I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA INVALIDEZ DECRETADA EN UNA DIVERSA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). V. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULOS 42 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ESTOS RECURSOS DEBEN DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, BASE II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO [ARTÍCULOS 42 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA NO RESULTA APLICABLE [ARTÍCULOS 42 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN SE SATISFACE CUANDO LOS CONGRESOS LOCALES ACTÚAN DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y, EL DE LA MOTIVACIÓN, CUANDO SE REGULA JURÍDICAMENTE ESA PRERROGATIVA [ARTÍCULOS 42 Y 43, FRACCIÓN I, INCISO A), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA]. IX. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 21, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 30, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). X. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO NO VIOLA LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD NI LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, IGUALDAD, CERTEZA Y LEGALIDAD ELECTORALES (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 21, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 30, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO NO RESULTA DESIGUAL FRENTE A LOS CIUDADANOS QUE PRETENDAN PARTICIPAR POR PRIMERA OCASIÓN EN DICHOS CARGOS NI REPRESENTA UNA VENTAJA INDEBIDA (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 21, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 30, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO NO VIOLA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES DEBEN ABSTENERSE DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y, EN EL PERIODO DE CAMPAÑA, NO PODRÁN RECIBIR EMOLUMENTOS O SALARIOS, DIETAS O APOYOS (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 21, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 30, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO DEBE RESPETAR LA ARMONÍA ENTRE EL PRINCIPIO DE REELECIÓN Y EL DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 21, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 30, PÁRRAFO CUARTO, DE LA L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 269/2020 Y SUS ACUMULADAS 270/2020 Y 271/2020. PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y ACCIÓN NACIONAL. 7 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día siete de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas identificadas al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de las demandas, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver presentación
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California.
Normas generales cuya invalidez se reclama. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron disposiciones del "Decreto 102 mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; la Ley Electoral del Estado de Baja California; la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California"; y el "Decreto 108 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California", publicados en el Periódico Oficial de la Entidad de dos de septiembre de dos mil veinte.
Las disposiciones que concretamente se reclaman, son las siguientes:
Ver disposiciones
SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, 73, fracción XXIX-U, 105, fracción II, inciso i), 115, 116, fracción II, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados a su estudio.
CUARTO.—Registro de los expedientes y turno de las demandas. Por acuerdos de cinco de octubre de dos mil veinte, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, las cuales quedaron registradas respectivamente, con los números de expediente 269/2020, 270/2020 y 271/2020; asimismo, decretó la acumulación de éstos y ordenó su turno al Ministro Alberto Pérez Dayán para la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.—Admisión de las demandas. El Ministro instructor dictó acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en el que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad indicadas, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California para que rindieran sus respectivos informes; así como requirió a este último para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados; y al Poder Ejecutivo para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la Entidad que contenga esos decretos; igualmente, dio vista al fiscal general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
Asimismo, requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral para que dentro del plazo de tres días naturales remitiera copia certificada de los Estatutos o documentos básicos vigentes de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, así como de las certificaciones de sus registros vigentes y precisara quiénes son los actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional; así como al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California para que informara la fecha en que dará inicio el próximo proceso electoral en la entidad; y solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, dentro del plazo de diez días naturales, ese órgano expresara su opinión.
SEXTO.—Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral. Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio y anexos del director jurídico del Instituto Nacional Electoral por medio del cual desahoga el requerimiento formulado y tuvo por exhibidas las copias certificadas de los documentos básicos vigentes de los partidos políticos nacionales actores, las certificaciones de sus registros vigentes y sus dirigencias. Dichas documentales se tienen a la vista para la resolución de este expediente.
SÉPTIMO.—Auto que tiene por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desahogado el requerimiento formulado al Instituto Estatal Electoral de Baja California. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por remitida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como tuvo por agregado el oficio y anexos del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por el cual desahogó el requerimiento formulado e informó que el proceso electoral inicia el seis de diciembre de dos mil veinte. Dicha opinión y oficio se tienen a la vista para la resolución de este asunto.
OCTAVO.—Proveídos que tienen por rendido los informes requeridos a las autoridades demandadas. Por acuerdos de nueve y once de noviembre siguiente, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California, así como exhibidas las documentales que adjuntaron, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados. Dichos informes se tienen a la vista para la resolución de este expediente.
NOVENO.— Pedimento de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como de las Leyes Electoral y de Partidos Políticos de esa Entidad Federativa, frente a la Constitución General de la República.
SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de las demandas. En primer lugar, se procede a analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose, en materia electoral, todos los días como hábiles.
El "Decreto 102 mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; la Ley Electoral del Estado de Baja California; la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California" y el "Decreto 108 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California" se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad el dos de septiembre de dos mil veinte, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad corrió del tres de septiembre al dos de octubre de ese año.
Ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática se presentó el dos de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) por lo que la demanda se promovió en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.
Lo mismo ocurre con el escrito correspondiente a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, ya que se presentó en el sistema electrónico de esta Suprema Corte el dos de octubre de dos mil veinte, mediante el uso de firma electrónica (e.firma/FIEL).(2)
Por lo que hace a la demanda promovida por el Partido de Acción Nacional, también se promovió en forma oportuna, ya que fue presentada en el sistema electrónico de esta Suprema Corte el dos de octubre de dos mil veinte, mediante el uso de firma electrónica (e.firma/FIEL).(3)
Cabe apuntar que las autoridades demandadas en los informes presentados argumentan que, en lo que respecta a algunas de las disposiciones reclamadas, la acción de inconstitucionalidad se promovió fuera del plazo legal, por lo que, afirman, se actualiza una causal de improcedencia. Empero, de este alegato se dará respuesta en el considerando cuarto de la ejecutoria.
TERCERO.—Legitimación de los promoventes. Acto continuo se procede a examinar la legitimación de quienes promovieron las demandas de acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
"..."
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De acuerdo con el inciso f) de la fracción II, del artículo 105 constitucional transcrito, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueva por los partidos políticos, deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local, según sea el caso);
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
En ese contexto, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:
La acción de inconstitucionalidad 269/2020 fue promovida por el Partido de la Revolución Democrática, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por la directora del secretariado del Instituto Nacional Electoral, de catorce de octubre de dos mil veinte.
La demanda fue suscrita por José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien lo acredita con la diversa certificación de catorce de octubre de dos mil veinte expedida por esa autoridad electoral.
Por su parte, los artículos 38 y 39 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática(4) prevén la integración de la Dirección Nacional Ejecutiva y las funciones de su presidente.
Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 270/2020, fue promovida por el Partido del Trabajo, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por la directora del secretariado del Instituto Nacional Electoral, de catorce de octubre de dos mil veinte.
De igual forma, la demanda fue suscrita por Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Ángel Benjamín Robles Montoya, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María del Consuelo Estrada Plata, Mary Carmen Bernal Martínez y Sonia Catalina Álvarez,(5) integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, quienes acreditan ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha expedida por esa autoridad electoral.
Por su parte, de los artículos 43 y 44, inciso c), de los Estatutos del Partido del Trabajo(6) se desprende que son atribuciones y facultades de la Comisión Coordinadora Nacional, entre otras, interponer en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes.
Respecto de la acción de inconstitucionalidad 271/2020, fue promovida por el Partido Acción Nacional, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por la directora del secretariado del Instituto Nacional Electoral, de catorce de octubre de dos mil veinte.
La demanda fue suscrita por Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien lo acredita con la diversa certificación de la misma fecha expedida por esa autoridad electoral.
Por su parte, el artículo 57, inciso a), en relación con el diverso 53, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional,(7) prevé que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la atribución de representar legalmente al instituto político.
En consecuencia, las acciones de inconstitucionalidad fueron hechas valer por partes legitimadas para ello, toda vez que se trata de partidos políticos nacionales con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente; fueron suscritas por quienes cuentan con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que les rigen; y las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.
CUARTO.—Causales de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente. Así, las autoridades demandadas plantearon lo siguiente:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, relacionado con el 60 de la ley reglamentaria, en virtud de que la impugnación en contra de los artículos 15 de la Constitución del Estado, y 22, 27, 27 Bis, 46, 136, 144, 145 y 190 de la Ley Electoral para el Estado de Baja California, se hizo valer de manera extemporánea, es decir, las reformas correspondientes fueron publicadas el veinticuatro de julio de dos mil veinte mediante el Decreto Número 85 y, a pesar de esto, las demandas se promovieron setenta días después de esa publicación. No es impedimento a esta conclusión la publicación del decreto 102, el dos de septiembre de dos mil veinte, porque ese acto legislativo no incide en forma alguna con lo reformado en el decreto 85, de ahí la presentación fuera del plazo.
