I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 7, APARTADO A, PÁRRAFOS DEL DÉCIMO SEXTO AL VIGÉSIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. ANÁLISIS DE LA CONSULTA PREVIA A LA EMISIÓN DE LAS NORMAS LOCALES, EN CUANTO A SI CUMPLIERON LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 7, APARTADO A, PÁRRAFOS DEL CUARTO AL DÉCIMO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2023. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 7 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VICTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Partido Político Movimiento Ciudadano impugnó la validez del artículo 7, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformado mediante Decreto No. 230 publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. Lo anterior, al considerar que el proceso de consulta realizado a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado no cumplió con los estándares nacionales e internacionales que derivan del artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, situación que vulnera, a su vez, los derechos políticos y electorales de estas poblaciones reconocidos en el artículo 35 de la Constitución Federal.
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Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 138/2023, promovida por el Partido Político Movimiento Ciudadano en contra del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformado mediante Decreto No. 230 publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El veintidós de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 2, aparado A, fracción III, de la Constitución Federal, relativo a los derechos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de igualdad sustantiva. En su artículo segundo transitorio se ordenó a las legislaturas de las entidades federativas adecuar sus respectivas constituciones y legislaciones secundarias a lo estipulado en esa reforma en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de dicha reforma.(1)
2. Sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se presentó demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de la omisión legislativa de no modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en su artículo 7, apartado A, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, así como la omisión legislativa de que la Ley Electoral de la propia entidad establezca un apartado especial para regular cómo los indígenas podrán competir para cargos públicos y de elección popular.
3. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho el Tribunal de Justicia Electoral de esa entidad federativa dictó sentencia en el recurso de inconformidad RI-30/2018,(2) en la que determinó la omisión legislativa del Congreso Local de armonizar el ordenamiento estatal. Consecuentemente, ordenó adecuar la Constitución y legislación local por cuanto hace a garantizar el derecho de votar y ser votados de hombres y mujeres indígenas en condiciones de igualdad sustantiva, debiendo consultar a esas poblaciones.(3)
4. Primer incidente de inejecución de sentencia. El siete de agosto de dos mil veinte, se promovió incidente de inejecución de sentencia en el recurso de inconformidad RI-30/2018, toda vez que, habiendo transcurrido el plazo otorgado a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la resolución mencionada, la parte promovente no contaba con información relativa a que el Congreso Local hubiese desplegado actos tendientes a consultar a las comunidades indígenas en el Estado de Baja California con el propósito de realizar las adecuaciones normativas ordenadas en la sentencia de mérito.
5. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California dictó sentencia interlocutoria en el incidente de inejecución de sentencia RI-30/2018 INC(4) en la cual declaró el cumplimiento defectuoso del fallo dictado con fecha de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho antes mencionada. Asimismo, determinó vincular al Congreso del Estado a cumplir con la sentencia emitida en el recurso de inconformidad referido dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral 2020-2021 y, particularmente, a desarrollar el proceso consultivo a pueblos y comunidades indígenas asentadas en la entidad federativa dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución.(5)
6. Segundo incidente de inejecución de sentencia. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se promovió nuevamente un incidente de inejecución de sentencia en el recurso de inconformidad RI-30/2018, en el cual se señaló que Congreso Local continuaba sin acatar la armonización ordenada, a pesar de que el término concedido en resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte estaba por vencerse. Sin embargo, mediante Acuerdo Plenario de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California resolvió declarar la improcedencia de la vía incidental, toda vez que el plazo otorgado para el cumplimiento de sentencia aún no había fenecido.(6)
7. Tercer incidente de inejecución de sentencia. El tres de octubre de dos mil veintidós el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California inició de oficio el incidente de inejecución de sentencia RI-30/2018 INC 3. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se emitió sentencia interlocutoria,(7) en la cual se ordenó al Congreso Local dar cumplimiento tanto a la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho como a la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte dentro del plazo de noventa días naturales después de la notificación de dicha resolución, debiendo informar sobre cada uno de los pasos realizados para la consulta, los trámites de gestión parlamentarios, así como el inicio y conclusión del proceso legislativo.(8)
8. Ejercicio de consulta. Como resultado de lo anterior, el Poder Legislativo del Estado de Baja California desplegó diversas acciones dirigidas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas en Baja California en relación con las adecuaciones a la Constitución local y la legislación secundaria por cuanto hace a garantizar el derecho fundamental de votar y ser votado de hombres y mujeres indígenas en condiciones de igualdad sustantiva.
