I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE DICHOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PUDIERAN BENEFICIAR EN ALGÚN GRADO A ESTE SECTOR POBLACIONAL, SI SON SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE CON METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES NO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS, POR LO QUE NO DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL HECHO DE QUE NO SE HAYA MOTIVADO LA SITUACIÓN DE URGENCIA DEL TURNO SIMPLIFICADO DEL DECRETO IMPUGNADO A LA COMISIÓN DICTAMINADORA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, PUES SÓLO DEBÍA CONSTATARSE SI, EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL ASUNTO, RESULTABA PERTINENTE SU TURNO INMEDIATO A LA COMISIÓN LEGISLATIVA (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0583/2023 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL QUE DERIVÓ DEL DECRETO IMPUGNADO RESPETÓ LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LA NORMATIVA Y GARANTIZÓ UN TIEMPO RAZONABLE PARA QUE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 163/2023 Y SU ACUMULADA 164/2023. PARTIDO DEL TRABAJO E INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 23 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y AUGUSTO ARTURO COLÍN AGUADO.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 163/2023 y su acumulada 164/2023, promovidas –respectivamente– por el Partido del Trabajo y por diputaciones integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura de Congreso del Estado de Chihuahua. Los promoventes cuestionan la constitucionalidad del Decreto número LXVII/RFLEY/0583/2023 VII P.E., publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el primero de julio del año en curso, a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos preceptos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua(1) y se modificó el artículo cuarto transitorio del Decreto número LXVI/RFLEY/0732/2020 VIII P.E.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Publicación del Decreto. El primero de julio de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el Decreto número 583 del dos mil veintitrés,(2) mediante el cual se modificaron, adicionaron y derogaron diversos preceptos de la Ley Electoral local; así como el artículo cuarto transitorio del Decreto 732 del año dos mil veinte.
2. La reforma versó sobre las cuestiones que se sintetizan a continuación:
Ver tabla
3. Promoción de las acciones de inconstitucionalidad y conceptos de invalidez. El treinta y uno de julio, el Partido del Trabajo(3) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 583 de dos mil veintitrés, específicamente por lo que hace a la reforma de los artículos 106, numeral 5), y 191, numeral 1), inciso b), de la Ley Electoral local, en los cuales se regula el procedimiento para la distribución de regidurías por el principio de representación proporcional. El partido accionante sostiene que los preceptos identificados contravienen los artículos 1º, 14, 16, 17, 35, 41, 52, 54, 56, 115, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no se garantiza la efectividad del sistema electoral mixto.
4. El único concepto de invalidez que hace valer se sustenta en que, a diferencia del régimen previo,(4) mediante la reforma se permite que los partidos políticos que obtuvieron el triunfo de mayoría relativa participen en el procedimiento de asignación de las regidurías de representación proporcional, bajo la única condición de haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación municipal válida emitida. El partido promovente desarrolla los siguientes argumentos en contra de la modificación identificada:
• Se genera una distorsión al sistema de asignación de regidurías de representación proporcional y al voto de la ciudadanía, pues se permite la sobrerrepresentación de los partidos que obtuvieron el triunfo en la conformación del cabildo, lo cual también atenta en contra del pluralismo político.
• Para evidenciar el efecto nocivo de la reforma, desarrolla un ejercicio hipotético de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional con las nuevas reglas, tomando como base los resultados electorales del año dos mil veintiuno en el municipio de Ciudad Juárez. Plantea que se produce una sobrerrepresentación para los partidos que obtuvieron el triunfo de mayoría relativa y que participaron como coalición, pues tendrían un número de regidurías equivalente al ochenta por ciento.
• En consecuencia, sostiene que la reforma tiene un efecto distorsionador de la votación, al generar mayorías casi absolutas en perjuicio de los demás participantes, con lo que se sobrerrepresenta a las planillas que obtuvieron el triunfo.
• La reforma contraviene el principio constitucional de progresividad, y más específicamente el de no regresividad, en detrimento del pluralismo político y de la representación proporcional.