Esa causal de improcedencia sólo se actualiza respecto del artículo 15, fracción I, de la Constitución del Estado de Baja California y por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática; y no por lo que toca a los diversos 22, 27, 27 Bis, 46, 136, 144, 145 y 190 de la Ley Electoral para el Estado de Baja California, ya que esas disposiciones no son objeto de impugnación en las acciones de inconstitucionalidad.
En el Periódico Oficial del Estado de Baja California de veinticuatro de julio de dos mil veinte se publicó el "Decreto 85 mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, asimismo se aprueba la reforma a los artículos 22, 27, 46, 136, 144, 145 y 190 y la adición del artículo 27 Bis, todos de la Ley Electoral del Estado de Baja California."
Posteriormente, el dos de septiembre de dos mil veinte, en ese medio de difusión se publicó el "Decreto 102 mediante el cual se aprueban diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; la Ley Electoral del Estado de Baja California; la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California."
De esos documentos, importa el contenido del artículo 15, fracción I, de la Constitución Local del Decreto 102, que es la disposición que combatió el Partido de la Revolución Democrática en su primer concepto de invalidez. Para determinar si en la redacción entre ese decreto y el diverso 85 existe alguna modificación, conviene leerlos de manera conjunta en el siguiente cuadro:
Ver comparación
Por otra parte, los artículos 19, fracción VIII, y 60 de la ley reglamentaria(8) establecen, respectivamente, que las controversias constitucionales son improcedentes en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición del propio ordenamiento; y que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial, así como que en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
Cabe recordar que en términos del artículo 59 del mismo ordenamiento,(9) en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en lo conducente las disposiciones de su título II.
También es necesario tener presente que en la demanda del Partido de la Revolución Democrática se argumentó que es inconstitucional la reforma por la que se derogó el inciso c) de la fracción I del artículo 15 de la Constitución del Estado de Baja California, pues con ello se afectan los principios de certeza, legalidad, objetividad y progresividad en la etapa de designación de candidaturas para diputados, y esto porque desaparecieron las listas con base en las cuales se llevaba a cabo esa selección; el inciso en cuestión establecía lo siguiente:
"c) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Corresponde a cada partido político o coalición, en su caso, determinar si la primera asignación que le corresponda por este principio será con base en la lista registrada o por porcentaje de votación válida, especificándolo en el periodo de registro de la lista de candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante el Instituto Estatal Electoral."
Asimismo, que la derogación de ese inciso distorsiona el sistema de representación proporcional, ya que privilegia al partido que obtuvo el porcentaje más alto de la votación efectiva; dando facultades al Instituto Electoral local de designar las diputaciones de cada partido político, con lo que, además, se transgrede el artículo 54 de la Constitución General de la República, por desaparecer el derecho del partido político de elaborar las listas de sus candidatos para representación proporcional; lo que también provoca violación al artículo 116, fracción IV, inciso f), de la propia Constitución porque es una forma de entrometerse en la vida interna de los partidos.
De acuerdo con lo expresado en los párrafos que anteceden, se concluye que la impugnación de la derogación del inciso c) de la fracción I del artículo 15 de la Constitución del Estado de Baja California, hecha valer por el Partido de la Revolución Democrática, es extemporánea, ya que esa derogación se introdujo desde el decreto 85 publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinte.
Lo anterior es así, pues comparando la redacción del artículo 15, fracción I, de la Constitución Local en los Decretos 85 y 102, se acredita que el texto es idéntico, es decir, en el decreto impugnado de dos de septiembre de dos mil veinte no se introdujo cambio alguno a los términos de ese segmento de la disposición publicada en el decreto de veinticuatro de julio de dos mil veinte; en otras palabras, no existió ninguna modificación sustantiva a ese supuesto normativo, lo que implica que la afectación que supuestamente causa la disposición, ocurrió a partir del día siguiente en que se publicó en el Periódico Oficial el Decreto 85.
Ahora, para determinar el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 60 de la ley reglamentaria, se debe recordar que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2-COVID-19, el Tribunal Pleno aprobó los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declararon inhábiles para la Suprema Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.
En particular, en los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de julio al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos competencia de esta Suprema Corte y ordenando proseguir electrónicamente el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en las que se hubieren impugnado normas electorales. Sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Más bien, se permitió habilitar días y horas, pero sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren sido promovidas.
Decisiones plenarias que se complementaron con el Acuerdo General 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, mediante el cual se establecieron las reglas para la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.
