ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 24-A DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT QUE IMPIDE A LAS PERSONAS DISPONER PARCIALMENTE DE SU CUERPO, CON FINES TERAPÉUTICOS, A FAVOR DE OTRAS CON LAS QUE NO TENGAN PARENTESCO HASTA EL CUARTO GRADO, TRANSGREDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, ASÍ COMO LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, CONTENIDAS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de noviembre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el dieciséis de mayo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la reforma al artículo 24-A del Código Civil de Nayarit, emitida y promulgada respectivamente por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de ese Estado, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de abril de dos mil cinco.
SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que la disposición legal impugnada es violatoria de los artículos 1o., 4o., párrafo tercero, 16, párrafo primero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En el único concepto de invalidez, se expone lo siguiente:
"Único. Violación del artículo 24-A del Código Civil de Nayarit, a los preceptos 1o., 4o., párrafo tercero, 16, párrafo primero y 133 de la Carta Magna.
"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:
"‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’. ‘Artículo 4o. ... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. ...’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’
"La norma general cuya invalidez se demanda, prevé:
"‘Código Civil del Estado de Nayarit’. ‘Artículo 24-A. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terapéutico de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposición no le ocasione una disminución permanente de su integridad física, ni ponga en peligro su vida.’
"La salud pública, es una condición imprescriptible y necesaria del Estado moderno, requiere de una constante intervención nacional y de medios idóneos, refiriéndose al aspecto higiénico o sanitario de una colectividad.
"En virtud de que la salud pública es una de las prioridades de los Estados, es necesaria su regulación tanto en el plano internacional como nacional.
"Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, la define como: ‘un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad.’
"Por su parte, la declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, señala en su numeral 25 lo siguiente:
"‘Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ...’
"Se tiene que el derecho a la protección de la salud, tendrá entre otros propósitos, lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos, prolongar y mejorar la calidad de vida en todos los sectores sociales, sobre todo los más desprotegidos, así como buscar que el disfrute de los servicios de salud y asistencia social satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
"Al respecto, es ilustrativa la exposición de motivos que dio origen a las reformas y adiciones al artículo 4o. constitucional, de 3 de febrero de 1983, transcrita en la ejecutoria que resolvió la acción de inconstitucionalidad 10/2000, al indicar:
"‘... de lo anterior se desprende que la teleología de este artículo, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos y ello se confirma con la exposición de motivos y con los dictámenes de las Cámaras de Senadores y de Diputados que dieron origen a las reformas y adiciones al artículo 4o. constitucional, de fecha tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en las que en sus partes conducentes señalan: «Exposición de motivos: ... Por ello, los Gobiernos de la Revolución han estado atentos a destinar a la salud, los mayores recursos posibles y a continuar la tarea permanente de modernizar la legislación sanitaria. La rica y vasta legislación se ocupa ya de cuestiones que inicialmente no eran contempladas por la norma sanitaria, como son la prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos, disposición de órganos, tejidos y cadáveres; control de alimentos, bebidas y medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos; protección de la salud de la niñez y de los ancianos; mejoramiento y cuidado del medio ambiente. <... es necesario elevar al rango del derecho a la protección de la salud, consagrándolo en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna como una nueva garantía social.>. Por sucesivas reformas y adiciones, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna contiene derechos y principios de la mayor trascendencia para el bienestar de la familia; la igualdad del hombre y la mujer; la organización y desarrollo familiares; la paternidad responsable, cimiento de la planificación familiar libre e informada; el derecho del menor a la salud física y mental y a su subsistencia básica, y la correlativa responsabilidad del Estado. ...» Dictamen de la Cámara de Senadores: ‘... Por otra parte, nuestra Constitución, por primera vez en el devenir histórico-constitucional del mundo, incorporó en su articulado preceptos de carácter social, tendientes a brindar tutela, protección y auxilio a las clases sociales económicamente débiles, a los trabajadores y campesinos que, con su labor callada y eficaz, han propiciado y fortalecido el progreso de México. Asimismo, en nuestra Constitución se contienen disposiciones para atender a la familia, a los infantes y a los jóvenes.» ... Preocupación constante de los mexicanos ha sido atender correctamente la necesaria salud de los miembros de nuestra comunidad, para que puedan desarrollar plenamente sus facultades físicas e intelectuales; para que desempeñen sus actividades con entera capacidad y entusiasmo, para que la vida no constituya un sufrimiento, sino un decurso de funciones intensas y fructíferas tanto para lograr bienestar material como satisfacciones de índole espiritual; en una palabra, para propiciar y estimular la plena expansión de la persona humana.’
