Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO LXIV-106 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. OMISIÓN DEL TURNO DE LA INICIATIVA A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, SIN MOTIVAR O FUNDAMENTAR SER ASUNTO DE OBVIA O DE URGENTE RESOLUCIÓN (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO LXIV-106 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). III. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES XXVII Y XXVIII, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "O COALICIÓN", 59, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIONES", 234, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIONES", 238, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIÓN", Y 262, FRACCIONES II Y III, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIÓN", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. COALICIONES. LEGISLACIÓN LOCAL QUE ESTABLECE UNA PRERROGATIVA ADICIONAL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA DE LOS PARTIDOS QUE LAS CONFORMAN, ASÍ COMO LA FORMA EN QUE DEBEN APARECER LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS COALIGADOS EN LAS BOLETAS ELECTORALES, REGULADA EN EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 12, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIONES XXVII Y XXVIII, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "O COALICIÓN", 59, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIONES", 234, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIONES", 238, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIÓN", Y 262, FRACCIONES II Y III, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIÓN", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). V. PROPAGANDA ELECTORAL. OBLIGACIÓN DE RETIRAR LA DE PRECAMPAÑA POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRECANDIDATOS Y SIMPATIZANTES PARA SU RECICLAJE, POR LO MENOS, TRES DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DE LA ELECCIÓN QUE SE TRATE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 212, PÁRRAFO 1, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (ARTÍCULO 210, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR LO MENOS TRES DÍAS ANTES AL INICIO DEL PLAZO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DE LA ELECCIÓN QUE SE TRATE", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VI. PROPAGANDA ELECTORAL. LA OBLIGACIÓN DE RETIRARLA DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUES ES CONTRARIA AL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO 1, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 257, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL RESPECTIVO", Y TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VII. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XXV BIS, 187, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 190, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, 194, PÁRRAFO PRIMERO, Y 223, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VIII. VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES, PARTIDOS O CANDIDATOS AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y ELECTORAL (ARTÍCULOS 100, FRACCIÓN VII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE LAS MUJERES", 101, FRACCIONES II Y XVII, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "DE LAS MUJERES", 133, FRACCIONES I Y II, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "DE LAS MUJERES", 148, FRACCIÓN XII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE LAS MUJERES", Y 156, FRACCIÓN XIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE LAS MUJERES", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IX. VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. REQUISITO DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CIERTOS CARGOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN NO ESTAR CONDENADO POR EL DELITO DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, SIEMPRE QUE SE TRATE DE UNA CONDENA DEFINITIVA Y QUE SIGA SURTIENDO SUS EFECTOS TEMPORALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS AR

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2020 Y SU ACUMULADA 145/2020. · Registro digital (IUS): 29689
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-05
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo I, Pág. 215.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2020 Y SU ACUMULADA 145/2020. PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, promovidas por los Partidos Políticos del Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra de un decreto que modifica diversos artículos de la Ley Electoral y de la Ley de Medios de Impugnación Electorales, ambas del Estado de Tamaulipas.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Presentación de las demandas. El ocho y diez de julio de dos mil veinte, respectivamente, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto LXIV-106 (publicado el trece de junio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de dicha entidad federativa).

2. Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los siguientes conceptos de invalidez.

3. Por un lado, el Partido del Trabajo presentó sus argumentos de inconstitucionalidad a través de nueve temáticas de conceptos de invalidez:(1)

a) Primero (Invalidez del procedimiento legislativo). El decreto reclamado resulta inválido al haberse emitido con vicios en el procedimiento, vulnerando con ello los principios constitucionales de régimen democrático, representativo, de certeza, legalidad y máxima publicidad, así como las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación; en detrimento de los derechos de participación directa de la ciudadanía tamaulipeca en la dirección de asuntos públicos parlamentarios. Lo anterior, por las siguientes razones:

• No se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía, especialistas en derecho electoral, partidos políticos y organizaciones civiles.

