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DISTRITACIÓN ELECTORAL EN EL ESTADO DE COLIMA. LOS ARTÍCULOS 22 Y 114, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, AL PERMITIR LA INTERVENCIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL EN LA APROBACIÓN DE LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DEL ESTADO, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, AL PREVER UN 25% ADICIONAL DE LA CANTIDAD ANUAL QUE LES CORRESPONDA A LOS PARTIDOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 255, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 255, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 259, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, ES INCONSTITUCIONAL AL PREVER DOS PROCEDIMIENTOS DIFERENCIADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR AQUEL PRINCIPIO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE MARZO DE 2012).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 27/2011. · Registro digital (IUS): 23665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Pág. 21.

DISTRITACIÓN ELECTORAL. LOS ARTÍCULOS 22 Y 114, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, QUE PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, LA ENTIDAD SE DIVIDIRÁ EN 16 DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES Y QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL TENDRÁ LA ATRIBUCIÓN DE REALIZAR CADA SEIS AÑOS LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES SOBRE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y DENSIDAD POBLACIONAL, ASÍ COMO DE SOLICITAR A LA LEGISLATURA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, VIOLAN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL ESTABLECER QUE EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO QUE APRUEBE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, CADA PARTIDO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR HASTA UN 25% ADICIONAL DE LA CANTIDAD ANUAL QUE LE CORRESPONDA POR ESE CONCEPTO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO A LAS TAREAS EDITORIALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas)

RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. EL ARTÍCULO 255, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL DISPONER QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SOLICITARSE AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL QUE LO REALICE RESPECTO DE LAS CASILLAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE DICHO PROCEDIMIENTO EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos)

RECUENTO DE VOTOS EN SEDE JURISDICCIONAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. EL ARTÍCULO 255, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL DISPONER QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SOLICITARSE AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL QUE LO REALICE RESPECTO DE LAS CASILLAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE DICHO PROCEDIMIENTO EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos)

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 259, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, QUE DISPONE LAS REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE EFECTUARÁ LA ASIGNACIÓN DE LOS DIPUTADOS LOCALES POR ESE PRINCIPIO, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE MARZO DE 2012). (Razones aprobadas por mayoría de siete votos. los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra. el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández formuló reservas respecto de las consideraciones originales)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 27/2011. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 1 DE DICIEMBRE DE 2011. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de diciembre de dos mil once.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de septiembre de dos mil once, Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 255, último párrafo y 259, fracciones I y II, inciso a), del Código Electoral del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el treinta de agosto de dos mil once; y señaló como autoridades demandadas al Congreso y gobernador de esa entidad federativa.

Posteriormente, mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de septiembre de dos mil once, Maricela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 22, 64, fracción VIII, 114, fracción XIII y 225, último párrafo, del Código Electoral descrito en el párrafo que antecede.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 16, 17, 40, 41, 54, 116, fracción IV, incisos b), c) y l) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, expresaron como conceptos de invalidez lo que a continuación se resume:

I. De la demanda suscrita por el Partido Acción Nacional lo siguiente:

Primer concepto de invalidez

Que se debe declarar la invalidez del último párrafo del artículo 255 del Código Electoral del Estado de Colima, ya que vulnera lo dispuesto en los diversos 17 y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir el derecho de acceso a la justicia electoral y coartar la atribución del Tribunal Electoral del Estado de Colima de realizar recuento de votos en casillas que hayan sido objeto de recuento, total o parcial, ante los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado, con lo que se impide la revisión por parte de la instancia jurisdiccional de lo actuado por las instancias administrativas; de ahí que el artículo combatido quebrante lo dispuesto por la Constitución Federal al prever que el Tribunal Electoral de la entidad solamente puede realizar el recuento de votos de las casillas que no hayan sido objeto de recuento en sede administrativa, lo que impide que el recuento en sede jurisdiccional comprenda la generalidad de los votos y sea efectivamente total; agrega, que la disposición impugnada es aplicable para la elección de diputados de mayoría relativa como para la elección de miembros de los Ayuntamientos, debido a que el artículo 263 del Código Electoral del Estado de Colima remite al procedimiento establecido en el diverso 255 impugnado.

