I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL. II. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (DECRETO NÚMERO 2 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50, APARTADO A, EN SU FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, NO ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS (DECRETO NÚMERO 2 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50, APARTADO A, EN SU FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE–, AL POSTERGARSE SU ENTRADA EN VIGOR (DECRETO NÚMERO 2 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50, APARTADO A, EN SU FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL POSTERIOR–, AL SER APLICABLES ÚNICAMENTE PARA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO (DECRETO NÚMERO 2 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50, APARTADO A, EN SU FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ESTOS RECURSOS DEBEN DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS, RECIBIRÁN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL NÚMERO TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL FEDERAL O LOCAL, SEGÚN SEA EL CASO, A LA FECHA DE CORTE DE JULIO DE CADA AÑO, POR EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65 %) DEL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO O EL SALARIO MÍNIMO DE LA REGIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y PARA EL CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (ARTÍCULO 50, APARTADO A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (ARTÍCULO 50, APARTADO A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. XI. IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. XII. RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. XIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA DETERMINACIÓN DEL MONTO PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA EXPECTATIVA DE DERECHO (ARTÍCULO 50, APARTADO A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2022 Y SUS ACUMULADAS 8/2022, 10/2022, 16/2022 Y 17/2022. PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: DIANA RANGEL LEÓN.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas 8/2022, 10/2022, 16/2022 y 17/2022, promovidas por el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra del artículo 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, reformado mediante el Decreto Número 2, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES, TRÁMITE DE LAS DEMANDAS Y ACUMULACIÓN.
1. Presentación de los escritos iniciales. La presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas se presentaron de la siguiente forma:
Ver presentación
Coincidentemente, los partidos políticos referidos promovieron sus demandas en contra de las siguientes autoridades y norma:
A. Los órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:
A.1 Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A.2 Órgano Ejecutivo: Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
B. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: El Decreto Número 2 que reforma el artículo 50, apartado A, en su fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la misma entidad, Número Extraordinario 516, Tomo CCIV, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.
Sustancialmente, los institutos políticos consideraron que el artículo impugnado transgrede los artículos 1o., 14, 16, 17, 25, 39, 40, 41, Base II, incisos a), b) y c), fracción V, apartado A, Base III, apartado D, Base V, apartado A, 70, 72, 105, 116, fracciones II y IV, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 19, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; además de los diversos 23, inciso d), y 51, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 21 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 21, 23, párrafo 1, inciso a), 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 2, 25 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2. Conceptos de invalidez. Al formular las respectivas demandas, los promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:
I. Acción de inconstitucionalidad 3/2022 (Partido del Trabajo).
a. Primer concepto de invalidez.
El partido político indicó que dentro de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas se declaró la invalidez del Decreto Número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintiocho de julio de dos mil veinte.
Añadió que, en términos de esa sentencia, se dio lugar a la reviviscencia de las normas del Código Electoral previas a la expedición del Decreto Número 580, por lo que cualquier norma en materia electoral debería realizarse y emitirse a más tardar dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral del Estado, cuya jornada comicial se verificaría el primer domingo de junio de dos mil veintiuno.
En ese sentido, señaló que el Decreto Número 2 impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad se realizó, votó y emitió en contravención a los efectos de la aludida sentencia, así como en contra de lo dispuesto por el tercer y cuarto párrafos de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Federal.
Ello, pues al momento de la emisión del Decreto Número 2 impugnado, el proceso electoral en el Estado de Veracruz no había concluido y no se habían resuelto todos los medios de impugnación al respecto, ni resuelto todos los asuntos relativos a las elecciones municipales, pues se habían emitido Puntos de Acuerdo en los que se nombran Concejos Municipales y convocatorias a elecciones extraordinarias en los Municipios de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, para el mes de marzo de dos mil veintidós.
Finalmente, consideró que no era suficiente reconocer la validez de la reforma, el hecho de que en el diverso artículo transitorio del Decreto impugnado se hubiera establecido que el propio Decreto entraría parcialmente en vigor el primero de enero de dos mil veintidós, en virtud de que el proceso electoral no había concluido.
b. Segundo concepto de invalidez.
El Partido del Trabajo señaló que la reforma impugnada es contraria a lo dispuesto en el artículo 41, base II, de la Constitución Federal dado que sin fundamentar y motivar debidamente modificó la fórmula de distribución de financiamiento público que se debe otorgar a los partidos políticos nacionales como prerrogativa para, entre otras, promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación política.