• El decreto se aprobó con dispensa de turno del asunto a las comisiones para su dictamen; sin motivar la omisión de la fase de dictamen legislativo ni estar en los supuestos para esos efectos.

• No basta para dispensar todos los trámites que el proyecto de decreto haya tenía (sic) que publicarse, al menos, noventa días antes del inicio del proceso electoral en el que tendrán aplicación las normas impugnadas, para suponer que ello justifique el asunto como si fuera de obvia resolución.

• El decreto se realizó bajo un procedimiento fast track el día once de junio y publicándose el sábado trece de junio. Bajo ese tenor, los integrantes de la Legislatura no tuvieron a su disposición los documentos y el tiempo necesario para preparar su intervención en el debate parlamentario.

b) Segundo (Regulación excluyente del género masculino e invasión de competencias en materia de capacitación electoral). En una gran variedad de normas que regulan aspectos del Instituto Electoral se excluye injustificadamente a los varones de la protección legal de los derechos humanos, violando con ello el principio de igualdad y no discriminación y el artículo 1o. de la Constitución Federal. En realidad, el decreto impugnado sólo pretendió mejorar el lenguaje inclusivo de género, pero con una técnica legislativa deficiente que termina por excluir al género masculino.

c) Los artículos o fracciones impugnadas por estos motivos son los siguientes: artículos 100, fracción VII, 101, fracciones II y XVII, 133, fracciones I y II, 148, fracción XII, y 156, fracción XIII, de la Ley Electoral del Estado, todos ellos únicamente en las porciones normativas que indican "de las mujeres".

d) Aunado a lo anterior, por invasión de competencias, se estiman como inválidos las porciones normativas que dicen "capacitación electoral" de los artículos 148, fracción XII, y 156, fracción XIII, de la propia Ley Electoral del Estado.

e) No es posible que el legislador de Tamaulipas asigne a los Consejos Distritales y Municipales la facultad de ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los programas de capacitación electoral, ya que ésta corresponde en exclusiva al Instituto Nacional Electoral en términos del artículo 41 base V, apartado B, inciso a), punto 1, de la Constitución Federal.

f) Es decir, dicha facultad se encuentra reservada por el Texto Constitucional para ser regulada en la ley general [artículo 32, fracción I, inciso a), fracción I] al estar designada para el Instituto Nacional Electoral; y si bien puede delegarse, su regulación no puede hacerse en una legislación local.

g) Tercero (Privación indebida de derechos políticos a quienes sean condenados por delitos de violencia política contra las mujeres, sin mediar cosa juzgada). Se solicita la inconstitucionalidad de los artículos 181, fracción V, 184, fracción IV, y 186, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas que todas establecen como impedimentos para obtener ciertos cargos públicos la de "estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género". Se vulneran los principios de presunción de inocencia, supremacía constitucional y taxatividad, certeza, legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación, motivación y el derecho de poder ser elegido para cualquier cargo de elección popular.

h) Por un lado, la redacción es ambigua y puede dar lugar a interpretaciones incorrectas y, por otro, los preceptos 181, 184 y 186, en las fracciones impugnadas, lesionan los derechos invocados, en la medida que los derechos políticos no pueden ser restringidos, sino por condena de Juez competente en materia penal, siempre que se otorgue previamente derecho a recurrir el fallo al sentenciado (pues de otra forma se vulnera la presunción de inocencia).

i) Se cita en apoyo las tesis jurisprudenciales, de título y subtítulo: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN JUICIO SUMARIO. LOS PRECEPTOS QUE NIEGUEN AL SENTENCIADO LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLA, SON CONTRARIOS A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", así como la de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD."

j) En su caso, las fracciones impugnadas admiten al menos dos interpretaciones y la única posible constitucionalmente es que se trate de condenas definitivas que ya sean cosa juzgada.