• Presenta un estudio comparativo en relación con otras legislaciones estatales en lo referente al procedimiento de distribución de regidurías de representación proporcional,(5) en las cuales no se contempla la asignación de escaños para las planillas que resultan electas, con lo cual –a su consideración– se evita la sobrerrepresentación y se garantiza el pluralismo político. Lo anterior, permite equilibrar el ejercicio del poder público y que todas las voces tengan un escaño en el ayuntamiento, de conformidad con el número de votos emitidos en su favor.
• Finaliza su planteamiento señalando que no se puede considerar la libertad configurativa de la que gozan las legislaturas estatales para contravenir las bases generales salvaguardadas por la Constitución Política del país y que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto. Afirma que queda acreditado que las disposiciones modificadas no superan un juicio de razonabilidad.
5. Por su parte, un grupo de diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua promovieron una diversa acción de inconstitucionalidad,(6) mediante la cual controvierten el Decreto número 583 de dos mil veintitrés en lo general, así como diversos preceptos en lo particular.
6. La minoría parlamentaria plantea que las reformas a la Ley Electoral local son contrarias a los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 11, 14, 16, 17, 31, 39, 41, 50, 52, 54, 56, 70, 71, 72, 73, 115, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8.1, 9, 13, 24 y 25.2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6 y 7 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como 3, 4.3, 12 y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
7. Enseguida se sintetizan los conceptos de invalidez que formulan las diputaciones promoventes:
i. Primero. Vulneración a los derechos de los pueblos indígenas del estado de Chihuahua. Por una parte, se omitió una consulta previa, libre, culturalmente adecuada y de buena fe a las diversas comunidades y pueblos indígenas presentes en el estado de Chihuahua; y, por otra, se perpetúa la omisión legislativa respecto al establecimiento de mecanismos para garantizar la participación equitativa, justa y representativa de los pueblos indígenas.
Alegan que es evidente que, en los once días que duró el procedimiento legislativo, ningún pueblo indígena del estado de Chihuahua fue consultado. Sostienen que mediante el Decreto se realizaron reformas que afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas de la entidad, a saber: la conformación de listas para la elección de regidurías de mayoría relativa, al establecer un criterio de sobre representatividad para el partido político ganador de la elección municipal; la no contemplación de mecanismos para garantizar la participación efectiva de representantes de los pueblos indígenas, en relación con la selección de candidaturas; la modificación del funcionamiento del Instituto Electoral local, al no contemplar en el mecanismo administrativo a personas traductoras para las catorce lenguas indígenas en el estado; así como la posibilidad de que los partidos políticos que no logren la votación mínima mantengan sus atribuciones y prerrogativas.
Destacan que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ya había dictado una sentencia en favor de los pueblos indígenas de la entidad (la relativa al expediente JDC-02/2020), con el fin de garantizar sus derechos político-electorales, siendo que la omisión legislativa se ha mantenido. En ese sentido, argumentan que la falta de las diputaciones indígenas y de espacios en los cabildos aparta a los pueblos indígenas de la entidad de las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales.
En conclusión, en la reforma electoral del dos mil veintitrés en el estado de Chihuahua se omitió realizar una consulta indígena, siendo que aquella les afecta de forma directa a los pueblos indígenas del estado, porque no se contemplaron mecanismos efectivos que garanticen su justa participación política.
ii. Segundo. Omisión de consultar a las personas con discapacidad, en relación con los artículos 104, numeral 5), y 106, numeral 5), de la Ley Electoral local.(7) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la obligación de llevar a cabo una consulta en el marco del procedimiento legislativo en todos los casos en los que se regule una cuestión que se refiera a las personas en situación de discapacidad, como lo es en este caso la necesidad de que estén representadas en el Congreso del Estado de Chihuahua. De conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existe el derecho a la consulta estrecha y la correlativa obligación de las autoridades de realizarla con respecto a todas las medidas legislativas que puedan implicar el reconocimiento de los derechos, intereses, vivencias y necesidades de las personas con discapacidad.
