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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS RELACIONADOS CON LA "MATERIA ELECTORAL" QUE VULNEREN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES ORIGINARIAS DE UN ÓRGANO DEL ESTADO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE PREVISTO LEGALMENTE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA REMEDIAR TAL VULNERACIÓN (ARTÍCULOS 109 Y 125, ASÍ COMO TRANSITORIOS CUARTO, FRACCIONES II A VII, Y QUINTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, MODIFICADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO QUE HACE VALER EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, AL EXISTIR UN PRINCIPIO DE AGRAVIO A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL ACTOR DERIVADO DE SUS PLANTEAMIENTOS (ARTÍCULOS 109 Y 125, ASÍ COMO TRANSITORIOS CUARTO, FRACCIONES II A VII, Y QUINTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, MODIFICADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIONES II A VII, DEL DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. REMUNERACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LAS REMUNERACIONES SERÁN LAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL, ES CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y, POR ENDE, NO VULNERA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA DE DICHO INSTITUTO, AL NO TRANSGREDIR SU FACULTAD CONSTITUCIONAL DE PROPONER LOS TABULADORES DESGLOSADOS EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO (ARTÍCULOS 109 Y 125 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, MODIFICADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. REMUNERACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LAS REMUNERACIONES SERÁN LAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL, NO VULNERA EL DERECHO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A UNA REMUNERACIÓN ADECUADA, IRRENUNCIABLE Y PROPORCIONAL A SUS RESPONSABILIDADES, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, AL NO FIJAR UNA CANTIDAD ESPECÍFICA NI UN LÍMITE ARBITRARIO (ARTÍCULOS 109 Y 125 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, MODIFICADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. REMUNERACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE RESTRINGE SU PAGO A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, ÚNICAMENTE AL PERIODO ELECTORAL, VULNERA SU DERECHO A UNA REMUNERACIÓN ADECUADA, IRRENUNCIABLE Y PROPORCIONAL A SUS RESPONSABILIDADES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, AL DESCONOCER EL CARÁCTER PERMANENTE DE DICHOS CONSEJOS, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A SUS INTEGRANTES FUERA DEL PROCESO ELECTORAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 125 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SÓLO LA RECIBIRÁN EN PROCESO ELECTORAL Y", ASÍ COMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 125 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SÓLO LA RECIBIRÁN EN PROCESO ELECTORAL Y", ASÍ COMO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 262, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2023. · Registro digital (IUS): 34177
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-14
Promovente: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.43.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2023. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. 6 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas combatidas: El Decreto número 262, por el que se reforman el párrafo primero del artículo 109; párrafo primero del artículo 125; párrafos primero y segundo del 273; se derogan el párrafo segundo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el párrafo último del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima publicado el 16 de marzo de 2023 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 316/2023, promovida por Instituto Electoral del Estado de Colima, contra el Decreto número 262, por el que se reforman el párrafo primero del artículo 109; párrafo primero del artículo 125; párrafos primero y segundo del 273; se derogan el párrafo segundo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el párrafo último del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima, publicado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto número 262, por el que se reforman el primer párrafo del artículo 109; párrafo primero del artículo 125; párrafos primero y segundo del 273; se derogan el párrafo segundo del artículo 109; la totalidad de los incisos a) y b); y el párrafo último del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima, (en adelante "el Decreto 262" o "el Decreto combatido"). Los artículos 109 y 125 reformados, y los artículos transitorios cuarto, fracciones II a VIII, y quinto adicionados mediante el Decreto reducen la remuneración de diversos servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Colima, así como la dieta de asistencia que percibirán las personas que ocupen los cargos de la Consejería Municipal Electoral, limitando esta última únicamente al periodo electoral.