k) Cuarto (Expresiones o propaganda política o electoral no calumniosa). Los artículos 26, fracción VI, 40, fracción IX, 222, fracción IV, y 302, fracción XII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas son inconstitucionales en las porciones normativas que dicen "denigren"; ello, al ir en contra de los artículos 1o., 6o., 7o., 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 41, base V, apartado C, primer párrafo, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal y 1, 2, 13.1 y 24 de la Convención American sobre Derechos Humanos.

l) Constitucionalmente, sólo se prohíbe la propaganda calumniosa y aquellas conductas que se ubiquen en los supuestos del artículo 6o., párrafo primero, constitucional, ya que en términos del artículo 7o., ninguna ley ni autoridad puede establecer censura. Por lo cual, en tratándose de límites expresos a la libertad de expresión en materia de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos, sólo deben abstenerse de calumniar a otras personas que también sean contendientes. Sustenta esto, lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 35/2014.

m) Quinto (Referencia al Distrito Federal y no a la Ciudad de México). El artículo 33 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en la porción normativa que indica "o del Distrito Federal" es inconstitucional, porque hace referencia al Distrito Federal, el cual ya no existe como integrante de la Federación. A partir de la reforma constitucional de dos mil dieciséis, en materia de la Ciudad de México, éste es el nombre oficial de la entidad asiento de los Poderes Federales del país; a menos que, en interpretación conforme, se entienda la citada porción como Ciudad de México, a efectos de quien se registre a una candidatura independiente en Tamaulipas y simultáneamente para un cargo de elección en la Ciudad de México, no pueda participar en ambos.

n) Sexto (Invalidez de la regulación legal de la figura de las coaliciones que les atribuye representación ante las mesas directivas de casilla y derecho a contar con representantes generales para actuar en la jornada electoral; espacios en recuadros de la boleta, y alude a "derechos adquiridos" por éstas en lo que toca a la asignación de diputaciones de representación proporcional y les fija requisitos para la procedencia del registro de candidaturas a diputaciones por ese principio). Los artículos 4, fracciones XXVII y XXVIII; 59, párrafo segundo; 234, tercer párrafo; 238, primer párrafo, y 262, fracciones II y III, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en las porciones normativas que hacen referencia a la coalición o coaliciones, son ambiguos, deficientes e inconstitucionales al transgredir los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, supremacía constitucional y seguridad jurídica y competencia.

o) Por un lado, estas normas son inválidas ya que la regulación de las coaliciones corresponde en exclusiva a la Federación mediante una ley general. Tal como ha sido resuelto en diversos precedentes de la Suprema Corte.

p) Por otro lado, si no se invalidara la regulación de coaliciones por competencias, las normas generan efectos contrarios al régimen electoral y, por ende, son inconstitucionales en sentido material. A partir de ellas se permitirían recuadros en las boletas para las coaliciones; se generaría doble representación en las casillas y órganos a los partidos que formen parte de coaliciones; y se permitiría indebidamente candidaturas de coaliciones por el principio de representación proporcional, entre otros aspectos.

q) Séptimo (Invalidez de las normas que regulan el quórum y el tipo de votación para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo General del IETAM y de los Consejos Distritales y Municipales electorales). Diversas disposiciones normativas (que se resaltan en la demanda) de los artículos 93, párrafo cuarto (sic), 109, párrafos primero, tercero y cuarto, 110, fracciones I, II y III, 147, párrafos segundo y cuarto, y 155, párrafos segundo y cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas son antinómicos, subjetivos e inconstitucionales por transgredir los principios de seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación.

r) En primer lugar, existe una antinomia entre el artículo 93, párrafo cuarto (sic), y el 109, cuarto párrafo, en su parte inicial, en cuanto a si las decisiones, acuerdos y resoluciones del Instituto Electoral se toman por mayoría de sus integrantes presentes, de la mayoría de los integrantes o por mayoría calificada. Esta antinomia debe resolverse mediante interpretación conforme y funcional, a fin de que la votación debe ser por mayoría de los integrantes del Consejo del Instituto Electoral.

