CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. MATERIA ELECTORAL. LA MULTA ESTABLECIDA POR LOS ARTÍCULOS 61, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 205 BIS-7, DEL CÓDIGO RELATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE AGOSTO DE 2005, TRANSGREDE EL NUMERAL 22, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de noviembre de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDOS:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, en el domicilio particular del la persona autorizada para recibir las promociones, a que se refiere el Artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entregado al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los Decretos 244, que reforma diversos artículos de la Constitución Política; 245, que reforma diversos preceptos del Código Electoral y del Código Penal y 246, en que se aprueba la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todos del Estado de Colima y de los artículos 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral de Colima, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el primero, el veintinueve de agosto y los tres siguientes el treinta y uno de agosto, todos de dos mil cinco.
SEGUNDO. El promovente estimó que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 16, 22, primer párrafo, 31, fracción IV, 105, fracción II, penúltimo párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expuso en sus conceptos de invalidez lo siguiente:
"a) Violación de los artículos 61, último párrafo y 205 BIS-7 del Código Electoral del Estado de Colima, al precepto 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El precepto constitucional que se estima vulnerado, dispone:
"‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ...’
"La parte conducente de las normas generales cuya invalidez se demanda, prevén:
"‘Artículo 61.
"‘...
"‘Veinticinco días antes de la jornada electoral se suspenderán las campañas de comunicación social en radio y televisión y medios impresos de las acciones de gobierno en general en los niveles de gobierno estatal y municipal. La infracción a esta disposición será sancionada por el tribunal con multa de 2000 días de salario mínimo vigente en la entidad, la cual deberá ser cubierta con recursos propios del funcionario sancionado.’
"‘Artículo 205 Bis-7. Durante las precampañas, los partidos políticos y los precandidatos, no podrán utilizar a su favor los programas públicos de carácter social, en la realización de actos de proselitismo político; la infracción de esta disposición dará lugar a la imposición de una multa de 2000 días de salario mínimo vigente en el Estado e independientemente de las sanciones que procedan.’
"Toda vez que las normas combatidas aluden a la multa, resulta oportuno establecer la naturaleza jurídica de ésta.
"El autor Ignacio Burgoa en su obra ‘Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo’, Editorial Porrúa, México, 7a. edición, año 2003, página 300, señala: ‘La multa es una sanción que se impone por violación de la ley, de algún reglamento gubernativo, por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o como pena pecuniaria por la comisión de algún delito. La multa tiene naturaleza económica y su monto debe fijarse en proporción a la gravedad del hecho que le da origen y a las posibilidades pecuniarias del infractor. Por ello, la ley o el reglamento que prevea dicha sanción debe señalar un mínimo y un máximo en lo que atañe a su importe para que la autoridad administrativa o judicial regule dentro de dichos límites su arbitrio acatando tales factores de proporcionalidad. Por ende, se tratará de una multa excesiva cuando se determine su monto sin observar los mencionados factores, dándose en este caso la prohibición contenida en el artículo 22 constitucional.’
"El artículo 22, párrafo primero, de la Carta Magna establece, entre otros supuestos, la prohibición de multas excesivas.
"Sobre este punto, es necesario precisar el alcance del precepto constitucional que nos ocupa, pues con frecuencia se ha alegado que el mismo prohíbe la aplicación de sanciones exclusivamente penales.
"La disposición constitucional en comento, al mencionar sanciones claramente penales, incluye igualmente a la multa excesiva y a la confiscación de bienes, las cuales es factible decretar tanto en tratándose de infracciones penales como las que ocurren en otras ramas de la normatividad legal.
"Por ello, debe concluirse que las multas deben prohibirse bajo mandato constitucional cuando sean excesivas, prodúzcanse dentro del campo penal, o en cualquier otro.
"La multa no es una sanción que sólo pueda concebirse en lo penal, es común también a otras ramas del derecho, y así debe decretarse para superar criterios de exclusividad penal que no están de acuerdo con la naturaleza de las sanciones.