2. Presentación de la demanda por el Instituto Electoral del Estado de Colima. El once de mayo de dos mil veintitrés, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, en su carácter de Consejera Presidenta y Representante Legal del Instituto Electoral del Estado de Colima,(1) promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima por la emisión del Decreto combatido.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto Electoral del Estado de Colima (en adelante "el Instituto Electoral local") expuso los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima vulneraron los principios de independencia, autonomía e imparcialidad del Instituto Electoral local, al aprobar y promulgar el Decreto combatido por medio del cual se derogaron el párrafo segundo del artículo 109; y los incisos a) y b) y el párrafo último del artículo 125 del Código Electoral del Estado de Colima. En su lugar se adicionaron los artículos transitorios cuarto, fracciones II a VII, y quinto, que disminuyen de forma arbitraria los montos de las retribuciones correspondientes a la Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Lo anterior, afirma el accionante, es opuesto a lo determinado en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Colima correspondiente al año 2023, así como en el Presupuesto de Egresos del Instituto actor para el mismo ejercicio fiscal 2023, aprobado por el Consejo General, que se remitió de forma oportuna al Congreso local. Ello, desde la perspectiva del actor, constituye una invasión a la esfera competencial del instituto, al tratar de regular aspectos que conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 22 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le corresponde en exclusiva al Instituto Electoral local en su calidad de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aunado a lo anterior, sigue refiriendo el actor, el Decreto combatido viola el principio de certeza jurídica al condicionar el monto de la retribución de los integrantes del Consejo General y los Consejos Municipales a la cantidad que defina como remuneración de sus magistraturas numerarias el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, puesto que el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2023 no contiene el tabulador salarial correspondiente a los servidores públicos del referido tribunal; razón por la cual, aun cuando dichas remuneraciones pudieran definirse posteriormente, resulta inadmisible subordinar al Instituto Electoral local al criterio de diverso tribunal, pues ambos gozan de autonomía e independencia. Esta subordinación que genera el Decreto combatido implica un trato discriminatorio para la entidad electoral actora, en contravención a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 1 constitucional.

Al emitir el Decreto en cuestión, concluye el actor, las autoridades responsables pasaron por alto lo establecido en la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, reglamentaria del artículo 127 de la Constitución Federal y su correlativo 142 de la Constitución Local, que establece que los servidores públicos del Estado de Colima recibirán una remuneración adecuada, irreductible e irrenunciable, que será determinada anual y equitativamente de acuerdo con los tabulares de remuneraciones desglosados que se incluyan en los presupuestos de egresos y que serán fijadas por el órgano superior de dirección de cada entidad, institución u organismo.

SEGUNDO. Con la derogación del párrafo segundo del artículo 109 y de las fracciones A y B del artículo 125, ambos del Código Electoral del Estado de Colima, y la incorporación de las fracciones II a VII del transitorio cuarto y transitorio quinto al citado cuerpo normativo, afirma el actor, disminuyó sustancialmente la remuneración de las personas integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y se suprimió la remuneración que correspondía a las personas integrantes de los Consejos Municipales. Ello violenta el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, en relación con lo establecido en los diversos 41, Base V, apartados A y C, y 116 fracción IV, incisos b) y c).(2)

Por ende, destaca el Instituto Electoral local, al suprimir dichas remuneraciones se desconocen los derechos que las personas servidoras públicas adquirieron con sus respectivas designaciones, las cuales no pueden modificarse ni restringirse por la emisión de una nueva disposición legal, de lo contrario se vulnera el derecho adquirido de percibir la retribución mensual correspondiente al cargo que desempeñan.

TERCERO. La parte actora impugna el contenido reformado del párrafo primero del artículo 125 del Código Electoral estatal, por el cual se establece que las Consejerías Municipales Electorales percibirán remuneraciones únicamente durante el proceso electoral, mismas que fueron disminuidas. Dicho precepto, desde su perspectiva, viola el principio de legalidad en contravención a lo dispuesto en los párrafos primero y sexto del diverso 89 de la Constitución Local que establece que el Instituto Electoral de la entidad, incluidos sus consejos municipales, es un órgano de carácter permanente.

La norma combatida, añade el accionante, desconoce dicha permanencia al suprimir injustificadamente la remuneración de las personas consejeras municipales en periodo no electoral, a pesar de que los consejos municipales tienen funciones continuas en materia de participación ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción V y 7, fracción I, de la Ley para Regular la Congreso en Asuntos Municipales; 1, 4, 5, fracción IV, 6, 7, 14, fracciones III, IV y V, 28, 32, 34, 57, 59, 65 y 66 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, así como múltiples preceptos de la Ley de Revocación de Mandato de la entidad federativa. Por tanto, solicita se declare la invalidez del decreto y se restablezca la normatividad previa.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la entonces presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el consecutivo 316/2023 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, ahora en retiro, para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió la demanda a trámite y requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que presentaran su contestación e indicaran el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Además, requirió al Poder Legislativo de dicha entidad para que remitiera original o copia certificada de los antecedentes legislativos que dieron origen al Decreto impugnado; y al Poder Ejecutivo local para que remitiera original o copia certificada del Periódico Oficial en que constara la publicación del Decreto controvertido. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. En cuanto a la solicitud de suspensión formulada por la parte actora, ordenó que se formara el cuaderno incidental respectivo.

