I. FISCALIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU REGULACIÓN TRANSITORIA NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICAS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014, POR EL QUE SE APROBARON REFORMAS A DIVERSOS NUMERALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL). II. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. FÓRMULA PARA DETERMINAR SU MONTO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, APARTADO A, PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2014, INTERPRETADO ARMÓNICAMENTE CON LOS NUMERALES 42 Y 43 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS ESTATAL).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2014 Y SU ACUMULADA 105/2014. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y PARTIDO NUEVA ALIANZA. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de septiembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Presentación del escrito inicial, normas impugnadas y autoridades. Por escritos presentados los días trece y catorce de noviembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) respectivamente, el Partido Encuentro Social y el Partido Nueva Alianza promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 112, por el que se aprobaron reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado, específicamente, del artículo 5, apartado A, párrafo décimo primero, de dicha Constitución Local, así como sus artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Baja California.
2. SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. El artículo 41 de la Constitución General, en relación con los artículos décimo quinto y décimo octavo transitorios, de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce.
3. TERCERO.-Admisiones y trámite. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil catorce,(2) el Ministro Juan N. Silva Meza, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 104/2014, promovida por el Partido Encuentro Social, y ordenó turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor.
4. Por acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil catorce,(3) el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la diversa acción de inconstitucionalidad 105/2014, promovida por el Partido Nueva Alianza, y decretó la acumulación de ambos expedientes.
5. Mediante diverso acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil catorce,(4) el Ministro instructor adoptó las siguientes determinaciones: (i) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad acumuladas; (ii) ordenó dar vista al Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo al primero, específicamente, el envío de los antecedentes legislativos y la documentación relativa a la participación de los Municipios del Estado en el proceso de reforma constitucional; (iii) declaró que no había lugar a tener como autoridades demandadas a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, ni como terceros interesados al Instituto Nacional Electoral ni al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; (iv) dio vista al procurador general de la República para que formulara su pedimento; (v) solicitó al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad, y que enviara copia certificada de los Estatutos del Partido Encuentro Social, así como una certificación de su registro vigente, precisando quién es su dirigente estatal; (vi) requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral que enviara copia certificada de los estatutos del Partido Nueva Alianza, así como una certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes del Comité de Dirección Nacional; y, (vii) solicitó su opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6. CUARTO.-Informes. En acatamiento al acuerdo del Ministro instructor, las siguientes autoridades rindieron los informes que a continuación se describen, que se agregaron a los autos en las circunstancias que se mencionan:
6.1. Por oficio No. INE/DC/1317/2014, de veintisiete de noviembre de dos mil catorce,(5) el director de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral remitió copia certificada de los estatutos, una certificación relativa al registro vigente como partidos nacionales, así como certificación de la integración del Comité Directivo Nacional, tanto del Partido Nueva Alianza, como del Partido Encuentro Social.
Dichos documentos se tuvieron por presentados mediante acuerdo de primero de diciembre de dos mil catorce.(6)
6.2. Mediante oficio No. CGE/1260/2014, de veintiocho de noviembre de dos mil catorce,(7) el secretario fedatario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, diciendo actuar por instrucciones del consejero presidente del Consejo General Electoral de dicho instituto, informó que las próximas elecciones en la entidad serán las del año 2016, y que el proceso electoral local dará inicio el veintisiete de septiembre de dos mil quince. Asimismo, remitió copia certificada de los estatutos del Partido Encuentro Social, en cuyo artículo 1o. se le define como partido político estatal, así como certificación de la integración de su Comité Ejecutivo Estatal.
Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce,(8) el Ministro instructor señaló que de constancias de autos se desprendía que el Partido Encuentro Social promovió la acción de inconstitucionalidad por conducto del presidente y del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal; que en su demanda describió y exhibió constancia de haber obtenido su registro como partido político estatal, y que en el artículo 1o. de sus estatutos se establece lo mismo. Y que, sin embargo, del informe del Instituto Nacional Electoral se desprende que dicho partido se encuentra registrado como partido político nacional. Por lo tanto, requirió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, para que aclarara esta situación.
En cumplimiento de lo anterior, por oficio No. CGE/1335/2014, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de diciembre de dos mil catorce,(9) dicho instituto informó a este Alto Tribunal que el Partido Encuentro Social es un partido político con registro local vigente, otorgado por el Consejo General Electoral de la entidad en octubre de dos mil seis. El requerimiento se tuvo por cumplido en estos términos por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil catorce.(10)
6.3. Por oficio TEPJF-P-JALR/317/14, de dos de diciembre de dos mil catorce,(11) se remitió a este Alto Tribunal la opinión que en torno al presente asunto emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en la que manifestó que los conceptos de invalidez planteados por los partidos políticos promoventes no son de competencia de dicha Sala Superior, porque en ellos no se confrontan los preceptos impugnados con el Texto Constitucional y que, sin embargo, para cumplir con la solicitud del Ministro instructor, emite su opinión en el sentido de que los preceptos impugnados no son inconstitucionales.
Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce,(12) se acusó recibo de la opinión así emitida.
6.4. Mediante oficio recibido el doce de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(13) el Poder Ejecutivo de Baja California, por conducto del secretario general de Gobierno, rindió su informe manifestando que son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la promulgación y orden de publicación del decreto impugnado, y pidió a este Alto Tribunal declarar la legalidad y constitucionalidad del mismo.
Dicho informe se tuvo por presentado en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce.(14)
6.5. Por oficio recibido el dieciocho de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(15) el Poder Legislativo de Baja California, por conducto del presidente y del secretario de la mesa directiva, rindió su informe manifestando que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la aprobación del decreto impugnado y negando los conceptos de invalidez, y solicitó que se declare la validez de los preceptos impugnados. Asimismo, remitió diversos documentos relacionados con el proceso electoral que dio origen al decreto impugnado.
Dicho informe se tuvo por presentado en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, en el que, además, se dio vista a las partes con la documentación relativa al proceso legislativo, para que formularan alegatos por escrito,(16) lo cual, sin embargo, no hicieron en tiempo.(17)
7. QUINTO.-Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil quince, se returnó el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza; posteriormente, por proveído de doce de enero siguiente, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en suplencia de dicho Ministro instructor, cerró la instrucción y, finalmente, por acuerdo de diecinueve de enero siguiente, se devolvieron los autos a la ponencia del Ministro Silva Meza a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(18)
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(19) así como con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(20) toda vez que diversos partidos políticos plantean la posible contradicción entre distintas normas de la Constitución Política del Estado de Baja California, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9. SEGUNDO.-Oportunidad. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnó el Decreto Número 112, por el que se aprobaron reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, específicamente, del artículo 5, apartado A, párrafo décimo primero, de dicha Constitución Local, así como sus artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios; decreto que fue publicado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado,(21) por lo que el plazo de treinta días naturales establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(22) transcurrió del sábado dieciocho de octubre al domingo dieciséis de noviembre de dos mil catorce. Por tanto, si los escritos en los que se impugnaron dichas normas fueron presentados los días trece y catorce de noviembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(23) su presentación se realizó de manera oportuna.
10. TERCERO.-Legitimación. La acción de inconstitucionalidad 104/2014, por parte del Partido Encuentro Social, fue presentada por Luis Moreno Hernández y José Aguilar Ceballos, en su carácter de presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal,(24) órgano que no se encuentra legitimado para ello.
11. En efecto, aunque en su momento el actor en mención era un partido político estatal, con registro desde octubre de dos mil seis en Baja California, y a pesar de que dicho registro siga vigente,(25) de autos se desprende que desde dos mil catorce, obtuvo su registro como partido político nacional, ante el Instituto Nacional Electoral;(26) que sus estatutos fueron aprobados por el Consejo General de dicho instituto el nueve de julio de dos mil catorce,(27) y que el Comité Directivo Nacional del partido se encuentra integrado. Se advierte, asimismo, que en sus estatutos, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, se dispone que la representación del partido, que incluye la facultad de promover una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes locales, corresponde a su Comité Directivo Nacional(28) y no de un Comité Ejecutivo Estatal. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia de este Tribunal Pleno:(29)
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.-Conforme a los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo último, de su ley reglamentaria, los partidos políticos con registro nacional están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales, ya sea federales o locales, pero siempre por conducto de su dirigencia nacional. Por tanto, los Comités Ejecutivos Estatales carecen de legitimación para promoverlas en representación de un partido político que cuente con registro ante el Instituto Federal Electoral."
12. Por consiguiente, al faltar un requisito de procedibilidad, como es la legal representación de la actora, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 104/2014, con fundamento en la fracción VIII del artículo 19, la fracción II del artículo 20, «y en los artículos» 59 y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Por otro lado, la acción de inconstitucionalidad 105/2014, promovida por el Partido Nueva Alianza, que también cuenta con registro definitivo como partido político nacional,(30) fue presentada por parte legitimada para ello, pues se encuentra firmada por Luis Castro Obregón,(31) en su carácter de presidente del Comité de Dirección Nacional del partido, personalidad que se tiene por demostrada, en términos de la certificación expedida por el Instituto Nacional Electoral,(32) y que cuenta con las facultades de representación suficientes para ello, en términos de los estatutos del propio partido.(33) Además, las normas impugnadas son de naturaleza electoral, pues versan sobre el financiamiento de los partidos políticos.
