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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. SUPUESTA VIOLACIÓN DEL PRIMER ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. PARA ANALIZAR LA SUPUESTA VIOLACIÓN DEL PRIMER ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE–, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL, ESTIPULADA EN LA DISPOSICIÓN ANTERIOR A LA REFORMA QUE SE ANALIZA (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN LOS PROCESOS ELECTORALES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, NO REQUIEREN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA POR PARTE DEL CONGRESO ESTATAL, YA QUE NO AFECTA DE MANERA DIRECTA ALGÚN DERECHO HUMANO O UN BIEN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE, QUE AFECTE A LA SOCIEDAD Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN LOS PROCESOS ELECTORALES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, FUERON EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DICTADA EN UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA, QUE VINCULÓ AL CONGRESO LOCAL A REALIZAR LA CONSULTA INDÍGENA Y A EMITIR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (DECRETO 239 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULO 52, NUMERAL 3, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS]. VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ UN LÍMITE DEL DOS POR CIENTO DE LA PROPORCIÓN QUE SE REPARTE DE MANERA IGUALITARIA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVADES ORDINARIAS, ES DECIR, EL TREINTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO TOTAL, VIOLA LAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DISPUESTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, NUMERALES 3, INCISO C), FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SERÁ EL DOS POR CIENTO DEL MONTO QUE CORRESPONDE AL TREINTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE DISTRIBUYE DE MANERA IGUALITARIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NACIONALES O LOCALES, SEGÚN CORRESPONDA", Y 9, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL DOS POR CIENTO DEL MONTO QUE CORRESPONDE AL TREINTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE DISTRIBUYE DE MANERA IGUALITARIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, ASÍ COMO", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO EN MATERIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE UN ESTADO QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, NUMERALES 3, INCISO C), FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SERÁ EL DOS POR CIENTO DEL MONTO QUE CORRESPONDE AL TREINTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE DISTRIBUYE DE MANERA IGUALITARIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NACIONALES O LOCALES, SEGÚN CORRESPONDA", Y 9, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL DOS POR CIENTO DEL MONTO QUE CORRESPONDE AL TREINTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE DISTRIBUYE DE MANERA IGUALITARIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, ASÍ COMO", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y, EN CONSECUENCIA, LA APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 51, NUMERAL 2, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS]. IX. PROCESO ELECTORAL. LOS CONGRESOS LOCALES CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SU FECHA DE INICIO Y SUS ETAPAS (ARTÍCULOS 100, NUMERAL 1, Y 153, NUMERAL 1, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS). X. PROCESO ELECTORAL. LAS NORMAS LOCALES QUE PREVÉN LAS FECHAS DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO EL INICIO DE DICHO PROCESO, NO VULNERAN LA AUTONOMÍA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (ARTÍCULOS 100, NUMERAL 1, Y 153, NUMERAL 1, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 202/2023 Y SU ACUMULADA 210/2023. · Registro digital (IUS): 32720
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.506.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 202/2023 Y SU ACUMULADA 210/2023. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 23 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 202/2023, promovida por Partido de la Revolución Democrática, y su acumulada 210/2023 promovida por el Partido Movimiento Ciudadano, en contra del Decreto número 239 que expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de los escritos iniciales de demandas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal de la siguiente manera:

a) El nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Partido de la Revolución Democrática (en adelante, "PRD") promovió la acción de inconstitucionalidad 202/2023 por conducto de su presidente.

b) El veinte de octubre de dos mil veintitrés el partido político Movimiento Ciudadano (en adelante, "MC") promovió la acción de inconstitucionalidad 210/2023 por conducto de los integrantes(1) de su Comisión Operativa.

2. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

a) Acción de inconstitucionalidad 202/2023 (PRD)

2.1. En su único concepto de invalidez, el PRD argumentó que la reforma al artículo 52, numeral 9, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas (en adelante, "Ley Electoral local") vulnera el principio de supremacía constitucional tutelado en el artículo 133 de la Constitución Federal al no ser acorde con lo establecido en los artículos 41, Base II, inciso a) y, 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal y, el diverso 32 de la Constitución local, en relación con el artículo 52, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos.(2)

2.2. La disposición impugnada establece que los partidos políticos locales y nacionales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que, habiendo conservado registro legal, no cuenten con representación en el Congreso local deberán recibir el dos por ciento que corresponde al treinta por ciento del financiamiento que se distribuye de manera igualitaria a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. El partido actor argumentó, de conformidad con la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, que los partidos políticos en ese supuesto tienen el derecho de recibir el dos por ciento del monto total que por financiamiento les corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a los partidos políticos. Además, argumentó que el financiamiento público se debe regir por el principio de igualdad, por lo que se debe repartir de manera equitativa y de acuerdo con las disposiciones aplicables. En virtud de ello, sostiene que al no otorgarse el dos por ciento del presupuesto total del financiamiento a los partidos de nueva creación se deja de garantizar el principio de equidad electoral.(3)

b) Acción de inconstitucionalidad 210/2023 (MC)

2.3. En el primer concepto de invalidez, el partido actor argumentó que la emisión de la Ley Electoral local vulnera el principio de legalidad por las siguientes razones: i) a partir de la consulta indígena se pretende convalidar la emisión de diversas normas impugnadas en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, por ello, el partido accionante argumentó que el Congreso local hace un "fraude a la Constitución Federal"; ii) la emisión del ordenamiento impugnado está indebidamente fundado y motivado en tanto que el Congreso local intenta justificar la emisión de la Ley Electoral local a partir de la consulta indígena sin que se realice una reforma integral a la normativa declarada inválida en la acción referida, por ello, sostiene que se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; y, iii) la expedición de la Ley Electoral local vulnera la veda electoral(4) establecida en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, en ese sentido, señala que el Decreto impugnado se publicó el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, sin tomar en cuenta que el proceso electoral federal que es concurrente dio inicio el siete de septiembre del mismo año, de acuerdo con el artículo 40, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.(5)

2.4. En el segundo y tercer conceptos de invalidez el partido accionante argumentó que el artículo 52 de la Ley Electoral local vulnera lo establecido en los incisos g) y k) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal y, en el diverso 23, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos.

2.5. El partido accionante argumentó que la reforma al artículo 52 dispone un régimen diferenciado de financiamiento para los partidos políticos nacionales y locales. Dicho esto, sostiene que existe un límite al legislador local en el tema de financiamiento público toda vez que no puede apartarse de las bases establecidas en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal y del régimen diferenciado entre partidos nacionales y locales establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

2.6. Por otro lado, argumentó que el referido precepto vulnera el principio de equidad de la contienda al establecer reglas diferenciadas de financiamiento para los partidos políticos locales y nacionales y, por tanto, vulnera el derecho de los partidos de recibir financiamiento público de forma igualitaria. Asimismo, argumentó que es un derecho humano la equidad de la contienda en tanto que garantiza la igualdad de acceso a la función pública.

2.7. En el cuarto concepto de invalidez, el partido accionante impugnó de manera específica el artículo 100, numeral 1, de la Ley Electoral local, que establece que se integrarán los Consejos Distritales y Municipales el día primero de marzo del año de la elección y, el diverso 153, numeral 1, del mismo ordenamiento, que establece que el proceso electoral ordinario iniciará durante la segunda semana del mes de enero del año de la elección.

2.8. El partido argumentó que acortar los tiempos del proceso electoral vulnera la autonomía del Instituto Electoral Estatal en tanto que dicho Instituto es el órgano encargado de organizar los procesos electores.(6) Además, el partido accionante sostiene que se afecta la función del Instituto Estatal Electoral para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales en tanto que acortar los tiempos dificulta el ejercicio de los derechos políticos de quienes buscan candidaturas independientes.

2.9. En el quinto concepto de invalidez, MC argumentó que el artículo 162, en sus numerales 1, fracción I, y 3, fracción I, vulneran el artículo 22 de la Constitución Federal dado que no respetan el principio de proporcionalidad de penas que resulta aplicable al derecho administrativo sancionador electoral.