6. Incidente de suspensión. Por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor concedió la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que percibían los sujetos obligados del Instituto Electoral del Estado de Colima no fueran fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resolviera el fondo de la controversia.

7. Recurso de reclamación 301/2023-CA. Inconforme con el acuerdo de admisión de la presente controversia constitucional, por escrito presentado en Correos de México el treinta de junio de dos mil veintitrés y, recibido el seis de julio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través del Consejero Jurídico, interpuso un recurso de reclamación.

8. El asunto referido fue resuelto en sesión correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de cinco votos de las y los Ministros que integraban la hoy extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) en el sentido de declarar infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.

9. Recurso de reclamación 302/2023-CA. Inconforme con el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el cual el entonces Ministro instructor concedió la medida cautelar solicitada por la parte actora, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través del Consejero Jurídico, interpuso un recurso de reclamación que presentó por escrito en Correos de México el treinta de junio de dos mil veintitrés y, que fue recibido el seis de julio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

10. Ese recurso se resolvió en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de cinco votos, en el sentido de declarar procedente y fundado el recurso de reclamación y revocar el acuerdo recurrido, por ende, se negó la medida cautelar.

11. Contestación a la demanda del Poder Legislativo de la entidad. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año del Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:

Causas de improcedencia.

a. Consideró que la controversia constitucional era improcedente de acuerdo con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 19, fracción II, de la ley reglamentaria en la materia, por impugnar normas generales o actos en materia electoral.(4)

b. Además, señaló que la controversia constitucional no es el medio idóneo para impugnar la norma en comento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal, cuenta habida que, desde su perspectiva, lo que el instituto actor debió ejercitar es una acción de inconstitucionalidad.

c. También consideró que se actualizaba la causal establecida en el artículo 19, fracción V de la ley reglamentaria en la materia, que determina que las controversias constitucionales resultan improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia. Lo anterior, precisó la legislatura demandada, en función de que la sentencia dictada en el juicio electoral JE-02/2023, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Colima el 19 de mayo de 2023, determinó que no sería aplicable para la parte actora lo dispuesto en el artículo 125 del Código Electoral de esa entidad federativa ni en los artículos transitorio cuarto fracciones II, III, IV, V, VI y VII; quinto, sexto y séptimo, reformado y adicionados a través del Decreto 262. Es decir, que no se reduciría el salario de ninguna persona Consejera estatal o municipal del Instituto Electoral local, lo que afirmó es la causa de pedir de la presente controversia constitucional.

d. Aunado a lo anterior, señala el Poder Legislativo demandado, existe el criterio establecido en la sentencia dictada en el amparo 542/2023 resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima e interpuesto por una de las Consejeras del Instituto Electoral local, en contra del Decreto 262. En aquel asunto se decidió sobreseer el amparo por haber cesado sus efectos.(5)

12. Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo de la entidad. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en nombre y representación de la Titular del Poder Ejecutivo, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:

Causas de improcedencia.

a. Estima el Poder Ejecutivo demandado, que la materia del Decreto combatido es electoral, por lo que procedía el sobreseimiento de la controversia constitucional. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción II, de la ley reglamentaria en la materia.

b. Además, señaló que la controversia constitucional no es el medio idóneo para impugnar la norma en comento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal, atento a que, en su caso, lo que el instituto actor debió ejercitar una acción de inconstitucionalidad.