9. Publicación del Decreto impugnado. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California el Decreto No. 230 por el que se reformó el artículo 7, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California.
10. Presentación de la demanda. El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ana Lucia Baduy Valles, Benjamín Alamillo González, Jacobo David Cheja Alfaro, Lucia Alejandra, Puente García, Martha Patricia Herrera González, Priscila Franco Barba, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Tabita Ortiz Hernández y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes comparecen con el carácter de Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 230 que reformó el artículo 7, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
11. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el partido accionante expuso que las modificaciones al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicadas el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado, vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas del Estado y, en consecuencia, sus derechos políticos y electorales. Lo anterior, debido a que la consulta celebrada previo a la adopción de la reforma no se realizó, según estima, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia, destacando los de adecuación cultural, buena fe y de otorgar suficiente información.
12. Para sustentar lo anterior, expone las siguientes consideraciones:
• En la etapa informativa no se proporcionó suficiente información a los pueblos y comunidades indígenas del Estado. En particular, la convocatoria estipulaba una amplia difusión de material y la realización de diferentes ejercicios, como asambleas comunitarias y mesas de debate. Sin embargo, esto no habría sucedido a cabalidad puesto que, según alega, solamente se llevaron a cabo foros en diferentes sedes en los que se explicó de manera breve el objetivo de la consulta. Además, únicamente se difundió la convocatoria, el protocolo para la consulta y el cuadernillo de derechos, los cuales no contenían la explicación de todos los temas a consultar. Indica que la información proporcionada no permitía analizar, reflexionar y construir propuestas, además de que no se compartió la iniciativa de reforma al artículo 7 constitucional aprobada. Dicha iniciativa fue presentada con anterioridad a la realización de la consulta y, a pesar de ello, no se distribuyó, lo que, en su opinión, evidencia la falta de buena fe en el proceso consultivo.
• La fase informativa fue inadecuada culturalmente. Al respecto, refiere que la convocatoria difundida en radio y televisión sólo se tradujo a las lenguas mixteco bajo, purépecha, triqui y kumiai, a pesar de que en el Estado también se hablan otras lenguas como zapoteca, náhuatl, tsotsil y tzeltal, pai pai, cucapah y kiliwa. Adicionalmente, indica que el Protocolo y el cuadernillo solo fueron elaborados en español, lo que vulnera los estándares de otorgar suficiente información y de adecuación cultural de la consulta, ya que no todas las personas que debían participar en la consulta contaron con información accesible, completa y en su lengua. Expresa que tales omisiones constituyen una violación al derecho a la igualdad y no discriminación en perjuicio de las personas que hablan las lenguas indígenas en las que no se realizó la traducción de la información. Además, estima que existió una falta de adecuación cultural en la designación del personal que facilitó la información en la consulta, ya que éste solamente hablaba español, no tenía conocimiento de la cosmovisión de alguno de los pueblos y comunidades indígenas consultados, y no fueron capacitados por alguna autoridad o persona especializada en la materia. Lo anterior, considera que es contrario a los estándares en materia de consulta desarrollados por este Alto Tribunal.
• Indica que se vulneró el estándar de buena fe del derecho a la consulta ya que el objetivo de la misma, la determinación de cómo se llevaría a cabo, el lugar en donde se realizaría y la forma en que se tomarían los acuerdos fueron definidos unilateralmente por el Congreso del Estado, sin que se considerara a alguna persona representante, comunidad o pueblo indígena.
• Las propuestas expresadas por parte de las personas indígenas que asistieron a la consulta y las iniciativas presentadas por éstas no fueron analizadas ni tomadas en cuenta por el Congreso del Estado. Al respecto, sostiene que en el dictamen de la iniciativa de reforma solamente se incluyó un resumen informativo de las referidas propuestas y se señaló que en su oportunidad se proveería lo que en derecho correspondiera. En cuanto a las iniciativas, menciona que el referido dictamen expresa que en su oportunidad serán tomadas en cuenta y se resolverá lo que en derecho corresponda, ya que sus alcances son distintos a la iniciativa de reforma constitucional materia de la consulta. Aduce que tales determinaciones son contrarias a lo establecido en el Protocolo y la convocatoria. En este sentido, el Protocolo señaló que después de la etapa consultiva se abriría un espacio para recibir opiniones y/o sugerencias y, en el caso de que éstas no procedieran, se explicarían las razones por las que no fueron consideradas. Por su parte, la convocatoria establecía que el Congreso comunicaría los resultados a las personas consultadas. Indica que no se realizó ningún ejercicio orientado a obtener el consentimiento de las personas que participaron en la consulta, incluyendo la decisión de no tomar en cuenta las propuestas e iniciativas. Estima que lo anterior implicó la vulneración del estándar de buena fe y de la obligación de consultar en sentido estricto, ya que las opiniones y propuestas no tuvieron ningún impacto en la forma a la Constitución Local para garantizar los derechos político-electorales de las personas y pueblos indígenas del Estado.
