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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DEL ARTÍCULO 233, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, EN TANTO QUE POR DIVERSO DECRETO No. 340 PUBLICADO EL 28 DE JUNIO SIGUIENTE EN EL CITADO ÓRGANO DE DIFUSIÓN, SE REFORMÓ DICHA DISPOSICIÓN Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 20, PÁRRAFO TERCERO -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "LOS DIPUTADOS PODRÁN SER ELECTOS POR UN PERIODO CONSECUTIVO"-, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza, se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO PRIMERO -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "PARA POSTULAR CANDIDATURAS DE CONVERGENCIA EN LAS ELECCIONES LOCALES, SIEMPRE QUE HAYAN PARTICIPADO, CUANDO MENOS, EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR"-, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 344, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas -por diversas razones-, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 345, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la validez. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL ARTÍCULO 288 BIS, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO No. 315, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN A DICHO ORDENAMIENTO QUE LOS ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR RECIBAN APORTACIONES Y DONACIONES EN EFECTIVO, ASÍ COMO METALES Y/O PIEDRAS PRECIOSAS DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2014 Y SU ACUMULADA 33/2014. · Registro digital (IUS): 25522
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-06
Promovente: PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I , Pág. 119.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2014 Y SU ACUMULADA 33/2014. PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS; para resolver los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada 33/2014, promovidas por los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, respectivamente, para combatir el Decreto Número 315, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos mil catorce; y,

RESULTANDO:

(1) I. Presentación, trámite y turno. Mediante escrito de catorce de julio de dos mil catorce recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) José de Jesús Zambrano Grijalva, en su calidad de presidente del Partido de la Revolución Democrática, presentó demanda de acción de inconstitucionalidad.

(2) Dentro del ocurso en comento señaló al Congreso y al gobernador de Colima como responsables, al ser las autoridades emisora y promulgadora del decreto señalado como acto combatido, a saber, el número 315, publicado en el Periódico Oficial de Colima el catorce de junio de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado y que, en su concepto, es violatorio de los artículos 63, párrafo tercero, 116, fracción II, párrafo segundo, y 134, párrafo octavo, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(3) Por su parte, en diverso escrito,(2) recibido en este Alto Tribunal también el catorce de julio de dos mil catorce, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez y María Elena Orantes López, en su calidad de coordinador, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad contra el mismo decreto referido con anterioridad.

(4) En su demanda mencionaron que el Congreso y el gobernador de Colima emitieron y promulgaron, respectivamente, el decreto impugnado que, a su juicio, vulnera los artículos 1o., 9o., 14, 16, párrafo primero, 17, 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones IV y V, 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, bases I, II, III, IV y V, 116, fracciones II y IV, 133 y 135 de la Ley Fundamental, además del 14, punto 1, 16 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1 a 7 de la Carta Democrática Americana.

(5) Atentos a lo anterior, mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil catorce,(3) los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, ordenaron:

(6) - Formar los expedientes respectivos, registrarlos con los números 32/2014 y 33/2014, respectivamente, y acumularlos, en virtud de que en ellos se combatía el mismo acto;

(7) - Iniciado el segundo periodo de sesiones, remitir los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal, para proveer lo relativo al turno;

(8) - Tener por presentados a los promoventes con la calidad con que se ostentaron, y admitir a trámite los medios de control constitucional;

(9) - Dar vista a los poderes demandados para que rindieran sus respectivos informes (sin que fuera necesario requerir al secretario general de Gobierno de Colima al efecto) y, además, requerir al Congreso del Estado que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado;

(10) - Dar vista al procurador general de la República para que, en su oportunidad, formulara el pedimento correspondiente;

(11) - Solicitar al consejero presidente del Instituto Electoral de Colima que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad; y,

(12) - Pedir la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(13) Conforme a lo referido con anterioridad, en acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce,(4) el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir los autos a quien por turno le correspondieran, siendo el Ministro Luis María Aguilar Morales, conforme a la constancia(5) que, al efecto, emitió el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(14) II. Conceptos de invalidez del Partido de la Revolución Democrática. Dentro de su escrito inicial de demanda, el instituto político accionante desarrolla diversos conceptos de invalidez en los que expresa, sustancialmente, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez

(15) El artículo 144 del Código Electoral del Estado violenta el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues prevé que no se considerará proselitismo o acto de precampaña la realización de actividades propias de la gestión, ni los informes inherentes a un puesto de elección popular, con lo que se sustrae de las características, fines y prohibición de promoción personal establecidas expresamente en la Ley Fundamental.

(16) Además, el Poder Legislativo Estatal invade atribuciones del Congreso Federal, pues de la exposición de motivos que dio origen al precepto constitucional antes referido, se desprende que la intención del legislador fue sujetar la propaganda gubernamental, tanto en las campañas como en los periodos no electorales, a lo establecido en la Carta Magna, que contendría las normas encaminadas a impedir el uso del poder público para promover ambiciones personales de índole política.

(17) En relación con lo anterior, el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución en materia político-electoral, de diez de febrero de dos mil catorce, prevé que el Congreso de la Unión debió expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 134, Párrafo Octavo, de la Ley Fundamental, a más tardar, el treinta de abril de este año, lo que evidencia que dicha disposición debía ser reglamentada por una normativa específica y no por leyes electorales.

(18) En este sentido, la omisión del Congreso Federal, de expedir la ley indicada, no puede subsanarse a través del artículo que se tilda de inconstitucional, so pena de invadir sus atribuciones.

Segundo concepto de invalidez

(19) El artículo 20 del Código Electoral estatal es contrario al artículo 116, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Suprema, pues sólo prevé la elección consecutiva de los diputados estatales por un nuevo periodo.

(20) Además, al establecer que los diputados electos bajo el principio de representación proporcional no tendrán suplentes, vulnera los diversos artículos 41, base I, párrafo segundo, 51, 57 y 63, párrafo tercero, de la Carta Magna, y se aparta de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Tercer concepto de invalidez

(21) El artículo 233 del código comicial de Colima, es contradictorio en cuanto a los votos, de acuerdo a la forma en que se marquen pues, por un lado, establece que serán válidos cuando se crucen los espacios de dos o más partidos en coalición, y luego menciona que, cuando esto pase, se anularán para el instituto político, pero no para el candidato, lo que atenta contra los principios de certeza y congruencia.

(22) Esto, en tanto que anula parcialmente los sufragios, y excluye los emitidos a favor de los partidos coaligados, sin que ello esté previsto en las reglas específicas y particulares del procedimiento de asignación de curules por el principio de representación proporcional, máxime porque no se trata de una candidatura común, sino de una asociación realizada mediante un convenio de coalición, en el que la distribución de votos se da de manera igualitaria.

(23) Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce dispone, en lo que interesa, que las reglas relativas a las coaliciones, incluidas las del escrutinio y cómputo de sus votos, deben incluirse en la ley secundaria, y en ningún momento permite la exclusión, ni la nulidad relativa de los votos que hayan obtenido sino que, por el contrario, expresamente establece que éstos deben reconocerse, examinarse y contarse.

(24) Así, conforme a la disposición transitoria indicada, los votos de las coaliciones cuentan para todos los efectos legales (asignación de curules de representación proporcional, financiamiento público, acceso a radio y televisión ...), y no hay previsión que determine que deben dejar de tomarse en cuenta en los términos propuestos en el precepto controvertido, por lo que los votos así marcados deben tenerse como válidos y, por tanto, debe eliminarse la antinomia contenida en el precepto impugnado para garantizar el principio de certeza.

(25) Esto último, sobre todo porque la norma controvertida no sólo viola disposiciones constitucionales expresas, sino que va contra sus principios y valores, pues resulta ajena a otras disposiciones del mismo cuerpo normativo, en concreto, de su artículo 87, párrafo doceavo.

Cuarto concepto de invalidez

(26) El artículo 136 del Código Electoral de Colima, es contrario al artículo segundo transitorio, fracción II, inciso a), del decreto de reformas constitucionales en materia electoral, de febrero de dos mil catorce, así como a la legislación secundaria en la materia, pues establece de manera permanente, y no en una disposición de tránsito, que la etapa de preparación de la elección comenzará la primera quincena de octubre, aunque la normativa federal señala que esto será, por única ocasión, para los comicios que tendrán lugar el primer domingo de julio de dos mil quince, y que el proceso electoral debe comenzar en septiembre del año previo a la elección.

(27) III. Conceptos de invalidez del Partido Movimiento Ciudadano. Dentro de su escrito inicial, el mencionado partido político hace valer, en esencia, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez

(28) El artículo 20, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado vulnera el derecho a votar y ser votado, así como de acceso al cargo, previstos en los artículos 35, fracciones II y VI, y 36, fracción IV, además de los artículos 41, base I, párrafo segundo, 51, 57 y 63, párrafo tercero, todos de la Constitución Federal, pues dispone que los diputados electos bajo el principio de representación proporcional no tendrán suplentes.

(29) Por otra parte, es contrario al diverso artículo 116, párrafo segundo, de la Norma Suprema, que dispone que las Constituciones Estatales deberán establecer la elección consecutiva de los legisladores locales hasta por cuatro periodos seguidos, lo que hace inexcusable que los diputados cuenten con un suplente, pues ello permitiría sustituir de manera eficaz la ausencia del propietario; resulta armónico con el sistema jurídico nacional, y es una medida racional y natural que garantiza la salvaguarda de los derechos de votar y ser votado, así como de acceso al cargo.

Segundo concepto de invalidez

(30) El artículo 29, párrafo segundo, de la normativa electoral del Estado, es contrario a los artículos 35, fracciones II y VI, 36, fracción IV, 41, base I, párrafo segundo, 51, 57, 63, párrafo tercero, y 115, base VIII, de la Constitución Federal, pues prohíbe que los regidores de representación proporcional sean registrados en fórmulas con sus respectivos suplentes, y esto se aparta de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, e impide a los ciudadanos a acceder a cargos de elección popular, ya sea de mayoría relativa o representación proporcional, en condiciones de igualdad y equidad.

Tercer concepto de invalidez

(31) El artículo 82, párrafo primero, del Código Electoral del Estado limita el derecho de los ciudadanos de Colima a acceder a cargos públicos, pues impide a los partidos políticos de reciente registro participar coaligados, aunque ello contribuye a la maximización de los derechos a votar y ser votado.

(32) Así, la porción normativa impugnada, es contraria al artículo 41, base I, de la Ley Fundamental, pues no permite que los partidos políticos con nuevo registro promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de los órganos de representación política, y hagan posible su acceso al ejercicio del poder público.

(33) Además, debe evitarse que un artículo transitorio de la reforma constitucional en materia electoral regule la participación de dichos institutos políticos en las coaliciones pues, por su naturaleza, alcances y fines, este tipo de disposiciones tienen una duración determinada e improrrogable, atada a ciertas circunstancias particulares y especiales, temporales o fácticas, que las distingue de los preceptos legales convencionales, por lo que no pueden ser parte esencial de las normas que las contemplan, ni estar a su mismo nivel jerárquico pues, en todo caso, sólo condicionan algunos de sus efectos.

Cuarto concepto de invalidez

(34) El artículo 144 del código comicial de Colima contraría lo establecido en el artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, pues establece una excepción a la prohibición en él contenida.

(35) Adicionalmente, el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral de febrero de dos mil catorce, establece que el Congreso debía expedir, a más tardar el treinta de abril de este año, la ley reglamentaria del precepto constitucional aludido, esto es, la regulación respectiva debía estar en una ley específica, y no en leyes electorales.

(36) Por tanto, el artículo es inconstitucional, porque se encuentra en una norma secundaria, y establece supuestos de excepción a la prohibición contenida en la Ley Fundamental.

Quinto concepto de invalidez

(37) El artículo 233, fracción II, párrafo segundo, de la legislación electoral de Colima desvirtúa el cómputo de los votos emitidos a favor de las coaliciones pues, sin sustento alguno, establece que sólo contarán para los candidatos y no para los institutos políticos coaligados, lo que impacta en el porcentaje de votación de cada uno de los partidos coaligados, y afecta la distribución de sus prerrogativas, así como la asignación de curules por el principio de representación proporcional.

(38) De esta forma, va más allá de lo previsto en la Ley Fundamental y origina un manejo injustificado del voto ciudadano, pues se desvirtúa la voluntad de los electores y se desnaturaliza el objeto y fin del sufragio, violando así el derecho de asociación previsto en el artículo 9o. de la Ley Fundamental, en relación con el 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se impone un límite a la participación política de los partidos, con lo que se trastocan los principios de seguridad y certeza en la materia.

Sexto concepto de invalidez

(39) El artículo 235 del Código Electoral de Colima resulta contrario a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado C, numerales 1 y 6, así como 116, fracción IV, incisos a), b), l) y m), ambos de la Ley Fundamental, pues la falta de firma de los representantes de los partidos políticos no puede ser motivo suficiente para convalidar las irregularidades atribuibles a éstos el día de la jornada electoral, aun cuando puedan firmar bajo protesta las actas respectivas, ya que ello significaría desatender disposiciones de orden, máxime que los escritos de incidentes o protesta están encaminados a dejar un precedente respecto de las anomalías que pudieran suscitarse, y las conductas que contravienen la ley no pueden quedar sin sanción ni tenerse, consecuentemente, como hechos consentidos, sobre todo, si pueden influir en el resultado de la votación.

(40) Por otra parte, no existe disposición que exija que todas las actas sean firmadas por todos los representantes de los partidos políticos y, en este sentido, dejar sin materia los escritos de protesta por la falta de firma de su representante resulta inconstitucional, pues ello equivaldría a considerar que la validez de los votos libres y espontáneos de los ciudadanos está condicionada a que ninguno de los miembros de la mesa directiva de la casilla omita firmar el acta de escrutinio y cómputo, a pesar de que éste no es un acto solemne y, por tanto, no ha lugar a considerar que la falta del formulismo referido ocasiona la inexistencia del acto.

Séptimo concepto de invalidez

(41) Contrariamente a lo establecido en los artículos 35, fracción II, 41, base III, apartado A, inciso e), y apartado B, inciso c), así como 116, fracción IV, inciso k), y segundo transitorio, fracción I, inciso g), in fine, todos de la Ley Fundamental, el libro séptimo del Código Electoral de Colima regula los lineamientos, requisitos, derechos, obligaciones y etapas que debe satisfacer un ciudadano de la entidad referida que pretenda postularse como candidato independiente en el Estado, y lo hace de manera excesiva, de modo que ni los partidos políticos tienen tantas limitantes, aun cuando cuentan con estructura y financiamiento público.

(42) De este modo, se imposibilita ejercer el derecho al voto previsto en la Ley Fundamental, en tanto que no existen condiciones equitativas de competencia y, por tanto, se vulnera la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos que pretendan postularse con el carácter de candidatos independientes.

(43) Así, los excesos reglamentarios del citado libro séptimo van más allá de la Ley Suprema y los instrumentos internacionales, por lo que tal normativa debe declararse inconstitucional, atento a lo siguiente:

(44) a. El artículo 288 Bis, fracción VI, de la legislación combatida, no es proporcional, razonable, ni idóneo, y atenta contra los principios de igualdad, así como los que rigen constitucionalmente la materia electoral, porque establece que recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y/o piedras preciosas, de cualquier persona física o moral, constituirá una infracción de los candidatos independientes; mientras que a los partidos políticos se les dispensa el pago del impuesto sobre la renta de hasta un veinticinco por ciento de las aportaciones que les realicen sus simpatizantes.

(45) b. El artículo 296 prevé sanciones para los candidatos independientes frente a la comisión de determinadas conductas, sin importar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso concreto, lo que resulta excesivo y restringe el derecho contenido en el artículo 35, fracción II, de la Ley Fundamental, al dejar de respetar los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, conforme a los cuales, la sanción sólo debería aplicarse en los casos de mayor gravedad.

(46) c. El artículo 339 dispone que los candidatos independientes sólo podrán obtener el respaldo ciudadano durante periodos de treinta (gobernador) y veinte (diputados y Ayuntamientos) días, lo que es inequitativo, y no resulta idóneo ni razonable para ejercer su derecho constitucional a ser votados, porque carecen de una estructura que les permita establecer una estrategia o reaccionar de manera inmediata para cumplir con el requisito respectivo, por lo que, atento a lo establecido en el artículo 1o. de la Ley Suprema, tendrían que establecerse plazos que, objetivamente, les permitan satisfacer esta previsión.

(47) d. El artículo 345, párrafo segundo, fracción II, establece un porcentaje de respaldo excesivo y desproporcional para contender como candidato independiente al cargo de gobernador, que no asegura la representatividad, autenticidad y competitividad de los ciudadanos, máxime si se tiene presente que quienes pretendan competir, con este carácter, a los cargos de diputados y Ayuntamientos, sólo tendrán que obtener el respaldo ciudadano que resulte afín a su demarcación, lo que evidencia que el dispositivo jurídico combatido no cumple con parámetros razonables y es contrario al fin perseguido por la Norma Fundamental.

(48) e. El artículo 346 establece obstáculos adicionales a los incorporados en los diversos artículos 171 y 354, fracciones VIII y IX, en los que se da a los candidatos independientes un trato igual a los partidos políticos, por lo que resulta disuasivo para la participación de los ciudadanos que pretendan postularse con este carácter, a lo que debe agregarse que no señala el plazo para presentar los informes a los que alude, con lo que vulnera los principios de legalidad y certeza.

(49) f. Los artículos 349, fracción I y 357 son contrarios a la Ley Fundamental, pues de ellos se desprende que cuando el dictamen del Instituto Nacional Electoral no permita determinar la licitud de los recursos erogados en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, o bien, establezca que el tope de gastos o el límite de aportaciones individuales fue rebasado, se negará el registro a los candidatos independientes; mientras que a los partidos se les sanciona con amonestación pública o multa.

(50) g. El artículo 335, fracción III, del Código Electoral combatido, es contrario a la Constitución, pues no existe concordancia entre éste y lo establecido en los artículos 55 y 58 de la Constitución Federal, que se refieren a los requisitos de elegibilidad para diputados y senadores, ya que se exige a los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes que estén inscritos en la lista nominal, aunque esta prueba, por sí misma, no es apta para obtener un fin legítimo, máxime cuando el propio precepto señala que el interesado debe exhibir copia de su credencial de elector, con la que puede constatarse el requisito correspondiente que, además, podría corroborar la propia autoridad electoral con los datos resguardados en el Registro Federal de Electores.

(51) Así, la previsión en comento es contraria al derecho a ser votado, pues resulta excesiva e injustificada.

(52) h. El accionante afirma que el artículo 344, fracción II, del código comicial de Colima viola la libertad de los ciudadanos a decidir a quién brindarán su apoyo, pues la autoridad considerará nulas las manifestaciones de respaldo expedidas por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección, cuando lo correcto sería que se requiriera al ciudadano para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

(53) En este orden de ideas, lo establecido en el precepto impugnado deja en Estado de indefensión a los ciudadanos, pues la manifestación de su voluntad será definida por la autoridad, y esto conlleva un trato inequitativo para los candidatos ciudadanos respecto de los partidos, como se evidencia en el artículo 48, párrafo quinto, del propio código comicial de Colima.

(54) i. El artículo 352 del código combatido limita el derecho de acceso al cargo de los candidatos independientes, pues establece que quienes obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna etapa del proceso, y esto se contradice con lo establecido en el artículo 347 del mismo ordenamiento, que prevé el registro mediante fórmulas o planillas para los cargos de diputados de mayoría relativa o miembros de los Ayuntamientos y, en esta lógica, la sustitución que llegare a realizarse no podría verse afectada, pues tanto el propietario como el suplente reciben el respaldo ciudadano como candidatos independientes.

(55) En este sentido, no hay razón que justifique que se eliminen las posibilidades de los últimos para acceder a la titularidad de la fórmula en caso de que faltaran los propietarios por cualquier causa, y esto es todavía más grave en el caso de los aspirantes a los Ayuntamientos, pues la renuncia de una de las fórmulas afectaría a toda la planilla.

(56) j. El artículo 355 violenta el principio de equidad contenido en el artículo 116 de la Ley Fundamental, pues no establece parámetros fijos respecto de las cantidades que, en su caso, corresponderían a los candidatos independientes por financiamiento público, sino que prevé que se les otorgará éste como si fueran partidos de nueva creación y, de esta forma, se supedita al número de candidatos que se registren para cada cargo de elección popular, lo que deriva en un menor financiamiento cuando se inscriban más aspirantes ciudadanos.

(57) A lo anterior debe agregarse que los recursos públicos asignados sólo en periodo de campañas son insuficientes en comparación con los que reciben los partidos políticos, que gozan de prerrogativas desde el inicio del proceso electoral respectivo.

(58) IV. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito de veintidós de julio de dos mil catorce(6) recibido en este Alto Tribunal el veintiocho del mismo mes y año, el secretario general de Gobierno de Colima, en representación del Ejecutivo Estatal, rindió informe dentro del presente medio impugnativo, en el que manifestó, sustancialmente, lo siguiente:

(59) - El artículo 144 del Código Electoral reconoce el mandato de la Constitución Federal, pues establece que para valorar los casos en los que se cuestione alguna conducta de las que se detallan, deberá atenderse, en primer orden, a lo dispuesto en la Carta Magna y la legislación aplicable, que prohíben la propaganda electoral, esto es, la que tiene lugar durante la precampaña y campaña; mientras que el precepto impugnado regula la que se lleva a cabo fuera de dichos periodos, y no se relaciona con lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia electoral, pues éste se vincula con una ley federal, no local, por lo que, consecuentemente, no se invade la esfera de atribuciones del Congreso;

(60) - El artículo 20 no transgrede la Ley Fundamental, pues ésta señala que la elección de diputados es hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, establece un límite, pero no una imposición; además, el artículo 63 de la Ley Fundamental evidencia que los diputados federales de representación proporcional, por su naturaleza, no tienen suplentes, y la Constitución Local contiene una disposición similar a la de la Federal;

(61) - En relación con el artículo 233, se dice que la normativa local prevé distintas formas de coalición (total, parcial o flexible), y para el caso de las diputaciones de representación proporcional, cada partido en ella integrado presenta su lista por separado y, por ello, cuando se realiza el cómputo de los votos, éstos cuentan a favor del candidato, aun cuando se marque el espacio de más de un partido coaligado aunque, en este caso, el sufragio no cuenta para éstos, porque la intención del ciudadano queda patente en cuanto al candidato, pero no por lo que hace a los institutos políticos, sin que ello se traduzca en una anulación del voto, sino en un mecanismo para no dar ventaja alguna a los partidos;

(62) - En relación con el artículo 136, la homologación del plazo previsto a nivel federal, debe hacerse en lo que resulte aplicable, sin que sea obligatorio seguir su modelo ineludiblemente;

(63) - Respecto del artículo 29, la vacante se da en relación con la lista presentada por el partido político, dentro del modelo de representación proporcional, reconocido en la Constitución Federal;

(64) - El artículo 82 no limita el derecho de acceder a un cargo público, sino que sólo limita la forma en la que operan las coaliciones;

(65) - El artículo 235 pretende garantizar que quienes firman el escrito hayan estado presentes en la actuación que hacen valer y, por tanto, les consta la irregularidad reclamada, dando así certeza y certidumbre a los participantes en la jornada;

(66) - Los artículos 288 Bis y 296 encuentran un símil en la ley general de la materia;

(67) - Por cuanto hace al artículo 339, no presenta argumentos para sostener su dicho y, este precepto, junto con el 338 del código estatal, evidencian igualdad y equidad de trato;

(68) - El artículo 345 no establece un porcentaje excesivo y desproporcional, si se coteja con la disposición relativa a los partidos políticos, con independencia de que tengan naturaleza y estructura distintas; y,

(69) - Finalmente, respecto de los artículos 350, 357, 335, 344, 352 y 355, sólo se realizan manifestaciones sin sustento alguno, esto es, sin base jurídica, por lo que son subjetivas y, por tanto, resultan infundadas, por lo que tales dispositivos están apegados al Texto Constitucional.

(70) V. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito de veintitrés de julio de dos mil catorce,(7) recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno siguiente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Colima rindió informe en el que manifestó, en esencia, que:

(71) - El artículo 144 del Código Electoral es similar al diverso artículo 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al cual busca aclarar en el ámbito local, y se desarrolló a partir de las facultades conferidas en el artículo 116, fracción IV, de la Ley Fundamental, que concede a las Legislaturas Locales libertad de configuración sobre el particular;

(72) - El artículo 20 reproduce íntegramente lo dispuesto en los diversos artículos 22 (que no ha sido reformado desde dos mil cinco) y 23 de la Constitución del Estado, y no limita a una sola reelección, sino que sólo se refiere al número de periodos sucesivos, atento a la previsión de la Constitución Federal, que se refiere a una posibilidad y no a una obligación; además, el artículo 116 de la Ley Fundamental, no obliga a los Estados a e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25522-a006cc8d/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-al-actualizarse-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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