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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN IV, Y 20 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). III. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES). LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN COMPETENCIA Y LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA REGULAR LA DESIGNACIÓN DE SU SECRETARÍA EJECUTIVA (ARTÍCULOS 137, FRACCIÓN XXV Y 140, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). IV. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES). SU PRESIDENTE TIENE FACULTAD PARA PROPONER TERNAS PARA SU SECRETARÍA EJECUTIVA, Y EL CONSEJO GENERAL, PARA DESIGNARLA (ARTÍCULOS 137, FRACCIÓN XXV Y 140, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. DEBE REGIR EN LA DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DIRECCIONES Y UNIDADES TÉCNICAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES) (ARTÍCULOS 137, FRACCIÓN XXV Y 140, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES). LOS CONGRESOS LOCALES SON INCOMPETENTES PARA VARIAR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE SUS CONSEJERÍAS, PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES II, IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES). AUSENCIA DE SUPLENTES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO TERCERO, Y 171, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VIII. CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EXIGENCIA DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO POLÍTICO EN SU SOLICITUD DE REGISTRO (ARTÍCULO 279, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). IX. DEBATES PÚBLICOS. OBLIGACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (OPLE) DE ORGANIZAR AL MENOS UNO ENTRE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES, ADEMÁS DE LOS QUE PUEDAN GENERARSE POR LAS SOLICITUDES DE LOS CANDIDATOS, SIN QUE ÉSTAS SEAN VINCULANTES PARA DICHO CONSEJO (ARTÍCULO 137, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). X. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR ESTE PRINCIPIO PUEDEN REALIZAR ACTOS DE CAMPAÑA A FAVOR DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO REALICEN NINGÚN GASTO DE CAMPAÑA (ARTÍCULO 276, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XI. CAPACITACIÓN ELECTORAL, UBICACIÓN DE CASILLAS Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS. CUALQUIER REGULACIÓN LOCAL VIOLA LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SI NO ESTÁ DELEGADA PREVIAMENTE AL ORDEN ESTATAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 175, FRACCIÓN XIV, 176, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y, EN SU CASO, APROBARLA O MODIFICARLA, ASÍ COMO RESOLVER LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO FORMULEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES O CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", Y 179, FRACCIONES I, INCISO A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EN SU CASO, REALIZAR PROPUESTAS ALTERNAS AL CONSEJO DISTRITAL POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA", Y II, INCISOS A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CAPACITACIÓN ELECTORAL", B), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CAPACITAR", Y D), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO]. XII. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO PROTEGE A LAS PERSONAS FRENTE A LAS CALUMNIAS Y EXCLUYÓ DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN A LAS INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN XVI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENIGRE O", 103, FRACCIONES III, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "OFENSAS" Y "DENIGRE", Y XII, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DEGRADEN, DENIGREN O", 116, FRACCIONES IX, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "OFENSAS" Y "DENIGRE", Y XVII, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DEGRADEN, DENIGREN O", 396, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENIGREN", Y 397, FRACCIÓN XII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONTENGA EXPRESIONES DENIGRANTES", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 273/2020. · Registro digital (IUS): 29931
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-02
Promovente: PARTIDO MORENA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo I, Pág. 765.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 273/2020. PARTIDO MORENA. 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al diez de diciembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 273/2020 promovida por el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra del Decreto Número 042, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Presentación de la demanda. El siete de octubre de dos mil veinte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 042, publicado el ocho de septiembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. El partido político expuso los conceptos de invalidez(1) que, para efectos de claridad en la exposición se sintetizan en distinto orden al de la demanda conforme a las siguientes temáticas:

Tema 1. Designación de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y titulares de las Unidades Técnicas del Organismo Público Local (OPL).

1.A. Designación mediante ternas propuestas y no por convocatoria pública. El partido político accionante impugna los artículos 137, fracción XXV y 140, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.(2)

Señala que la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y titulares de las unidades técnicas, por parte del órgano superior de dirección del OPL, debe ser mediante convocatoria pública; y que, por eso, la propuesta en ternas por el consejero o consejera presidenta no se sujeta legalmente a un proceso abierto de selección y evaluación de perfiles de idoneidad, cuestión que, a su parecer, implica una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio; esto, por la deficiente regulación en el proceso de designación.