s) A saber, el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 1, de la Constitución dispone que estos órganos se integran con siete consejerías. Así, no se justifica que los integrantes del consejo falten a sesiones, a menos que sea por fuerza mayor y, por ende, debe declararse la invalidez de la porción normativa que dice "presentes" del párrafo cuarto del artículo 93 impugnado.

t) En segundo lugar, existe una antinomia entre el artículo 93, párrafo cuarto (sic), y el 109, primer párrafo, en torno al número de consejerías que necesitan estar presentes para que el consejo general del instituto pueda sesionar válidamente y el tipo de mayoría de votos requerido para la toma de decisiones. Este problema debe resolverse de forma similar al anterior. Es decir, si las votaciones calificadas requieres de cinco votos, cuál es la razonabilidad entonces de permitir un quórum de sesión de cuatro integrantes. Por ello, debe declararse inconstitucional la porción normativa que dice "4" del primer párrafo del artículo 109 reclamado.

u) En tercer lugar, resultan inválidos los artículos 109, tercer párrafo, 147, segundo párrafo, y 155, segundo párrafo (en varias porciones normativas), al permitir que las decisiones, acuerdos y resoluciones tomadas en sesión de instalación de los Consejos General, Distritales y Municipales se tomen sin el quórum necesario y bajo cualquier tipo de votación; alterándose el principio de régimen democrático, de colegialidad e integración de los órganos electorales.

v) En cuarto lugar, deviene como inconstitucional el enunciado final del párrafo cuarto del artículo 109 reclamado (que dice "cuando no exista pronunciamiento se contará como un voto en contra"), ya que toma como voto en contra la abstención de voto de los consejeros o consejeras. En términos de la ley general, no es posible realizar una abstención de voto. En dado caso, la votación tendría que repetirse. Incluso, en la hipótesis de impedimento, no puede atribuirse a la abstención una posición en contra.

w) En quinto lugar, se reputan como inconstitucionales los artículos 147, párrafo cuarto, y 155, párrafo cuarto, en las porciones normativas que dicen "y, en caso de empate, será de calidad el voto de la presidenta o presidente". Dicha facultad es inválida, pues no es posible aceptar conforme al régimen electoral general la posibilidad de empate como el voto de calidad del presidente en caso de empate. De aceptarse la facultad, se afectaría el régimen democrático y la colegialidad. Las normas impugnadas debieron haber previsto más bien, por analogía, un procedimiento de votación como el que se regula en el artículo 469, numeral 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

x) Y en sexto lugar, son inconstitucionales las porciones normativas que dicen "simple" de las fracciones I, II y III del artículo 110 reclamado. La ley no define el concepto de mayoría simple, generando ambigüedad porque podría entenderse como la mayoría simple de los integrantes del consejo o la mayoría simple de los que asistan a la sesión. Además, las fracciones reclamadas son contrarias a lo dispuesto en el artículo 24.4. del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (que exige que la designación del secretario Ejecutivo y otros funcionarios sea por el voto de al menos cinco consejeros, es decir, por mayoría calificada y no por mayoría simple).

y) Octavo (Creación de oficinas municipales; desaparición de los Consejos Municipales en los procesos electorales en los que no se elija Ayuntamientos; falta de certeza en cadena de custodia de los paquetes electorales). Los artículos 110, fracción LXXI, y 152, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas son inconstitucionales porque contravienen los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad electorales, así como la garantía de seguridad jurídica. Asimismo, infringen directamente los artículos 14 párrafo segundo, 16, primer párrafo, y 116 fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

z) El primer precepto cuestionado permite la creación por parte del Consejo General de Oficinas Municipales; sin embargo, al margen de lo dispuesto en la fracción LXXI del artículo 110, no hay certeza alguna porque la ley electoral no regula las funciones que tendrían, ni sus atribuciones; tampoco se prevé para qué tipo de elección se crearán, ni los supuestos en los que será operante su creación, así como no establece previsiones presupuestales ni el momento en el cual se decidirá su creación. Incluso, el legislador no motivó adecuadamente la inclusión de esta facultad para crear oficinas municipales.