Respuesta del Poder Ejecutivo a los conceptos de invalidez.

c. Destacó que la validez del Decreto combatido se funda en lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, Apartado B; 116, base II; 127, 133 y 134 de la Constitución Federal y 33 y 142 de su Constitución Local, de los que se desprende que el Poder Legislativo local cuenta con plena competencia para legislar en materia electoral, así como sobre la remuneración de las servidoras y servidores públicos, misma que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado.

d. Respecto del primer concepto de invalidez, refirió que, el Decreto no vulnera la autonomía, competencia constitucional del Instituto actor, ni afecta el principio de división de poderes, pues este se emitió en uso de las facultades que posee la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal de conformidad con el artículo 58, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima(6) y de las facultades conferidas al Constituyente local en las fracciones I, VIII y XVI del precepto 33 y V del artículo 34 de la Constitución local. Enfatizó que la autonomía presupuestaria y financiera de los Órganos Estatales Constitucionales Autónomos, como lo es el Instituto local Electoral, es derivada, lo que significa que existen límites y formas de control sobre estos. Por lo que, desde su particular apreciación, el Poder Legislativo, y a diferencia de otros poderes, no se encuentra vinculado por el contenido del presupuesto presentado por el órgano constitucional autónomo, pues cuenta con amplias y exclusivas facultades en materia de aprobación del presupuesto.

e. Asimismo, indicó que la reforma combatida se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución Local que establece la prohibición para que las personas servidores públicas reciban mayor remuneración o retribución que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Agregó el Poder Ejecutivo que, con anterioridad a la reforma, las remuneraciones establecidas en el Código Electoral local estaban indexadas al salario mínimo, lo que implicaba que habían aumentado conforme a los incrementos al salario mínimo, lo que era excesivo, de lo cual derivó la necesidad de reajustar el monto para que no fuera desproporcionado. Además, añadió que ello resultaba en un incumplimiento al principio de legalidad, porque los incrementos no obedecían a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de servicios profesionales, ni a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, entre otras.

f. Respecto del segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo señaló que no existe una violación al principio de seguridad jurídica sobre derechos adquiridos en relación con las remuneraciones de las y los Consejeros Electorales del instituto actor, pues esta función no es permanente y/o vitalicia, sino que tiene una duración de siete años. En abundamiento precisó que no pueden aplicarse los principios del derecho laboral, pues las retribuciones no comparten la naturaleza jurídica del salario, por lo que, en ese contexto, las dietas de los Consejeros Electorales sólo resultan aplicables durante su encargo para la temporalidad que señala la referida norma electoral.

g. Concluye la entidad demandada que no se violenta el principio de irretroactividad de la ley, pues el derecho a recibir la remuneración en periodos no electorales carece del alcance para ser considerado como un derecho adquirido de los Consejeros Electorales, ya que se trata de una simple expectativa de derechos, puesto que la norma producto de la reforma salvaguarda un interés de orden público, como lo es el respeto a la supremacía constitucional,(7) sobre un interés particular (la remuneración de una persona Consejera).

13. El trece de diciembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, tuvo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima, dando contestación a la demanda de controversia constitucional; ordenó correr traslado con copias simples de las contestaciones de demanda a la parte actora y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, y notificar electrónicamente a la Fiscalía General de la República. Asimismo, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

14. Opinión del Fiscal General de la República. Se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.

15. Audiencia y alegatos. Se celebró el siete de febrero de dos mil veinticuatro, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se relacionaron los alegatos. Se hizo constar que las partes no asistieron y que, al momento de la celebración de la audiencia, no se contaba con alguna constancia de que hubiesen formulado.

16. Cierre de la instrucción. El ocho de febrero de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro instructor ordenó agregar al expediente el acta de audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos; tuvo por desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales relacionadas y, al advertir que las partes no exhibieron alegatos, ordenó cerrar instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. Returno. El once de diciembre de dos mil veinticuatro, se determinó returnar el expediente del presente asunto al Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que continuara actuando como instructor en la controversia constitucional 316/2023.

18. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

I. COMPETENCIA

19. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(8) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 1015 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) porque se trata de un conflicto entre el Instituto Electoral y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

20. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(10) deben fijarse los actos, normas generales u omisiones impugnados objeto de la controversia.

21. A partir de un análisis integral de la demanda, se advierte que los conceptos de invalidez cuestionan el contenido de los artículos 109 y 125 y transitorios cuarto, fracciones II a VII y quinto del Código Electoral del Estado de Colima, modificados y adicionados mediante el Decreto 262. En ese entender, se tienen como combatidas únicamente dichas disposiciones.