Asimismo, el partido estima que estas disposiciones normativas vulneran el derecho y oportunidad de acceso de la ciudadanía a ser nombrados en condiciones generales de igualdad a los mencionados cargos públicos electorales, así como también los principios de universalidad y progresividad de los derechos fundamentales, de alternancia y paridad de género, de igualdad y no discriminación, de certeza, legalidad y objetividad electorales.

Considera como preceptos violados los artículos 1o., 4o., primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción VI, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 23.1.c), 23.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El partido menciona que no es óbice a su reclamo el hecho de que la norma que impugna, el artículo 137, fracción XXV de la Ley Electoral Local, precise que la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y titulares de las unidades técnicas del instituto estatal sea "conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional".

En efecto, el accionante considera que los lineamientos del INE son insuficientes, pues se sujetan al reglamento de elecciones de dicho instituto y, de una lectura del artículo 24, numerales 1 y 4 de dicho ordenamiento(3) el partido advierte que no se prevé expresamente la emisión de convocatoria pública previa a la propuesta de designación que presente el consejero presidente al órgano superior de dirección.

Por otro lado, argumenta que no es obstáculo a su conclusión el hecho de que el numeral 3 del artículo 24 del citado reglamento(4) prevea un proceso de entrevista y valoración curricular para garantizar la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes propuestos, pues a su juicio no es lo mismo hacer esa valoración y consideración si solo se examina a quien el o la consejera presidente quiera, excluyendo al resto de la ciudadanía elegible.

El partido accionante argumenta que se puede asumir la constitucionalidad del artículo 137, fracción XXV reclamado solo si la expresión "conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional" se interpreta en los términos de los artículos 20 a 22 del Reglamento de Elecciones del INE,(5) los cuales son aplicables a los consejeros electorales de los Consejos Distritales y Municipales y que incluyen la obligación de emitir una convocatoria para su selección.

Asimismo, el partido argumenta que dicho entendimiento sería compatible con el artículo 35, fracción VI de la Constitución Federal en el sentido de que el OPL se considera garante del derecho de acceso al cargo público en condiciones de universalidad de todo aquel o aquella que estime reunir los requisitos y tener las calidades personales que le otorguen imparcialidad e independencia.

Por último, sostiene que en términos del artículo 147 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo,(6) la o el secretario Ejecutivo debe reunir los mismos requisitos que se exigen para ser consejera o consejero electoral, pero la ley no dispone que deba seguirse el mismo procedimiento que se sigue al seleccionar y designar a los consejeros y consejeras electorales, para cuyo nombramiento se incluye, en efecto, la emisión de convocatoria pública. Considera que esta diferenciación no tiene justificación, sobre todo, porque desde su punto de vista, el titular de la secretaría ejecutiva debe tener mayores conocimientos en la materia que los consejeros electorales del órgano superior de dirección del OPL.

Por lo que hace al artículo 140, fracción IV, de la Ley Electoral de Quintana Roo, el actor señala que resulta inconstitucional porque, al disponer que la terna sea propuesta en "términos de la ley general", el legislador local pretende consumar la violación al derecho de cualquier ciudadano de acceso a cargos públicos, pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) no menciona un proceso previo de selección de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y de las personas titulares de las unidades técnicas del OPL.

De tal manera, para el partido accionante, la omisión legislativa no garantiza la observancia del principio de universalidad del derecho político reconocido a la ciudadanía, e implícitamente incumple el deber de progresividad, pero ante todo, implica la vulneración al principio fundamental de igualdad y no discriminación. Así, en última instancia, considera que en caso de que el consejero presidente proponga la designación de determinadas personas para ocupar los cargos mencionados, obviando el deber de someter el asunto a procedimiento de convocatoria abierta, cumpliría la ley, pero violaría la Constitución.