"La Constitución Política de nuestro país prohíbe ciertas sanciones a imponer dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y bajo mayoría de razón debe entenderse que si la multa excesiva está prohibida en tratándose de infracciones penales, con mayor razón lógica debe considerársele así en el campo de otras conductas que no se ajustan a la norma legal, como podrían ser los ilícitos administrativos y los fiscales.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/95, visible en la página 18 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, relativo al mes de julio de 1995, Novena Época, que establece:
"‘MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL.’ (se transcribe).
"Ahora bien, como se ha señalado, el artículo 22 de la Carta Magna prohíbe la multa excesiva, sin embargo, no proporciona un concepto de excesividad, por lo que es necesario relacionar armónicamente esta disposición con los conceptos de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV del artículo 31 del mismo Ordenamiento Supremo.
"Es cierto que la multa como sanción, no tiene equivalencia real con la contribución para los gastos públicos a los cuales se refiere la fracción IV del artículo 31 de la Ley Suprema, sin embargo, el Código Fiscal de la Federación equipara su naturaleza jurídica con las contribuciones (aprovechamientos).
"No cabe duda que la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios obtienen de contribuciones y de multas fondos que deberán aplicar a los gastos públicos, y es entendible que en ambas situaciones aparezcan reglas protectoras de las personas que deben cubrir tanto unas como otras.
"Además, los conceptos de proporcionalidad y de equidad establecidos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por extensión lógica, deben regir en armonía con el citado numeral 22, no solamente a las multas fiscales sino también a las de carácter administrativo, porque en todas ellas se hace imprescindible la necesidad de individualizar la sanción, de acuerdo a la capacidad económica del sujeto sancionado.
"Para que una multa no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 de la Carta Magna resulta necesario que la autoridad sancionadora tenga facultades para poder individualizarla, correlacionando dos elementos:
"a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor, y
b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta.
"Por tanto, no basta que el ordenamiento respectivo establezca sólo alguno de los elementos mencionados, ya que de ser así, no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la omisión constitutiva de la infracción; situación que de no estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa excesiva.
"De ahí que, si bien importa la gravedad de la falta, en razón del perjuicio que se ocasionó, también importa el grado de responsabilidad o de intención del infractor al producir la conducta que dio origen a la sanción, como la situación económica en que se encuentra el sancionado.
"Así lo consideró este Alto Tribunal, en las tesis de jurisprudencia P./J. 9/95 y P./J. 10/95, consultables en las páginas 5 y 19, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de julio de 1995, Tomo II, Novena Época, que establecen:
"‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.’
"‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcriben).
"Así, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 de la Norma Suprema, partiendo tanto de la interpretación doctrinaria como de la de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueden obtener los siguientes elementos:
"1. Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito.
"2. Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable.
"3. Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.
"4. Para que una multa no sea contraria al Texto Constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.
"5. La garantía de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 de la Constitución Federal se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.
"6. La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.
"De lo antes expuesto, se colige que la ley o reglamento que establezca una multa debe señalar un mínimo y un máximo, rango en el cual la autoridad correspondiente fijará el monto de la sanción que se habrá de aplicar, basándose en la gravedad del hecho, en la capacidad económica del activo, así como en las circunstancias peculiares que le dieron origen a tal infracción.
"Por tanto, si los artículos 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral de Colima establecen una multa fija que habrá de aplicarse al responsable de la violación a determinada disposición legal contraviene el precepto 22 de la Constitución Federal citado, ya que la autoridad, al no tener la capacidad de valorar las razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y de derecho, estaría imposibilitada para calificar la gravedad de la conducta que genera la infracción, imponiendo la misma, de manera irrazonable y desproporcionada; por lo que, es precisamente esa falta de oportunidad individualizadora lo que conduce a considerar que tales multas son excesivas.
"Ahora bien, las normas que se impugnan no establecen elemento alguno para individualizar la multa, al no determinar mínimos y máximos en atención a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho sancionado, lo que permite concluir que las mismas violan el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Cabe mencionar que la sanción contemplada en los artículos que se impugnan, por el solo hecho de prever una cantidad de 2000 días de salario mínimo general vigente, podría resultar desproporcionada para unos, esto es, la erogación por la cantidad antes citada implicaría por sí sola un detrimento económico desmedido, lo cual, aunado al hecho de que la autoridad no cuenta con un parámetro entre un mínimo y máximo, que permita, con base en la gravedad de la infracción, la situación económica del infractor y la reincidencia, determinar el monto o cuantía que se debería aplicar, contravienen nuestro Máximo Ordenamiento Constitucional.