aa) Por su parte, el segundo precepto reclamado mandata que los Consejos Municipales se integrarán e instalarán para los procesos electorales en los que se elijan Ayuntamientos. El problema con esta norma es que no se tuvo en cuenta las dificultades que implica la celebración de procesos electorales sin la actividad de los Concejos Municipales, ya que éstos tienen importantes atribuciones para cualquier elección local y no únicamente la referente a los Ayuntamientos. Tal como se desprende de los artículos 156 y 157, en relación con el 113, fracción XXXIV, de la ley electoral local.

bb) Incluso, esta situación dificulta la cadena de custodia de los paquetes electorales, pues el consejo general o los Consejos Distritales no pueden llevar a cabo las facultades respectivas con la misma eficacia que los Consejos Municipales. Teniendo en cuenta las condiciones de inseguridad y de lejanía de muchos de los Ayuntamientos respecto a los distritos y la capital en donde actúan los Consejos Distritales y el consejo general.

cc) Noveno (Desplazamiento de los Consejos Municipales por los Consejos Distritales, en la entrega de documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla, según determine el consejo general). Por último, se solicita la invalidez de las porciones normativas que refieren a entregar la documentación electoral y otros documentos a las mesas directivas de casillas de los artículos 148, fracción IV, y 149, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, por contradecir lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 41, base V, apartado B, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

dd) Ello, en la medida que desplazan sin fundamento a los Consejos Municipales de la recepción y entrega de la documentación y materiales electorales a las mesas directivas de casillas, con todo lo que ello implica en cuanto a tiempo, facilidad, organización y cadena de custodia de dicha documentación y materiales.

4. Por su parte, el partido político Morena expuso sus razonamientos de inconstitucionalidad en seis conceptos de invalidez:(2)

a) Primero (Impugnación del procedimiento legislativo en la emisión del Decreto LXIV-106, al omitirse la fase de dictaminación, sin motivar y fundamentar su dispensa). El decreto reclamado transgrede los principios de deliberación democrática, debido proceso legislativo, certeza, legalidad, objetividad en materia electoral, progresividad, así como la garantía de seguridad jurídica, en relación con el derecho de participación ciudadana en los asuntos parlamentarios del Estado.

b) A saber, sin ser de obvia o urgente resolución, el decreto se aprobó sin haberse turnado la iniciativa a las comisiones y sin haberse motivo (sic) o justificado adecuadamente la dispensa de los trámites legislativos, violándose lo previsto en los artículos 74 de la Constitución Local y 93, numerales 1 y 5, 95, 101, 102, 104, numeral 3, 118, numeral 3, y 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas. Asimismo, el procedimiento legislativo se llevó a cabo sin haberse sometido si quiera la iniciativa a un proceso de parlamento abierto (como ha ocurrido en otras ocasiones en materia electoral; específicamente, en la reforma a la ley electoral local de dos mil quince).

c) Segundo (Impugnación de los artículos 4, fracción XXV Bis, 187, párrafos primeros y segundo, 190, primer y último párrafos, 194 y 223, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas). Deficiente regulación del principio de paridad de género (que inobserva lo ordenado en el artículo 41 constitucional y los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros), así como transgresión a los preceptos constitucionales y convencionales que regulan la supremacía constitucional, la igualdad, la certeza, legalidad y objetividad electorales, la seguridad jurídica y el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad.

d) El artículo 4 impugnado define incorrectamente el concepto de paridad de género; limitando la paridad a las candidaturas y no al acceso en los cargos. La paridad no debe circunscribirse a la postulación, sino al acceso a los cargos públicos; tal como se prevé en el artículo 3, numeral 1, inciso d bis), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

e) Incluso, el artículo 4 no prevé como parte de la paridad de género el "nombramiento en cargos por designación". Por ende, debe declararse la invalidez de la totalidad de la fracción o declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa de esa fracción que dice "candidaturas a", agregando mediante una interpretación conforme que la paridad de género también incluye esa exigencia para el "nombramiento de cargos por designación", en términos del artículo 41 de la Constitución Federal.