"La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna.
"El derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al término de la vida, no sólo prolongándola, sino haciéndola más grata dándole mayor calidad, haciéndola más digna de ser vivida.
"De igual forma, en el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1981 aparece publicado el ‘Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos’, especificándose en la parte inicial del decreto promulgatorio que el citado pacto fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Este pacto en su artículo sexto señala:
"‘Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.’
"Así entonces, este tratado internacional protege el derecho a la vida, ya que lo considera como un derecho inherente a la persona humana.
"Por su parte el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, adoptado en la Ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre del propio año, en su numeral 10 dispone:
"‘Artículo 10. Derecho a la salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.’
"Como se observa del instrumento internacional en cita, el derecho a la salud entraña el deber del Estado de realizar determinadas actividades, así como la prestación de bienes y servicios para garantizar que sus habitantes gocen de un adecuado nivel de salud pública; además de llevar a cabo programas de educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de problemas de salud.
"De igual forma, en la tesis aislada I.15o.A.9 A, visible en la página 1410, Tomo XX, diciembre de 2004, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, identificada con el rubro: ‘PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA.’, se establece que está elevada al rango de derecho fundamental la protección del derecho a la salud, respecto de la cual es competencia tanto de la Federación, como de las Legislaturas Locales emitir cualquier disposición legal que tenga por objeto el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud; todo ello, en términos de la Ley General de Salud, por ser ésta el ordenamiento que reglamenta el derecho fundamental a la protección de la salud. Así también, resulta aplicable al caso en concreto el siguiente criterio jurisprudencial (sic) contenido en la tesis número P. XIX/2000 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"‘SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.’
"De todo lo anterior, se puede concluir que la protección de la salud comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo (hospitalización, medicina preventiva, cirugía, etc.), la aplicación de los medicamentos de primera necesidad correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.
"Ahora bien, la donación de órganos en sí constituye un medio para preservar la salud, si se considera que un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido disfuncional por otro sano, con el objeto de restituir las funciones perdidas. En muchos casos, es la única forma para que la persona pueda salvarse o recuperar su calidad de vida. El trasplante de órganos es un procedimiento complejo, que afecta cada aspecto vital de los pacientes como son: bienestar emocional, trabajo y relaciones sociales. Por ejemplo, para quienes padecen enfermedad hepática terminal, el trasplante de hígado puede ser una alternativa que restaure la función de este órgano y que le permita seguir con vida.
"En todo trasplante hay una donación, ya que el cuerpo humano está fuera del comercio es un acto altruista que refleja gran solidaridad del donante para con su prójimo.
"Los avances científicos y tecnológicos en medicina, biología, química, ingeniería genética, permitieron el trasplante de órganos de una persona a otra con gran éxito, los cuales en ocasiones constituyen una esperanza de vida para los pacientes que requieren algún órgano para conservar la misma o, en su caso, la perspectiva de una mejor calidad de vida. Muchas personas que han recibido la donación de un órgano, viven gracias al mismo.
"Quien hace esta especie de donación puede dar una nueva vida a su prójimo cualquiera que éste sea y no necesariamente debe limitarse a un familiar, ya que esto tiene la potencialidad de mejorar la calidad de vida del receptor del órgano donado.
"Los avances de la ciencia otorgan la oportunidad de donar a quienes lo necesitan, parte del cuerpo, lo cual constituye un regalo y esperanza de vida por lo que no se debe limitar exclusivamente a los parientes hasta el cuarto grado, como lo prevé la norma que se combate, pues el derecho a la salud reconocido en el precepto cuarto constitucional, es general y no encaminado a un grupo de personas que forman parte de una familia.
