Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA CIRCULACIÓN DE LA PROPUESTA DE DICTAMEN SIN LA ANTICIPACIÓN DE CUARENTA Y OCHO HORAS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA JUSTIFICACIÓN, A MODO DE MOTIVACIÓN REFORZADA, PARA EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM POR PARTE DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CONGRESO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE QUÓRUM AL EMITIR LA VOTACIÓN LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CONGRESO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 298 BIS Y 298 TER DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 145/2023 Y SU ACUMULADA 151/2023. · Registro digital (IUS): 33080
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-14
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.138.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 145/2023 Y SU ACUMULADA 151/2023. PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 31 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 145/2023 y su acumulada 151/2023, promovidas en contra del Decreto por el que se reforma el artículo 298, y se adicionan los artículos 298 bis y 298 ter, todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el dos de junio de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.

En la presente resolución se analiza, entre otras cuestiones, si la reforma a través de la cual el Congreso de la Ciudad de México estableció la forma y requisitos para postular candidaturas comunes, incurrió en violaciones graves a los principios constitucionales que rigen los procedimientos legislativos, y si dichas reformas son armónicas con el marco constitucional electoral.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 145/2023, promovida por el Partido Acción Nacional. Mediante escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marko Antonio Cortés Mendoza, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promueve acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto por el que se reforma el artículo 298, y se adicionan los artículos 298 bis y 298 ter, todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el dos de junio de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez del Partido Acción Nacional. En su escrito inicial, el accionante alega vulnerados los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 17, 35, 39, 41, 116, 122, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros que se desprenden de los conceptos de invalidez.

a) Primero. Violación al procedimiento legislativo. El decreto impugnado viola el artículo 122, de la Constitución General, así como los artículos 29, incisos d) y e), y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 72, 74 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 274, 277, 278, 279 y 281 del Reglamento del Congreso de dicha entidad federativa.

El Partido Acción Nacional sostiene que al momento de aprobar el dictamen relativo a la reforma, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no contaba con el quorum necesario para aprobarlo, tal como lo establece el Reglamento del Congreso. El dictamen fue firmado por tres integrantes y, posteriormente, en la Gaceta Parlamentaria se desprenden siete firmas.

Por tanto, considera que se vulneran los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, democracia deliberativa y el ejercicio del cargo público en condiciones cualitativas.

La parte accionante refiere que el procedimiento está viciado de origen, pues en el dictamen de la sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés se puede desprender que la lista de asistencia que firmaron sólo cinco de los nueve integrantes, por lo que existía quorum al inicio de la sesión. Pero, al momento de la aprobación del dictamen, sólo fue avalado por tres de los nueve integrantes, tal como se puede apreciar en el apartado de firmas, de manera que el dictamen no debía considerarse aprobado, pues conforme a los artículos 274, 277, 278 y 279 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para que la votación sea válida, al momento de llevarse a cabo se deberá contar con la presencia de más de la mitad de sus integrantes, por lo que se requería de al menos cinco firmas.

Adicionalmente, sostiene que para el caso de que se considerara que sí se respetaron las reglas del quorum, el decreto no fue aprobado por una votación mayoritaria, pues no se alcanzaron los cinco votos necesarios.

b) Segundo. Falta de deliberación efectiva que pudiera garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El partido accionante sostiene que el Decreto impugnado vulnera los artículos 2, 39, 40, 41, 116 y 122 de la Constitución General, así como los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ya que no se llevó a cabo una consulta que garantizara los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Indica que los artículos reformados contemplan las reglas de participación política para integrar el Congreso de la Ciudad de México, por lo que al no haber realizado la consulta previa que mandata la ley, el Decreto controvertido es susceptible de afectar a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas por el solo hecho de que pueden postularse a integrar dicho Congreso.

c) Tercero. Violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como del principio democrático ante las inconsistencias del procedimiento legislativo. El decreto impugnado viola los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 39, 41 y 122, de la Constitución General, así como los artículos 29, incisos d) y e), y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 72, 74 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 274, 277, 278, 279 y 281 del Reglamento del Congreso de dicha entidad federativa.