f) Por su parte, los artículos 187, párrafos primero y segundo, y 190 reclamados son inconstitucionales, pues no incluyen una regla que disponga que cada partido político debe garantizar el principio de paridad de género en el acceso a los cargos de diputaciones por ambos principios, con un número igual de mujeres y hombres electos, y no únicamente en la postulación de candidaturas. Por lo que se solicita se ordene al legislador subsanar esta deficiencia.

g) Es decir, si el principio de paridad de género que, desde la óptica del partido actor, se entiende como la igualdad política sustantiva de hombres y mujeres, debe entonces garantizarse con la asignación y acceso de 50% mujeres y 50% hombres en cargos de elección popular, así como en los nombramientos por designación. Pero no sólo en el número global de integrantes de un poder público colegiado, como es la Legislatura del Estado, sino además, en número igual al interior de cada grupo parlamentario.

h) Asimismo, resultan inválidos los artículos 190, primer y último párrafos, 194 y 223, primer párrafo, de la ley electoral local, ya que omiten: regular que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional sean encabezadas alternadamente por mujeres y hombres; por lo que hace a la integración de los Ayuntamientos, no señalan que las regidurías por el principio de representación proporcional sean encabezadas por un género distinto cada periodo electivo, y tampoco se detalla que las listas de diputados y las planillas de Ayuntamientos presentadas por los partidos deben ser encabezada alternadamente por mujeres y hombres cada periodo electivo. Consecuentemente, se requiere subsanar estas deficiencias para que se garantice tanto la paridad de género horizontal y vertical como los principios de periodicidad y alternancia.

i) Tercero [Impugnación de los artículos 133, fracciones I (en las porciones normativas que dicen "de las mujeres" y "capacitación electoral"), VI y VII, 148, fracciones XI y XII (en las porciones normativas que dicen "de las mujeres" y "capacitación electoral") y 156, fracción XIII (en las porciones normativas que dicen "de las mujeres" y "capacitación electoral"], de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas). Ello, al exceder la competencia del Instituto Electoral de Tamaulipas las atribuciones que, en materia de capacitación electoral, pretende atribuirle al legislador local, mismas que son de competencia constitucional y legal del Instituto Nacional Electoral.

j) De ahí que toda atribución prevista en la Ley Electoral Tamaulipeca, relativa a programas, designación de coordinadores, coadyuvancia, apoyo a órganos electorales, o ejecución de programas en materia de capacitación electoral, carece de validez y atenta contra el principio de supremacía constitucional. Aclarándose que el cuestionamiento de las porciones normativas referidas a las "mujeres", se haría en otro concepto de invalidez.

k) Cuarto. [Impugnación de los artículos 110, fracciones LXXI y LXXII (esta última en sus porciones normativas "en su caso" y "atendiendo al tipo de elección de que se trate"), 148, fracción IV (en su porción normativa que dice ", o en su caso, a la presidencia de la mesa directiva de casilla según determine el consejo general"), 149, fracción III (en su porción normativa que dice "o; en su caso, a las presidencias de las mesas directivas de casillas, según determine el consejo general"), 152, último párrafo, 261, párrafo segundo (en su porción normativa que dice "distrital o"), así como la norma derogatoria de su fracción III, y 262, primer y último párrafos (en sus porciones normativas que dicen "distritales o"), todos de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas]. Ello, porque se regula deficientemente la creación de oficinas municipales a discreción del consejo general; limita injustificadamente la integración, instalación y participación de los Consejos Municipales para los procesos electorales en los que se elija Ayuntamientos; faculta indebidamente a los Consejos Distritales y a sus respectivos presidentes a entregar directamente a las mesas directivas de casillas, según lo determine el consejo general, y omite garantizar la cadena de custodia, en la entrega recepción de documentación y útiles necesarios.