Morena estima que los preceptos reclamados no solo infringen el contenido normativo del artículo 35, fracción VI de la Constitución General(7) e incumplen el mandato de adecuación legislativa previsto en el artículo tercero transitorio del decreto de nueve de agosto de dos mil doce,(8) sino también lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal,(9) pues éste, en su último párrafo, prohíbe toda discriminación motivada por cualquier causa o condición social que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Adicionalmente, el partido Morena argumenta que se violan los artículos 23.1.c) y 23.2 en relación con los artículos 1 y 2, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "CADH" o "la convención").(10)

Al respecto, el accionante argumenta que es un derecho consagrado en la convención que los ciudadanos puedan acceder a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Asimismo, argumenta que, dentro de las limitaciones que se pueden imponer al reglamentar el ejercicio de este derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23.2 de la CADH, sólo se contemplan las razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por el Juez competente en el proceso penal.

A su parecer, el ejercicio del derecho de la ciudadanía a acceder a cargos de función pública en condiciones generales de igualdad, no puede ser limitado por la ley electoral, pues es precisamente ésta la que debe prever y garantizar condiciones mínimas de igualdad en el acceso a las funciones públicas, procurando un piso parejo para los procesos de selección a los cargos públicos por designación. Además, considera que el hecho de ser conocido o propuesto por el consejero presidente del OPL no constituye una reglamentación convencionalmente válida para acceder a los cargos que se contemplan en las disposiciones impugnadas.

En este orden de ideas, el partido político considera que la violación de los artículos 23.1.c) y 23.2 de la CADH acarrea también la violación de los artículos 1 y 2 de la Convención, pues el Estado Mexicano omite cumplir con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y, en consecuencia, incurre en responsabilidad internacional por no observar la obligación convencional de respetar los derechos humanos.

A su juicio, en la norma impugnada, es claro que el Estado Mexicano, por conducto del legislador de Quintana Roo, omitió cumplir con el deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivo el derecho y oportunidad de acceso a las funciones públicas electorales en un contexto de igualdad y no discriminación, esto es, establecer el deber legal de convocar a la ciudadanía a un proceso de selección mediante convocatoria pública.

Además, el accionante argumenta que la omisión de prever una convocatoria para los cargos públicos reclamados también infringe el derecho humano reconocido en el artículo 24 de la convención, en tanto que, desde un inicio a los ciudadanos de Quintana Roo que no son convocados al proceso de selección, se les ubica en una situación desigual ante la ley, pues no se les reconoce el derecho, sin discriminación, a contar con igual protección de la ley. En contraste, menciona, la ley privilegia a unos pocos ciudadanos propuestos a dichos cargos de manera exclusiva y excluyente, sin entrar a un proceso de selección igualitario.

1.B. Paridad y alternancia de género

Por otra parte, el accionante sostiene que las normas impugnadas contravienen el principio de paridad y alternancia de género, también por omisión o deficiente regulación, toda vez que no prevén alternancia en los nombramientos por cada periodo de designación.

En este sentido, el accionante considera que no se respeta el mandato establecido en los artículos tercero, párrafo segundo y cuarto transitorios,(11) ambos del decreto por el que se reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad entre géneros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve.

De dichos transitorios, desde la perspectiva del partido actor se desprende que:

i) Las autoridades que no se renuevan mediante procesos comiciales, se integran y se designan con base en el principio de paridad de género de manera progresiva, a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan conforme a la ley. Al ser derechos políticos relacionados con el principio de paridad entre géneros, el derecho de acceso a los cargos públicos del organismo público local debe ser garantizado, incluso bajo un enfoque de alternancia periódica entre los géneros, en las respectivas designaciones.

ii) Las Legislaturas Locales, según su competencia, deben realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional. Eso incluye el mandato de readecuar, de conformidad con el principio de progresividad y con un enfoque de alternancia mujer-hombre u hombre-mujer, por periodo de designación en cada cargo público, al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en la entidad federativa, mediante las reformas correspondientes a su legislación.

Bajo esta óptica, el partido afirma que las reformas a la legislación local en esta materia debieron emitirse y publicarse previo al inicio del proceso electoral 2020-2021, a fin de que se observe oportunamente el principio de paridad de género.

