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Modo: Corpus Pro

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN VII, 24 Y 37, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY PARA REGULAR SU VENTA Y CONSUMO, DEL ESTADO DE COLIMA, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN X Y 123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN VII, 24 Y 37, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY PARA REGULAR SU VENTA Y CONSUMO, DEL ESTADO DE COLIMA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2005. · Registro digital (IUS): 20776
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1292.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, con domicilio en calzada Galván y los Regalado, colonia Centro, código postal 28000, Colima, Colima (Palacio Legislativo). b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, con domicilio en Reforma e Hidalgo, colonia Centro, código postal 28000, Colima, Colima (Palacio de Gobierno). II. Norma general cuya invalidez se reclama. Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 23, 24 y 37 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 30 de abril de 2005, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer, son los siguientes:

"Único. Violación de los artículos 23, 24 y 37 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, a los numerales 5o., primer párrafo, 16, primer párrafo, 73, fracción X, 123, apartado A, fracciones II y III, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis años; III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.’. ‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. Asimismo, las normas generales cuya invalidez se demanda, prevén: ‘Artículo 23. Se prohíbe a los titulares de las licencias y a los empleados: ... V. Pintar o fijar en los interiores, cuadros o fotografías que ofendan a la moral o a las buenas costumbres; VI. Vender bebidas que estén adulteradas, contaminadas o alteradas en los términos de las disposiciones de salud aplicables, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan imponer las autoridades sanitarias o de las sanciones penales que correspondan, cuando sean constitutivas de delito; y VII. Contratar laboralmente o subemplear los servicios personales de menores de 18 años de edad, con el fin de realizar actividades de promoción, difusión y publicidad para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y de todo aquel trabajo que sea susceptible de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.’. ‘Artículo 24. Se prohíbe estrictamente la venta y suministro de cualquier clase de bebidas alcohólicas o sustancias que contengan alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de 18 años de edad. Se prohíbe estrictamente a los propietarios, poseedores, representantes o apoderados legales de los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 9o. de esta ley, contratar laboralmente los servicios personales de menores de 18 años de edad. Quienes infrinjan estas disposiciones se harán acreedores a una multa y a la clausura en términos de esta ley.’. ‘Artículo 37. Serán infracciones a esta ley: ... IV. Contratar laboralmente o subemplear los servicios personales de menores de 18 años de edad con el fin de realizar actividades de promoción, difusión y publicidad para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y de todo aquel trabajo que sea susceptible de afectar su moralidad o sus buenas costumbres; V. Vender cualquier clase de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia que contenga alcohol para fines comerciales o medicinales, a menores de 18 años de edad; así como contratar menores de 18 años en los términos establecidos por el artículo 24 de esta ley; y VI. En general, la violación a cualquiera de las disposiciones contempladas en esta ley o en los reglamentos municipales.’. Para mayor comprensión del asunto que nos ocupa se hace necesario transcribir las fracciones I, II y III del numeral 9o. de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, toda vez que el precepto 24 que se combate hace referencia a las mismas: ‘Artículo 9o. Los establecimientos a que se refiere esta ley se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: I. Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: bares, centros nocturnos, tables dance, centros botaneros, cabarets y cualquier otro con este carácter que autoricen los Ayuntamientos; II. Establecimientos en donde en forma accesoria puedan venderse y consumirse bebidas alcohólicas, acompañada de alimentos: restaurantes, restaurantes-bar, restaurante-nocturno, discotecas, clubes sociales, salones de billar, boleramas, casinos de baile, parianes, cafés, cenadurías, marisquerías, fondas, rosticerías, birrierías, menuderías, taquerías, pizzerías y similares; III. Lugares en los que en forma eventual pueden venderse y consumirse bebidas alcohólicas: bailes, ferias, kermeses, lienzos charros, plazas de toros, arenas de box o lucha libre, palenques y centros de espectáculos.’. Ahora bien, a efecto de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 23, 24 y 37 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, considero pertinente realizar las siguientes consideraciones: El sistema de distribución de competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los tres niveles de gobierno, se consagra básicamente en sus artículos 73, 74, 76, 77, 78, 89, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118, 124 y 131. El referido sistema, en la parte conocida como orgánica de la Ley Fundamental, estatuye a los Poderes Federales y les concede un diverso cúmulo de competencias (artículos 73, 74, 76, 77, 78, 79, 89, 99, 103, 104, 105, 106, 107 y 131), lo que debe ser relacionado con el texto del artículo 124 constitucional, que señala que las facultades que no están expresamente conferidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados (facultades residuales). El ejercicio de las facultades que la Ley Fundamental no reservó a los órganos federales y que, por ende, corresponden a las entidades federativas, se ve limitado por los artículos 117 y 118, que señalan prohibiciones absolutas respecto del ejercicio de diversas competencias, por una parte, y, por otra, alguna más que no puede desempeñar, si no es con el consentimiento del Congreso de la Unión. De igual forma, a las anteriores limitaciones competenciales de los Estados se debe sumar lo prescrito en el artículo 115 de la Carta Magna, que ordena la reglamentación necesaria en la Constitución Local de diversos principios que garanticen la existencia del Municipio Libre, entre los que se encuentra el ejercicio exclusivo de diversas facultades. De esta forma podemos concluir que los Estados únicamente pueden ejercer válidamente las facultades que no están expresamente conferidas a la Federación, que no tengan prohibiciones o que no se señalen para su ejercicio por los Municipios. Ahora bien, conforme al artículo 73, fracción X, de la Carta Magna, el Congreso de la Unión tiene, entre otras atribuciones, la facultad de expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo constituyen el marco jurídico que regula la relación del trabajo de los menores y en ellas se establecen las condiciones y supuestos legales bajo las cuales el menor puede laborar. El derecho protector del trabajo de menores está comprendido en el apartado A del precepto 123 de la Carta Magna, antes transcrito. Ahora bien, en uso de la facultad antes citada, al Congreso de la Unión le corresponde regular las relaciones laborales, previstas en la Ley Federal del Trabajo, que en su título quinto Bis establece disposiciones encaminadas a la protección de los menores. Por su parte, el precepto 23 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, establece, en materia laboral, respecto de los menores de edad, lo siguiente: ‘Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política ...’. Las limitaciones a que hace alusión el numeral antes invocado, son: ‘Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: ... XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis; y ...’. ‘Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de lo menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.’. ‘Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializados.’. ‘Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajos de los menores: I. De dieciséis años, en: a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. ... II. De dieciocho años, en: Trabajos nocturnos industriales.’. En este contexto, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, emanada del Congreso de la Unión, establece, en su numeral 35, lo siguiente: ‘Artículo 35. P