En ese sentido, con base en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, el Partido del Trabajo señaló que dicha ley no hace distinción en la fórmula de distribución de financiamiento público ordinario entre los partidos políticos nacionales o locales, dado que claramente establece que se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, a la fecha de corte de julio de cada año por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Media y Actualización.
Tomando en consideración lo anterior, afirmó que el Congreso del Estado parte de la premisa falsa de que las facultades de decisión que tiene para modificar las leyes electorales son absolutas lo cual es erróneo, dado que tanto la Constitución Federal como la Ley General de Partidos Políticos no hacen una diferencia entre partidos políticos nacionales o locales para aplicar un porcentaje diferente al sesenta y cinco por ciento, por tanto, la disminución de dicho porcentaje le causa daños y perjuicios irreparables.
II. Acción de inconstitucionalidad 8/2022 (Partido Verde Ecologista de México).
a. Primer concepto de invalidez.
El partido político señaló que el Congreso Local transgrede la Constitución Federal y desacata la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, en la que se determinó la reviviscencia de la norma local electoral previa a la expedición del Decreto Número 580 y se ordenó que no se podía modificar la legislación electoral local durante el proceso electoral.
Ello porque el proceso electoral en el Estado de Veracruz aún no había concluido, ya que existían impugnaciones sin sentencia y no se han resuelto todos los asuntos relativos a las elecciones municipales, pues se habían emitido Puntos de Acuerdo en los que se nombran Concejos Municipales y convocatorias a elecciones extraordinarias en los Municipios de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, para el mes de marzo de dos mil veintidós.
Por otro lado, consideró que no es suficiente para dar validez a la reforma que en el artículo transitorio Segundo del decreto impugnado se establezca que las disposiciones entrarán en vigor el día primero de enero del año dos mil veintidós, porque el proceso electoral local no había terminado.
En ese sentido, estimó que en contravención a lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal (relacionado con la veda electoral), no se respeta el alcance de los efectos de la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas respecto del Código Electoral Local, la reviviscencia de la norma local electoral previa a la expedición del Decreto Número580 y la orden de no poder modificar la legislación electoral local durante el proceso electoral.
b. Segundo concepto de invalidez.
El Partido Político Verde Ecologista de México estimó que la disposición impugnada es contraria a la Constitución Federal por disminuir las prerrogativas y financiamiento público otorgado a los partidos políticos.
En esa línea, argumentó que el orden jurídico de carácter secundario al que se encuentra suscrito el Estado de Veracruz, no puede restringir o disminuir a los partidos políticos el derecho a acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de la Ley General de Partidos Políticos y demás leyes federales o locales aplicables.
Tomando como base lo anterior, señaló que de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41 constitucional y 23, numeral 1, inciso d), y 51, párrafo 1, inciso a), numeral I, de la Ley General de Partidos Políticos se debe entender que los principios que permean en los derechos humanos también debe entenderse como disposiciones para los partidos políticos, entonces, el financiamiento público otorgado a los partidos políticos para llevar a cabo sus actividades, forman parte importante de los derechos políticos y los mismos se alcanzan a través de la expedición de medidas y disposiciones, acordes con la Constitución Federal.
Retomó lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad relativas a los expedientes 5/2015 y 38/2017, en cuanto a que la libertad auto configurativa de las Legislaturas Locales debe estar ajustada a las normas constitucionales y legales que rigen esta institución, y por ende no es posible variar las fórmulas de asignación de prerrogativas de financiamiento público para los partidos políticos.
Así, señaló que al preverse una excepción para disminuir el porcentaje de asignación de financiamiento público, se contraviene la norma constitucional que otorga certeza a los partidos políticos del monto que le será asignado como prerrogativa de financiamiento público.
Por otro lado, el partido político argumentó que la porción normativa del artículo 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral Local debe inaplicarse por ser inconstitucional, dado que prevé una excepción a la fórmula prevista en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, variando los porcentajes para determinar la asignación del financiamiento público.
Como apoyo a su argumento, citó lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 5/2015, en la que por unanimidad de diez votos se declaró la invalidez de normas electorales que no observaban las bases establecidas en los artículos 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos. En dicho precedente también se determinó que las leyes de los Estados en materia electoral deberán ser acordes con las bases establecidas en la propia Norma Federal y en las leyes generales respectivas, por lo que en el caso las normas impugnadas resultaban inconstitucionales al no observar las bases establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
También señaló que el artículo impugnado establece una restricción inconstitucional al derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público completo que contraviene el principio de certeza electoral.