En cuanto a la expresión "de manera progresiva", que emplea el Constituyente Permanente en el párrafo segundo del tercer artículo transitorio del decreto de 06 de junio de 2019, ello hace referencia a que poco a poco se deben realizar dichos nombramientos, hasta lograr la paridad en la integración de cada órgano de autoridad que no se renueve mediante procesos electorales.

De acuerdo con el accionante se debe entender que, a partir de las nuevas designaciones y nombramientos, el principio de progresividad de los derechos humanos en relación con el de paridad de género, se ha de cumplir también a la luz del enfoque de periodicidad respecto de cada designación. De manera que, si inicialmente un secretario ejecutivo o titular de unidad técnica o dirección del OPL es hombre, implica que el siguiente nombramiento en ese cargo se expida a una mujer o viceversa.

Al no estimarlo así el legislador local al emitir las normas impugnadas, incurrió en vulneración por omisión o deficiente regulación al principio de paridad y alternancia de género.

Tema 2. Reducción de requisitos de elegibilidad de los concejales del OPL.

El partido político impugna el artículo 130, párrafo segundo, fracciones II, IV y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.(12)

Señala como preceptos violados los artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 35, fracción VI, 41, tercer párrafo, base V, apartado C, último párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 100.2, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En su séptimo concepto de invalidez, el accionante estima que el legislador local carece de competencia para reducir los requisitos de elegibilidad tasados en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ser "concejal" o consejero electoral del órgano superior de dirección del organismo público local. En lo particular, respecto al número de años de residencia en la entidad y el diverso requisito de no haber sido registrado como candidato a cargos de elección popular o de no haber sido dirigente de algún partido político en el correspondiente número de años previos a la designación.

Menciona que la norma impugnada también suprime los requisitos previstos en la ley general de la materia relativos a contar con título profesional con la antelación debida y la edad requerida al día de su designación para ser consejero electoral y no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación, como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno, no ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local, no ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.

De forma más esquemática, los cambios reclamados por el accionante y la confrontación con la norma general se aprecian de la siguiente manera:

Ver cambios y confrontación

Así, el partido argumenta que la norma impugnada contraviene los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, el principio de supremacía constitucional y las garantías de legalidad, seguridad jurídica y competencia.

En este sentido, señala que el artículo 41, base V, de la Constitución General,(13) dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales en los términos que ella establece. Asimismo, menciona que en el apartado C de ese mismo precepto constitucional se precisa la atribución del INE para designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en términos de la misma Constitución Federal y del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.(14)

Además, llama la atención sobre el artículo 116, fracción IV, inciso c), puntos 1o. y 2o. de la Constitución General,(15) que establece que los consejeros electorales del órgano de dirección superior del organismo público local serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral "en los términos previstos por la ley", pues, a su parecer, dicha expresión debe ser entendida como una remisión a la ley general en cuanto a la determinación de los requisitos de elegibilidad, sin que sea dable que el legislador local los modifique o suprima, como sucede en el caso.

Puntualiza que en el punto 2o. del inciso c), fracción IV del artículo 116 constitucional, se precisa que los consejeros electorales estatales deberán i) ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación y ii) cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley.

Con base en lo anterior, argumenta que, si desde la Constitución Federal se tasan esos requisitos de cumplimiento obligatorio para quienes aspiren a ser consejero electoral de un Consejo General de OPL, entonces es correcto afirmar que el legislador local no puede reducir el tiempo de residencia ni soslayar el requisito alternativo de ser originario de la entidad federativa de que se trate, pues no ostenta competencia constitucional para ello, ni para reproducir los mismos en el texto de las disposiciones de la Ley Electoral Estatal. Lo contrario infringiría el principio de supremacía constitucional y lo previsto en los artículos 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(16)

Por último, el partido también advierte las siguientes contradicciones con la ley general:

1. La fracción II, párrafo segundo del artículo 130 de la Ley Electoral Local contraviene el perfil de idoneidad señalado en el inciso f) del artículo 100.2 de la LGIPE, pues mientras esta exige una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a su designación, el precepto impugnado reduce este requisito a dos años de residencia efectiva.

