles sanciones a las que se harían acreedores, entre las que se encuentran una amonestación por escrito, una sanción económica, suspensión, destitución e inhabilitación. El procedimiento a seguir para aplicar las sanciones antes mencionadas con excepción de la amonestación, conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se lleva a cabo de la siguiente manera: Conocida una irregularidad, se le solicitará un informe al servidor público presunto responsable de la misma, haciéndole llegar, en su caso, copia de la denuncia, acta administrativa o pliego de observaciones, así como de la documentación en que se funde, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que formule por escrito su contestación y ofrezca pruebas. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, se señalará día y hora para la celebración de una audiencia, en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos; citándose al denunciante y al servidor público para resolución, la que deberá ser pronunciada dentro de los quince días hábiles siguientes. La resolución que se dicte, deberá notificarse al encausado y al denunciante, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se pronuncie. La Dirección General de Administración del Gobierno Estatal notificará al superior jerárquico del servidor público, las sanciones que impusiere. Cuando no se cuente con elementos suficientes para resolver o se descubrieren algunos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del denunciado o de otras personas, y hasta antes de la citación para resolución, para mejor prever podrá ordenarse la práctica de diligencias, así como el emplazamiento de los servidores públicos involucrados. Cuando la Dirección General practique éstas, el superior jerárquico podrá designar un representante que participe en las mismas. De todas las diligencias que se practiquen, se levantará acta circunstanciada que deberán suscribir quienes en ella intervengan. En caso de negativa se asentará tal circunstancia, sin que esto afecte su valor probatorio. Es claro que de lo anterior, se puede concluir que existe un procedimiento bien definido para aplicar las sanciones correspondientes, para el caso de que algún servidor público en el Estado incurra en responsabilidad. Atento a ello, resulta incuestionable que la norma combatida, es violatoria de la Constitución Federal, al establecer que no podrán seguir ejerciendo como funcionarios municipales, aquellos que tengan algún parentesco consanguíneo o por afinidad con el presidente municipal, presidente seccional, regidores, o con el síndico y que no hayan cumplido un año en el ejercicio de sus funciones, esto es, serán destituidos sin que medie el procedimiento indicado líneas arriba, ante las autoridades estatales de la materia y en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior obedece al hecho de que al privar a los empleados del Municipio del derecho de continuar laborando sin que sean oídos y vencidos en juicio, atenta contra la garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, resulta vulnerado el artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el 123, apartado B, fracción IX, de dicho Ordenamiento Supremo, en razón de que el primer numeral invocado otorga a las Legislaturas Locales la facultad de regular las relaciones de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores, con base en los principios del precepto 123. El artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, por lo que debe inferirse que tal disposición debe ser considerada por las Legislaturas Locales para regular las relaciones laborales entre los Municipios y sus trabajadores. Lo anterior, se desprende de la reforma al entonces artículo 115 constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, que entre otros aspectos, comprendió el régimen laboral de los trabajadores al servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios. La referida modificación estableció en la entonces fracción IX del numeral 115 que las relaciones de trabajo entre las entidades federativas y sus trabajadores, así como entre los diferentes Municipios de la República y sus trabajadores serían materia de la legislación local, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal. A pesar de que la intención del Órgano Reformador Revisor de la Constitución era otorgar tutela laboral a ese sector de los trabajadores, la reforma adolecía de precisión, ya que no determinó cuál de los apartados A o B, que componen el artículo 123, sería el criterio orientador respecto a los principios mínimos legales a reconocer en las leyes respectivas. Sin embargo, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, citada por Carlos F. Quintana Roldán en su obra denominada derecho municipal, en su parte relativa expresó: ‘Se sugiere a fin de que tales trabajadores cuenten con protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus relaciones en las Constituciones Locales y en las leyes estatales, mismas que deben observar como principios básicos las garantías de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el empleo, en acceso a la función pública, la protección al salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuadas para la solución jurisdiccional de controversias.’. Así entonces, del texto en cita se observa que la finalidad de la reforma fue otorgar a los trabajadores de los Gobiernos Estatales y Municipales los derechos mínimos a los que alude el apartado B del artículo 123. Adicionalmente, ese Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 156/2002-SS, determinó lo siguiente: ‘En efecto, si bien es cierto de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, lo que en relación con la fracción IX (a contrario sensu) del propio numeral y los artículos 115, fracción VIII, último párrafo y 116, fracción V, de la misma Carta Magna, ha sido interpretado por este Alto Tribunal (en las tesis aisladas y jurisprudencial mencionadas) en el sentido de que esos trabajadores se encuentran excluidos de la estabilidad en el empleo y de los derechos derivados de esa prerrogativa, como son la reinstalación en el cargo o la indemnización constitucional en caso de despido injustificado, también es verdad que este propio tribunal ha reconocido que el artículo 123 constitucional únicamente consagra derechos mínimos a favor de los trabajadores que pueden ser válidamente mejorados por cualquier convenio o disposición legal. ...’. Ahora bien, el artículo 123, apartado B, fracción IX, prevé que todo trabajador no puede ser suspendido o cesado sin causa justificada en los términos que fije la ley, y para el caso de separación injustificada tendrá derecho a que se sustancie el procedimiento que la propia ley establezca para el efecto de optar por su reinstalación o indemnización. En este sentido, la norma constitucional prevé que para el caso de que un trabajador sea impedido del ejercicio de la función que desempeña debe seguirse un procedimiento previamente establecido en la ley, así los Congresos Locales deben garantizar que todo trabajador que labore en el Estado goce de las garantías laborales que consagra la Constitución Federal, entre las que se destaca la de la permanencia en el cargo, la cual sólo podrá ser limitada mediante las causas que la propia ley establezca y, como ya se dijo, mediante la observancia de un procedimiento. Motivo por el cual la norma combatida resulta violatoria de los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución General de la República, en razón de que la Legislatura Local al emitir la disposición general que se combate, limita el derecho al trabajo que tienen los parientes por consanguinidad o por afinidad, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo grado, con los ediles recién electos y que no hayan cumplido un año de antigüedad en el empleo o cargo que desempeñen, al no otorgarles el derecho de seguir en el ejercicio del cargo o empleo, sin que exista causa justificada y previo procedimiento legal. Finalmente, el artículo 133 de la Carta Magna impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas la autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente la vulneración del principio conocido como de supremacía constitucional. En este sentido, y toda vez que el precepto que se combate contradice lo dispuesto en los numerales 5o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 115, fracción VIII, segundo párrafo, 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se conculca el principio de supremacía constitucional, puesto que dicha norma impugnada pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 5o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 115, fracción VIII, segundo párrafo, 123, apartado B, fracción IX y 133.

CUARTO. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil cinco el presidente de esta Suprema Corte de Justi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20693-4c9a7fc6/accion-de-inconstitucionalidad-el-segundo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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