El Partido Acción Nacional sostiene que el Decreto impugnado no cumple con los requisitos de validez, pues se enlistó para discutirse en el Pleno del Congreso sin contar con las firmas de validez en la Comisión de Asuntos Político-Electorales requeridas por la ley, así como también que de su contenido se desprende la posibilidad de transferir votos a través de un acuerdo de candidatura común que no está contemplado en la Norma Fundamental.

Aunado a lo anterior, señala que en la sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se manifestó que el Dictamen no había sido circulado con las cuarenta y ocho horas de anticipación necesarias para que los integrantes del Congreso pudieran conocerlo.

d) Cuarto. Violación al procedimiento de consulta previa que puede afectar directamente a las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. El Partido Acción Nacional arguye que el Decreto impugnado vulnera el artículo 2 de la Constitución General, así como los artículos 1 y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y los diversos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas.

Sostiene que al no haberse realizado la consulta previa que ordena la ley, el Decreto controvertido es susceptible de afectar a las personas pertenecientes a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

e) Quinto. Violación a los principios político-electorales de la ciudadanía, respecto de los principios rectores del sufragio. La reforma impugnada vulnera el contenido de los artículos 1, 35, 41, 116 y 122 de la Constitución General, pues del contenido del Decreto se desprende la posibilidad de que mediante un convenio de candidatura común, se trasladen los votos entre los partidos integrantes, situación que trastoca los derechos político-electorales de la ciudadanía, así como el régimen de partidos y las reglas que deben observarse en una contienda electoral.

f) Sexto. Violación al artículo 116 constitucional respecto al porcentaje mínimo que debe obtener un partido político local para mantener su registro. El partido promovente considera que el Decreto impugnado vulnera los artículos 35, 41, 116, 122 y 133 de la Constitución General, pues del contenido de la Norma Fundamental se desprende la necesidad de obtener al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación de los poderes legislativo o ejecutivo locales para conservar el registro como partido político.

Por tanto, la transferencia de votos afecta los derechos político-electorales respecto al sufragio directo e intransferible, así como el libre voto y soberano con el que cuenta la ciudadanía, así como también se distorsiona el sistema de partidos políticos.

g) Séptimo. Otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos que mantengan su registro. Finalmente, considera que se violan los artículos 35, 41, 116 y 134 de la Constitución General, pues la reforma impugnada contempla que en el convenio de candidatura común se establezca el porcentaje de distribución de votos entre los partidos que la conforman y, con eso poder acceder a financiamiento público. Por lo que se vulneran los principios de equidad en la contienda, así como los derechos político-electorales de la ciudadanía, y particularmente el de sufragio.

3. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 151/2023, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano. Mediante escrito depositado el uno de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial(1) de la oficina de certificación judicial y correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucía Baduy Valles, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Martha Patricia Herrera González, Tabita Ortiz Hernández, Lucía Alejandra Puente García y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, ostentándose como coordinador, integrantes y secretario general de acuerdos, respetivamente, de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto por el que se reforma el artículo 298, y se adicionan los artículos 298 bis y 298 ter, todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado el dos de junio de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.

4. Conceptos de invalidez del partido político Movimiento Ciudadano. En su escrito inicial, el partido accionante alegó vulnerados los artículos 1, 4, 6, 14, 16, 17, 35, 41, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, expuso los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

a) Primero. Violación al principio de seguridad jurídica por no seguirse las formalidades esenciales del procedimiento legislativo. El partido político Movimiento Ciudadano argumenta que hubo un desahogo irregular en el procedimiento legislativo, pues la convocatoria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales no fue publicada en la Gaceta parlamentaria en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso; hubo una indebida fundamentación y motivación, al vulnerarse el derecho a votar y ser votado, ya que no se justificó el por qué y cómo se afectan los derechos político-electorales al introducir la figura de candidatura común (y la transferencia de votos), lo que ameritaba un estudio y discusión profundo.

b) Segundo. Afectación al orden democrático. También sostiene que el decreto impugnado es violatorio del principio de equidad en la contienda, pues se da una indebida ventaja a los partidos políticos que integren la candidatura común en relación con aquellos que propongan una candidatura individual; violatorio del derecho a votar contenido en el artículo 35 de la Constitución General; vulneración al derecho de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, ya que el contenido de las normas impugnadas generan barreras en el acceso igualitario, requisitos excesivos para el registro de candidaturas, limitaciones al acceso a los medios de comunicación o dificultades para ejercer el derecho al voto; y violación al federalismo electoral, pues las normas controvertidas se contraponen a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, se evidencia una invasión de competencias y, por tanto, una violación al federalismo electoral.