2. El legislador local omite prever el requisito establecido en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en dar la opción de que el consejero electoral pueda ser originario del Estado de Quintana Roo en caso de no acreditar los años de residencia.

3. Considera que las fracciones IV y V del segundo párrafo del artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo también son inconstitucionales, porque respectivamente disponen que para ser concejal electoral se requiere no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y no ser o haber sido dirigente nacional estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación. Y lo estima así porque ello reduce, de cuatro a tres, el número de años inmediatos anteriores a la designación por lo que, en términos de las normas contenidas en los incisos G) y H) del artículo 100.2 de la LGIPE, no se cumpliría el requisito y perfil de idoneidad de los mencionados aspirantes a consejerías, particularmente en cuanto a la necesaria imparcialidad de los mismos de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 116 constitucional.

4. Destaca que el hecho de que el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo omita incluir como requisitos para ser concejal electoral, los previstos en los incisos c), d) y j) del artículo 100.2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hace manifiesta la deficiente regulación en el ámbito local de los requisitos de elegibilidad para ser consejero de los OPL, los cuales están destinados a garantizar la independencia y autonomía del OPL en su conjunto.

Finalmente, el partido accionante considera que estas discordancias en su conjunto producen un efecto de incertidumbre y falta de certeza jurídica, pues la ciudadanía podría reunir los requisitos establecidos por la Ley Electoral Local pero no así los previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tema 3. Ausencia de suplentes de los representantes ante los Consejos Distritales y Municipales.

El actor impugna los artículos 170, párrafo tercero y 171, párrafo tercero de la Ley Electoral Local de Quintana Roo.(17)

Considera violados los siguientes preceptos: artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 41, tercer párrafo, base I, 116, fracción IV, incisos b), c) punto 1o. y e), 124 y 144 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El accionante manifiesta que la omisión del legislador local de incluir a los suplentes en esos supuestos limita el derecho de los partidos políticos para que concurran a los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

De la misma forma, señala que la omisión dificulta la función de vigilancia de los actos de preparación y el desarrollo del proceso electoral que las representaciones partidarias ejercen en el ámbito de esos órganos desconcentrados electorales. Y, es así porque, en casos de ausencia o de imposibilidad material por enfermedad, incapacidad física, y en otros casos en que la persona representante deba actuar de inmediato o en breve tiempo a nombre de su partido político, es posible que se afecte, a veces de forma irreparable, el ejercicio de ciertos derechos o el cumplimiento de ciertas obligaciones que las normas electorales confieren a los partidos políticos.

El partido llama la atención sobre lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 1o. de la Constitución General,(18) pues si bien admite que la norma constitucional no prevé expresamente la posibilidad de que cada partido político cuente con suplentes de los representantes acreditados ante ese órgano superior de dirección, tampoco la excluye. En este sentido, estima que de una interpretación funcional del precepto constitucional, se puede concluir que los partidos políticos deben tener en todo tiempo la posibilidad de designar un suplente de su respectivo representante, pues ello facilita su actuación inmediata u oportuna en las actividades y diversas fases de los procesos electorales, dada la celeridad con la que éstos se desarrollan y sobre todo por la posibilidad de ausencia del representante titular.

En relación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido considera que se debe hacer una lectura conjunta de los artículos 36.9 y 99.1,(19) de la cual se deriva que cada partido político debe contar con un representante propietario y uno suplente en el órgano superior de dirección del OPL.

Destaca que, incluso la propia Ley Electoral del Estado de Quintana Roo dispone en su artículo 132,(20) que cada partido político contará con una persona representante propietaria y hasta dos suplentes ante el Consejo General del Instituto Estatal. Por tanto, el accionante considera que es incongruente que el legislador local haya dispuesto en los artículos impugnados que "concurrirá con voz una persona representante por cada uno de los partidos políticos" pero sin incluir la posibilidad de que concurra el representante suplente.