Ello porque aun cuando no supone la supresión total, sino parcial del financiamiento público sí altera los presupuestos previstos constitucionalmente, pues el legislador local no puede modificar los esquemas de asignación. Ni la Constitución Federal, ni la Ley General de Partidos Políticos permiten disminuir el financiamiento de los partidos políticos por causas como la regulada en el artículo impugnado y, a su parecer, una restricción de esta naturaleza tendría que sustentarse en la Constitución y en la ley general en la materia. En otro orden de ideas, el instituto político apuntó que el artículo impugnado contraviene el artículo 41 constitucional, por violación a los principios de legalidad, certeza y objetividad, pues establece parámetros que quedan al arbitrio del operador jurídico, utilizando conceptos genéricos y abiertos, como "En casos excepcionales", "velando por el interés público" y "atendiendo la disminución presupuestal", sin que se establezcan parámetros objetivos.
Finalmente, consideró oportuno el estudio de este asunto bajo los siguientes criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Jurisprudencia 35/2013, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN." y la jurisprudencia 7/2007, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD."
c. Tercer concepto de invalidez.
El Partido Verde Ecologista de México estimó que con la reforma del artículo 50, apartado A, fracción I, se viola el principio de legalidad en la distribución del financiamiento público a los partidos políticos que se encuentra previsto en el artículo 41 constitucional, así como en los diversos 23, numeral 1, inciso d) y 51, primer párrafo, inciso a), numeral I, de la Ley General de Partidos Políticos.
Ello es así porque la norma tuvo una modificación sustantiva en su hipótesis normativa, porque el decreto incide directamente en el capítulo VII del Código Electoral de Veracruz, denominado "DEL FINANCIAMIENTO" en este sentido, la violación de la norma debe leerse dentro del contexto y del sistema del cual forma parte, así lo que se pretende establecer viola lo dispuesto en los artículos 41, constitucional, en materia de financiamiento público para los partidos políticos y 23, numeral 1, inciso d), y 51, párrafo 1, inciso a), numeral I, de la Ley General de Partidos Políticos en el mismo tema.
d. Cuarto concepto de invalidez.
El partido político argumentó, con base en la tesis de jurisprudencia 5/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: "LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD.", que si bien es cierto, los Estados cuentan con libertad de configuración legislativa, lo cierto es que tal libertad, no es absoluta, pues debe respetar los principios y bases establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, lo que en este caso no se cumple, pues la reforma que se combate establece una restricción al porcentaje establecido en la disposición constitucional e incluso, se encuentra prohibida por la Ley General de Partidos Políticos, lo que la hace contraria a ambos textos y, por ende, la vicia de invalidez.
e. Quinto concepto de invalidez.
El Partido Verde Ecologista de México estimó que la aplicación del nuevo texto del artículo 50 del Código Electoral Local, viola los principios de equidad y de igualdad, pues es contrario a lo que establece el bloque de constitucionalidad, en tanto no se apega a los términos establecidos en el artículo 41 de la Constitución, ni en concordancia con lo que establece la Ley General de Partidos Políticos, ni lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto, señaló que, si bien en la reforma impugnada se adiciona lo relativo al financiamiento a los partidos políticos locales, haciendo referencia a que será de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, no pasa desapercibido que se disminuye a un 32.5 % el financiamiento de los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes en contravención a la Constitución Federal y a la Ley General de Partidos Políticos.
Finalmente, solicitó que en atención a la obligación contenida en el artículo 1o. de la Constitución Federal, se lleve a cabo el ejercicio de control difuso de constitucionalidad, verificando que no existe manera de realizar una interpretación conforme a la Constitución, porque no es posible armonizar el artículo impugnado con el bloque de constitucionalidad, razón por la cual debe ser inaplicado en concordancia con lo reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la regulación del monto y forma de calcular el financiamiento público para los institutos políticos acorde a lo previsto en la Constitución Federal corresponde al Congreso de la Unión mediante las leyes generales que al efecto expidió, el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos no se puede variar ni los requisitos para obtenerlo, a partir de que está previsto en la Constitución Federal y en la Ley General, por lo cual las Legislaturas Locales se deben ajustar invariablemente.(2)
f. Sexto concepto de invalidez.
El Partido Verde Ecologista de México consideró que se vulnera el principio de igualdad en tanto se les da un trato distinto a los partidos políticos nacionales respecto de los partidos políticos locales.
Tomando en cuenta que la Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia general para los partidos políticos nacionales y locales, estimó que variar la fórmula, disminuyendo en la mitad el porcentaje de financiamiento a los partidos políticos nacionales, respecto del monto que se recibirá a nivel local, es contrario a lo que establece el marco normativo en materia electoral. La nueva redacción del artículo 50 del Código Electoral Local, deja a los partidos políticos nacionales en visible desigualdad con el partido político local de tal suerte que un partido local, con una votación menor que la del instituto político accionante, podrá recibir por concepto de financiamiento una cantidad mayor a la del Partido Verde Ecologista como partido político nacional.
Además, citó lo resuelto en la contradicción de tesis 351/2014 en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 1o. de la Constitución General obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a dejar de aplicar cualquier disposición que vulnere los derechos humanos, y los órganos del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. El Pleno explicó que lo anterior encuentra su fundamento en el mandato de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional; y que dicho mandato conlleva la obligación, incluso para los tribunales del Poder Judicial de la Federación, de dejar de aplicar disposiciones que contravengan derechos humanos, resaltando que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente.
Asimismo, en la inteligencia de que los derechos de los políticos electorales también son derechos humanos y que los mismos están protegidos por el bloque de constitucionalidad, considera que se debe tomar en cuenta a los tratados internacionales en la materia, así como la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas aplicables.
Por otro lado, consideró que la nueva redacción del artículo 50 del código local comicial no aprueba el test que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convenientemente, la diferencia procesal entre las violaciones a derechos humanos en el caso Castañeda Gutman Vs. México, y el que argumentaron que se evidencia, es que con base en la reforma constitucional, en materia de derechos humanos 2011, al incluir en la legislación interna el principio pro persona y la obligación de los operadores jurídicos que resuelven asuntos en los que estén involucrados derechos humanos, es que se obliga a realizar un análisis denominado control de convencionalidad que complementa el control de constitucionalidad y que puede dar como resultado que la norma que sea incompatible con el bloque de constitucionalidad. g. Séptimo concepto de invalidez.
En los mismos términos que en el concepto de invalidez segundo, el partido político señala que es aplicable lo dispuesto en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad relativas a los expedientes 5/2015 y 38/2017. En ese sentido, la porción normativa impugnada debe inaplicarse por ser inconstitucional, dado que no es acorde con la fórmula prevista en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Asimismo, se destacó que es aplicable lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 5/2015, en la que se declaró la invalidez de normas electorales que no observaban las bases establecidas en los numerales 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos. De igual forma, considera que se contraviene el principio de certeza electoral y el precepto impugnado contraviene el diverso 41 constitucional, por violar los principios de legalidad, certeza y objetividad. Finalmente destacó la aplicabilidad del criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 35/2013, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN." y la jurisprudencia 7/2007, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD."
III. Acción de inconstitucionalidad 10/2022 (Partido de la Revolución Democrática).
a. Primer concepto de invalidez.
En su primer concepto de invalidez, señaló que en contravención a lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos, fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal (relacionado con la veda electoral), no se está respetando el alcance de los efectos de la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas respecto del Código Electoral Local, la reviviscencia de la norma local electoral previa a la expedición del Decreto Número 580 y la orden de no poder modificar la legislación electoral local durante el proceso electoral.
Ello porque el proceso electoral local en el Estado de Veracruz no había concluido, dado que la cadena impugnativa aún se encontraba en proceso y no se habían resuelto todos los asuntos relativos a las elecciones municipales, asimismo, se habían emitido Puntos de Acuerdo en los que se nombraban Concejos Municipales y convocatorias a Elecciones Extraordinarias en los Municipios de Jesús Carranza, Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía.
Por otro lado, consideró que no es suficiente reconocer la validez de la reforma impugnada, el hecho de que el artículo transitorio segundo del decreto impugnado establezca que las disposiciones entrarán en vigor el día primero de enero del año dos mil veintidós, porque el proceso electoral local no había terminado.
b. Segundo concepto de invalidez.
El Partido de la Revolución Democrática adujo que el decreto impugnado transgrede el marco normativo constitucional, dado que la fórmula para establecer el financiamiento público a los partidos políticos es inconstitucional porque los parámetros para el cálculo de los montos de financiamiento público deben atender a lo dispuesto en la Constitución, así como a la Ley General de Partidos Políticos, tal y como se consideró por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 5/2015.
Es decir, para determinar el financiamiento público de un partido político nacional se debe tomar en cuenta el artículo 51, inciso a) numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, aunado a las bases establecidas en el diverso 41, fracción II, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal.
Situación que en el caso no aconteció pues el legislador local inobservó lo dispuesto en el artículo 51, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, puesto que no parte de la base mínima para su cuantificación, ni tampoco atiende al procedimiento de repartición equitativa previsto en el diverso 41, base II, inciso a), de la Constitución Federal.
Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática argumentó que las responsables pasaron por alto una restricción que les impedía realizar modificación alguna dentro del proceso electoral, lo que ocurrió pues se está dentro de una extensión del proceso electoral ordinario 2020-2021, al haberse decretado la nulidad de las elecciones en los Municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, todos del Estado de Veracruz.
En otro tema, estimó que el Congreso Local durante el proceso legislativo del decreto impugnado refiere de forma falaz que los partidos políticos no se verán afectados pues reciben financiamiento del Instituto Nacional Electoral, lo falso radica en que si bien es cierto cada uno de los partidos políticos recibe ministraciones en el ámbito federal, ello en nada impacta en cada una de las entidades federativas.
Consideró que lo anterior se sostiene pues al menos en materia de fiscalización que implementa el Instituto Nacional Electoral, está demostrado en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que ningún Estado recibe dichas aportaciones, es decir, la forma de subsistir es precisamente con el financiamiento local que se recibe, por tanto, resulta totalmente falso que, por el hecho de contar con recursos nacionales, dichos montos se distribuyan a cada uno de los comités estatales.
Además, el instituto político estimó que la reducción del financiamiento público a la mitad no cumple con el parámetro de necesidad y, por ende, trastoca el principio democrático de certeza, porque disminuir el financiamiento a los partidos políticos en nada maximiza la eficiencia del gasto público ya que contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni la iniciativa presentada por el Grupo Legislativo de Morena, ni el dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, sustentan con estimaciones de impacto presupuestario respecto de los costos y beneficios sobre la disminución del financiamiento público ordinario para los partidos políticos locales.
Consideró que se violan a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, a la luz de lo decidido en las acciones de inconstitucionalidad 126/2019 y 129/2019, en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dentro de su libertad de configuración el legislador del Estado de Tabasco podía establecer un financiamiento estatal diferenciado (se aparta de las bases establecidas en la Ley General de Partidos Políticos) que debe ser equitativo mas no igualitario, pues en el caso de Veracruz se estableció un trato desigual inequitativo.
El trato se consideró inequitativo, porque no se está frente a partidos políticos locales que tengan años de vigencia en la vida democrática de la entidad aunado a que, con ese esquema en lugar de reducir el financiamiento total destinado a los partidos políticos, el mismo se verá aumentado de manera desproporcionada siendo que la base de la iniciativa del decreto impugnado fue el tema de la austeridad en el manejo de recursos públicos.
También, el instituto político accionante consideró que al momento de aprobar la reforma impugnada y al emitir el acuerdo OPLEV/CG006/2022 por el que se determinan las cifras y la distribución del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se establecieron reglas claras y precisas en contravención al diverso 41 de la Constitución Federal, así como a lo establecido en el numeral 19 de la Constitución local.
Señaló que la relación entre porcentaje de votación respecto del financiamiento obtenido entre un partido local respecto de uno nacional no guarda congruencia, pues uno local recibe mayor beneficio aun cuando haya obtenido menor porcentaje de votación, es decir, que no se ve obligado más allá de obtener resultados sino sólo a conservar el registro para tener mayores beneficios, lo cual resulta contrario a los principios democráticos y de toda contienda electoral.
Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática solicitó que en caso de que se estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas que se combaten, se tenga a bien realizar una interpretación conforme de las disposiciones que se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia.
IV. Acción de inconstitucionalidad 16/2022 (Partido Acción Nacional).
a. Primer concepto de invalidez.
En su primer concepto de invalidez, el partido político señaló que en contravención a lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos, fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal (relacionado con la veda electoral), no se está respetando el alcance de los efectos de la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, respecto del Código Electoral Local, la reviviscencia de la norma local electoral previa a la expedición del Decreto Número 580 y la orden de no poder modificar la legislación electoral local durante el proceso electoral.
Ello porque el proceso electoral local en el Estado de Veracruz no había concluido, dado que la cadena impugnativa aún se encontraba en proceso y no se h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31540-a2a11018/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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