Las diputaciones promoventes añaden que en la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en el expediente JDC-021/2023, se le ordenó al Congreso local que implemente las acciones afirmativas que considere idóneas y pertinentes en favor de las personas en situación de discapacidad, con lo cual no se cumplió mediante el Decreto impugnado. La omisión de consultar y legislar en favor de las personas con discapacidad es contraria a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
iii. Tercero. Omisión de legislar sobre los derechos de participación política de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual, en relación con los artículos 104, numeral 5), y 106, numeral 5), de la Ley Electoral local. Se actualiza una omisión legislativa debido a la falta de reconocimiento de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y pertenecientes a la comunidad LGBT+. La omisión de legislar implica una contravención de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local en los expedientes JDC-006/2023 y JDC-021/2023, lo que conlleva una regresividad de los derechos de las personas que integran los grupos de personas en situación de discapacidad y de la diversidad sexual, así como una violación a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y al plazo razonable.
El derecho al acceso a la justicia comprende la ejecución de las sentencias en un plazo razonable, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política del país, en torno a la temporalidad con la que contaba el órgano legislativo.
iv. Cuarto. Violaciones al procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto está viciado y, por consiguiente, acarrea la invalidez de las modificaciones a la Ley Electoral local. Se anuló el derecho de las y los diputados de la legislatura estatal de conocer, participar en el proceso de discusión y aprobación de las modificaciones a la legislación.
Turno simplificado sin motivación. El mismo día en que se presentó la iniciativa de decreto registrada con el número 2056 (veinte de junio de dos mil veintitrés), la Presidencia del Congreso del estado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 75, fracción XIII, y 180(8) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,(9) la turnó mediante la figura de un turno simplificado, lo que supone una excepción a la regla general. Sin embargo, el turno simplificado careció de una debida fundamentación y motivación, siendo que cualquier excepción al procedimiento legislativo ordinario debe justificarse.(10)
Citatorio para la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales. Señalan que el mismo veinte de junio se envió un citatorio a quienes integran la Comisión dictaminadora para celebrar una reunión de trabajo el veintiuno de junio a las ocho horas con treinta minutos; es decir, la reunión se realizaría tan solo doce horas después de la recepción de la iniciativa por parte de la Comisión. Durante la reunión de trabajo, diversas diputaciones integrantes de la Comisión propusieron que se consultara al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral, ambos del estado de Chihuahua, por lo que se decretó un receso.
Los trabajos se reanudaron el veintidós de junio, sesión en la que el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaría Técnica que informara sobre la correspondencia, señalando que se recibieron respectivos oficios por parte de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral local y de la Presidencia del Tribunal Electoral local, mediante los cuales dieron respuesta a la solicitud formulada y realizaron diversos planteamientos de fondo en relación con la materia de la iniciativa. Al respecto, las diputaciones promoventes reclaman que quienes integran la Comisión y el resto de integrantes de la legislatura estatal no tuvieron conocimiento previo de los planteamientos formulados por las autoridades electorales, con lo que se trasgredieron las formalidades del procedimiento legislativo y se anuló el principio de deliberación democrática, al limitar la posibilidad técnica y material de participar en el análisis y discusión de los asuntos sometidos a la consideración del órgano legislativo.
Incumplimiento del requisito formal de modificación de la iniciativa 2056. En la sesión de veintidós de junio, la Secretaría Técnica de la Comisión dictaminadora informó que se recibió un escrito del diputado José Alfredo Chávez Madrid, en su carácter de iniciador, mediante el cual proponía una modificación sustancial a su iniciativa original. En consecuencia, se debió haber dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 167, 168, 168 BIS, 171 y 173 de la Ley Orgánica; y 75, 76, 77(11) y demás aplicables del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo,(12) específicamente lo relativo a la obligación de hacer del conocimiento de las diputaciones integrantes de la legislatura sobre la presentación de una iniciativa, a más tardar al día hábil siguiente.
Los promoventes sostienen que debió seguirse el mismo procedimiento de la iniciativa original en relación con las modificaciones presentadas, con la finalidad de garantizar la posibilidad de que cada una de las personas legisladoras pudieran participar en su análisis y discusión. Argumentan que no se informó con la suficiente prontitud sobre los cambios a la iniciativa original formulados por su proponente.