• Considera que la consulta es invalida ya que no se garantizó una participación significativa de personas indígenas, pues participaron menos del cero punto tres por cierto de la población a la que se dirigía la consulta. Explicó que, de acuerdo con el Protocolo, en el Estado viven doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve personas indígenas y solamente participaron alrededor de mil personas en la consulta.
• Indica que la consulta no atendió al contexto de las comunidades y pueblos indígenas del Estado, por lo que se vulneró el estándar de otorgar información. Al respecto, considera que a pesar de que el Congreso del Estado comunicó a las poblaciones indígenas la celebración de los foros, a través de un sitio web, radio y televisión, soslayó que, debido a las condiciones de marginación de algunas comunidades, éstas no pudieron conocer del ejercicio consultivo.
• Expresa que todo el proceso de consulta careció de adecuación cultural puesto que no se llevó a cabo algún acto encaminado a conocer la forma de organización intracomunitaria de las poblaciones indígenas y el Protocolo únicamente hizo referencia a las autoridades tradicionales de dichas poblaciones forma generalizada. Además, señala que no se precisó la fuente de información de tal aseveración.
• Refiere la falta de buena fe en todo el proceso de consulta debido a que el Estado ha incumplido la obligación de legislar y, consecuentemente, de consultar debidamente a los pueblos y comunidades indígenas desde 2018.
• Por último, considera que la omisión del Congreso del Estado de tomar en cuenta la opinión, propuesta o iniciativas de las personas indígenas consultadas vulnera sus derechos a votar y ser votados, previsto en el artículo 35 de la Constitución Federal. Estima que se les impuso una forma específica de ejercer tales derechos sin considerar la libre determinación y autonomía a la que tienen derecho.
13. Radicación y turno. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito inicial y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 138/2023. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.
14. Admisión y trámite. El ocho de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, tuvo como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, y ordenó darles vista para que dentro del plazo de seis días naturales rindieran los informes correspondientes y remitieran copia certificada del proceso legislativo y del periódico oficial en el que constara la publicación de la norma combatida.
15. En el mismo acuerdo se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción formularan el pedimento y las manifestaciones que estimaren convenientes. Adicionalmente, se requirió al Instituto Nacional Electoral para que remitiera copia certificada del Estatuto vigente del Partido Movimiento Ciudadano, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emitiera su opinión respecto de este medio de control constitucional, así como al Instituto Estatal Electoral de Baja California para que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en dicha entidad federativa.
16. Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés en buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Diputado Presidente y la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad federativa presentaron el informe solicitado. Dicho informe fue acordado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se expuso, en esencia, lo siguiente:
Causas de improcedencia y sobreseimiento:
• Primera. Arguye que el decreto impugnado contiene una reforma constitucional y no propiamente una modificación de naturaleza electoral, cuyo objeto es reconocer, garantizar y proteger los derechos colectivos e individuales de personas, pueblos y comunidades indígenas. Indica que, pese al reconocimiento de los derechos político-electorales de este grupo de población, también contiene porciones normativas que están asociadas a diversos ámbitos que no son estrictamente materia electoral. Además, sostiene que el decreto impugnado no incide directa o indirectamente en el proceso electoral. Considera que la parte actora carece de legitimación activa debido a que los partidos políticos únicamente están facultados para interponer este medio de control constitucional en contra de leyes electorales, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia dispuesta en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal.
• Segunda. Señala que los argumentos de la parte actora no van dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del decreto impugnado, sino a combatir el procedimiento de la consulta realizada a personas, pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa. Señala que la demanda es improcedente por la falta de precisión de los conceptos de invalidez en contra de la norma general, aunado a que no se advierte que se reclamen violaciones a la Constitución Federal. Sostiene que la obligación de consulta recae respecto de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los respectivos planes en las entidades federativas, lo que no acontece en el presente caso. Por tales motivos, asevera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones VIII y IX, en relación con el artículo 61, primer párrafo, fracción V, de la Ley Reglamentaria.