5. Admisión y trámite de las acciones de inconstitucionalidad. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 145/2023 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor del procedimiento.

6. Luego, mediante acuerdo de diez de julio siguiente, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y los anexos presentados por el partido político Movimiento Ciudadano; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 151/2023 y, dado que existe identidad respecto del decreto controvertido entre la presente demanda y la diversa acción de inconstitucionalidad 145/2023, decretó la acumulación entre ambos medios de control constitucional, turnándolas por razón de la acumulación al Ministro Luis María Aguilar Morales, designado como instructor en el primero de los asuntos.

7. En consecuencia, por acuerdo de uno de agosto dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México, a efecto de que rindieran su informe, así como copia certificada o ejemplar de la Gaceta Oficial, y del Decreto impugnado, respectivamente; a la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral para que enviara, entre otras cosas, copias certificadas de los estatutos vigentes de los partidos políticos promoventes; al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le solicitó la opinión respectiva; y a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México le ordenó informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.

8. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal para que formularan el pedimento y manifestación que a su representación correspondiera.

9. Desahogo de requerimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/DJ/11671/2023 de once de agosto de dos mil veintitrés, el encargado del despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral remitió en copia certificada lo siguiente:

a) Del Partido Acción Nacional:

- Estatutos vigentes.

- Registro vigente.

- Integración de su Comité Ejecutivo Nacional.

b) Del partido político Movimiento Ciudadano:

- Estatutos vigentes.

- Registro vigente.

- Integración de su Comisión Operativa Nacional

10. Comienzo del proceso electoral. El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México y representante legal del referido Instituto, informó que el próximo Proceso Electoral Ordinario 2023-2024 deberá dar inicio durante el mes de septiembre del año anterior a la elección, concretamente, comenzó el diez de septiembre de dos mil veintitrés.

11. Informe del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Mediante oficio recibido el quince de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Ciudad de México presentó su informe por el que manifestó, en síntesis:

• CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ HECHOS VALER POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO

a) PRIMERO. Arguye que la aprobación del dictamen que dio origen al decreto impugnado se hizo en apego a las normas que regulan la actuación del Congreso de la Ciudad de México, garantizándose los principios de representación y deliberación democrática.

Señala que el argumento del partido accionante respecto a que la convocatoria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso, es infundado, ya que se trató de una sesión extraordinaria, la cual, en términos del artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, debe ser convocada con 24 horas previas a su celebración, mediante una convocatoria firmada únicamente por el Presidente de la Junta Directiva.

En ese sentido, la convocatoria para la sesión vía remota del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés a las 15:00 horas, de la Comisión de Asuntos Político-Electorales se trató de una sesión extraordinaria, en específico la tercera; se convocó mediante oficio IIL/CAAPEEE/D123/2023, el cual fue enviado mediante correo electrónico a las personas diputadas integrantes de dicha Comisión con más de 24 horas de anticipación. De igual forma, señala que asistieron nueve integrantes de la Comisión, todos tuvieron la posibilidad de argumentar lo que consideraran pertinente, ninguno de ellos impugnó la validez de la Convocatoria, durante la sesión se presentaron reservas, las cuales se desahogaron y aprobaron en la sesión. En ese sentido, contrario a lo que señala el partido accionante, sí se cumplió con el quorum legal que se establece en el artículo 277 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, lo que se acredita con la versión estenográfica de dicha sesión.

Posteriormente, el Dictamen se aprobó en lo general por mayoría de 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, destacando que participaron siete de los nueve diputados que integran la Comisión de referencia, cumpliendo con lo establecido en los artículos 77 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 105 segundo párrafo, y 234 segundo párrafo del Reglamento del Congreso local.

