I. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 160, PÁRRAFO PRIMERO, Y 162, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). II. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. REGLAS QUE TIENEN COMO FIN GARANTIZARLA EN LA POSTULACIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS, ASÍ COMO PROVISIONES ADICIONALES QUE LA ASEGURAN EN LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL Y LOS AYUNTAMIENTOS, EN ESTE ÚLTIMO CASO CON MEDIDAS DE PARIDAD HORIZONTAL [ARTÍCULOS 7, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO, Y 34, FRACCIÓN XI, 127, PÁRRAFOS TERCERO, FRACCIÓN I, Y QUINTO, 130, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTE PARIDAD EN LA CONFORMACIÓN CUANDO EN LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN POPULAR LOS GÉNEROS SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS CON EL PORCENTAJE MÁS CERCANO POSIBLE AL CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES", 165 Y 168, APARTADO A, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO]. III. PARIDAD ENTRE GÉNEROS. FACULTAD DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (OPLE) PARA SUSTITUIR FÓRMULAS EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN PARITARIA DE LA LEGISLATURA (ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EMPEZANDO POR EL PARTIDO POLÍTICO CON MENOR PORCENTAJE DE VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IV. VOTO DESDE EL EXTRANJERO. SU REGULACIÓN POR PARTE DE LAS LEGISLATURAS LOCALES ES POTESTATIVA, SUJETA A LAS BASES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LAS CUALES SON DE APLICACIÓN DIRECTA [ARTÍCULOS 7, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y SE SUJETARÁ A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO, Y 7, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y LAS DETERMINACIONES QUE PARA TAL EFECTO EMITA EL INSTITUTO", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO]. V. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO PROTEGE A LAS PERSONAS FRENTE A LAS CALUMNIAS Y EXCLUYÓ DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN A LAS INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN II, INCISO C), Y 234, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SE ENTENDERÁ POR CALUMNIA LA IMPUTACIÓN DE HECHOS O DELITOS FALSOS CON IMPACTO EN UN PROCESO ELECTORAL", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO]. VI. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR. LA PREVISIÓN QUE ESTABLECE EL REQUISITO DE NO SER MENOR DE CINCO AÑOS ÚNICAMENTE PARA LOS CIUDADANOS NO NACIDOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PARA EL CASO DE LA GUBERNATURA, DE CINCO AÑOS", Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VII. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR. ACREDITACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (OPLE) DEL REQUISITO DE QUE SEA NO MENOR DE CINCO AÑOS, INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN (ARTÍCULO 171, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VIII. INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN COMPETENCIA Y LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA REGULAR SUS VACANTES O AUSENCIAS (ARTÍCULO 20 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR CADA REGIDURÍA Y SINDICATURA PROPIETARIA SE ELEGIRÁ UNA REGIDURÍA Y SINDICATURA SUPLENTE RESPECTIVAMENTE", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IX. NULIDAD DE ELECCIONES. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSALES QUE ESTIME PRUDENTES PARA DECRETARLA, SIEMPRE QUE NO DISTORSIONEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL (ARTÍCULO 98, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). X. DIPUTACIONES LOCALES. SUSTITUCIÓN DE ALGÚN MIEMBRO ELECTO CON EL INTEGRANTE SIGUIENTE DE LA LISTA REGISTRADA POR EL MISMO PARTIDO POLÍTICO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 24, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DIPUTACIONES Y", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XI. DIPUTACIONES LOCALES. CONVOCATORIA A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PARA SUSTITUIR LAS VACANTES DEFINITIVAS DE ALGÚN MIEMBRO ELECTO POR MAYORÍA RELATIVA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XII. NULID
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2020. PARTIDO POLÍTICO MORENA. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y DANIELA CARRASCO BEGE.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiuno de septiembre de dos mil veinte emite la siguiente:
Sentencia
Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 132/2020, promovida por el partido político Morena en contra de diversos artículos de la "Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro", la "Ley Electoral del Estado de Querétaro" y la "Ley que expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro"; todas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el primero de junio de dos mil veinte.