Contestación a los conceptos de invalidez:
• Estima que no es cierta la inconstitucionalidad que el partido accionante pretende hacer valer ya que el acto impugnado es acorde a la Constitución Federal. Explica que los actos legislativos que dieron origen a éste se realizaron en estricto derecho y bajo los parámetros constitucionales. En este sentido, señala que dichos actos se llevaron a cabo en respeto a los principios de libre determinación, participación, buena fe, interculturalidad, igualdad entre hombres y mujeres y accesibilidad. Por ello, estima que las violaciones constitucionales alegadas por el partido accionante son inoperantes e inexistentes.
• Como antecedentes, menciona que el decreto impugnado tiene origen y da cumplimiento a diversos mandatos constitucionales y judiciales. Al respecto, refiere a la reforma al artículo 2, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal de veintidós de mayo de dos mil quince, cuyo artículo transitorio segundo ordena a las legislaturas locales a adecuar sus respectivas constituciones dentro de un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor. Señala que la sentencia recaída en el Recurso de Inconformidad RI-30/2018 de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho del índice del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California vinculó al Poder Legislativo del Estado a realizar las adecuaciones a la Constitución Local y la legislación secundaria con la Carta Magna. Hace referencia a la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte en el Incidente de Inejecución de Sentencia. Asimismo, afirma que el proceso de consulta indígena contestado en esta acción de inconstitucionalidad también fue sustento de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California realizada mediante Decreto No. 262 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el siete de julio de dos mil veintitrés debido a que forman parte de una misma intención legislativa. • Arguye que se cumplió con todas y cada una de las bases de la convocatoria de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a fin de adecuar la Constitución Local y la legislación secundaria en las etapas de difusión, informativa, deliberativa y consultiva. A este respecto, señala que se llevaron a cabo varios trabajos legislativos preparativos para cumplir con los mandatos constitucionales y judiciales antes mencionados. Indicó que en anteriores legislaturas se presentó una iniciativa de reforma en materia de reconocimiento de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, misma que fue recibida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y returnada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós a las Comisiones Unidas Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y Asuntos Indígenas y Bienestar Social. Posteriormente, se instalaron dichas Comisiones Unidas dando inicio al proceso de preparación de consulta.
• Argumenta que es inoperante el señalamiento de que se vulneró el principio de buena fe en la elaboración del Protocolo debido a la inexistencia de una fase pre-consultiva y a la falta de consulta de dicho Protocolo. Al respecto, menciona que la fase en mención se realizó a través de un acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas desde las etapas tempranas del proyecto de consulta. Explica que la fase pre-consultiva inició desde la instalación de las referidas Comisiones Unidas, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Ese día los pueblos y comunidades indígenas del Estado estuvieron presentes y tuvieron la oportunidad de expresarse y emitir recomendaciones sobre los trabajos que se emprenderían.
• Estima que es inoperante el argumento relativo a que no se compartió con los pueblos y comunidades indígenas la reforma al artículo 7 de la Constitución Local, lo que evidencia la falta de buena fe en el proceso consultivo. En este sentido, indica que el trece de diciembre de dos mil veintidós las Comisiones Unidas aprobaron el acuerdo mediante el cual se llevaría a cabo la Consulta Previa, Libre e Informada, dirigida a pueblos y comunidades indígenas de la entidad, para dar a conocer entre sus miembros la iniciativa, propósito, alcance y contenido de la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de derechos indígenas. Expone que el contenido e intención de la iniciativa se explica a través de ejes temáticos, los cuales fueron el mecanismo para dar a conocer la intención legislativa. Además, expresa que la iniciativa se encontraba disponible en el portal web del Congreso el Estado. Asimismo, el doce de enero de dos mil veintitrés, las Comisiones Unidas aprobaron el Acuerdo 01 en el que establecieron los ejes temáticos de la consulta, su objeto, principios, etapas, entre otros temas para la implementación de la consulta. Aunado a ello, informa que se aprobó habilitar un micrositio para la consulta previa en el portal de internet de XXIV Legislatura.