Una vez aprobado el Dictamen, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remitió de manera impresa y por medio electrónico a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, la cual envió una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (la cual está integrada por todas las fuerzas políticas que integran el Órgano Legislativo local). A su vez, la Coordinación de Servicios Parlamentarios distribuyó de manera electrónica el Dictamen a todos los diputados integrantes del Congreso, por lo que tuvieron conocimiento del Dictamen con más de 48 horas de anticipación, previo a la celebración de la sesión del Pleno de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

También señala que en la versión estenográfica y el diario de debates de la sesión ordinaria del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se acredita que las personas diputadas que integran el Pleno del Congreso de la Ciudad de México tuvieron conocimiento previo del Dictamen correspondiente. Asimismo, menciona que esa sesión se instaló con un quorum legal de 36 diputados, donde se garantizó y respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Ciudad de México, en condiciones de libertad e igualdad, cumpliendo con el estándar requerido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con relación al argumento del partido accionante respecto a que hubo una indebida fundamentación y motivación, argumenta que si bien, en general, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencia constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza del acto, de modo que las autoridades legislativas satisfacen el requisito de fundamentación cuando actúan dentro de las atribuciones que les confiere la Constitución General, y que la motivación se cumple cuando las leyes se refieran a relaciones sociales que exijan regularse jurídicamente, lo que hace innecesario que cada norma deba ser materia de una motivación específica. Respecto a la fundamentación, el Poder Legislativo local indica que aprobó el Decreto impugnado, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución General; 29, letra A, numeral 1 y letra D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

También refiere que, del artículo 85, fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, y del artículo 27, apartado B, número 7, fracción V de la Constitución Política de la Ciudad de México, se desprende que en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, se establecerá la manera como se regulará la materia de candidaturas comunes.

En cuanto a la motivación, estima que en el considerando IV del Dictamen relativo a los dos iniciativas con proyecto de decreto que dieron origen al Decreto impugnado, se explicaron detalladamente los elementos que consideraron los legisladores para aprobarlo.

b) SEGUNDO. El Poder Legislativo local argumenta que es infundado el argumento del partido accionante respecto a que el Decreto impugnado es: 1) violatorio del principio de equidad en la contienda, pues se da una indebida ventaja a los partidos políticos que integren la candidatura común con relación a aquellos que propongan una candidatura individual; 2) violatorio del derecho a votar contenido en el artículo 35 de la Constitución General; 3) violatorio del derecho de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, ya que el contenido de las normas impugnadas generan barreras en el acceso igualitario, requisitos excesivos para el registro de candidaturas, limitaciones al acceso a los medios de comunicación o dificultades para ejercer el derecho al voto; 4) violatorio del federalismo electoral, pues las normas controvertidas se contraponen a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, se evidencia una invasión de competencias y, por tanto, una violación al federalismo electoral.

Arguye que las legislaturas estatales cuentan con libertad de configuración respecto a otras formas de participación o asociación de los partidos políticos para postular candidaturas, así como la forma del cómputo de sus votos, siempre que se respeten los principios de certeza y libertad de sufragio, tal como lo establece el artículo 85, fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos. En el caso en estudio, la figura de candidaturas comunes lo regula el artículo 27, apartado B, número 7, fracción V, de la Constitución Política de la Ciudad de México, delegando en el legislador local el establecimiento de las reglas a que se sujetarán. Por esa razón, la reforma impugnada se encuentra apegada al marco constitucional, por lo que no se trasgrede el principio de Federalismo electoral. Además, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no es aplicable al presenta caso, pues dicha ley regula las coaliciones, no así las candidaturas comunes.

También señala que no se vulnera el principio de equidad en la contienda, pues cada partido político con registro en la Ciudad de México se encuentra en plenitud de igualdad de participar en la conformación de una candidatura común. Por tanto, si algún instituto político decide no participar en este tipo de candidatura, no justifica que otras fuerzas políticas no puedan hacerlo.