l) En efecto, dichas normas vulneran los principios de autonomía e independencia de la autoridad administrativa electoral, certeza, legalidad y objetividad electorales, al disponer que los Consejos Municipales se integrarán e instalarán para los procesos electorales en los que se elija Ayuntamientos, excluyendo la posibilidad de que funcionen en los procesos de renovación de la gubernatura en el 2021. De igual manera vulnera dichos principios, el hecho de que los Consejos Distritales ordenen la entrega, y el presidente de éstos, entreguen la documentación electoral y útiles necesarios para las mesas directivas de casillas o, en su caso, a las presidencias de las mesas directivas de casillas, según lo determine el consejo general.

m) Aunado a lo anterior, los Consejos Municipales son de gran relevancia y, por tanto, no se cumple el supuesto objeto señalado en la iniciativa que derivó en el decreto impugnado, de hacerlos más eficientes, con el aparente perfeccionamiento y actualización de la regulación inherente a la organización y funcionamiento de algunos órganos electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Se trata de una medida regresiva que pone en peligro la certeza y seguridad electoral; en particular, se pone en riesgo la cadena de custodia restringiendo, además, el derecho de los representantes de los partidos a vigilar esas operaciones (en lugar de ser 43 representantes en cada Consejo Municipal, ahora esa labor deberán hacerlo representantes únicamente de 22 Consejos Distritales).

n) Deficiencia que tiene que analizarse en conjunto con la facultad atribuida al Instituto Electoral de crear "oficinas municipales", toda vez que esa facultad no se arropa de un régimen normativo que regule de manera suficiente dichas oficinas y sus facultades; transgrediendo los principios de legalidad, objetividad y certeza electorales, así como la autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales. Siendo de particular relevancia lo dispuesto en los artículos 41, tercer párrafo, base V, apartado C, puntos 3, 10 y 11 de la Constitución Federal y 104, numeral 1, incisos f) y o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

o) Quinto (Impugnación de los artículos 181, fracción V, 184, fracción IV, y 186, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas). Ello, al ser inconstitucional e inconvencional el impedimento legal para ser electo o electa a cualquiera de los cargos de elección popular en el Estado o los Municipios, referente a estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, en la medida que se vulneran los principios de inocencia, taxatividad, igualdad y no discriminación.

p) Lo anterior, porque al sólo tener legalmente por impedidos a los ciudadanos que hayan recibido condena "por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género" podrá entenderse pro persona, que en caso de que la condena sea firme por otro delito no hay impedimento para ser gobernador, diputado o integrante de Ayuntamiento, y así se transgrede la prohibición dispuesta en los artículos 1o. de la Constitución Federal y 1 de la Convención Americana, de discriminación por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana.

q) Añade que, no basta que una persona sea condenada por un delito como el señalado por la norma impugnada, pues si el sentenciado por el delito de "violencia política contra las mujeres en razón de género" ha apelado o recurrido al juicio de amparo, no puede tenerse por definitiva para efectos de suspensión de los derechos políticos.

r) Sexto [Impugnación de los artículos 210, párrafo cuarto (en la porción normativa que dice "por lo menos tres días antes al inicio del plazo de registro de candidaturas de la elección que se trate"), y 257, párrafos primero (en la porción normativa que dice "dentro de los 7 días siguientes a la terminación del proceso electoral respectivo") y tercero (en la porción normativa que dice "dentro del plazo a que se refiere este artículo"), de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas]. En estos preceptos se disponen plazos excesivos para el retiro de la propaganda de las precampañas y campañas electorales, vulnerando los principios de contienda electoral, certeza, legalidad y objetividad electorales.

s) En efecto, señala que las normas referidas lesionan los principios de equidad en la competencia política de legalidad electorales en la medida que el legislador permite a los difusores de propaganda ele

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29689-ad1d7ff4/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.