"b) Violación de los artículos 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral del Estado de Colima, al precepto 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone:
"‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"‘I. a III ...
"‘IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’
"Por su parte, el numeral 31, fracción IV, de la Carta Magna señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
"El numeral de mérito dispone la obligación de todo mexicano a contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa, en el caso que nos ocupa, el generado con motivo de lo previsto en el Código Electoral de Colima.
"Ahora bien, los artículos 61, último párrafo y 205 BIS-7 del Código Electoral de Colima establecen un monto determinado a pagar por concepto de multa, lo que vulnera el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal citado ya que para que una sanción o multa sea considerada ‘proporcional’ es necesario valorar al momento de imponerla, la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que le ocasionó al Estado, el grado de responsabilidad o la intención del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, la reincidencia, así como la situación económica en que se encuentra el infractor.
"Para que la multa sea considerada ‘equitativa’ y por tanto justa, el legislador debe emitir la norma general aplicable a cada infractor en particular, pues sólo así es factible que el órgano sancionador resuelva sin necesidad de enjuiciar, o bien, implemente un rango a seguir sobre la cuantía de la multa, lo que indudablemente en el artículo que se tilda de inconstitucional no se actualiza.
"En relación a lo anterior, en la tesis P./J.10/95, visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de julio de 1995, Tomo II, Octava Época, se determinó lo siguiente:
"‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’ (se transcribe).
"En estas circunstancias, es indudable que los numerales que se impugnan al establecer una multa fija, violan los principios de proporcionalidad y de equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
"c) Violación de los artículo 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral de Colima al precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El precepto 16 de la Carta Magna, que se estima violentado, en la parte que interesa, dispone:
"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’
"El numeral constitucional a estudio, consagra los principios rectores de fundamentación y de motivación de los actos de autoridad.
"Este Supremo Tribunal ha establecido en diversos criterios, que la fundamentación se cumple, tratándose de actos legislativos, cuando el Poder Legislativo actúa dentro del marco legal que lo rige, esto es, cuando adecua su actuar estrictamente a los preceptos que rigen sus facultades.
"Asimismo, que dichos actos legislativos cumplen con la motivación prevista en el numeral 16 constitucional en comento, cuando este poder regula aquellas relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente tuteladas.
"Lo anterior se robustece con los siguientes criterios jurisprudenciales:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcriben).
"En consecuencia, el Congreso de Colima al prever tanto en el numeral 61, último párrafo, como en el precepto 205 Bis-7 del Código Electoral local, una multa de 2000 días de salario mínimo, transgredió los numerales 22, primer párrafo y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por tanto, es inconcuso que no se ajustó al marco constitucional mexicano, lo que rompe con el principio de competencia constitucional estatuido en el artículo 16 de la Carta Magna.
"d) Violación de los artículos transitorios de los Decretos: 244, que reforma diversos artículos de la Constitución Política; 245, que reforma diversos preceptos del Código Electoral y del Código Penal; y 246, que aprueba la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todos de Colima, al precepto 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El precepto constitucional que se estima violentado, en la parte que interesa, dispone:
"‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"‘I. ...
"‘II. ...
"‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’
"Del numeral transcrito se desprende que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
"Al respecto, la iniciativa de reformas a la Constitución Federal, de 22 de agosto de 1996, señala:
"‘... que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los noventa días previos a su inicio, de tal suerte que pueden ser impugnados por inconstitucionales, resueltas las impugnaciones por la Corte y, en su caso corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.’
"Por tanto, la disposición constitucional en comento prohíbe, por un lado, la promulgación y la publicación de leyes electorales dentro de los noventa días previos al inicio del proceso electoral y, por el otro, que una vez iniciado dicho proceso electoral, las citadas normas no puedan sufrir modificaciones fundamentales.
"La prohibición en análisis, en los dos aspectos ya descritos, se refiere a las leyes que vayan a aplicarse en un determinado proceso electoral, es decir, la proscripción únicamente opera si las leyes electorales que se emitan afectan el proceso electoral que iniciará en el plazo de noventa días, o bien, durante su desarrollo.