Bajo ese contexto normativo, se tiene que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad corrió del tres de agosto al uno de septiembre de dos mil veinte, respecto del Decreto 85 publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y que contiene la hipótesis normativa combatida en este medio de control constitucional.
Por tanto, si la demanda del Partido de la Revolución Democrática se promovió el dos de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte, es evidente que ello se llevó a cabo fuera del plazo previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria.
Prueba de que no se está ante un cambio en el sentido normativo de la fracción I del artículo 15 de la Constitución Local es lo expresado en el Dictamen 50 de quince de julio de dos mil veinte, que culminó con el Decreto 102 publicado el dos de septiembre de dos mil veinte, ya que ahí la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales reconoce que aprobó recientemente el diverso Dictamen 46 por el cual se modificó el artículo 15 de la Constitución Local, que al momento de elaborar el dictamen mencionado en primer término, se encontraba en los Ayuntamientos para su valoración, por lo que para fines prácticos su contenido sería tomado en cuenta al momento de integrar el resolutivo del propio dictamen, para no generar una derogación tácita o involuntaria, lo que se expresó en los siguientes términos:
"..."
"Recientemente el Pleno de esta XXIII Legislatura, aprobó el Dictamen 46 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual modificó el artículo 15 de la Constitución Local. Actualmente se encuentra en los Ayuntamientos para su valoración conforme al procedimiento establecido en el artículo 112 de nuestra Carta Local, en tal virtud, al ser una modificación previamente aprobada por el Pleno de esta Legislatura y sujeta a un procedimiento constitucional en curso, para fines prácticos del presente dictamen será tomado en cuenta su contenido al momento de integrar el resolutivo de este dictamen, lo anterior para no generar una derogación tácita o involuntaria.
"..."
De acuerdo con lo anterior, se confirma que la hipótesis normativa del artículo 15, fracción I, de la Constitución de Baja California, plasmada en el Decreto 102 impugnado por el Partido de la Revolución Democrática, no implicó un cambio en el sentido normativo que quedó plasmado en el Decreto 85 de veinticuatro de julio de dos mil veinte; de ahí la presentación extemporánea de la impugnación de esa disposición.
Consecuentemente, ha lugar a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la fracción I del artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Esa causal de improcedencia también se aduce respecto del artículo 16 de la Constitución de Baja California, combatido por los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, empero, por lo que hace a éste, no se actualiza la causal de improcedencia en cuestión.
En efecto, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2020 y sus acumuladas 149/2020, 151/2020 y 162/2020,(10) determinó, por lo que hace a esa disposición, que debía sobreseerse en los medios de control constitucional porque se actualizó un cambio normativo.
En esos expedientes los promoventes combatieron el Decreto Número 74 por el cual se reformaron los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución del Estado de Baja California publicado el dieciséis de junio de dos mil veinte; y, previo al examen de la constitucionalidad de las normas impugnadas, en el considerando de causas de improcedencia se informó de la emisión del Decreto 102 publicado el dos de septiembre de dos mil veinte, que incluyó entre otros, una reforma a las disposiciones arriba indicadas, lo que fue objeto de análisis para concluir, por lo que hace al artículo 16 que ahora nos ocupa, que en el Decreto 102 se cambió el término "Diputado" por "una diputación" en la misma porción impugnada; y se incorporó que “en los métodos de selección de candidaturas deberán respetar el principio de paridad de género en su aspecto cualitativo y cuantitativo”, en una porción distinta.
Asimismo, se razonó que esa modificación y otras tuvieron el objetivo de insertar un lenguaje neutral de género e incorporar el principio de paridad, aspiración impuesta por el Poder Constituyente al reformar la Constitución Federal el seis de junio de dos mil diecinueve y también por el Congreso de la Unión al reformar el trece de abril de dos mil veinte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que, si bien con dicha reforma no se alteró el contenido material de la porción impugnada objeto de la litis,(11) ello sí tiene un efecto en el sistema normativo electoral aplicable, de ahí que pueda considerarse que se actualiza un cambio normativo respecto del cual procede el sobreseimiento.
La conclusión que antecede demuestra que el Decreto 102, al incluir en los preceptos reformados un cambio normativo, permite la impugnación del artículo 16 de la Constitución del Estado de Baja California a partir de la publicación de dicho decreto, es decir, del dos de septiembre de dos mil veinte, con independencia de que no se haya alterado el contenido material de la porción combatida de esa disposición.
En consecuencia, no ha lugar a sobreseer
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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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