Reitera que el último párrafo del artículo 255 impugnado es violatorio de los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, ya que en las disposiciones mencionadas se consagra el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona y el deber de jurisdicción del Estado, esto es, la obligación de las entidades federativas de garantizar en sus Constituciones y leyes locales los supuestos y reglas para realizar recuentos totales o parciales de votación en los ámbitos administrativo y jurisdiccional; y sustenta su parecer en las consideraciones de la Suprema Corte expresadas al resolver las acciones de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas y 79/2009, en donde se indica que el recuento de votos es una actividad realizada por las autoridades electorales con el propósito de establecer con certeza al ganador en la elección correspondiente, y cuya finalidad es que prevalezca el voto ciudadano, especificando que el recuento de votos podrá ser de acuerdo con el número total y parcial de éstos y el órgano que lo realiza administrativo y jurisdiccional.

Segundo concepto de invalidez

Indica el partido político promovente que las fracciones I y II, inciso a), del artículo 259 del Código Electoral del Estado de Colima que regulan la asignación de diputados por el principio de representación proporcional contravienen las disposiciones generales que sobre ese principio rigen en México, como lo es la que establece el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en el sentido de que es obligación de las entidades federativas integrar sus legislaturas con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; y que también vulneran las bases generales del principio de representación proporcional derivadas del artículo 54 constitucional que la Suprema Corte fijó al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98, relativas a la elección de diputados locales elegidos bajo ese principio y que tienen que observar las Legislaturas Estatales, específicamente son violatorias de lo dispuesto en las bases tercera y séptima que prevén, respectivamente, que la asignación de diputados será independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos de cada partido de acuerdo con su votación; y que el establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados por ese principio deberá basarse en los resultados de la votación.

Agrega, que debe tenerse en cuenta también que el Alto Tribunal ha establecido que la libertad de la que gozan las Legislaturas Estatales para desarrollar el principio de representación proporcional en las leyes locales no puede ser tal que desnaturalice o contravenga a las bases mencionadas; de ahí que concluya que la instrumentación del principio de representación proporcional que los Estados realicen en su régimen interior debe evaluarse a la luz de las bases referidas y de la finalidad que tiene dicho principio, que es la conversión de votos en escaños buscando lograr el mayor equilibrio posible entre el porcentaje de votación obtenido por un partido político y el de los miembros del órgano de representación que correspondan a dicho partido.

Por otra parte, sostiene que en el artículo 259 referido se establecen dos métodos o sistemas de reparto distintos, separados, paralelos y que atienden a reglas diferentes, para efectuar la asignación por el principio de representación proporcional, y que ello es violatorio del orden constitucional con base en los siguientes razonamientos:

Manifiesta que un primer método es el que se contiene en la fracción I del artículo 259 del Código Electoral del Estado de Colima, que consiste en la asignación de diputados con base en las constancias de mayoría relativa y que se aplica exclusivamente al partido político que obtuvo la mayoría de triunfos en los distritos electorales, de modo que a partir de dichas constancias se le adjudican los diputados de representación proporcional; luego, expresa, un segundo método es el previsto en la fracción II del artículo impugnado, en correlación con el 260 del ordenamiento electoral colimense, que se aplica al resto de los partidos políticos con derecho a participar en la asignación de diputados plurinominales, en el que se adjudican las curules con base en la votación obtenida bajo el procedimiento del cociente electoral.

Por ello, argumenta, el método establecido en el artículo 259, fracciones I y II, inciso a), beneficia únicamente a aquel partido político que obtuvo la mayoría de triunfos en los distritos electorales, al no tomar en cuenta los resultados de la votación y hacer depender la asignación de las diputaciones plurinominales de las constancias de mayoría relativa obtenidas, vulnerando las bases tercera y séptima antes transcritas; que esto es así, porque se excluye del reparto a todos los demás partidos que habiendo obtenido al menos el dos por ciento de la votación, tienen el derecho de participar en el reparto de escaños plurinominales, contraviniéndose lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución Federal.

Añade que el no atender a la votación efectiva para la asignación de escaños de representación proporcional resulta una reminiscencia de la denominada "cláusula de gobernabilidad", limitación que formó parte del sistema de representación proporcional y que se eliminó en los ámbitos federal y estatal con la reforma constitucional de mil novecientos noventa y tres, citando en apoyo la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 73/2001, de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES)."