"La finalidad de señalar un plazo de noventa días previos al inicio del proceso electoral obedeció a que, a juicio del órgano reformador de la Constitución, dicho plazo sería suficiente para que este Alto Tribunal, en su caso, resolviera acciones de inconstitucionalidad que pudieran plantearse antes del inicio del proceso electoral en que fuera a aplicarse la ley electoral impugnada, y existiera tiempo para emitir nuevas normas, en el supuesto de que se declarara la invalidez de las impugnadas.
"La prohibición prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está integrada por las siguientes hipótesis:
"a) Las leyes electorales federales o locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse;
"b) No podrá haber modificaciones fundamentales en las leyes electorales federales o locales durante el proceso electoral en que vayan a aplicarse.
"En el caso particular, para determinar que los decretos impugnados violentan la prohibición contenida en el numeral 105 constitucional, bajo la primera de las hipótesis antes citadas, se precisa lo siguiente:
"Tal como quedó señalado en líneas precedentes, el Congreso y el Gobernador del Estado de Colima, aprobaron y promulgaron, respectivamente, los Decretos 244, 245 y 246 impugnados el 29 y 30 de agosto de 2005, respectivamente.
"El Código Electoral del Estado de Colima en sus artículos 191 y 192, respecto del proceso electoral en la entidad señalan:
"‘Artículo 191. Para los efectos de este código, el proceso electoral comprende las siguientes etapas:
"‘I. Preparación de la elección;
"‘II. Jornada electoral;
"‘III. Resultados y declaración de validez de las elecciones de diputados y Ayuntamientos; y
"‘IV. Resultados, declaración de validez y calificación de la elección de Gobernador.’
"‘Artículo 192. La etapa preparatoria de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera quincena del mes de noviembre del año anterior a la misma y concluye al iniciarse la jornada electoral. Durante ésta se realizan:
"‘...’
"Conforme a los preceptos transcritos, el proceso electoral en el Estado de Colima inicia en los primeros quince días del mes de noviembre del año previo a la elección y concluye con las declaraciones que realicen los consejeros electorales o, en su caso, con las resoluciones que en última instancia emitan los Tribunales Electorales.
"Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el calendario electoral en el Estado de Colima, editado por el Instituto Federal Electoral, en su página electrónica ‘IFE en tu Estado’ habrá elecciones para los cargos de diputados y Ayuntamientos en julio del año 2006.
"Por tanto, el inicio del proceso electoral será en la primera quincena del mes de noviembre de 2005.
"En relación a lo anterior, este Alto Tribunal en Pleno, ha sustentado en la tesis P./J. 64/2001, visible en la página 876 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, el siguiente criterio jurisprudencial:
"‘PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURÍDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FÁCTICAS.’ (se transcribe).
"Cabe destacar que ninguno de los decretos que se impugnan establecen en sus artículos transitorios que las disposiciones contenidas en ellas, no serán aplicables al proceso electoral que inicia en la primera quincena del mes de noviembre del año en curso, lo cual permite deducir que las mismas serán aplicadas indudablemente en dicho proceso electoral.
"En cuanto hace al contenido de las reformas de los decretos que se impugnan, cada uno de éstos será estudiado en lo particular a fin de determinar que en sí mismos no son inconstitucionales -con excepción de los numerales 61, último párrafo y 205 Bis-7 del Código Electoral de Colima que son impugnados por su contenido-, y que por contener normas de carácter electoral serán aplicadas al próximo proceso electoral, que inicia en la primera quincena del mes de noviembre del presente año, para la elección de diputados y Ayuntamientos en el Estado de Colima, resultando que estas reformas son contrarias a lo preceptuado por el penúltimo párrafo del precepto 105, fracción II, de la Constitución Federal por haber sido publicadas dentro de los 90 días que señala el citado precepto constitucional.
"El Decreto 244, por el que se reforman los artículos 22, 28 y 86 Bis de la Constitución Política de Colima, prevén que:
"•Habrá elección de un diputado suplente por cada propietario; los diputados electos por representación proporcional no tendrán suplente y que su vacante será cubierta por el candidato del mismo partido que siga en el orden de la lista plurinominal respectiva.