III. OPORTUNIDAD

22. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(11) el plazo para promover controversia constitucional es de 30 días, tratándose de normas generales, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

23. El Decreto 262 fue publicado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, el plazo de 30 días para promover la controversia constitucional transcurrió del diecisiete de marzo al ocho de mayo de dos mil veintitrés.(12)

24. La demanda se presentó en la Oficina de Correos de México el ocho de mayo de dos mil veintitrés y fue recibida el once de mayo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, de conformidad con el artículo 8 de la ley reglamentaria de la materia,(13) su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

25. En términos del artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(14) los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas tienen legitimación para promover este medio de control constitucional.

26. Conforme al artículo 22, párrafo séptimo, fracción III(15) y 89, párrafos primero y segundo,(16) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Instituto Electoral de dicha entidad es un órgano constitucionalmente autónomo para efectos de la promoción de la presente controversia constitucional.

27. De acuerdo con el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia(17) el actor debe comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias facultadas para representarlo en términos de las normas rigen su actuación. Así, en representación del Instituto Electoral local compareció María Elena Adriana Ruiz Visfocri en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima y representante legal del mismo, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Instituto Nacional Electoral, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

28. Por lo anterior se concluye que la demanda fue presentada por parte legitimada.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. Los Poderes demandados tienen legitimación pasiva.

30. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(18) en las controversias constitucionales tienen el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general que sea objeto de la controversia constitucional.

31. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, toda vez que el primero emitió el Decreto que contiene el artículo impugnado, mientras que el segundo lo promulgó. A continuación, se analiza si las personas que comparecen en su representación gozan de facultades legales para actuar en la presente controversia constitucional.

a) Legitimación pasiva del Poder Legislativo Local.

32. En representación del Poder Legislativo del Estado de Colima, comparece la Diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura del Congreso local, personalidad que acreditó con copia certificada del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 14 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LX Legislatura del Congreso de Colima, celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

33. El artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Colima(19) establece que es atribución del diputado o diputada que preside la Mesa Directiva representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, por lo que dicha diputada, al desempeñar este cargo, se encuentra legitimada para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de dicho Poder.

34. Por consiguiente, el Poder Legislativo del Estado de Colima cuenta con legitimación pasiva en el presente juicio, pues se le atribuye la emisión del Decreto impugnado y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado que signó la contestación de demanda está facultada para representarlo.

b) Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo Local.

35. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima comparece Roberto Rubio Torres, quien se ostentó como Consejero Jurídico de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, personalidad que acreditó con copias certificadas de su nombramiento, expedido por la Gobernadora del Estado de Colima, de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno.

36. Los artículos 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima(20) y 41, fracción XII,(21) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima establecen que la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cuenta con la atribución de representar jurídicamente a la persona titular del Poder Ejecutivo en cualquier juicio o asunto, así como en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal.

37. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con legitimación pasiva en el presente juicio, pues se le atribuye la promulgación del Decreto impugnado y el servidor público que signó la contestación de demanda cuenta con las facultades para representarlo en la presente controversia constitucional.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

VI.1. Normas generales en materia electoral.

38. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados señalaron que la presente controversia constitucional es improcedente en términos de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción II, de la ley reglamentaria en la materia(22) que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrá conocer de las controversias constitucionales que combaten normas generales en materia electoral. Con base en dicha excepción, los Poderes demandados argumentaron que el presente asunto debe declararse improcedente porque se interpuso en contra del Decreto 262, que, a su juicio, consiste en una norma general en materia electoral. De igual forma, ambos poderes locales argumentaron que el medio idóneo de control constitucional que la parte actora debió promover es la acción de inconstitucionalidad, pues ante esta no existe la negativa expresa en la fracción I del artículo 105 de la Ley Fundamental en cuanto a la improcedencia de controversias constitucionales respecto de normas generales en materia electoral.

39. El primer planteamiento se estudió en el recurso de reclamación 301/2023-CA(23) derivado de la presente controversia constitucional. A través de dicho recurso, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, impugnó el acuerdo de admisión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por el entonces Ministro instructor. Contrario a lo solicitado por el recurrente, la entonces Primera Sala, a través del citado recurso de reclamación, confirmó el acuerdo de admisión. En la ejecutoria emitida, se retomó la línea jurisprudenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34177-83cb0689/i-controversia-constitucional-procede-de-manera-excepcional-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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