14. CUARTO.-Procedimientos de fiscalización. En su primer concepto de invalidez, el Partido Nueva Alianza afirma que el legislador de Baja California vulneró los principios de certeza y seguridad jurídica, e impidió el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes, porque al emitir el decreto impugnado no reguló la fiscalización de los partidos políticos de manera completa y congruente con la reforma político-electoral a nivel federal, en relación con el Acuerdo INE/CG93/2014, emitido por el Instituto Nacional Electoral, con base en el siguiente razonamiento: Ver votación 1
14.1. Por una parte, en términos del transitorio décimo octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(34) los procedimientos de fiscalización de partidos políticos en las entidades federativas, iniciados antes de la entrada en vigor de dicha ley (veintitrés de mayo de dos mil catorce), seguirán bajo la competencia de los órganos públicos electorales y se resolverán con base en la normatividad vigente hasta esa fecha, a más tardar el último día de diciembre de dos mil catorce.
14.2. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad que al efecto se establece en el artículo décimo quinto transitorio de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(35) emitió el Acuerdo INE/CG93/2014, al que se hace referencia, para establecer o modificar normas de transición que se adecuen y hagan efectivo el correcto funcionamiento del sistema electoral. En dicho acuerdo, se dispuso que debía modificarse la norma de tránsito contenida en el décimo octavo transitorio en mención, para respetar los principios de anualidad, certeza, continuidad en la revisión, así como la existencia de plazos ciertos, pues una fiscalización parcial no reflejaría el comportamiento real del partido político. En este sentido, se determinó que la propia autoridad fiscalizadora local, fuera competente para fiscalizar, con base en la normativa vigente hasta antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el ejercicio de dos mil catorce en su totalidad. Esto implica la continuación de estos procedimientos durante el año de dos mil quince, por lo que, según el propio acuerdo del Instituto Nacional Electoral, en ese año tendrían que subsistir los organismos públicos locales respectivos, que resolverán los procedimientos en cuestión hasta su terminación y rendirán un informe mensual a la unidad técnica de fiscalización, sobre el estado que guarda la revisión de los informes de los partidos políticos correspondientes a dos mil catorce, así como el estado procesal de los procedimientos de referencia.
14.3. A pesar del marco jurídico anteriormente descrito, en la reforma de la Constitución Local, mediante el decreto impugnado, se derogó (sic) la Dirección de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, dependiente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, estableciendo que subsistirá hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,(36) y que los procedimientos de fiscalización se proseguirán bajo la competencia del Instituto Electoral Local y bajo la normativa aplicable, que se hayan iniciado hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que deberán ser concluidos a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.(37)
15. Son infundados los conceptos de invalidez descritos, pues además de que no existía un deber constitucional a cargo del Congreso Local demandado, para emitir la reforma en materia de fiscalización de los partidos políticos, y aunque pudiera discutirse que el legislador local podría haber reglamentado esta materia con mejor técnica legislativa, o de manera más oportuna, lo cierto es que el partido actor no demuestra que estos defectos legislativos vulneren los principios de certeza y seguridad jurídica, pues en esta materia, el marco constitucional y legal a nivel federal, contiene en sí mismo todos los elementos necesarios para su implementación práctica, y esta Corte Suprema no advierte que el decreto impugnado obstaculice dicha implementación, por las razones que expone el actor.
16. En efecto, de los apartados B y C de la base V del artículo 41, de la fracción IV del artículo 116, así como del artículo noveno transitorio, todos del decreto de reformas a la Constitución General, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, y del artículo décimo octavo transitorio del decreto por el que se promulgó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende el siguiente marco normativo:
16.1. Como resultado de la reforma constitucional en materia político electoral, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos corresponde actualmente al Instituto Nacional Electoral, tanto en procesos federales como locales;(38) aunque en este último caso, puede delegar esas facultades en los órganos electorales locales.(39)
16.2. Ciertamente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estableció un régimen transitorio para que los procedimientos de fiscalización iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se terminen de sustanciar con base en la normatividad vigente cuando se iniciaron, y ante la misma autoridad local.(40) En este punto conviene resaltar que, en términos del artículo décimo octavo transitorio, que contiene esta disposición, se establece la competencia transitoria para los "órganos electorales locales". Asimismo, es cierto que, en términos del Acuerdo INE/CG93/2014, el Instituto Nacional Electoral dispuso que ese mecanismo de transición funcionará no solamente para los procedimientos iniciados hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también los procedimientos que versen sobre la fiscalización de todo el ejercicio fiscal de dos mil catorce.(41)
16.3. En las entidades federativas debe existir un organismo público local electoral, que tenga a su cargo las elecciones, y que contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales.(42)
16.4. El Instituto Nacional Electoral cuenta con la facultad de nombrar a los consejeros electorales que integrarán ese máximo órgano de dirección de los organismos públicos locales electorales.(43)
16.5. Según el régimen transitorio constitucional, los consejeros electorales locales continuarán en sus funciones hasta que el Instituto Nacional Electoral nombre a los nuevos consejeros de los organismos públicos locales electorales.(44)
17. Como se observa, el hecho de que mediante el decreto de reformas constitucionales locales impugnado, el Congreso Local de Baja California haya eliminado el órgano de fiscalización del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, no significa que desaparezca el propio Instituto Electoral de referencia, cuya subsistencia está regulada a nivel constitucional, además de que existe una completa regulación de transición para determinar su continuidad, funcionamiento e integración, y en quien recae, por disposición del régimen de transición de la propia reforma constitucional, la competencia para tramitar hasta su resolución los procedimientos locales de fiscalización, relativos al ejercicio de dos mil catorce.