Aprobación del sentido del dictamen (figura inexistente). Las diputaciones accionantes plantean que la mayoría de quienes integran la Comisión dictaminadora violentaron el procedimiento legislativo, pues en la reunión del veintidós de junio el Presidente solicitó a la Secretaria que sometiera a consideración el sentido del dictamen, aspecto que no formaba parte del orden del día que había sido aprobado con anticipación por parte de la Comisión. En la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior no se establece la figura de la “votación del sentido del dictamen”, por lo que va más allá de lo previsto en la propia normativa, siendo que el Presidente señala expresamente que se procederá a la elaboración del dictamen, sin que se tuviese pleno conocimiento de su contenido.
v. Quinto. Violación del principio de deliberación democrática. La convocatoria para la sesión extraordinaria del Pleno del veintiocho de junio de dos mil veintitrés, incluyendo el orden del día y sus anexos, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria el veintisiete de junio, a las dieciocho horas con dieciocho minutos, por lo que el proyecto de decreto se hizo del conocimiento de quienes integran la legislatura estatal tan solo dieciséis horas antes de la sesión. Hubo una imposibilidad material y técnica de contar con los conocimientos suficientes para participar en la discusión y deliberación responsable de las modificaciones a la Ley Electoral local, en atención a su extensión, trascendencia y complejidad; así como para emitir el voto con conocimiento de causa.
El análisis de los plazos y términos de las diferentes etapas del procedimiento legislativo, sumado a la complejidad y trascendencia de las modificaciones propuestas, lleva a considerar que no se garantizó la oportunidad de las y los diputados de participar en el análisis, estudio y deliberación del proyecto de decreto. A lo anterior se suma que la omisión de publicar las modificaciones a la iniciativa original para el conocimiento de todas las integrantes de la legislatura, así como de hacer del conocimiento las propuestas formuladas por el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral. La complejidad de la iniciativa original queda acreditada con la descripción de los artículos en los cuales impacta: se reforman veintidós preceptos, se adicionan veinte disposiciones y se derogan trece artículos, lo que implica un total de cincuenta y cinco modificaciones.
vi. Sexto. Pérdida de registro de los partidos políticos por no obtener una votación mínima. El artículo 21, inciso 5), párrafo último, de la Ley Electoral local(13) contraviene la Ley General de Partidos Políticos, en la cual se regula –por mandato constitucional– lo relativo a la cancelación de registro de los partidos políticos. Con el precepto se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues el Congreso local no está habilitado para normar cuestiones vinculadas con dicha materia. La Ley Electoral local es contraria al parámetro de regularidad constitucional, pues establece una excepción que no está contenida en la Ley General de Partidos Políticos. En el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia electoral, publicado el diez de febrero de dos mil catorce,(14) se previó que en la legislación se regulará a los partidos políticos nacionales y locales, en donde se establecerá un sistema uniforme de cancelación o pérdida de registro de los partidos políticos.
A consideración de las diputaciones accionantes, de ello se sigue que las legislaturas locales no tienen la atribución de regular lo relativo al registro de los partidos políticos, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General. Sostienen que, al establecer una porción en la que se señala que “[e]sta disposición no será aplicable para los [p]artidos [p]olíticos [n]acionales que participen en las elecciones locales”, se agrega una regla no prevista en la Ley General de Partidos Políticos, con lo que la legislatura local se extralimita en sus atribuciones, al establecer que los partidos nacionales pueden mantener su registro para las elecciones locales a pesar de no obtener el porcentaje de votación mínimo.
vii. Séptimo. Régimen para la asignación de regidurías de representación proporcional. Se establece un límite para evitar una sobrerrepresentación, en el sentido de que ningún partido político tendrá un número de regidurías por ambos principios que exceda el que establece el artículo 17, fracciones I a IV,(15) del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.(16) Sin embargo, el que ese límite se aplique a lospartidos políticos y no a las coaliciones o candidaturas comunes contradice el principio constitucional de equidad electoral, puesto que en la repartición de las regidurías de representación proporcional se coloca a las coaliciones o candidaturas comunes en una situación ventajosa respecto a los partidos que participan de forma individual. La minoría parlamentaria sostiene que se vulneran los principios de certeza, objetividad y legalidad electoral, así como el de representación proporcional, previstos en los artículos 16, primer párrafo, 116, fracciones II, párrafos segundo y tercero, y IV, inciso b), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Relatan que en el régimen previo se registraba una sola planilla y que la candidatura ganadora, fuese por coalición o por partido en lo individual, ganaba automáticamente la totalidad de las regidurías de mayoría relativa y no tenía derecho a la asignación de regidurías por el sistema de representación proporcional. La repartición de las regidurías de representación proporcional se realizaba con base en las listas únicas de planillas por cada postulación.