2.10. En su opinión, las normas violan el principio de proporcionalidad de penas por dos razones: a) las penas establecen un castigo mayor al daño ocasionado por la conducta y, b) la norma determina una sola sanción y no un rango sancionador, de manera que no se pueden valorar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por último, señala que las disposiciones vulneran el artículo 21 constitucional en tanto que no es posible fijar sanciones en la ley, pues esta actividad debe ser realizada por una actividad jurisdiccional.

3. Autos de registro y turno. Por acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 202/2023 y turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Mediante los acuerdos de veinte y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar los expedientes bajo los números 210/2023 y 211/2023, respectivamente, así como ordenó turnarlos por conexidad al Ministro Instructor de la acción de inconstitucionalidad 202/2023.

4. Admisión y trámite. Por acuerdos de diecinueve de octubre y seis de noviembre de dos mil veintitrés el Ministro Instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 202/2023 y 210/2023, respectivamente.(7)

5. Por otra parte, por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor desechó por notaria y manifiesta improcedencia la acción de inconstitucionalidad 211/2023 presentada por el Partido Acción Nacional, dado que fue extemporánea.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Por escritos recibidos el trece y quince de noviembre de dos mil veintitrés ante este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo local sostuvo la validez de las disposiciones impugnadas de Ley Electoral local.

6.1. Respecto del único concepto de invalidez del PRD, el Poder Ejecutivo local argumentó, en síntesis, que el ordenamiento impugnado se emitió en ejercicio de la libertad de configuración que tienen las legislaturas locales.

6.2. Respecto del primer concepto de invalidez de MC, el Poder Ejecutivo local argumentó que el Congreso estatal al emitir la Ley Electoral local dio cumplimiento a la ejecutoria de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020. Por tanto, no puede hablarse de una falta de motivación y fundamentación del dictamen que dio origen al Decreto impugnado.

6.3. Respecto del segundo y tercer conceptos de invalidez de MC, el Poder Ejecutivo local argumentó que el partido accionante no expone los razonamientos lógico-jurídicos que pongan en relieve que el artículo 52 contraviene el diverso 116, fracción IV, incisos g) y k), de la Constitución Federal. En ese sentido, el Ejecutivo local sostiene que las entidades federativas tienen la libertad de configuración en materia de financiamiento público, siempre y cuando garanticen que los partidos reciban financiamiento de manera equitativa y para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

6.4. Respecto del cuarto concepto de invalidez de MC, el Poder Ejecutivo local argumentó que los artículos 100 y 153 de la Ley Electoral local no vulneran el principio de legalidad o de certeza legal en tanto que existe libertad de configuración de las entidades para modificar el inicio y las etapas del proceso electoral, siempre que esos cambios sean razonables. Esto de conformidad con los artículos 41, párrafo primero, 73, fracción XXIX-U y 116 fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal.

6.5. Respecto del quinto concepto de invalidez de MC, el Poder Ejecutivo local argumentó que la fracción I del numeral 1 y la fracción I del numeral 3 del artículo 162 de la Ley Electoral local no impone penas o sanciones en tanto que sólo regula las condiciones de elegibilidad de los precandidatos que aspiren a participar en los procesos internos de selección en los partidos políticos. En ese sentido, señala que la Constitución Federal no establece reglas específicas sobre los requisitos de elegibilidad para competir y ocupar puestos de elección popular en el ámbito local, de ahí que dicha materia entra en la libertad de configuración de las entidades federativas.(8)

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Por escritos recibidos el veintitrés y veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés ante este Alto Tribunal, el Poder Legislativo local sostuvo la validez de las disposiciones impugnadas de la Ley Electoral local.