I. Trámite
1. Presentación de la demanda. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el partido político Morena ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del Sistema Electrónico, el veintiocho de junio de dos mil veinte.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas. Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro.
3. Normas generales cuya invalidez se demanda. El partido político Morena, en el apartado correspondiente,(1) demanda la invalidez de la:
a. Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, de cuyo artículo primero, se impugna la reforma al artículo 7 de la Constitución de Querétaro.
b. Ley Electoral del Estado de Querétaro (LEEQ, en adelante), en sus artículos 5, fracción II, inciso c); 7, párrafo cuarto; 14, párrafos primero, fracción III, y segundo; 20, en su parte final; 23, párrafos primero y cuarto; 24; 34, fracción XI; 41, penúltimo párrafo; 66, párrafos primero y octavo; 80, párrafo tercero; 88, párrafos primero y cuarto; 92, párrafos segundo y cuarto; 99, párrafos tercero, parte inicial, y décimo tercero, fracción II; 100, párrafo primero, fracciones IV, inciso b), primera parte, y VIII; 102, párrafo tercero, fracciones II y III, en su parte final; 103, párrafo primero, fracción VIII; 108, párrafo quinto; 109, fracción VI; 116, fracciones I, inciso f), II, incisos d) y f), y III, inciso b); 122, párrafo quinto; 126, párrafo primero, numerales 1 y 2, fracción I, inciso c); 127, párrafos tercero, fracción I, y quinto; 128, párrafos tercero, sexto y octavo; 130, párrafo segundo; 150; 160, primer párrafo; 162, primer párrafo; 165; 168, apartado A, fracción III, inciso a); 171, primer párrafo, fracción III, primer párrafo; 206, párrafo quinto; 209, párrafo cuarto; 227, primer párrafo, fracción I, inciso f); 234, segunda parte; y 237, fracción VI.
c. Ley que expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, específicamente de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro (LMIEQ, en adelante), los artículos 7, párrafo tercero; 25, párrafos primero, fracción IX, y segundo; 29, fracción I; 61, fracción III; 98, fracción IV; y 99, párrafo tercero.
4. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados por el promovente, serán desarrollados en el apartado correspondiente al estudio de fondo. Para su adecuada identificación, en el presente apartado se presenta una síntesis del tema sobre el que versa cada concepto planteado, los artículos impugnados, y las páginas del escrito de demanda en las que se desarrolla por parte del actor.
Ver síntesis
5. Morena señaló como violados los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 115, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
6. Acuerdo de registro y turno. En un acuerdo emitido el dos de junio de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena, a la que le correspondió el número 132/2020, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
7. Auto admisorio. Por medio de un auto emitido el seis de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Querétaro para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posibilidad de formular pedimento u opinión respecto de la demanda. Aunado a lo anterior, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior, en adelante) que ese órgano jurisdiccional expresara por escrito su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad.
8. Por otro lado, solicitó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE, en adelante) el envío de copias certificadas del estatuto vigente del partido político nacional Morena y la certificación de su registro vigente, así como que precisara quiénes eran al momento de la presentación de la demanda el representante y los integrantes de su órgano de dirección nacional. También requirió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ, en adelante) para que informara la fecha en que iniciará el próximo proceso electoral en la entidad.
9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. El Congreso Local sostuvo la validez de todas las normas impugnadas por Morena; en esencia, planteó los argumentos que serán resumidos a continuación:
10. En el primer concepto argumenta que, si bien conforme a la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, la paridad de género se debía garantizar en candidaturas a diputados y fórmulas para Ayuntamientos, no se previó el supuesto de la designación de titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo Local, lo que, en todo caso, no encuadra en un tema electoral.
11. Es cierto que la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve expandió la paridad de género a los nombramientos de los titulares de las secretarias de Estado Locales, pero el Congreso de la entidad federativa no puede ser calificado como omiso, ya que no existe un plazo marcado por la Constitución.