Mediante la reforma se modifica el régimen de repartición de regidurías de representación proporcional, al prever dos sistemas de listas (de mayoría relativa y de representación proporcional). Si existe un convenio de coalición o de candidatura común, entonces: i) se debe especificar el partido de origen de cada una de las postulaciones, y ii) cada partido político o candidatura independiente debe registrar una lista propia de candidaturas a regidurías de representación proporcional.
Las diputaciones accionantes argumentan que el sistema de dobles listas provoca una posible sobrerrepresentación, pues los partidos políticos que participan a través de una coalición pueden acceder a regidurías de representación proporcional, aun cuando hubiesen obtenido el triunfo en la elección municipal. Para respaldar su postura exponen dos escenarios hipotéticos, con base en los cuales pretenden demostrar que, con la misma cantidad de votación, una coalición o candidatura común puede acceder a una mayor cantidad de regidurías que los partidos que contienden individualmente.
Reclaman que el principio de representación proporcional debe garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los ayuntamientos, al permitir que formen parte los partidos minoritarios e impedir que los mayoritarios alcancen un alto grado de sobrerrepresentación. Se afecta el carácter igualitario del voto, puesto que los votos por las candidaturas de coalición representarían un valor mayor que los votos dirigidos a los partidos que compiten en lo individual.
viii. Octavo. Imposición de una obligación más gravosa que la contenida en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política del país. Mediante la reforma controvertida se modificó el artículo cuarto transitorio del Decreto número 732 de dos mil veinte, en lo relativo al Código Municipal, en el cual se establece que, para las elecciones directas de regidurías del proceso electoral 2026-2027, el Congreso local tiene como límite para establecer las normas que lo regirán trescientos sesenta y cinco días antes de que inicie dicha elección. Esta exigencia resulta más limitante que lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política del país, que establece que las reglas electorales deberán fijarse noventa días antes del inicio del proceso electoral.
ix. Noveno. Eliminación del procedimiento sancionador ordinario y falta de certeza. Las modificaciones relacionadas con el procedimiento sancionador ordinario son inconstitucionales, pues no se respetó el principio de certidumbre, específicamente por lo que hace a los artículos 68 BIS, numeral 1), inciso e); 274, numeral 1), inciso a); 277, numeral 10); la denominación del capítulo segundo del mismo libro; 280; 287 TER, numeral 4); 381 BIS y 381 TER; así como la derogación de los artículos 281, numerales 2) al 9), y 286. Contrario a lo señalado en la iniciativa, no se obtiene el beneficio de celeridad al eliminar el procedimiento sancionador ordinario, pues los cambios versan –únicamente– en sustituir la palabra “ordinario” por “especial”, sin modificar o acortar las etapas y plazos.
La minoría legislativa señala que con la reforma el Instituto Estatal Electoral ya no puede fincar responsabilidades por infracciones administrativas, con lo que se contravienen los artículos 464 y 465 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.(17) Sostienen que ello constituye un acto de regresividad. La eliminación de la vía ordinaria a cargo del organismo público local electoral carga el estudio de todas las infracciones al procedimiento especial, con lo que se le quita el carácter que correspondía a la especial atención de los asuntos que se tramitaban a través de esa instancia.
En el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género se reconoce el grado de especialización de los organismos públicos locales electorales y, por tanto, su capacidad para atender, sustanciar y sancionar con motivo de un procedimiento administrativo. Con las modificaciones se contraviene el artículo 4º constitucional, en el que se reconoce el derecho a la igualdad.