"El requerimiento de órganos para trasplante es importante e impresionante y muchas personas mueren día a día ante la falta de donantes, situación que se agrava al prohibir a una persona sólo hacerlo hacia un familiar, por ello, debe declararse inconstitucional la norma que así lo disponga como en el caso en particular lo es el artículo 24-A del Código Civil para el Estado de Nayarit, porque limita el derecho a la salud.
"Bajo este esquema el trasplante de órganos es pieza clave en la protección de la salud de todo individuo, la cual debe hacerse no solamente entre familiares, como lo propone la norma que se tilda de inconstitucional, sino entre aquellos sujetos en los cuales existe una compatibilidad aceptable a fin de lograr la rehabilitación del sujeto que tiene precaria su salud.
"En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada P. IX/2003, visible en la página 54, Tomo XVIII, agosto de 2003, fuente Semanario Judicial de la Federación (sic) instancia Pleno cuyo rubro es: ‘TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS. EL ARTÍCULO 333, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE ÚNICAMENTE ENTRE PERSONAS RELACIONADAS POR PARENTESCO, MATRIMONIO O CONCUBINATO, TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, sostuvo que el citado dispositivo legal, al establecer que para realizar trasplantes de órganos entre vivos, el donante debe tener necesariamente con el receptor, parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o ser su cónyuge, concubina o concubinario, transgrede los derechos a la salud y a la vida establecidos en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues priva a la población en general de un medio apto para prolongar la vida o mejorar su calidad.
"Por lo anterior y considerando que ese Alto Tribunal al emitir la tesis citada, declaró inconstitucional la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, el Congreso de la Unión, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5o. de noviembre de 2004, reformó dicha disposición, señalando que para realizar trasplantes entre vivos se establece que éste será, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Dejando a salvo el beneficio que puede tener otra persona ajena a ese núcleo preferencial.
"Cabe hacer mención que en el dictamen de la Cámara de Senadores, en el cual se vota la minuta respecto del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, señala que el trasplante de órganos es, en muchos casos, la opción más efectiva de atacar males cardiacos, renales, visuales, hepáticos, etcétera, sin embargo no existe una cultura de donación de órganos para después de la muerte.
"Otro aspecto que señala la minuta contenida en el dictamen de referencia, es que en la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud se reduce el universo potencial de donadores al señalar que la donación entre vivos puede darse únicamente entre personas con relación de parentesco, sin atender a criterios de tipo médico que demuestren que existe compatibilidad. Con esta restricción, aquellas personas cuyo vínculo está dado por una afinidad emocional y están dispuestos a donar un órgano sin que intervenga interés alguno más que el de dar un regalo de vida, se ven imposibilitados legalmente a realizar este acto de fraternidad y solidaridad.
"Así las cosas, en el caso particular resulta incongruente que la norma limite la donación de órganos entre familiares, pues es sabido que para llevar con éxito un trasplante debe atenderse a la compatibilidad entre el donante y el receptor, por lo que no por el hecho de ser familiares dicha compatibilidad entre órganos se tenga que dar, perdiendo por consecuencia una oportunidad valiosa de dar vida a otra persona; en esa tesitura resulta inconstitucional que la norma limite el derecho a la salud a otras personas que potencialmente pueden ser receptores del órgano a donar.
"La citada minuta pugna por la preservación del derecho a la salud de todas las personas, sin restricción de beneficio alguno, ya que la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, antes de la reforma conculcaba gravemente esa prerrogativa, volviéndose en consecuencia, inconstitucional en los términos previstos en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"De igual manera en la minuta contenida en el dictamen de referencia, también se prevé que se les permita a las personas que tienen lazos afectivos de amor, amistad o cariño con el receptor, donar un órgano o tejido, manteniendo el espíritu de altruismo y bondad que lleva inmerso dicho acto, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la normatividad vigente, y se regule que la donación expresa ha de manifestarse a través de un documento público o privado, creado y firmado por la persona donante, emitido especialmente para dichos efectos.
"En virtud de la gran falta de donadores, aunado con el largo tiempo de espera que se requiere para obtener un órgano, se hace necesario fomentar su práctica imperativamente, coincidiendo con lo que señala el Plan Nacional de Salud, el cual contempla construir una cultura de donación altruista de órganos y tejidos que eleve la tasa de donación para trasplantes en nuestro país y promueva la donación de fondos para apoyar las fases pre y post trasplante con escasos recursos.