"•Los diputados compelerán a los faltantes para que asistan y de no asistir, se entenderá que renuncian a su encargo, llamándose luego a los suplentes, en el caso de los de mayoría relativa, deberán presentarse dentro de un plazo igual y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones. En el caso de los de representación proporcional, su vacante será cubierta por el candidato del mismo partido que siga en el orden de la lista plurinominal respectiva.
"•Los partidos políticos registrarán hasta el setenta por ciento de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, y hasta cincuenta por ciento a cargos de diputados por el principio de representación proporcional, síndicos y regidores.
"•La ley fijará los criterios para determinar los límites de las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección, así como en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
"•El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral; los servidores del instituto regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones de la Ley Electoral y por el estatuto que apruebe el Congreso del Estado, cuyos derechos y obligaciones no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123, apartado B, constitucional; los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos y las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.
"•El Instituto Electoral del Estado vigilará, fiscalizará y sancionará los procesos internos de los partidos políticos para la selección de sus candidatos a cargos de elección, en la forma y términos que establezca la ley.
"•El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constancias de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional y tendrá a su cargo la realización del plebiscito y del referéndum, en los términos de la ley respectiva.
"Las disposiciones normativas contenidas en la reforma que se impugna, en sí mismas no resultan inconstitucionales toda vez que encuentran su origen en lo previsto en la Constitución Federal, en los siguientes numerales:
"El artículo 116, fracciones II y IV, de la Ley Fundamental contempla lo concerniente al carácter de los suplentes de los diputados de mayoría relativa y representación proporcional, a las disposiciones de los partidos políticos y las instituciones encargadas de realizar los procesos electorales.
"Por su parte, el precepto 115, fracciones I y VIII, regula lo relacionado a las elecciones de los miembros del Ayuntamiento y la incorporación del principio de representación proporcional en la elección de los mismos.
"Por otro lado, en lo relativo a la sustitución de los diputados de representación proporcional, el Constituyente de Colima adecua el esquema que rige para los diputados a nivel federal, a los del ámbito local, según lo dispone el numeral 63 de la Carta Fundamental.
"Sin embargo, el artículo transitorio del Decreto 244 que se impugna, establece:
"‘Transitorio
"‘Único. (sic) El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima».’
"El artículo transitorio del decreto a estudio, por una parte, establece lineamientos que se aplicarán al proceso electoral para la elección de diputados y, por el otro, no establece que las reformas no serán aplicadas al próximo proceso electoral de la entidad, mismo que inicia la primera quincena del mes de noviembre, lo que violenta lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Carta Magna.
"Si bien es cierto, se trata de reformas a la Constitución de Colima, publicadas dentro de los 90 días a celebrarse un proceso electoral, también lo es que el fondo de las modificaciones inciden en dicha materia, esto es, se refiere a lineamientos que serán aplicados para la próxima elección de diputados y Ayuntamientos en la citada entidad federativa, sirve a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial P./J. 25/99 del Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 255 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 1999, Novena Época, que señala:
"‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’ (se transcribe).
"Por su parte, el Decreto 245 que se impugna reforma diversos artículos del Código Electoral y del Código Penal, ambos de Colima.
"Las reformas generadas al Código Electoral del Estado de Colima, mediante el Decreto 245 impugnado, contiene modificaciones a los numerales 1o., 2o., 9o., 10, 18, 25, 27, 49, 54, 55, 60 bis, 61, 62, 63, 63 bis-1, 63 bis-2, 63 bis-3, 63 bis-4, 63 bis-5, 65, 145, 149, 153, 163, 165, 172, 190, 192, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 205 bis, 205 bis-1, 205 bis-2, 205 bis-3, 205 bis-4, 205 bis-5, 205 bis-6, 205 bis-7, 205 bis-8, 205 bis-9, 205 bis-10, 205 bis-11, 205 bis-12, 205 bis-13, 205 bis-14, 205 bis-15, 205 bis-16, 210, 211, 212, 214
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19456-6590390c/certeza-en-materia-electoral-excepcion-al-principio-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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