7.1. Respecto del único concepto de invalidez del PRD, el Poder Legislativo local argumentó que del marco normativo se advierte que las entidades federativas tienen la libertad de configuración para establecer las reglas para el otorgamiento del financiamiento público estatal de los partidos políticos nacionales, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

7.2. Además, el Poder Legislativo local señala que la Constitución Federal no establece que el financiamiento público de los partidos políticos deba ser igualitario, sino que debe ser equitativo. En ese sentido, argumentó que el artículo 52 de la Ley Electoral local no genera un estado de inequidad entre los partidos políticos locales y los nacionales, ya que la distribución regulada en la norma impugnada se ajusta a la base legal establecida en la Ley General de Partidos Políticos y de la Constitución Federal.

7.3. Finalmente, el Poder Legislativo argumentó que el derecho de recibir financiamiento de los partidos políticos no es un derecho humano, sino que es una prerrogativa que constituye un medio para que las personas, mediante los partidos políticos, participen en los procesos electorales y ejerzan sus derechos políticos, pero no constituye en sí mismo el derecho al voto en su vertiente activa y pasiva. Por ello, la fórmula para calcular el financiamiento no implica la restricción a un derecho humano en sí mismo.

7.4. Respecto del primer concepto de invalidez de MC, el Poder Legislativo local argumentó que el Decreto 239 estuvo debidamente fundamentado y motivado. Respecto de la motivación, la autoridad demandada señaló que el Decreto impugnado fue emitido con el propósito de cumplir con los efectos de la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020. Respecto de la fundamentación, la autoridad argumentó que el Decreto fue emitido por autoridad competente. Además, expresó que ninguno de los planteamientos del partido accionante demuestra que la emisión del Decreto impugnado haya tenido como resultado una situación contraria a alguna norma del ordenamiento o a la Constitución Federal.

7.5. Por último, la autoridad demandada argumentó que no se vulnera la veda electoral establecida en el artículo 105 de la Constitución Federal. Al respecto, explica que el Decreto impugnado no contiene modificaciones fundamentales que se vayan a aplicar en el sistema o proceso electoral federal en tanto que las disposiciones fueron emitidas para ser aplicadas en el proceso electoral local del Estado de Chiapas.

7.6. Respecto del segundo y tercer conceptos de invalidez de MC, el Poder Legislativo reiteró los argumentos sostenidos en el informe que rindió sobre la demanda del PRD.

7.7. Respecto del cuarto concepto de invalidez de MC, el Poder Legislativo local argumentó que las entidades federativas tienen libertad de configuración para establecer el inicio de su proceso electoral y las fechas de las distintas etapas, lo cual no contraviene la autonomía del Organismo Público Electoral Local.

7.8. Respecto del quinto concepto de invalidez de MC, el Poder Legislativo local argumentó que la sanción consistente en la negativa del registro a los precandidatos de los partidos políticos fue establecida por el legislador local en ejercicio de su libertad de configuración. En ese sentido, sostiene que las entidades federativas no tienen prohibido sancionar a los aspirantes, precandidatos o candidatos siempre que realicen actos que, a juicio del legislador, puedan vulnerar gravemente o poner en riesgo los principios democráticos, entre ellos, el relativo a no reunir el porcentaje requerido para la elección de que se trate.(9)

8. Opinión de la Sala Superior. Mediante escritos presentados el tres y dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo por formulada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los números SUP-OP-25/2023 y SUP-OP-27/2023.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.

10. Informe del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Por escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la Consejera Presidenta provisional informó que el siguiente proceso electoral local dio inicio el día siete de enero de dos mil veinticuatro.

11. Alegatos y cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y al advertir que el Congreso del Estado de Chiapas presentó sus alegatos, por acuerdo de ocho de enero de dos mil veinticuatro se cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f),(10) de la Constitución General y 10, fracción I,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que se planteó la posible contradicción entre la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

13. De conformidad con los artículos 41, fracción I, y 71 de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) por un lado, se deberá precisar las normas generales objeto del presente medio de control; por otro, este Alto Tribunal debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos impugnados en la demanda.