ra garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.’. De lo hasta aquí expuesto se infiere lo siguiente: Constitucionalmente quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis años. De igual manera, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones previstas en la ley. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializados. Se establece que los menores de dieciséis años no podrán trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato o que afecten su moralidad o sus buenas costumbres y los de dieciocho, en trabajos nocturnos industriales. Los mayores de dieciséis años sí podrán prestar sus servicios en los expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato o en cualquier lugar en donde se expendan. Se hace evidente que los menores de dieciocho años sí tienen derecho a realizar actividades de promoción, difusión y publicidad para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5o. de la Carta Magna, el derecho a la libertad de trabajo consiste en que a nadie se le puede impedir el ejercicio de su profesión, industria o comercio, salvo por determinación judicial, porque se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa. Esto es, el precepto 5o. constitucional establece las libertades de trabajo, de industria y de comercio; consigna, por una parte, la posibilidad de que toda persona elija la profesión que más le agrade y, acto seguido, hace mención de las limitaciones al ejercicio de esa libertad, con tal de que prevalezca la armonía en la sociedad. De una interpretación sistemática de los numerales 5o. y 123 constitucionales, se infiere que el Estado debe garantizar en todo momento el ejercicio que tiene todo individuo a ejercer su libertad de trabajo, para lo cual el Congreso de la Unión establece todos aquellos mecanismos necesarios para salvaguardar dicho derecho. Ahora bien, el dispositivo 16 de la Norma Suprema establece la garantía de los actos de toda autoridad, los que, entre otros requisitos, deberán provenir de autoridad competente. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, fijando sus facultades. Es así que la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Finalmente, el artículo 133 de la Carta Magna impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente la vulneración del principio conocido como de supremacía constitucional. Conforme a lo antes expuesto, el suscrito considera que los artículos 23, 24 y 37 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, deben declararse inconstitucionales, en virtud de lo siguiente: El precepto 73, fracción X, de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. Así, en el precepto antes transcrito se establece que el Congreso de la Unión, en forma perfectamente diferenciada, tiene dos tipos de atribuciones: Apartado A, para expedir leyes sobre el trabajo que regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de manera general, en todo contrato de trabajo; y apartado B, la de expedir leyes sobre el trabajo que regirán entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. En lo referente al primer grupo, el Congreso Federal no tiene restringida su facultad legislativa por ninguna entidad federativa, por lo que sus respectivos ordenamientos tienen vigencia en toda la República. Por lo que hace al segundo grupo, el referido Congreso de la Unión sí tiene una importante restricción, ya que, teniendo facultades exclusivas únicamente para reglamentar las relaciones entre la Federación y el Distrito Federal, por una parte, y sus empleados públicos, por la otra, queda fuera de sus atribuciones legislar sobre los vínculos de servicio público existente entre los Estados de la Federación y sus respectivos empleados. En tales condiciones, queda perfectamente establecido que, en tratándose de relaciones laborales de sujetos comprendidos en el apartado A del numeral 123 constitucional, únicamente le corresponde legislar al Congreso de la Unión y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Por otro lado, el artículo 116, fracción VI, de la Ley Fundamental, autoriza a los Poderes Legislativos Locales a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus trabajadores, por lo que es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado precepto 123 de la Constitución Federal, pues de comprender a otros sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales. En este contexto, aplicando a contrario sensu el imperativo constitucional del artículo 124, la facultad para regular las relaciones laborales de los sujetos comprendidos en el apartado A del precepto 123 de la Norma Suprema, no corresponde a las Legislaturas Locales. Robustece lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVI/98, visible en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de abril de 1998, Tomo VII, de la Novena Época, que a la letra indica: ‘LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de comprender a otros sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales.’. En este orden de ideas, se tiene que ningún Congreso Local puede emitir leyes encaminadas a regular las relaciones laborales comprendidas en el apartado A del numeral 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que la Legislatura Estatal está regulando aspectos laborales entre particulares respecto de los menores de edad, al prohibir a los empleadores la contratación laboral de menores de 18 años. Cabe recordar que los establecimientos en los que se prohíbe contratar laboralmente los servicios profesionales de menores de 18 años de edad, conforme al numeral 9o. de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, son relativos a lo siguiente: Locales específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: bares, centros nocturnos, table dance, centros botaneros, cabarets y cualquier otro con este carácter que autoricen los Ayuntamientos. Negociaciones en donde, en forma accesoria, puedan venderse y consumirse bebidas alcohólicas, acompañadas de alimentos: restaurantes, restaurantes-bar, restaurante-nocturno, discotecas, clubes sociales, salones de billar, boleramas, casinos de baile, parianes, cafés, cenadurías, marisquerías, fondas, rosticerías, birrierías, menuderías, taquerías, pizzerías y similares. Lugares en los que, en forma eventual, puedan venderse y consumirse bebidas alcohólicas: bailes, ferias, kermeses, lienzos charros, plazas de toros, arenas de box o lucha libre, palenques y centros de espectáculos. En este sentido, al regular el Estado de Colima, por parte de su Congreso Local, que los menores de 18 años no podrán laborar en diversos establecimientos dedicados a la venta, comercialización, distribución y difusión de bebidas alcohólicas, está regulando una actividad que, según lo expresado en líneas precedentes, no le corresponde, puesto que dicha facultad está exclusivamente reservada a la Federación, a través