En esa tesitura, apunta que el método contenido en la fracción I del artículo 259 del Código Electoral quebranta el sistema de representación proporcional consagrado en el artículo 54 de la Constitución Federal, ya que se aplicará al partido mayoritario una fórmula especial que atiende al número de constancias de mayoría, régimen que resulta diferente al procedimiento por cociente electoral al que quedan sujetos los demás partidos políticos; y que el legislador al emitir la disposición impugnada no observó lo dispuesto por el Texto Constitucional, en donde se establece un sistema de representación proporcional a partir de un método general de distribución constituido por diversas etapas, en el que participan todos los partidos que obtuvieron el mínimo de votación exigido, de modo que el artículo combatido no garantiza la participación de todos los partidos políticos que alcanzaron el dos por ciento de la votación estatal y, en cambio, favorece a aquel que más diputaciones obtuvo, lo que aduce, se traduce en una restricción inconstitucional para acceder en condiciones generales de igualdad a algún cargo público, como lo es el de diputado por representación proporcional, con lo que también se vulnera el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana «sobre Derechos Humanos».

También indica que el régimen previsto en el artículo 259, fracciones I y II, inciso a), del código combatido infringe el derecho de los partidos políticos de participar en la asignación de diputados plurinominales, así como el derecho a que le sean atribuidos diputados por ese principio; que esto es así, porque el método especial contenido en dicho artículo distorsiona las proporciones y correspondencias entre curules y votos, lesionando dos objetivos primordiales del principio de representación proporcional, a saber: a) garantizar la participación de todos los partidos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad, y b) el que cada partido alcance en el seno del Congreso o Legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

En otro orden de ideas, el partido político promovente aduce que en el artículo 259, fracciones I y II, inciso a), del Código Electoral del Estado de Colima se actualizan vicios de inconstitucionalidad específicos, que se exponen en los siguientes párrafos:

Que la expresión "de triunfos en los distritos" contenida en la fracción I del artículo 259 transgrede lo dispuesto por la base tercera, rectora del principio de representación proporcional previsto en el artículo 54, fracción III, de la Carta Magna, ya que de su redacción se desprende que son las diputaciones por el principio de mayoría relativa las que se constituyen en el elemento determinante para la adjudicación de escaños plurinominales, y que tal asignación debería tomar como base la votación y no las constancias de asignación, como indebidamente lo establece el numeral impugnado; y precisa, que no siempre el partido político que obtiene el mayor número de diputaciones es el que consigue la mayor votación, por lo que al tomar como base dichas constancias no se garantiza en modo alguno una correspondencia entre la votación y el número de curules.

Añade que los distritos locales tienen marcadas desproporciones en cuanto a densidad de ciudadanos electorales, de tal manera que, en su opinión, puede suceder que un partido político obtenga la mayor parte de los diputados de mayoría por haber ganado en los distritos de poca o mediana población, pero no lograr la mayor votación entre los partidos que participaron en la contienda por no haber tenido un buen desempeño en los distritos más poblados y, en contraparte, también un partido puede alcanzar el mayor porcentaje de la votación al triunfar en los distritos más poblados, pero no adjudicarse el mayor número de constancias de mayoría por haber perdido en los distritos menos poblados.

Asimismo, arguye que el valor de cuatro por ciento que en el artículo impugnado se atribuye a cada diputado para efectuar la designación de curules, torna inconstitucional la fracción I del artículo 259 al violentar la base tercera del artículo 54 de la Constitución Federal; que esto es así, porque dicha asignación no atiende al índice de la votación, sino a los diputados de mayoría que tenga el partido que obtuvo más triunfos en los distritos uninominales, de tal manera que el partido con más constancias distritales es el que se beneficia del método de designación establecido en el artículo mencionado, excluyendo así a los demás partidos políticos que habiendo obtenido el dos por ciento de la votación estatal tienen derecho a participar en la asignación de diputados plurinominales de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de Colima, pues en la especie, la asignación de diputados plurinominales no se hace de manera independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa, sino que, por el contrario, se sujeta y depende de ellas, y que al intentar ajustar la adjudicación de diputaciones plurinominales a los límites previstos en el artículo 258 del Código Electoral de la entidad, claramente el cuatro por ciento que se atribuye a cada diputado constituye el fundamento para dicha asignación.