14. Primero, el partido MC impugna el Decreto por el que se emite la Ley Electoral local en su totalidad derivado de que, en su opinión, se violó la veda electoral legislativa y porque considera que hay un "fraude a la Constitución Federal" puesto que se sometió a consulta indígena la misma ley que se invalidó en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020 por no haber sido sometida a consulta indígena.

15. De manera específica, el partido MC cuestiona la validez del artículo 52 de la Ley Electoral local. Sin embargo, su argumentación está dirigida a cuestionar el régimen diferenciado de financiamiento estatal entre partidos políticos locales y nacionales, mismo que está contenido en el numeral 3, párrafo segundo, incisos a) y b), del mismo artículo.

16. Además, el partido MC impugna los artículos 100, numeral 1 y, 153, numeral 1, de la Ley Electoral local en tanto que, en su opinión, reducen los plazos del proceso electoral y, por tanto, se vulnera la autonomía del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas para establecer las fechas del proceso electoral.

17. Por último, MC impugna el artículo 162, numerales 1, fracción I y 3, fracción I, porque, en su opinión, vulneran el principio de proporcionalidad de penas previsto en el artículo 22 constitucional.

18. Por su parte, el PRD cuestiona el artículo 52, numeral 9, fracción I, de la Ley Electoral local porque considera que se aparta de lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en un aspecto respecto del cual no existe libertad configurativa, como lo es el financiamiento estatal de partidos locales. De la revisión cuidadosa del concepto de invalidez, se advierte que el argumento también comprende el artículo 52, numeral 3, inciso c), fracción III, que tiene la misma redacción que la norma impugnada.

19. La suplencia es válida, en tanto que el concepto de invalidez es claro en señalar que se impugna la base sobre la cual se calcula el dos por ciento que recibirán los partidos que hubieren obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección, o que habiendo conservado su registro local no cuenten con representación en el Congreso del Estado. 20. De esa manera, y de conformidad con el criterio de este Alto Tribunal, se deben tener como impugnados los preceptos que correspondan a los argumentos formulados en los conceptos de invalidez.(13) Por ello, se tienen como impugnados de manera particular el artículo 52, numeral 3, inciso c), fracción III, así como el numeral 9, fracción I.

21. Este Tribunal Pleno concluye que, derivado de un análisis integral de los escritos de demandas presentados por los partidos políticos promoventes las normas efectivamente impugnadas son las que a continuación se relacionan.

Ver normas impugnadas

III. OPORTUNIDAD

22. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia(14) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.

23. En este caso, el Decreto 239 expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo transcurrió del sábado veintitrés de septiembre al domingo veintidós de octubre de dos mil veintitrés.

24. Si las demandas fueron presentadas el nueve (PRD) y el veinte (MC) de octubre de dos mil veintitrés, respectivamente, se concluye que se presentaron oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN

25. Los artículos 105, fracción II, inciso f),(15) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo último,(16) de su Ley Reglamentaria, disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad para lo cual deben satisfacer lo siguiente:

a) El partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso).

c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

d) Las normas deben ser de naturaleza electoral.

26. Ahora procederemos al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los promoventes de las acciones acreditan su legitimación.

27. Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral.(17) La acción de inconstitucionalidad 202/2023 fue promovida por José de Jesús Zambrano Grijalva en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva, personalidad que quedó acreditada con las copias certificadas remitida por el Instituto Nacional Electoral, con oficio número INE/DJ/16423/2023.(18)

28. Conforme a la fracción IV(19) del apartado B del artículo 39 del Estatuto de dicho partido, el Presidente Nacional de la Dirección Nacional Ejecutiva tiene la atribución de representar legalmente al Partido.

29. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral.(20) La acción de inconstitucionalidad 210/2023 fue promovida por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ana Lucia Baduy Valles, Benjamín Alamillo González, Lucía Alejandra Puente García, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Tabita Ortiz Hernández, Martha Patricia Herrera González, Rubén Isaac Barrios Ochoa y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, en su calidad de integrantes de la Comisión Operativa Nacional, personalidad que quedó acreditada con las copias certificadas remitida por el Instituto Nacional Electoral con oficio número INE/DJ/17069/2023.(21)

30. Conforme al inciso o)(22) numeral 2 del artículo 20 de los Estatutos de dicho partido, la Comisión Operativa es el órgano que ostenta la representación política y legal de la dirección nacional de dicho instituto político.