Asimismo, el partido considera relevante señalar que durante el proceso electoral todos los días y las horas son hábiles, por lo que los artículos 170 y 171 impugnados deben entenderse en el sentido de que, cuando durante el proceso comicial no se pueda conseguir la presencia o actuación del representante propietario de un partido político, este debería tener un suplente que lo sustituya en ese momento y en los trámites necesarios, aún si la ausencia no pudiera ser acreditada plenamente o inclusive en los casos en que la presencia del representante propietario no baste. Al respecto, el partido menciona que existen actividades que por su naturaleza requieren necesariamente del auxilio de los suplentes a los representantes nombrados por el partido político para un mejor desempeño de la representación. Entre las actividades que destacan están las siguientes: registro de candidaturas, cumplimiento de determinadas obligaciones, interposición de medios de impugnación, recorridos de vigilancia para verificar lugres de ubicación de casillas, entre otras.

Así, concluye que es pertinente considerar la relevancia de las funciones que las representaciones partidarias realizan durante el proceso electoral, tomando en cuenta que las personas jurídicas solo pueden apersonarse a través de dichos representantes, por lo que debe haber flexibilidad en la regulación de la designación de los representantes y los respectivos suplentes.

Finalmente, el accionante solicita a este Tribunal Pleno declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas, a menos que, al realizar una interpretación conforme o funcional y sistemática de ellas, concluya que se deba entender que, en el caso de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, concurrirán una persona representante por cada uno de los partidos políticos con registro o acreditación ante el Consejo General, o su respectivo suplente.

Tema 4. Exigencia de la firma autógrafa de la presidenta o presidente del partido político en la solicitud de registro de candidaturas.

El partido Morena, en su quinto concepto de invalidez, argumenta que el artículo 279, primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo(21) es inconstitucional por deficiente regulación.

Al respecto, menciona que el condicionar la procedencia a trámite de la solicitud de registro de candidaturas a cargos de elección popular al hecho de que sean firmadas de manera autógrafa por el presidente del partido o su equivalente, viola las libertades de autodeterminación y de auto organización de los partidos políticos, pues considera que los estatutos son el ordenamiento natural que expresa la voluntad de los afiliados, y es en ellos donde se debe disponer a quien o a quienes compete signar las solicitudes de registro de candidaturas.

Al mismo tiempo, considera que la norma impugnada regula una figura sui generis de delegación expresa de esa facultad, ya que el legislador atribuye la calidad de órgano delegante al presidente o presidenta del partido o a su equivalente y, como órgano delegado, al representante del partido ante el órgano electoral.

Respecto a la libertad estatutaria de los partidos políticos, Morena señala que el artículo 25.1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos(22) establece la obligación de los partidos políticos de cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidaturas. Además, señala que el artículo 39.1, inciso h), de la misma ley(23) dispone que los estatutos establecerán las normas y procedimientos para la postulación de candidaturas. De ahí que, si el procedimiento para la postulación implica determinar qué órgano partidario solicita el registro ante la autoridad electoral competente, y en el estatuto se establecen las normas para la postulación de candidaturas, entonces no es la ley, sino el estatuto del partido el ordenamiento que debe regir, pues, además, de conformidad con el inciso f) del artículo 25.1 de la misma ley,(24) los partidos políticos deben mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios y, para el partido accionante, ese funcionar debe ser acorde a lo que digan los estatutos.

Además, el partido accionante llama la atención sobre lo dispuesto en el artículo 39.1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos,(25) el cual dispone que los estatutos establecerán la estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político. A su parecer, no debe ser la ley local la que precise qué órgano del partido debe firmar o delegar la firma de las solicitudes de registro de candidaturas que presente, en tanto el propio partido está facultado para determinar su organización y estructura orgánica.

De la misma forma, señala que el artículo 238.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales(26) no obliga expresamente a que la firma autógrafa con la que se presente el escrito de solicitud de registro sea precisamente la del presidente del instituto político o su equivalente. También destaca que, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución General,(27) resulta evidente que el derecho de los partidos políticos a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular debe poder ejercerlo el partido, pero a través de los representantes que él mismo determine conforme a sus propios estatutos y no según la ley local.

Por ende, el partido considera violados los artículos 14, 16, 41 y 116 constituc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29931-10ef60f7/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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