Por otra parte, estima el partido actor que toda vez que el método de asignación previsto en la fracción I del artículo 259 es inconstitucional, resultan también inválidas las expresiones contenidas en la fracción II de dicha disposición que prevén un segundo método para asignar el resto de las diputaciones a los demás partidos que no obtuvieron la mayoría de triunfos, y que aluden a dicho método de asignación; por ello, todos los partidos que alcancen el dos por ciento de la votación estatal tienen derecho a participar en la asignación de escaños plurinominales de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de Colima; y que tanto el valor base para hacer la asignación de curules como el acceso a participar en el método señalado en la fracción II del artículo 259 resultan violatorios del marco constitucional.

Así, a juicio del promovente, el numeral impugnado distorsiona la votación que los partidos políticos obtuvieron, al proponer deducir de la votación efectiva el número de votos obtenidos por los partidos políticos en los distritos que triunfaron y los del partido político que obtuvo los mayores triunfos (y al que se le aplicó el método que prevé la fracción I del artículo 259), lo que implica modificar el porcentaje de votación obtenido por cada partido, es decir, se altera la base consistente en la votación total con la que cuenta el partido y sobre la cual se tiene que efectuar la asignación de escaños plurinominales, afectando con ello la representación proporcional y el objetivo de ese principio, como lo es el que cada partido alcance una representación aproximada de su votación total en el seno de la legislatura correspondiente.

Agrega que para obtener la votación efectiva que sirva de base para la asignación de representación proporcional, habrá que estar a lo previsto en los artículos 257 y 258 del ordenamiento electoral de la entidad, en los que se establece que la votación efectiva se conforma de la suma de los votos depositados en todos los distritos uninominales y de los sufragios obtenidos en casillas especiales, lo que refleja el grado de representatividad y el peso electoral real de cada partido; luego, el artículo 259, fracción II, infringe las bases tercera y séptima de los principios rectores de la representación proporcional, tanto al prever una deducción de los votos obtenidos por los partidos, como al no respetar que la asignación de curules se realice teniendo como base la votación efectiva; esto es, que la votación de asignación prevista en la fracción II, inciso a), del artículo citado debe ser el resultado de la votación efectiva, sin imponer la deducción de los votos obtenidos por los partidos políticos en los distritos en que triunfaron, ya que cualquier partido que alcance el porcentaje de votación mínimo requerido para participar, es decir, el dos por ciento, tiene derecho a hacerlo con todos sus votos disponibles.

II. De la demanda suscrita por la procuradora general de la República:

Primer concepto de invalidez

Que el artículo 64, fracción VIII, del Código Electoral de Colima viola el diverso 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, concretamente el principio de certeza en materia electoral, ya que es una norma que deja al arbitrio de la autoridad administrativa electoral la determinación del monto porcentual que se asignará a cada partido (cuyo tope es el veinticinco por ciento), de la cantidad anual que le corresponda por financiamiento para apoyar las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales; esto es, el numeral que se impugna a juicio de la promovente carece de reglas claras para que los partidos políticos obtengan los recursos adicionales especificados en la ley electoral, al hacer depender del arbitrio de la autoridad la manera en que se destinará el financiamiento público para actividades específicas.

Agrega, que lo antedicho produce incertidumbre en los destinatarios de esos recursos y resta eficacia en la consecución de sus objetivos, en virtud de que no conocen desde un inicio y de manera clara el porcentaje que les será destinado para llevar a cabo las actividades señaladas por la disposición que se impugna; lo que aduce, es contrario al principio de certeza electoral que debe revestir la actuación de la autoridad electoral encargada de organizar los procesos electorales, porque con dicha ley se le dota de un margen de discrecionalidad en la distribución de cierto rubro del financiamiento público, aunado a que ante la inexistencia de reglas claras para todos los actores políticos se propugna que se beneficie a un sector o grupo político.

Segundo concepto de invalidez

Que los artículos 22 y 114, fracción XIII, del Código Electoral de Colima son inconstitucionales en tanto que contrarían lo dispuesto en los artículos 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, al otorgar al Congreso del Estado la facultad para fijar los distritos electorales, y limitar las facultades del Consejo General del Instituto Electoral a la realización de los estudios correspondientes relativos la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y su densidad poblacional cada seis años, menoscabando con ello la independencia y autonomía de ese instituto para establecer la geografía electoral de la entidad; lo que, aduce, trastoca los principios de autonomía e independencia de la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones, ya que subordina la delimitación de los distritos de la entidad al órgano legislativo, y que, además, ello dependerá del desahogo de las etapas del proceso legislativo y de la decisión que surja en el seno del Congreso.