31. Ahora bien, este Alto Tribunal considera que se tiene por acreditado el requisito material de impugnación de todas las demandas presentadas por los partidos políticos en tanto que las normas que se cuestionan son materia electoral.

32. En el caso se impugna la emisión del Decreto por el cual se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, así como diversas disposiciones relativas al inicio del proceso electoral, del financiamiento de los partidos políticos nacionales y locales y, sobre los requisitos de los candidatos. En virtud de ello se acredita el criterio material en tanto que se impugnan disposiciones que regulan aspectos fundamentales de la organización de las elecciones, como lo es el inicio del proceso electoral, el financiamiento de partidos y el registro de candidatos.

33. En suma, las demandas presentadas fueron hechas por partes legitimadas, toda vez que se trata de diversos partidos con registro acreditado ante la autoridad electoral nacional y fueron suscritas por quienes cuentan con la facultad para presentarlos. Por último, se tiene por acreditado el requisito material relativo a que las normas señaladas son materia electoral.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

34. La procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por el Poder Legislativo local.

35. En su informe el Poder Legislativo local señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracciones IV y IX, 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria(23) en la materia en tanto que el diverso 52, numeral 9, fracción I, de la Ley Electoral local fue materia de una ejecutoria dictada en la diversa acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020.

36. La causal de improcedencia que señala el Poder Legislativo local dicta que son improcedentes las controversias constitucionales contra las normas generales, actos u omisiones que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I,(24) párrafo último, de la Constitución Federal. Dicha causal de improcedencia resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en virtud del artículo 65(25) de la Ley Reglamentaria.

37. Este Tribunal Pleno considera que es infundado el planteamiento de la autoridad demandada por las siguientes razones: i) el contenido del artículo 52 no fue materia de análisis de la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020 y, ii) la disposición referida es producto de un proceso legislativo distinto al que se analizó en el precedente referido.

38. Sobre la primera razón, el tres de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020,(26) donde declaró la invalidez del Decreto 235 que expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas por falta de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Chiapas.

39. Adicionalmente, en el apartado de efectos se declaró la invalidez por extensión(27) del Decreto 007 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el ocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se reformaron el párrafo 1, apartado C, fracción IV, inciso c) del artículo 17; los párrafos 3, 4, 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 52; la fracción IX del párrafo 1 del artículo 71; así como el artículo 89, párrafo 6, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

40. En el quinto resolutivo, la ejecutoria señaló que la declaratoria de invalidez surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado y que la invalidez decretada daría lugar a la reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas previas a la expedición del Decreto 235. Además, en la ejecutoria se estableció que el Congreso local debía realizar una consulta indígena y emitir la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral en el Estado.

41. Así, en el precedente referido no fue materia de análisis el contenido del artículo 52; en cambio, lo que se analizó fueron los vicios en su procedimiento de creación y, como resultado de ese estudio, este Alto Tribunal declaró la invalidez del Decreto impugnado por falta de consulta indígena.

42. Por tanto, no le asiste la razón a la autoridad demandada cuando afirma que el artículo 52 ya fue materia de pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal.

43. En segundo lugar, como se señaló con anterioridad, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, la invalidez del Decreto surtió sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado. Por lo que, si la ejecutoria se notificó el catorce de septiembre del dos mil veinte, entonces el artículo 52 del ordenamiento correspondiente dejó de tener vigencia a partir de la notificación referida.

44. Por su parte, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés se publicó el Decreto mediante el cual se expidió una nueva Ley Electoral local, la cual se encuentra vigente a partir del día siguiente al que se publicó.(28)

45. Así, se observa que el Congreso del Estado de Chiapas llevó a cabo un proceso legislativo en el que realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y, se agotaron las etapas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32720-905b651d/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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