Por otro lado, argumenta que, respecto a las candidaturas comunes, no se viola el derecho fundamental de votar de la ciudadanía, contenido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución General, en relación con el diverso 298 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con base en lo siguiente:

1) A diferencia de las coaliciones, el emblema conjunto de los partidos políticos en candidatura común aparecen en un mismo espacio de la boleta.

2) Si la persona ciudadana marca el emblema de la candidatura común, no existirá duda sobre su voluntad, pues hay un solo emblema.

3) No hay manipulación del voto, pues la repartición de votos en candidatura común se da mediante convenio celebrado por los partidos políticos participantes que previamente haya aprobado el Pleno del Consejo General Instituto Electoral de la Ciudad de México, y que al hacerse público permite que la ciudadanía, antes de ejercer su voto, conozca la forma en la que se distribuirán los votos de la candidatura común.

Añade que no existe vicio de constitucionalidad de las normas reclamadas porque el principio de libertad configurativa permite que las entidades federativas regulen la figura de candidaturas comunes, y lo hagan a través de convenios aprobados por los órganos electorales locales; tampoco se afectan los principios de certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral al amparar esa libertad configurativa da posibilidad de que los convenios contengan las reglas sobre la distribución de los votos a favor de un candidato en común para los partidos políticos postulantes; y dado que se respeta la voluntad del elector en relación con los efectos de su voto para los partidos políticos al tener previo conocimiento del mecanismos de distribución con base en un convenio previamente publicado y aprobado.

En suma, considera que la forma de asignación de votos para los partidos políticos a partir de un convenio, lejos de crear incertidumbre jurídica y de constituir un abuso de derecho, fraude a la ley o desacato al principio de libre sufragio, conlleva una certeza previa de cómo se distribuirán los votos emitidos a favor de un candidato en alianza postulado por varios partidos políticos que fue votado a partir de un emblema en común respetándose la voluntad del electorado.

Finalmente, arguye que no se viola el derecho a acceder a un cargo público de los candidatos en condiciones de igualdad, ya que cada candidato tiene la posibilidad de participar, o no, en una candidatura común.

• CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ HECHOS VALER POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

a) PRIMERO y TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México señala que los conceptos de invalidez relativos a violaciones al procedimiento legislativo son infundados, pues esos requisitos facilitan el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso. En ese sentido, si la ley se aprueba cumpliéndose las formalidades trascendentes, su determinación no puede verse alterada por irregularidades de carácter secundario.

En suma, si en una acción de inconstitucionalidad se plantea una violación al artículo 14 constitucional respecto a la garantía de seguridad jurídica, como sucede en este caso, es dable analizar dicha violación siempre que ésta sea de tal naturaleza que pueda trascender de manera fundamental a la validez de la disposición impugnada. En el caso en estudio, se garantizaron los principios de representación y deliberación democrática.

El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el diputado Víctor Hugo Lobo Román del Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 179, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306 y 309 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la cual, el, mediante oficio MDSPOSA/CSO/2121/20223, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el mismo día a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su análisis y dictaminación. El veintisiete de abril siguiente, la diputada Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones del mismo ordenamiento jurídico, la cual, mediante oficio MDSPOSA/CSO/2425/20223, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el mismo día a la Comisión en comento. Ambas iniciativas se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de dieciocho y veintisiete de abril, respectivamente; cumpliendo con el plazo que establece el artículo 25 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como con el diverso 107 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso local, para la ciudadanía proponga modificaciones, sin que se recibieran observaciones o modificaciones.

Señala que la convocatoria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso, que se trató de una sesión extraordinaria, la cual, en términos del artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, debe ser convocada con más de 24 horas previas a su celebración, mediante una convocatoria firmada únicamente por el Presidente de la Junta Directiva. Agrega que asistieron nueve integrantes de la Comisión, todos tuvieron la posibilidad de argumentar lo que consideraran pertinente, ninguno de ellos impugnó la validez de la Convocatoria, durante la sesión se presentaron reservas, las cuales se desahogaron y aprobaron en la sesión.

Una vez aprobado el Dictamen, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remitió de manera impresa y por medio electrónico a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, la cual envió una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (la cual está integrada por todas las fuerzas políticas que integran el Órgano Legislativo l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33080-67ee3ff2/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.