Reitera la promovente que al tenor de los artículos impugnados la autoridad electoral no podrá tomar las decisiones relacionadas con la fijación de los distritos electorales con autonomía e independencia, ya que dichas normas hacen depender del Congreso Estatal la aprobación y validación de los estudios que haga el Instituto con ese fin; es decir, se configura la subordinación del Instituto Electoral al Congreso, lo que es contrario a la Constitución Federal; máxime que la Constitución de Colima otorga al Instituto Electoral la facultad de organizar las elecciones locales e igualmente determina que para su desempeño agrupará en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a la geografía electoral.

Tercer concepto de invalidez

La actora considera que el artículo 255, último párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima es contrario a lo previsto en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, toda vez que no existe la previsión legal para llevar a cabo el recuento de votos en sede jurisdiccional, porque la ley electoral sólo prevé el recuento de votos ante la autoridad administrativa y prohíbe que pueda solicitarse ante el Tribunal Electoral Local respecto de las casillas que hayan sido objeto del mismo por los Consejos Municipales; de donde es clara su inconstitucionalidad porque se reduce la atribución constitucional del Tribunal Electoral, pues en lugar de regular un procedimiento para proceder al recuento de los sufragios ante el tribunal se estableció una prohibición que impide, incluso, efectuar ese recuento en supuestos diferentes al procedimiento llevado a cabo por la autoridad administrativa, ya que del análisis integral de la norma electoral no se desprenden otros supuestos bajo los cuales podría llevarse a cabo el mandato constitucional de recuento de votos en sede jurisdiccional; que lo anterior tiene sustento en las consideraciones expuestas por la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009; así como 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, y 79/2009.

Agrega que el artículo 255 vulnera el artículo 17 de la Constitución ya que trastoca el principio de acceso a la justicia al no observar la previsión de establecer un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; que lo anterior es así, porque al impedir que los entes legitimados promuevan los medios de impugnación idóneos respecto del recuento de votos que lleven a cabo los Consejos Municipales, se contraviene el mandato constitucional de que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales deben ser susceptibles de impugnarse.

Cuarto concepto de invalidez

Finalmente, argumenta que las disposiciones impugnadas son violatorias de los artículos 16 y 133 del Pacto Federal porque el Congreso Local se extralimitó tanto al ejercer atribuciones que la Constitución Federal no le otorga, así como al prever en diversos artículos supuestos que son inconstitucionales; por ello, aduce, sus actos carecen de fundamentación y motivación, además de que rompen con la jerarquía del orden jurídico, en virtud de que las normas impugnadas pretenden ubicarse por encima de la Constitución.

TERCERO. Registro y designación de Ministro instructor. Por acuerdos fechados el veintiocho y el treinta de septiembre de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional con el número 26/2011 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo. Lo mismo ordenó en relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, a la que le correspondió el número 27/2011; así como decretó la acumulación de este expediente a la acción de inconstitucionalidad citada en primer término.

CUARTO. Admisión. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdos de fechas veintinueve y treinta de septiembre de dos mil once, en los que tuvo por presentados a los promoventes de las acciones descritas con la personalidad que ostentan, admitiéndolas a trámite y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas combatidas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, especificando al Congreso del Estado de Colima que anexara al informe requerido copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas; así como a la procuradora general de la República para que antes del cierre de la instrucción emitiera su opinión respecto de la acción presentada por el Partido Acción Nacional; asimismo, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión y, por último, requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima para que dentro del plazo de tres días naturales informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.

QUINTO. Auto que tiene por presentada la opinión del Tribunal Electoral y el informe del Instituto Electoral del Estado de Colima. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil once, el Ministro instructor tuvo por presentada la opinión formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por rendido el informe solicitado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, quien informó que el próximo proceso electoral de la entidad iniciará la primera quincena de diciembre del año en curso.

SEXTO. Autos que tienen por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas. Por acuerdos de diecinueve y veinte de octubre de dos mil once, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima, así como exhibidas las documentales que acompañó a éste el Congreso del Estado; y, en consecuencia, se dejaron los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de dos días naturales formularan alegatos.

SÉPTIMO. Auto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23665-c8d7402c/distritacion-electoral-en-el-estado-de-colima-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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