"Tomando en consideración que la citada Ley General señala que el trasplante de órganos preferentemente será entre familiares, respeta el derecho a la salud del que gozan todos los habitantes de nuestro país, estipulado tanto en convenios internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros), como en nuestra Constitución, como parte de las garantías individuales que todo mexicano debe gozar, y que a la letra dice: ‘Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.’
"Por ello es de gran importancia que todas las legislaciones de carácter local que contemplen la donación y el trasplante de órganos regulen dicho acto en términos similares a la Ley General de Salud, cuyo precepto a manera de ejemplo establece lo siguiente:
"‘Artículo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante: I a V. ... VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica; b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, y c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.’
"Por tanto, cualquier persona que se sujete a los estrictos controles técnicos que establece la Ley General de Salud y tenga compatibilidad aceptable con el receptor, sin que vea afectada su salud y motivada por su ánimo de altruismo y solidaridad, podría de manera libre donar gratuitamente un órgano, sin menoscabo de los fines perseguidos por el legislador y por el precepto 4o. constitucional.
"Además, aunque la existencia de una relación de parentesco, de matrimonio o de concubinato permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de que su pariente, cónyuge o concubino pierda la vida, le done un órgano motivada por ánimo altruista, de solidaridad o afecto, es un hecho notorio que no sólo en ese tipo de relaciones familiares se presenta el ánimo de solidaridad y desinterés, sino también entre quienes se profesan amistad y aun entre desconocidos.
"Así las cosas, se tiene que la restricción del beneficio de los demás integrantes de la población de recibir la donación o trasplante de órganos, ante la exigencia de un grado de parentesco, conculca los citados derechos de todo hombre que son a saber, entre otros el de la salud y la vida.
"En ese orden de ideas, de igual forma se trastoca el artículo 1o. constitucional a la luz del derecho a la salud consagrado en el numeral 4o. de la Carta Magna, al privar a las personas de la libertad de disponer de forma total o parcial de su cuerpo.
"En el artículo 1o. de la Constitución Federal se consagran dos garantías genéricas: la de igualdad y la de libertad, el dispositivo constitucional en comento establece la prohibición tajante de atentar contra la dignidad humana, menoscabando los derechos y libertades de las personas; en el caso particular la norma que se combate, restringe el derecho para que las personas puedan disponer libremente a quién pueden donar parte de su cuerpo, al acotar su libertad de donar sólo a un grupo de personas, miembros de una familia.
"La garantía de libertad se consagra en nuestra Carta Magna como un conjunto de previsiones constitucionales por las cuales se otorgan una serie de derechos públicos subjetivos a favor del individuo, como una facultad de elección para hacer o dejar de hacer siempre y cuando no se perjudiquen derechos de tercero y con las restricciones que expresamente señala la Constitución.
"Así entonces, el derecho que tiene toda persona a recibir una donación o trasplante conlleva de manera implícita el derecho de aquél que tiene la voluntad de disponer parte de su cuerpo; de tal manera que si existe la intención del donante de ejercer ese derecho, la norma combatida se lo desconoce, con lo que va más allá de lo previsto en los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud, cuyo texto es el siguiente:
"‘Artículo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente título.’
"‘Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.’
"Por lo tanto, el artículo 24-A del Código Civil de Nayarit contradice lo establecido en el numeral 1o. de la Carta Magna.
"Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Federal, contiene la garantía de legalidad de los actos de autoridad, dicho principio exig
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20777-c780ba96/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-24-a-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO D (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN VII, 24 Y 37, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY PARA REGULAR SU VENTA Y CONSUMO, DEL ESTADO DE COLIMA, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 73, F (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CONDICIONAR LA PERMANENCIA EN EL EMPLEO DE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- CAÑA DE AZÚCAR. LAS APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR NO SON OBLIGATORIAS PARA LOS INDUSTRIALES Y ORGANIZ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFORME AL ARTICULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE. (s/clave)
- CONFORME AL ARTÍCULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE.- (24)
- RECLAMACIÓN EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL TRIBUNAL EN PLENO. (101)
- RECLAMACIÓN EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL TRIBUNAL EN PLENO. (P./J. 20/2005 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis