Corpus
Modo: Corpus Pro

I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA PROHIBICIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NO INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR O EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN, CANDIDATO O PRECANDIDATO, OPERA TAMBIÉN RESPECTO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES (ARTÍCULO 19, PÁRRAFOS TERCERO Y OCTAVO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). II. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUPUESTOS DE PROHIBICIÓN ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 172, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). IV. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA DEFINICIÓN DE CALUMNIA REGULADA POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBE COINCIDIR CON LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 324, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "… SE ENTENDERÁ POR CALUMNIA LA IMPUTACIÓN DE HECHOS O DELITOS FALSOS CON IMPACTO EN UN PROCESO ELECTORAL.", DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). V. CAPACITACIÓN ELECTORAL, UBICACIÓN DE CASILLAS Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS. LA COMPETENCIA PARA REGULARLAS SE DELEGÓ AL ORDEN ESTATAL POR DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HASTA EN TANTO NO SEAN REASUMIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 181, 182, 183, 185, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y II, PÁRRAFO SEGUNDO, 186, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, 191, PÁRRAFO PRIMERO, Y 201, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFO SEGUNDO, 152, 191, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 201, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL MISMO ORDENAMIENTO). VI. FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LOS PROCESOS FEDERALES Y LOCALES. ES EXCLUSIVA RESPECTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIPUTADOS FEDERALES, ASÍ COMO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES, SIN COMPRENDER A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "… NACIONALES Y…"). VII. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMPAÑAS DE CANDIDATOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES [VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 85, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, INCISO A), II, PÁRRAFO SEGUNDO, Y III, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, 86, 87, FRACCIONES II Y III, 88, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 89, 90, PÁRRAFO PRIMERO, 94, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES I, INCISO A), II, III, INCISOS A), E) Y G), IV Y V, Y SEGUNDO, Y 95 BIS, 95 TER, 95 QUÁTER Y 95 QUINTUS DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, E INVALIDEZ DE LOS DIVERSOS ARTÍCULOS 91, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "…Y SERÁN RESPONSABLES SOLIDARIOS DEL PARTIDO POLÍTICO O PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO AL USO Y DESTINO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES. SU RESPONSABILIDAD CESARÁ HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.", Y 94, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "…Y SERÁN APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL."]. VIII. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 103, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, 104, 106, FRACCIÓN XI, 107, PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, 109, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, INCISOS B) Y C), Y II, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, 110, 111, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 193, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y VALIDEZ DEL ARTÍCULO 193, FRACCIONES III, V, IX, X Y XI, DEL MISMO ORDENAMIENTO]. IX. ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN. COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EMITIR LAS REGLAS, LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y FORMATOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, Y DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR CUESTIONES ESTRICTAMENTE ORGÁNICAS U OPERATIVAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 177, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 178 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL DIVERSO ARTÍCULO 177, PÁRRAFO PRIMERO). X. FACULTAD DE DISTRITACIÓN. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). XI. RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA INVESTIGAR LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 325, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). XII. JUSTICIA INTRAPARTIDARIA Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INTERNAS. OBLIGACIÓN DE LOS MILITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE AGOTARLOS PREVIO A ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULO 80 QUÁTER, PÁRRAFO CUARTO, SEGUNDA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO). XIII. JUSTICIA ELECTORAL. NOTIFICACIONES URGENTE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2015 Y SUS ACUMULADAS 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 Y 137/2015. · Registro digital (IUS): 26300
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-05-20
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo I, Pág. 185.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2015 Y SUS ACUMULADAS 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 Y 137/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ACCIÓN NACIONAL. 11 DE FEBRERO DE 2016. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR Y ETIENNE LUQUET FARÍAS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escritos recibidos el diez de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Cristian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y María del Pilar Lozano Mac Gregor, en su carácter de coordinador, integrantes y secretaria general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, en su carácter de presidente nacional del Partido Político de la Revolución Democrática; el once de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Castro Obregón, en su carácter de presidente del Comité de Dirección Nacional del Partido Político Nueva Alianza, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena, así como Ricardo Anaya Cortés, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Acción Nacional; y el diecisiete de diciembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena; promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.

Normas generales impugnadas:

a) Decreto Número 344, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, publicado en el Número 70 extraordinario, tomo III, Octava Época del Periódico Oficial del Estado, el once de noviembre de dos mil quince.

b) Decreto Número 345, por el que se reforman los artículos 2, 8, párrafo segundo del artículo 17, párrafos segundo y tercero del artículo 24, 25, fracción III del artículo 33, párrafo primero del artículo 40, 41, 57, 60, párrafo segundo del artículo 61, y 87; y se adiciona la fracción V al artículo 6, todos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Número 70 extraordinario, tomo III, Octava Época del Periódico Oficial del Estado el once de noviembre de dos mil quince.

c) Decreto Número 350, por el que se reforman los artículos 140, en su fracción IV, y 159, último párrafo, ambos de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, publicado en el Número 72 extraordinario, tomo III, Octava Época del Periódico Oficial del Estado el diecisiete de noviembre de dos mil quince.

SEGUNDO.-Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:

a) Partido Movimiento Ciudadano

1. Artículo 134, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Se considera excesiva la exigencia de que el respaldo ciudadano al aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador deba estar distribuido en todos los Distritos del Estado. El Congreso Estatal se extralimita y aumenta los requisitos para que los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes participen en condiciones de igualdad con los partidos políticos, particularmente, en los porcentajes de respaldo y el plazo tan reducido para presentar las firmas requeridas, lo que se traduce en una excesiva reglamentación que no cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad, idoneidad y necesidad, haciendo nugatorio el derecho a ser votado bajo la figura de candidatura independiente.

2. Artículo 140, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Se restringen indebidamente los derechos de ser votado, de acceso al cargo y de asociación de los ciudadanos, ya que en los artículos 1o., 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones IV y V, y 41, base I, de la Constitución Federal, no se establece limitación alguna y, aun cuando, respecto del derecho de solicitar ante la autoridad electoral el registro de manera independiente a los partidos políticos, se otorga al legislador ordinario amplia libertad de configuración para determinar los requisitos, condiciones y términos relativos, éste debe respetar el núcleo esencial de tal derecho, de modo que la normativa que emita se armonice con otros derechos, principios y bienes constitucionales de la misma jerarquía, como el de igualdad y aquellos rectores de la materia electoral consagrados en los artículos 41, párrafo segundo, base V, y 116, fracción IV, inciso b), constitucionales, en favor del bien común o el interés general, pues, de lo contrario, esto es, de imperar posturas irracionales y desproporcionadas, se haría nugatorio dicho derecho, cuya finalidad es que los ciudadanos participen de manera independiente a las postulaciones que presenten los partidos políticos para cargos de elección popular.

Adicionalmente, el derecho de asociación de los ciudadanos, en su vertiente de libre afiliación a un partido, debe ser potencializado, por lo que resulta excesivo exigir que, previamente al registro de una candidatura independiente, se cumpla con la formalidad de acreditar no ser, ni haber sido militante, afiliado o su equivalente o candidato de un partido político en los dos años anteriores al día de la elección, ya que debe bastar la manifestación de voluntad en ese sentido desde el momento en que se presenta la renuncia. La Constitución Federal no establece el monopolio de los partidos para llevar a cabo afiliaciones masivas de ciudadanos, sino la libertad de estos últimos de afiliarse libremente a aquéllos, por lo que si un ciudadano forma parte de un partido y renuncia a él para estar en posibilidad de ser registrado como candidato independiente, ello resulta suficiente para potencializar su derecho a ser votado.

b) Partido de la Revolución Democrática

1. Artículo 19, párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Se establecen supuestos y condiciones diversos y contrarios a los previstos en los artículos 41, base III, apartado C, párrafo segundo, y 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal, para la suspensión de la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los Poderes Federales y Estatales como de los Municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, así como en relación con la prohibición de propaganda personalizada de servidores públicos, en el sentido de que, en ningún caso, la propaganda gubernamental incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier funcionario:

• Cualquier otra de estricta necesidad que aprueben el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral de Quintana Roo. Las únicas excepciones que establece la Constitución son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Además, el organismo público local electoral carece de atribuciones para interpretar junto con el Instituto Nacional Electoral dichas bases constitucionales.

• Debiendo entenderse que la realización de obras y la ejecución de programas continuarán realizándose. Se vulnera el principio de certeza, puesto que, en estricto sentido, no constituyen propaganda, aunque su difusión sí lo es, abriendo una posibilidad o entendimiento de otro tipo de excepción a la obligación de suspensión de difusión de propaganda durante las campañas electorales.

• No se considerará como propaganda personalizada la información que difundan los medios de comunicación social respecto de las actividades propias de las funciones gubernamentales y las fachadas de los bienes muebles o inmuebles, logotipos, lemas y demás elementos distintivos que porten con motivo de las actividades que realizan no serán consideradas como propaganda gubernamental. Se vulnera el principio de certeza, abriendo una posibilidad o entendimiento de otro tipo de excepción a la prohibición de promoción personalizada de servidores públicos, con la difusión de "información" en medios de comunicación, dando oportunidad a las áreas de comunicación social de las entidades gubernamentales para la promoción personalizada, so pretexto de actividades propias de las funciones gubernamentales. Lo mismo ocurre con las excepciones que se establecen respecto de la propaganda gubernamental, pretextando elementos que no lo son, pero que propician la difusión de logotipos, lemas y demás elementos distintivos en bienes muebles o inmuebles gubernamentales.

• El Instituto Electoral de Quintana Roo será el encargado de tomar las medidas correspondientes para que se cumpla con las disposiciones anteriores. Los sujetos obligados son los Poderes Federales y Estatales, Municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, mas no la autoridad electoral, a la que corresponde, en todo caso, conocer de infracciones, dictar medidas cautelares e imponer sanciones.

Con lo anterior, se permite al organismo público electoral local autorizar campañas de comunicación gubernamental, sin encontrarse constitucional ni legalmente facultado para ello, violentando las bases del sistema de comunicación gubernamental dentro de los periodos de campaña electoral. Además, se vulneran el principio de certeza, al no establecerse de manera clara el tipo de excepción, su duración, ni la naturaleza, características o modelo de comunicación de acciones de gobierno que se autorizarían, así como el principio de equidad, pues al no estar reguladas las decisiones de la autoridad administrativa podrían ser discrecionales, favoreciendo a determinados partidos.

2. Artículos 20, párrafo segundo, 152, 181, 182, 183, 185, párrafo primero, fracciones I y II, párrafo segundo, 186, párrafos primero y cuarto, 191, párrafos primero y segundo, y 201 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Se invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral en materia de capacitación electoral, ubicación de las casillas y designación de funcionarios de sus mesas directivas para los procesos electorales federales y locales.

Si bien tales atribuciones pueden ser delegadas por el Instituto Nacional Electoral a los organismos públicos locales electorales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; al tratarse de atribuciones del sistema nacional electoral comunes para las elecciones federales y locales, se regulan en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que el Congreso Estatal no se encuentra facultado para regular dichas actividades de organización de los procesos electorales, independientemente de su concurrencia o no con el proceso electoral federal.

• El artículo 20 de la Ley Electoral local establece que, en cada una de las secciones electorales, se instalarán mesas directivas de casilla "en los términos de la Ley Orgánica del instituto, o bien, tratándose de elecciones concurrentes, las mesas directivas de casilla únicas serán instaladas conforme lo establezca el Instituto Nacional Electoral".

• En el mismo sentido, los artículos 181, 183, 185 y 186 de la citada ley sujetan la determinación de la ubicación de las casillas a un convenio con el Instituto Nacional Electoral, excluyendo del mismo la integración y ubicación de casillas especiales, que encomiendan de manera exclusiva al Consejo General del Instituto Electoral Estatal para las elecciones locales ordinarias concurrentes y extraordinarias, con base en los criterios y el número de boletas que acuerde el propio organismo público local electoral; en cambio, respecto de la elección local concurrente con la federal, prevén que la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casilla a instalar para la recepción de la votación, se realizará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta forma, se establece una dualidad en la normatividad, haciéndola depender de la concurrencia o no de las elecciones locales con la federal.

• Respecto de modificaciones a la ubicación de las casillas, derivadas de impugnaciones, el artículo 182 de la Ley Electoral local no toma en cuenta a los órganos del Instituto Nacional Electoral, con independencia de la delegación o no de la atribución de integración y ubicación de casillas.

• El artículo 191 de la ley vuelve a distinguir la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla y acreditación de representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, tratándose de elecciones locales concurrentes con la federal, sujetándolas a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en tanto que, respecto de elecciones locales, dispone que el organismo público local electoral auxiliará en tales responsabilidades, de acuerdo con los programas aprobados por el Instituto Nacional Electoral y en términos de la ley local, al tiempo que prevé de manera específica que en aquellas elecciones que no sean concurrentes con la federal, a partir del registro de candidatos y hasta trece días previos a la jornada electoral, los partidos políticos o candidatos independientes podrán solicitar a los consejos distritales la acreditación de representantes ante las mesas directivas de casilla, los cuales podrán ser sustituidos hasta ocho días antes de la elección.

• Lo anterior se reitera, en términos generales, en el artículo 201 de la propia ley, que establece que las disposiciones del título serán aplicables a las elecciones que no sean concurrentes con la federal, en lo que no contravenga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que, en aquellas concurrentes con la federal, en la instalación y apertura de casillas, los procedimientos de votación, escrutinio y cómputo, clausura y remisión del expediente electoral, se procederá de conformidad con lo dispuesto por la citada ley general.

• El artículo 152 de la Ley Electoral local prevé dos horas distintas de inicio de la etapa de la jornada electoral: para la elección que no sea concurrente con la federal, a las siete horas con treinta minutos del primer domingo de junio del año en que deban celebrarse elecciones ordinarias y, para aquella que lo sea, a las ocho horas, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como se advierte, las referidas disposiciones no son acordes con los principios de libre configuración y certeza.

3. Artículos 57, párrafo segundo, 85, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y III, párrafos primero y tercero, 86, 87, fracciones II y III, 88, párrafos primero y segundo, 89, 90, párrafo primero, 91, párrafo segundo, 94, párrafos primero, fracciones I, inciso a), II, III, incisos a), e) y g), IV y V, y segundo, tercero y cuarto, 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter y 95 Quintus de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Además de que las porciones normativas no reformadas de los preceptos citados y los artículos 88 y 89 de la Ley Electoral local, no se adecuaron a la distribución de competencias que se estableció a raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, las normas impugnadas invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos para los procesos electorales federales y locales.

• El artículo 57 de la Ley Electoral local establece que las agrupaciones políticas nacionales y estatales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de recursos previstos en las leyes generales y local, y los "reglamentos correspondientes", con lo cual, el Congreso del Estado se arroga facultades para legislar en materia de fiscalización de agrupaciones políticas nacionales y otorga al organismo público local electoral atribuciones reservadas de manera exclusiva al Instituto Nacional Electoral.

• Por su parte, el artículo 87 de la Ley Electoral local, sin observar lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, constitucional regula, de manera distinta a lo previsto en el artículo 56, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, lo relativo a los límites de las aportaciones privadas, estableciendo que las aportaciones de los militantes no podrán exceder en su conjunto del cuarenta por ciento del monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos en el año en que se lleve a cabo la jornada electoral y que los candidatos en su conjunto podrán aportar un quince por ciento del monto total de financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos en el año en que se lleve a cabo la jornada electoral para el financiamiento de las campañas.

• El artículo 91, párrafo segundo, de la Ley Electoral local prevé que el titular del órgano interno responsable de la percepción y administración de los recursos generales y de campaña de los partidos y coaliciones, junto con el presidente del partido o los presidentes de los partidos que integren coalición, deberán ser registrados ante la autoridad competente y serán responsables solidarios del partido o los partidos respecto del uso y destino del financiamiento público, y la presentación de los informes correspondientes; así también, que su responsabilidad cesará hasta el total cumplimiento de esta obligación.

Lo anterior no observa lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, constitucional, pues, en los artículos 43, párrafo 1, inciso c), y 77, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, se prevé que, entre los órganos internos de los partidos políticos, deberá contemplarse, entre otros, al menos, un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, así como de la presentación de informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña, que se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido determine libremente; por lo que no puede preverse la responsabilidad solidaria o diluir responsabilidades en materia de rendición de cuentas para presidentes de partidos.

• El artículo 94 de la Ley Electoral local, también regula de manera diversa lo relativo a la presentación de informes de gastos, particularmente, ordinarios, imponiendo dicha obligación, de forma errónea, a las coaliciones electorales; asimismo, establece, al margen de la delegación de la atribución de fiscalización prevista en las bases constitucionales, que el Instituto Electoral Estatal deberá coordinarse con el Instituto Nacional Electoral para la fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, en su respectivo ámbito de competencia, lo cual invade la esfera de atribuciones del último y viola la distribución de funciones en esta materia.

De igual forma, dispone que la reciprocidad y colaboración entre los institutos tendrá como único límite la ley, y que los compromisos específicos a cargo del Instituto Electoral Estatal, en la coordinación o delegación en materia de fiscalización, deberán plasmarse por escrito y ser aprobados por el consejo general de dicho instituto, lo cual difiere de lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto a la obligación de los partidos y no las coaliciones de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios, aplicable tanto en el ámbito federal como local.

• En el mismo sentido, el artículo 95 Ter de la Ley Electoral local, sin contemplar a los precandidatos y candidatos, prevé que los partidos políticos deberán presentar ante el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, ante el Instituto Electoral Estatal informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, respecto del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, su empleo y aplicación; siendo que la delegación de la facultad de fiscalización se limita en cada caso al proceso electoral y la revisión de los informes de gasto ordinario no es delegable, de conformidad con los artículos 41, base V, apartados B, inciso a), numeral 5, y párrafos tercero y cuarto, y C, párrafo segundo, inciso b), de la Constitución Federal, 8, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos y 125 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• En el artículo 95 Bis de la Ley Electoral local, no obstante el reconocimiento de que corresponde al Instituto Nacional Electoral la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación, y de que se trata de una función que puede delegar al Instituto Electoral Estatal, se establece que, en este caso, se aplicarán las disposiciones de la ley local; siendo que la facultad normativa en la materia es del Congreso de la Unión, y se ejerció a través de la expedición de la Ley General de Partidos Políticos, con lo cual, se actualiza una invasión a la esfera competencial de aquél. Aunado a ello, se omite considerar a los candidatos como sujetos obligados en materia de fiscalización.

Empero, de manera contradictoria, en los artículos 95 Quáter y 95 Quintus de la propia ley, se reconoce que el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral, y que éste aprobará las reglas y los lineamientos de carácter general y técnico correspondientes, así como aquellos que rijan su actuación y desempeño y, en caso de delegación, los del Instituto Electoral Local.

De acuerdo con los artículos 8, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos y 125, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la normatividad aplicable, aun en caso de delegar la facultad de fiscalización al organismo público local electoral, es la determinada por el Congreso de la Unión y reglamentada por el Instituto Nacional Electoral.

• El artículo 94, incisos e) y g), de la Ley Electoral local dota a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral Estatal de facultades sancionadoras que corresponden a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, lo cual no sólo viola el artículo 41 constitucional, sino también vulnera los principios de certeza y de legalidad, pues, aun cuando el organismo público local electoral contara con una unidad técnica de fiscalización, ambas áreas carecerían de atribuciones y sus actuaciones serían nulas, lo cual impactaría de forma trascendental en el proceso electoral, provocando incertidumbre en los actores políticos respecto de la competencia constitucional y legal de dicho organismo.

Resulta aplicable la tesis 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN."

• Por otro lado, en el artículo 85, fracción II, inciso B) (sic), de la Ley Electoral local, se pretende aumentar el financiamiento otorgado a los partidos políticos con lo que se denomina "gastos de estructura", lo cual contraviene el criterio sostenido por la Suprema Corte, en la tesis P./J. 66/2014 (10a.), de rubro: "FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72, PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON INCONSTITUCIONALES AL ESTABLECER LOS GASTOS DE ‘ESTRUCTURA PARTIDISTA’ Y DE ‘ESTRUCTURAS ELECTORALES’ DENTRO DE LAS MINISTRACIONES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE AQUELLOS ENTES Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL PÁRRAFO 3 DEL MENCIONADO NUMERAL 72."

4. Artículo 80 Quáter, párrafo cuarto, segunda parte, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Se viola el mandato previsto en la base VI del artículo 41 de la Constitución, y se vulneran los principios de audiencia y de legalidad, al impedir el acceso de los militantes de un partido político a la justicia electoral. Parte sustancial del derecho electoral es la definitividad de las etapas de los procesos electorales, por lo que si un ciudadano, militante de un instituto político, considera que se han violentado sus derechos político-electorales, debe tener acceso a un tribunal que lo escuche e imparta justicia, es decir, un órgano autónomo del Estado que vigile el cumplimiento de la normatividad electoral; sin que pueda obligársele a esperar al dictado de una resolución intrapartidaria, dados los plazos tan cortos que se prevén en esta materia y el riesgo de que la lesión jurídica pueda volverse de imposible reparación. Por tanto, atendiendo al peligro en la demora, debe garantizarse el acceso a la justicia de manera pronta, expedita y eficaz, con objeto de expandir derechos y no restringirlos.

5. Artículos 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111 y 193 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

Los preceptos citados sólo fueron objeto de reforma parcial, por lo que no se adecuaron por completo a la reforma constitucional en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, la cual dispuso como contenido de la Ley General de Partidos Políticos, entre otros, el tema de coaliciones y, en específico, la prohibición de que los partidos se coaliguen en el primer proceso electoral en que participen. Las normas impugnadas invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, al reglamentar la base constitucional establecida en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, del decreto relativo, la cual se encuentra prevista en los artículos 85 y 87 a 92 de la citada ley general, a la que corresponde la regulación del sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de las coaliciones, tanto para los procesos electorales federales como locales.

6. Artículo 132, párrafo primero, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo

No se otorga la protección más amplia del derecho a ser votado, establecido en el artículo 35, fracción II, en relación con el artículo 1o. de la Constitución Federal, además de que se vulneran los principios de certeza y de objetividad en materia electoral, previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la propia Constitución, al obligar a los ciudadanos que apoyen a un aspirante a candidato independiente a gobernador a presentar sus manifestaciones de respaldo en las sedes de los consejos que correspondan a su domicilio, esto es, comparecer personalmente en los inmuebles destinados para tal efecto con su credencial para votar vigente, a fin de ratificar su firma; lo cual resulta excesivo, desproporcionado e irracional, y aumenta los requisitos que se contemplan en los artículos 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22 y 23 de la Constitución Estatal, ordenamientos jerárquicamente superiores.

Los requisitos máximos exigibles para ejercer el derecho a votar y ser votado se consignan en la Constitución Federal y en la Local, como se desprende de la tesis P./J. 83/2007, de rubro: "DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 82/2015, y 88/2015 y sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, declaró la invalidez de preceptos que obligaban a los ciudadanos que otorgaran su apoyo a un candidato independiente a ratificar su firma en lugares específicos destinados para tal fin, por considerar que transgreden el principio de maximización de los derechos fundamentales y, por ende, coartan el derecho a ser votado, al imponer un requisito excesivo, restrictivo, inequitativo, inadecuado y desproporcionado para los aspirantes a candidatos independientes, pues no se limitan a exigir la firma, como acreditamiento del respaldo ciudadano, sino que, además, ordenan la comparecencia.

Así también, en las acciones de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas 64/2014, 80/2014, y 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014, declaró la invalidez de preceptos que obligaban a los ciudadanos que otorgaran su apoyo a un candidato independiente a exhibir su credencial de elector al momento de comparecer ante el órgano electoral local a manifestar su respaldo, por las razones apuntadas.

De esta forma, en el caso, resulta excesivo y desproporcionado exigir que los ciudadanos que apoyen a un candidato independiente se trasladen al lugar que señale la autoridad electoral -tratándose de la elección de gobernador, a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26300-f439389e/i-propaganda-gubernamental-la-prohibicion-a-los-servidores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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