12. Ahora bien, tratándose de la regulación del voto para los ciudadanos residentes en el extranjero, el Congreso sostiene que la remisión a las autoridades electorales debe ser comparada con los artículos 133, numeral 3, y 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE, en adelante).
13. En el segundo concepto el Congreso Local sostiene que la definición de "calumnia" prevé a los posibles sujetos activos del delito, pero de forma enunciativa y no limitativa, dado que en caso de excepción pueden incluirse otros sujetos activos, por lo que no contradice lo dispuesto por la LGIPE, y es acorde con su artículo 471.
14. Además, considera que es congruente con lo determinado por la Sala Superior en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-131/2015 y en el recurso de apelación SUP-RAP-105/2014, pues se estableció que la figura de calumnia tiene como elementos de su tipo: a) la prueba de cualquier forma de manifestación mediante cualquier medio; b) que dicha expresión se impute directa o indirectamente a un sujeto o sujetos concretos; y, c) que dicha manifestación sea calumniosa y afecte la imagen del sujeto al que se atribuyen, como bien jurídico protegido por la norma.
15. En el tercer concepto argumenta que, el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, establece que solamente pueden ser gobernadores de una entidad federativa los ciudadanos mexicanos por nacimiento y nativos de la misma, o con residencia efectiva en ella no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de las elecciones.
16. Bajo esta línea, los requisitos previstos en el artículo 14 de la LEEQ, no vulneran ningún derecho, pues no se advierte que sean contrarios a la Constitución Federal. Además, no es excesivo ni desproporcionado establecer que se pierde el derecho a ser votado por residir más de tres años consecutivos fuera de la entidad federativa, dado que aunado a que se prevé la excepción de poder ser votados siempre y cuando se hayan integrado a su domicilio por lo menos con seis meses de anticipación, también se atiende a un criterio en que las personas deben demostrar su residencia, conforme a diversas disposiciones legales.
17. Tampoco considera que se vulnere el artículo 23.1 de la Convención Americana, pues si bien existe el derecho humano a ser votado, este puede sujetarse a diversas condiciones, tal y como se prevé en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal. Esto, dado que las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para establecer restricciones en el acceso a los cargos públicos locales, siempre y cuando estas sean razonables, no discriminatorias y respeten la Constitución Federal.
18. Finalmente, respecto de la constancia de residencia prevista por el artículo 171, fracción III, de la LEEQ, considera que ésta garantiza que sea posible comprobar la residencia de una persona. Además, la constancia de residencia se regula por lo dispuesto en el artículo 11, segundo párrafo, de la ley orgánica municipal por lo que la autoridad electoral no está facultada para regular dicho tema, de otra forma invadiría competencias de otra autoridad.
19. En el cuarto concepto considera que, si bien la LEEQ no establece suplente en el caso de quién presidirá el órgano de gobierno municipal, lo cierto es que eso no transgrede los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad, seguridad, fundamentación y motivación, ni el principio de supremacía municipal, dado que, sí se prevén los supuestos para el caso de que el candidato a presidente municipal sea inelegible, ya sea al momento del registro o en la calificación de la elección.
20. Conforme al artículo 115, primer párrafo y fracción I, de la Constitución Federal, los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, por lo que las entidades federativas cuentan con amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal. Sustenta su dicho en la tesis 36/2018, de este Tribunal Pleno.
21. Arguye que, el sistema mexicano no contempla la figura de suplente en ninguna de las figuras titulares de las funciones ejecutivas en los tres órdenes de gobierno, a diferencia de los cargos de regidurías, sindicaturas, diputaciones y senadurías. Asimismo, la Constitución de Querétaro señala que, en caso de faltas temporales o absolutas del presidente municipal, éstas serán suplidas por el regidor o síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento.
22. En el quinto concepto respecto del artículo 23 de la LEEQ, argumenta que es válido prever el concepto "persona" en vez del de candidatura. Sin embargo, el mismo debe ser interpretado a luz de la LGIPE, entendiendo que al ser un candidato una persona, es un concepto más amplio y adecuado. Considera que el termino candidatura implica que dos o más partidos, sin mediar coalición, postulan a la misma persona, fórmula o planilla. Siendo así, una candidatura engloba a una persona y a uno o varios partidos políticos, por lo que quien incurre en la causal de nulidad es la persona y por eso se sanciona a la candidatura, no al partido político postulante.
23. En lo relativo al artículo 24 de la LEEQ, arguye que debe ser interpretado de forma sistemática, dado que tal sustitución atiende a las asignaciones efectuadas por el Consejo General o el consejo correspondiente conforme a los artículos 127, 129, 130 y 131 de la LEEQ, mismo caso acontece para las asignaciones efectuadas por los Consejos Distritales o Municipales para las elecciones de Ayuntamiento, siendo este último donde se hace un cómputo parcial o total y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
24. Además, considera que no es aplicable el artículo 63 de la Constitución Federal para cubrir las vacantes absolutas de los cargos nombrados por mayoría relativa y representación proporcional, dado que existe libertad configurativa en tal aspecto.
25. Por último, respecto del artículo 99 de la LMIEQ, considera que debe diferenciarse entre la prohibición para que una persona sancionada pueda participar y la posibilidad de que el partido correspondiente postule una nueva candidatura, lo cual es congruente con el espíritu de la norma. En el caso de candidatos independientes, este precepto resultaría inaplicable pues los mismos no forman parte de algún partido, sino que se representan por sí mismos, por lo que no sería posible que un candidato independiente causante de la nulidad de una elección pudiera participar en la extraordinaria.
26. En el sexto concepto considera que el artículo impugnado respeta lo previsto por el artículo 41 constitucional, dado que no distingue entre partidos para el financiamiento público o para la prohibición de financiamiento privado, por lo que es equitativo. Considera que, por mandato constitucional, se debe garantizar que los recursos de financiamiento público estén por encima de los recursos privados, quedando en libertad configurativa de las entidades federativas los términos específicos.
27. Asimismo, propone que la disposición reclamada no limita que los partidos con registro nacional puedan recibir financiamiento siempre y cuando se apeguen al marco legal correspondiente. Sustenta sus afirmaciones en la tesis P./J. 12/2010, de este Tribunal Pleno.
28. Añade que, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, en adelante), en su artículo 52, numeral 2, establece claramente los límites al financiamiento privado, debiendo ser interpretado con la tesis P. LX/2009, de este Alto Tribunal.
29. En el séptimo concepto plantea que, conforme al artículo 32 de la Constitución de Querétaro, el IEEQ es autónomo, dado lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, así conforme al artículo quinto transitorio de la LEEQ, será el Consejo General de IEEQ quien emita los reglamentos, acuerdos o disposiciones, en donde, entre otras cosas, se regulará lo relativo a las inasistencias de los consejeros electorales. Además de que, conforme al artículo 80 de la LEEQ, existen reglas de suplencia aplicables.
30. Argumenta que es innecesaria una sanción a nivel local toda vez que conforme al artículo 102, numerales 1 y 2, inciso f), de la LGIPE, ya se encuentran sujetos a un régimen de sanción por no desempeñar sus funciones injustificadamente.
31. Por otra parte, respecto de los artículos 66, párrafo primero, 88, párrafo primero, 122, párrafo quinto, y 126, párrafo primero, numeral 1, de la LEEQ, arguye que son acordes con los artículos 41 y 67 de la LGIPE e, inclusive, similares al artículo 15, numeral 4, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE, precisando que, con sustento en su libertad configurativa, la Legislatura Local determinó replicar lo previsto en la LGIPE.
32. Ahora bien, en relación con el párrafo cuarto del artículo 88 de la LEEQ, señala que la realidad social de la entidad requiere mecanismos que hagan viables las resoluciones del Consejo General del IEEQ, por lo que se determinó que éstas serían aprobadas por una mayoría simple, siendo acorde con los artículos 41.4 y 67.6 de la LGIPE.
33. Por último, tratándose de los artículos 66, párrafo octavo, y 88, párrafo cuarto, de la LEEQ, precisa que es adecuado que los presidentes de las sesiones de los Consejos Electorales cuenten con un voto de calidad, lo que es una facultad que la ley otorga a los presidentes de diversos órganos colegiados a distintos niveles de gobierno para evitar dilación en las determinaciones, de ahí que fuera necesario prever dicho mecanismo de toma de decisiones, sin que esto contravenga proceso democrático alguno, además de estar sustentado en la libertad configurativa estatal.
34. En el octavo concepto propone que resulta válido prever que los partidos políticos que no obtengan o pierdan el registro de una candidatura, también pierdan la acreditación de los representantes que conozcan de tales elecciones relacionadas a esa candidatura.
35. Lo anterior, dado que los artículos 41, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal y 94 de LGPP, establecen que los partidos políticos nacionales que no obtengan al menos el tres por ciento de la votación pierden su registro.
36. Además, conforme al artículo 96 de la LGPP, los partidos políticos que pierden su registro, también pierden todos sus derechos y prerrogativas, y se extingue su personalidad jurídica, salvo por las obligaciones en materia de fiscalización. Bajo esta línea, resulta adecuado que, una vez que haya quedado firme una determinación de cancelación de registro, el partido político pierda la acreditación de su representante respecto de tal candidatura.
37. En el noveno concepto arguye que no existe la omisión de incluir a los poderes federales, toda vez que un ordenamiento estatal no podría, aunque fuera como reflejo de la ley general, prever tal situación, pues se estaría limitando una función de un ente federal que no es propia de una ley estatal.
38. En todo caso, señala que el artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal prevé que deberá suspenderse la propaganda gubernamental de los poderes federales, lo cual debe ser interpretado junto al ordenamiento general y no como algo que pueda regularse a nivel local. Además, considera que los supuestos de excepción de las campañas de información, atienden a la libertad configurativa estatal, por lo que el Congreso Local válidamente determinó no añadir más supuestos, homologándose con el artículo constitucional previamente aludido.
39. Considera que la legislación local es acorde con lo determinado por la Sala Superior en la tesis XIII/2017. Mismo razonamiento considera aplicable a la impugnación de la fracción VIII del artículo 100 de la LEEQ, el cual es acorde con el artículo 29 de la LGIPE.
40. Para concluir, propone que el artículo 92, párrafo cuarto, de la LEEQ, es válido al replicar los numerales 3 y 4 del artículo 209 de la LGIPE.
41. En el décimo concepto considera que la norma impugnada es acorde con el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, que prevé la obligación de establecer criterios para limitar las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos de aportación de sus militantes y simpatizantes.
42. Señala que la disposición impugnada debe interpretarse con el artículo 5, fracción II, incisos a) y b) de la LEEQ, donde se definen los actos anticipados de campaña y los de precampaña. Además de que la sanción aplica únicamente a los ciudadanos que aún no han sido registrados como candidatos.
43. Considera que las precampañas se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso electoral, debiendo sujetarse a los límites de los artículos 41, fracción II, inciso c), penúltimo párrafo, y 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, por lo que, imponer un tope a los gastos de precampaña atiende a un control de los recursos económicos, con el fin de garantizar una igualdad de circunstancias entre los precandidatos. Además, el artículo 229, numeral 3, de la LGIPE, establece que los precandidatos deben presentar su información financiera para ser evaluada a fin de verificar si cumplieron con el tope de gastos de precampaña.
44. En el décimo primer concepto sostiene que, dicha disposición es acorde con los artículos 41, apartado B, penúltimo párrafo, y 116, fracción IV, incisos c), g) y h), de la Constitución Federal, de donde deriva la obligación local de fijar los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos, más el tope se deja a la libertad configurativa local.
45. En el décimo segundo concepto considera que se debe sobreseer, toda vez que dicho artículo ya fue materia de un pronunciamiento previo de este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2017.
46. En el fondo, argumenta que el Congreso Local está facultado para legislar en materia de propaganda electoral, y la prohibición imputada no es violatoria del derecho a la libertad de expresión pues existen otros medios para dar a conocer las propuestas de los candidatos; inclusive, conforme a los criterios de la Corte Interamericana el derecho a la libertad de expresión e información no es absoluto.
47. Además, este tema no es abordado por la LGIPE, pues asiste libertad configurativa, por lo que el legislador buscó proteger el medio ambiente y evitar la contaminación visual conforme a los artículos 209, numeral 2, de la LGIPE y 155 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.
48. En el décimo tercer concepto propone la validez del artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ, pues el mismo es acorde con el artículo 41 de la Constitución Federal que establece el derecho de los partidos de contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, incluyendo el acceso a los medios de comunicación social, conforme con los numerales 6, 7 y 8 del artículo 68 del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral del INE.
49. En este sentido, el Reglamento de Elecciones del INE, obligatorio para los partidos políticos locales, establece en el artículo 314, numeral 8, que los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre los candidatos a cualquier cargo de elección popular del ámbito estatal, al igual la norma impugnada de la LEEQ. Aunado, los numerales 10 y 11 del artículo 68 del mismo reglamento y el artículo 218, numeral 6 y 7, de la LGIPE contemplan las mismas reglas que a nivel local. Bajo esta línea, considera que es aplicable el criterio de la Sala Superior en su jurisprudencia 33/2016, así como lo determinado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
50. En el décimo cuarto concepto argumenta que el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal si bien prevé la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en la Constitución, lo cierto es que existe un margen de libertad configurativa a nivel estatal para adoptar diferentes criterios en ciertos rubros. Pero, en todo caso, la disposición reclamada es coincidente con los artículos 104, fracción I, inciso a), y 266, primer párrafo, de la LGIPE, así como 87 de la LGPP.
51. Por tanto, el precepto impugnado al mencionar la coalición, lo hace de forma informativa, mas no pretende regular la manera en que deberán realizarse las fórmulas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional.
52. En el décimo quinto concepto la Legislatura de la entidad federativa argumenta que no existe omisión alguna de establecer el deber de los consejos del IEEQ de verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos, fórmulas y planillas triunfadoras.
53. Al respecto, precisa que tal situación sí se encuentra regulada en el artículo 14 de la LEEQ, dado que tales requisitos se mantienen vigentes hasta en tanto la persona electa ocupa el cargo. De ahí que, el artículo 178, segundo párrafo, de la LEEQ establezca la negativa de registro a quienes no acrediten tales requisitos para ser candidato.
54. Además, arguye que Morena omite mencionar las fracciones VI y VIII del artículo 82 de la LEEQ, donde sí se prevé la facultad de los Consejos Municipales de emitir las constancias de mayoría y asignación una vez declarada válida la elección, sin que se actualice una omisión legislativa, pues se trata de una facultad discrecional.
55. En el décimo sexto concepto argumenta que no existe omisión legislativa parcial en competencia de ejercicio obligatorio respecto de la previsión del principio de paridad en la elección de diputaciones, específicamente en el registro de la lista primaria de candidatos por el principio de representación proporcional, dado que el mismo está previsto en la Constitución Federal desde la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve. Considera que los artículos 9, fracción II, 34, fracción VI, 76, fracción I, 80, fracción I, 130, 133, 160 a 168, 187 y 206 de la LEEQ garantizan el principio de paridad de género adecuadamente.
56. En el décimo séptimo concepto argumenta que conforme al artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, las Legislaturas Locales gozan de libertad configurativa para determinar los principios de mayoría relativa y representación proporcional, sin que estén obligados a seguir reglas específicas respecto de los límites de sobre y sub representación. Lo anterior, con apoyo en las tesis 67/2011 y 8/2010, de este Alto Tribunal.
57. Siendo así, argumenta que los preceptos impugnados son acordes con lo decidido por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014. Por último, propone que la definición de votación estatal emitida derivó de atender a las particularidades estatales y es acorde con los artículos 15, numeral 1 y 2, de la LGIPE, para la integración del Congreso Federal.
58. En el décimo octavo concepto plantea que no se inobservó el principio de paridad de género en la conformación del órgano legislativo al término de asignación, pues desde el registro de las candidaturas a diputaciones se debe salvaguardar dicho principio conforme al artículo 158 de la LEEQ. En este sentido, el Congreso Local considera que actuó conforme a la libertad configurativa que le asiste, siendo respetuoso de los artículos 233 y 234, párrafo primero, de la LGIPE. Además, propone que se resuelva conforme a la jurisprudencia 6/2015 y la tesis IX/2014, ambas de la Sala Superior.
59. En el décimo noveno concepto considera que existe libertad configurativa conforme a los artículos 116, fracción IV, inciso b), y 124 de la Constitución Federal, en el diseño de los procesos electorales locales.
60. En otro aspecto, argumenta que conforme a la LGIPE las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política diferentes, ya que las primeras implican un acercamiento entre dos o más partidos para postular en conjunto y bajo la misma plataforma electoral a un candidato; mientras que las candidaturas comunes, tienen un mismo candidato, pero diferentes plataformas políticas, manteniendo, en principio, cada partido su individualidad. Bajo esta línea, los artículos 142 a 150 de la LEEQ, regulan la participación de los partidos en los procesos locales y las reglas aplicables a las candidaturas comunes y coaliciones, sin que se exceda lo previsto en los artículos 87 a 91 de la LGPP. En consecuencia, arguye que el precepto impugnado solamente define las candidaturas comunes y coaliciones, por lo que, para el ejercicio del derecho de los partidos a formarlas, debe apegarse a los artículos 23, inciso f), y 85, numeral 5, de la LGPP.
61. En el vigésimo concepto considera que el supuesto de que en caso de renuncia la sustitución no proceda cuando se presente dentro de los 35 días anteriores al de la elección, es acorde con los artículos 235 y 237 de la LGIPE. Además, el artículo 241 de la misma establece que la sustitución de candidatos se encuentra sujeta a un plazo para libre sustitución y posteriormente sólo hay causales específicas.
62. Aunado a lo anterior, precisa que el plazo previsto de 35 días en la LEEQ busca garantizar la operatividad de las elecciones locales, y el simple hecho de prever un plazo diferente no genera la invalidez. Bajo esta línea, se debe considerar la dificultad técnica de imprimir las boletas en caso de cancelación o sustitución de candidatos, en línea con el artículo 267 de la LGIPE y la jurisprudencia 7/2019 de la Sala Superior.
63. Ahora bien, respecto de la cancelación de registro de la planilla de Ayuntamiento que quede incompleta, considera que es válido, pues busca garantizar la correcta integración de los Ayuntamientos, suprimiendo la posibilidad que se dificulte la instalación del mismo ante la falta de personas que ocupen los cargos, siendo congruente con la jurisprudencia 17/2018, de la Sala Superior.
64. En el vigésimo primer concepto arguye que las normas impugnadas son acordes con lo previsto en los artículos 465, numeral 2, inciso e), y 467, numeral 2, inciso e), de la LGIPE y 9, fracción f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME, en adelante).
65. Lo anterior, dado que los procedimientos ordinario y especial a nivel local, deben contemplar en sus requisitos que, al presentar la denuncia, se acompañen las pruebas pertinentes, en términos de la LMIEQ y la LGSMIME.
66. En el vigésimo segundo concepto arguye que la suplencia de la queja no es dable en juicios donde se pretenda la nuli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29877-d9b6e36b/i-paridad-entre-generos-es-competencia-y-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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