18. Cabe resaltar en este punto, que no sería jurídicamente válido exigir al legislador de la entidad, que dentro de la estructura del nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya sea en el Texto Constitucional o en la nueva Ley Electoral, estableciera o conservara un órgano especializado para la fiscalización de los partidos políticos; pues, como se ha señalado, esta facultad corresponde ahora al Instituto Nacional Electoral, y aunque podría ser más eficaz el establecimiento de un adecuado régimen de transición, en la especie, no es necesario.
19. Recapitulando, el marco constitucional y legal a nivel federal genera por sí mismo la certeza y seguridad jurídicas suficientes para que pueda determinarse con puntualidad la forma en que transitoriamente deben resolverse los procedimientos de fiscalización locales, y el decreto impugnado no obstaculiza este marco constitucional, pues aunque elimina al órgano de fiscalización previamente existente, dependiente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, es en este instituto en el que recae la competencia transitoria de fiscalización, competencia que no necesariamente debe ejercerse por conducto de un órgano especializado dentro del mismo instituto.
20. QUINTO.-Fórmula para determinar montos de financiamiento público. En sus conceptos de invalidez segundo y tercero, el Partido Nueva Alianza afirma que el Congreso Local incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio,(45) pues omitió establecer una norma transitoria para determinar la fórmula que se aplicará para calcular el monto de los recursos del financiamiento público que pueden obtener los partidos políticos locales, hasta que el legislador local adecue la legislación a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, pues con la entrada en vigor de dicha ley, se estableció una nueva fórmula única que debe aplicarse a partir de dos mil quince, tanto para partidos políticos federales, como locales. En su concepto, esta omisión es violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica, porque el órgano local carecerá de parámetros provisionales para la oportuna entrega de las ministraciones a partir de enero de dos mil quince. Lo anterior, aunado a que, en términos del artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, la legislación local debe adecuarse hasta febrero de dos mil quince,(46) fecha en la cual, será demasiado tarde para calcular las ministraciones correspondientes a este año. Ver votación 2
21. Los conceptos de invalidez expuestos son infundados.
22. Efectivamente, existía un deber a cargo del Congreso Local, para adecuar su legislación al marco normativo electoral a más tardar el treinta de junio de dos mil catorce.(47) También es cierto que este deber incluía la regulación del financiamiento público de los partidos políticos locales, como a continuación se explicita:
23. En el artículo 41, fracción II, párrafo segundo, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal,(48) se establecen las bases a partir de las cuales se deben calcular los montos de financiamiento público que reciban los partidos políticos nacionales, para el sostenimiento de las actividades que realizan, así como su distribución; y así como del artículo 116, fracción IV, inciso g),(49) de la Constitución Federal, que establece el régimen relativo a las elecciones locales, se dispone que, de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y en las leyes generales en la materia, la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
24. Ahora bien, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se expidió la Ley General de Partidos Políticos, la cual tuvo su fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal,(50) donde se otorgó competencia al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en la Constitución. En dicha ley general, en lo que interesa, se establece:
"Título primero
"Disposiciones generales
"Capítulo I
"Disposiciones preliminares
"Artículo 1.
"1. La presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de:
"...
"c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; ..."
"Artículo 4.
"1. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
"...
"j) Partidos políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y ..."
"Título segundo
"De los partidos políticos
"...
"Capítulo III
"De los derechos y obligaciones de los partidos políticos
"Artículo 23.
"1. Son derechos de los partidos políticos:
"...
"d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta ley y demás leyes federales o locales aplicables."
"Artículo 26.
"1. Son prerrogativas de los partidos políticos:
"...
"b) Participar, en los términos de esta ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades; ..."
"Título quinto
"Del financiamiento de los partidos políticos
"Capítulo I
"Del financiamiento público
"Artículo 50.
"1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las Constituciones Locales.
"2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público."
"Artículo 51.
"1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones siguientes:
"a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
"I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;
"II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la base II, del artículo 41 de la Constitución;
"III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente;
"IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y
"V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26168-40a21409/i-fiscalizacion-de-recursos-de-los-partidos-politicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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