del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo las premisas anteriores, el Congreso del Estado de Colima viola flagrantemente el dispositivo 73, fracción X, en relación con el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al arrogarse facultades que constitucionalmente no le corresponden. En otro aspecto, el suscrito considera que los artículos que se tildan de inconstitucionales violan la libertad de trabajo consagrada en los numerales 5o. y 123, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, puesto que la Legislatura del Estado de Colima trastoca los derechos laborales de los menores de 18 años y mayores de 16, al disponer que queda prohibido contratar o subemplear los servicios personales de menores de 18 años de edad, con el fin de realizar actividades de promoción, difusión y publicidad para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y de todo aquel trabajo que sea susceptible de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. Si bien tanto la propia Constitución Federal como la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes para el empleo de los menores de 18 años, también lo es que los supuestos que reglamenta la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, no son aquellos prohibidos por dichos ordenamientos. Consecuentemente, las normas que se tildan de inconstitucionales limitan el derecho de los menores de 18 años y mayores de 16 para ejercer su prerrogativa de emplearse en estos establecimientos. Ahora bien, al demostrarse que el Poder Legislativo Local carece de facultades para legislar en tratándose de relaciones de obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de manera general en todo contrato de trabajo, incluyendo a los menores de edad, viola el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, el cual estatuye que todo acto de autoridad deberá estar fundamentado en ley, situación que invariablemente no acontece en el caso que nos ocupa. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el numeral 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteriormente mencionado, en el cual solamente se faculta a los Congresos Locales a emitir leyes que reglamenten las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores. Asimismo, al demostrarse que el Poder Legislativo Local violenta el derecho laboral de los menores de 18 años y mayores de 16, invariablemente también conculca el precepto 16 de la Carta Magna, ya que no cuenta con facultades para prohibir tal situación, ya que ello solamente correspondería al Poder Constituyente. Además, debe decirse que el Congreso de Colima tampoco tiene facultades para sancionar al empleador por realizar una conducta permitida en la Ley Federal del Trabajo, como lo es el contratar a menores de 18 años y mayores de 16, siempre y cuando se respeten las limitantes que la propia ley le impone. Cabe mencionar que si bien es cierto que el fin que persigue la norma es loable, en cuanto pretende proteger a los menores de 18 años para que no laboren en establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas a fin de salvaguardar su integridad física, psíquica y emocional, también lo es que ello debe ajustarse a lo previsto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la protección del derecho a laborar de dichos menores está reconocida y regulada por leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Al ser la regulación de las relaciones laborales comprendidas en el apartado A del numeral 123 de la Norma Suprema una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es dicho órgano colegiado quien puede imponer alguna limitación a la prestación de servicios por parte de menores, por lo que la Legislatura del Estado de Colima, al establecer en los preceptos impugnados mayores prohibiciones para la contratación de menores de 18 años y mayores de 16, vulnera el orden jurídico nacional. No pasa desapercibido al suscrito el hecho de que el precepto 308 de la Ley General de Salud, en sus fracciones V y VII, establezca que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes, ni dirigirse a ellos y que en el mensaje no podrán participar personas menores de 25 años de edad, por lo que podría decirse que las disposiciones que ahora se impugnan son acordes con la legislación federal; no obstante lo anterior, los artículos 23, 24 y 37 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima, tienen una naturaleza laboral, pues en ellos se señala expresamente la prohibición de contratar laboralmente o subemplear a menores de 18 años, lo cual, como ha quedado demostrado, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Ahora bien, los numerales que se consideran inconstitucionales transgreden, de igual manera, el artículo 133 de la Carta Magna, en el que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, así como los tratados con potencias extranjeras, celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. Conforme al citado numeral 133 de la Norma Suprema, para la validez de una norma jurídica de menor jerarquía se requiere que ésta no sea contraria a una norma contenida en un ordenamiento legal de mayor categoría que regule la misma materia específica que la menor; al respecto, ese Alto Tribunal ha considerado que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Así, el numeral en cita impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones. Esto es, el rango superior de las normas jurídicas constitucionales permite que haya unidad jurídica en el país, pues todas las leyes, en cuanto a su validez, dependerán de su apego a las directrices implantadas por la Norma Suprema, lo cual no es respetado por la Legislatura de Colima. En este sentido, toda vez que los preceptos que se combaten contradicen lo dispuesto en los numerales 5o., primer párrafo, 16, primer párrafo, 73, fracción X, 123, apartado A y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se rompe con la supremacía constitucional, puesto que dicha norma impugnada pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna."

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 5o., primer párrafo, 16, primer párrafo, 73, fracción X, 123, apartado A, fracciones II y III, 124 y 133.

CUARTO. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil cinco, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 11/2005, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

En diverso proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Colima adujo en síntesis:

1. Que conforme al artículo 5o. de la Constitución Federal, en virtud de una resolución gubernativa se puede limitar el derecho a la libertad de trabajo cuando se ofendan los derechos de la sociedad, lo que se hi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20776-f3f1849b/bebidas-alcoholicas-los-articulos-23-fraccion-vii-24 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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