• Señala que tanto las y los diputados como el personal que participó en la realización de la consulta recibieron capacitación por parte del Instituto Electoral del Estado. Menciona que estas acciones se realizaron previa a la implementación de la consulta y en las etapas informativa y consultiva. Sobre el particular, refiere que se les dio a conocer los puntos básicos, principios y lineamientos del derecho a la consulta, así como información sobre las comunidades indígenas del Estado. Informa que se celebraron convenios con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral del Estado. En virtud de tales convenios, dichas instituciones fungieron como órganos garantes y asesores en la elaboración del Protocolo y de la consulta. Menciona que cada diputado y diputada tuvo a cargo un área o territorio del Estado para la realización de la difusión y la implementación de la consulta. Indica que dichas personas funcionarias realizaron trabajo de difusión en medios de comunicación y redes sociales. Expresa que el cuatro y cinco de febrero se realizó la etapa informativa y el cuatro y cinco de marzo la etapa consultiva. En dicha etapa se llevó a cabo un ejercicio informativo, se debatió el contenido de las propuestas y se elaboró un listado de éstas. Sostiene que las propuestas se tomaron en consideración para la elaboración del Dictamen No. 1 de las Comisiones Unidas, el cual dio origen a la reforma al artículo 7 de la Constitución Local.
• Indica que es inoperante el argumento sobre la existencia de una violación al principio de buena fe, en virtud de la omisión de analizar las propuestas presentadas por las poblaciones consultadas. Sobre el particular, explica que en el Dictamen No. 1 de las Comisiones Unidas tales propuestas se citaron y consideraron por las y los diputados integrantes de dicho órgano. Asimismo, se reconoció la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso democrático de consulta y sus propuestas. Sin embargo, expresa que diversas propuestas se relacionaban con temas de índole diferente a la reforma al artículo 7 de la Constitución Local. Menciona que éstas se tomarán en cuenta para reformas siguientes, lo cual se precisó en el referido dictamen.
• Finalmente, en cuanto a la falta de adecuación cultural en la elaboración el material informativo y su difusión alegada por el partido accionante, sostiene que la convocatoria a la consulta estableció reglas, métodos, plazos y procedimientos que cumplen con el principio de publicidad de manera accesible. Además, indica que, en cada una de las doce sedes en las que se realizó la fase informativa y consultiva, estuvo presente personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Explica que, a solicitud de las personas participantes, dicho personal fungía como interprete o traductor a lenguas indígenas. Tal servicio se hizo del conocimiento de las personas asistentes. Por otro lado, refiere que la convocatoria, el Protocolo y el cuadernillo se elaboraron en un leguaje claro y comprensible, así como en un formato de lectura fácil. Señala que tales documentos se publicaron en distintos medios, mediante formatos accesibles y estuvieron disponibles de manera impresa en las etapas informativa y consultiva. Menciona que, previo a su aprobación del Pleno de la Legislatura, el Dictamen No. 1 de las Comisiones Unidas fue circulado entre las personas representantes de los grupos y comunidades indígenas registrados en las etapas en mención. Informa que, debido a los tiempos y con la finalidad de dar certeza y celeridad al trámite legislativo, dicho dictamen fue distribuido a través de la red social WhatsApp.
17. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Mediante escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de ese Alto Tribunal, el Consejero Jurídico de la referida entidad rindió el informe solicitado en representación de la titular del Poder Ejecutivo Local, mismo que fue acordado el doce de septiembre de dos mil veintitrés. Dentro del documento mencionado la autoridad expone, en síntesis, lo siguiente:
• Manifiesta que son ciertos los actos cuya invalidez se reclama, consistentes en la promulgación y publicación por parte de la Gobernadora del Estado de Baja California del Decreto No. 230 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, con fundamento en las atribuciones que conferidas en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Local.
• Sostiene la constitucionalidad del Decreto reclamado ya que no se advirtieron violaciones al procedimiento legislativo de conformidad con los artículos 28, 29, 30, 33, 34, 49, fracción I, y demás relativos de la Constitución Local.
• Señala que la parte actora no expresa argumentos tendientes a indicar vicios en el procedimiento legislativo.
18. Opinión especializada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil veintitrés en buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, se tuvo por formulada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de expediente SUP-OP-16/2023, misma que fue acordada el doce de septiembre de dos mil veintitrés.(9) En esencia, la Sala Superior señaló lo siguiente:
• Los planteamientos referidos no son materia de opinión especializada debido a que no se relacionan con el ámbito del derecho electoral, sino con temas que atañen al procedimiento legislativo al cuestionar supuestas irregularidades o deficiencias en la consulta indígena llevada a cabo por el Congreso del Estado de Baja California.
• Agregó que, a diferencia de los casos en los que se ha emitido op
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32478-bb41fc6b/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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