Las modificaciones realizadas carecen de una técnica legislativa, por lo que generan incertidumbre a la ciudadanía, en atención a los siguientes aspectos:
• Ahora existen dos capítulos llamados “Procedimiento Especial Sancionador”;
• Se crea una Comisión de Quejas y Denuncias sin establecer quiénes la integrarán, la forma de designación, las reglas para su funcionamiento y las facultades de sus integrantes;
• Se elimina la facultad del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para sustanciar y resolver un procedimiento especial sancionador;
• Es vago el contenido del artículo 277, numeral 10), de la Ley Electoral local, pues el Instituto Estatal Electoral ya no puede emitir resoluciones;
• En el nombre del Capítulo Segundo del Título Tercero, únicamente se sustituye la palabra “ordinario” por “especial”;
• Se derogaron los numerales 2) al 9) del artículo 281, por lo que ya no se establece nada con respecto a las medidas cautelares o de protección, lo cual era una obligación;
• Con las sustituciones de palabras en el artículo 280 se eliminan las faltas y sanciones administrativas, sin justificación alguna;
• La reforma es falaz en relación con el artículo 280 BIS, pues las características de la investigación realizada por el Instituto Electoral local ya se contemplaban en el artículo 284.
• Lo establecido en el artículo 381 BIS genera una laguna, pues no se contemplan en el recurso de revisión todos los escenarios posibles, pues a través de qué recurso se puede revisar algún vicio del procedimiento especial sancionador cuando se vincula con un procedimiento de participación ciudadana. Es confuso que se crea un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero este no es procedente para revisar todos los casos ante los cuales se puede presentar;
• El artículo 381 BIS carece de técnica legislativa, pues se ubican en el capítulo correspondiente al juicio de inconformidad, en la Sección Sexta (“De la Notificación de las Sentencias”), siendo que su contenido se refiere al nuevo recurso de revisión del procedimiento especial sancionador;
• Se establece que al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador le serán aplicables las reglas del recurso de apelación, por lo que confunde que esos preceptos no hayan sido incluidos, para que la regulación fuese un poco más coherente y lógica. Se le debió crear a este nuevo recurso su propio capítulo, para evitar confusiones y distintas interpretaciones;
En relación con los artículos derogados, se crea una laguna y, en consecuencia, un escenario de incertidumbre, pues estos artículos corresponden a todo el capítulo denominado “Del Procedimiento Especial Sancionador y de las Medidas Cautelares y de Protección por Infracciones que Constituyan Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, por lo que con su eliminación la ciudadanía ya no tiene certeza sobre cómo se tramitará su denuncia, los requisitos que debe contener la queja, si la pueden presentar de manera oral o no; las prevenciones y los plazos a los que está sujeto el Instituto; las medidas cautelares y de reparación que se pueden imponer, entre otras cuestiones;
• Si bien en el capítulo siguiente, también llamado “Del Procedimiento Especial Sancionador”, se establecen algunas cuestiones procedimentales, estas generan más confusión, pues el artículo 287 BIS precisa que esas reglas se seguirán en los procedimientos relacionados con la violencia política en contra de las mujeres por razón de género;
• Se produce incertidumbre, puesto que: i) no se conoce el trámite que se le dará a las denuncias que no estén relacionadas con violencia política de género, y ii) es confuso que se establezca el trámite de los casos de violencia política de género en un capítulo distinto, cuando existe un apartado especial que incluso lleva en su nombre la referencia a la “violencia política de género”. Al trasladar las reglas procedimentales especiales para atender la “violencia política de género” al capítulo que habla del procedimiento especial sancionador en general, se produce confusión sobre a cuál vía le serán aplicables tales reglas y deja una laguna en el capítulo especial de “violencia política de género", y
• Al ser derogado el artículo 286, no hay certeza sobre las conductas que pueden ser tramitadas mediante el procedimiento especial sancionador y pareciera que es exclusivo para denunciar “violencia política de género”, por lo que la ciudadanía y la militancia no tiene una instancia para denunciar los actos anticipados de campaña o precampaña, la calumnia, etcétera.
8. Registro y turno. Mediante un acuerdo del primero de agosto de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la dem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33203-c105237c/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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