I. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA EXISTENCIA Y REGULACIÓN DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES DEBE SER CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO EN LAS LEYES GENERALES, DE MANERA QUE NO RESULTEN CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (ARTÍCULOS 82, FRACCIÓN V, 101, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, 102, 103, 104, 105 Y 106 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). II. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES RESULTA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL DEL INSTITUTO SERÁ DESIGNADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE DETERMINE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). III. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LAS REMUNERACIONES DE SUS CONSEJEROS ELECTORALES DEBEN ESTAR CONTEMPLADAS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, LO CUAL NO ATENTA CONTRA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (ARTÍCULO 89 BIS, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). IV. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO OBLIGA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INCLUIR EN LA ELECCIÓN POR ESTE PRINCIPIO A TODOS LOS CARGOS DE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULOS 23, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II, III Y IV, Y 202 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). V. PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. LA OBLIGACIÓN DE POSTULAR PLANILLAS DE CANDIDATOS EN LA TOTALIDAD DE LOS MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO VERTICAL Y HORIZONTAL, VULNERA SU LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). VI. PARIDAD DE GÉNERO. SU MODALIDAD HORIZONTAL NO RESULTA APLICABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). VII. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES DESARROLLAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS A UN DISEÑO DETERMINADO (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). VIII. PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. OBLIGACIÓN DE POSTULAR PLANILLAS DE CANDIDATOS EN, CUANDO MENOS, DOS TERCERAS PARTES DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN DIRECTA EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO, Y 25, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). IX. PARIDAD DE GÉNERO. INEXISTENCIA DE LA ANTINOMIA ENTRE DISPOSICIONES QUE CONTIENEN, RESPECTIVAMENTE, DIRECTRICES SOBRE CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL [ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, INCISO A), PARTE FINAL, Y 124, APARTADO A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT]. X. RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA ADMINISTRAR Y ASIGNAR LOS HORARIOS DE TRANSMISIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 137, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). XI. RADIO Y TELEVISIÓN. CUANDO LAS NORMAS LOCALES REFIEREN A LOS "MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL", DEBEN ENTENDERSE EXCEPTUADOS AQUÉLLOS, PUES EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA ADMINISTRAR Y ASIGNAR SUS HORARIOS DE TRANSMISIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES (ARTÍCULO 46 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). XII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS. PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES QUE NO CUENTAN CON REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO ESTATAL (ARTÍCULO 47, APARTADO A, FRACCIONES I, PÁRRAFO PRIMERO, Y II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT). XIII. EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE DAR FE PÚBLICA RESPECTO DE ACTOS O HECHOS QUE INFLUYAN O AFECTEN AQUÉLLA, ES CONSTITUCIONAL [ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN XII, Y 88, FRACCIÓN XVII, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, INCISO A), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT]. XIV. DEBATES PÚBLICOS. OBLIGACIÓN DE INVITAR A TODOS LOS CANDIDATOS Y REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO EN CONDICIONES DE EQUIDAD PARA LOS CANDIDATOS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2016 Y SU ACUMULADA 98/2016. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MORENA. 5 DE ENERO DE 2017. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de enero de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de noviembre de dos mil dieciséis, Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y gobernador del Estado de Nayarit, por la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis.
Posteriormente, por escrito presentado en la oficina ya referida el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y decreto mencionados.
SEGUNDO.-Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 4o., 14, párrafos segundo y cuarto, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, primer párrafo, fracción V, apartados C y D, 115, bases I y VIII, primer párrafo, 116, fracciones II y IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de esa Constitución en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.
CUARTO.-Registro del expediente y turno de la demanda del Partido Acción Nacional. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con el número 97/2016; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Registro del expediente, turno de la demanda de Morena y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con el número 98/2016; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 97/2016, en razón de la identidad en la impugnación de la legislación electoral del Estado de Nayarit; y ordenó turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán, al haber sido designado como Ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad aludida.
SEXTO.-Admisión de las demandas. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de ocho de noviembre siguiente, en el que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria; especificó al Poder Legislativo de dicha entidad que, en su informe, adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; así como dio vista al procurador general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, dicha Sala expresara su opinión en relación con el presente asunto; requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que dentro del plazo de tres días naturales, remitiera copia certificada de los estatutos de los partidos políticos de Acción Nacional y Morena, así como las respectivas certificaciones de sus registros vigentes, precisando quiénes son los integrantes de sus órganos de dirección nacional; y requirió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa.
SÉPTIMO.-Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio y anexos del secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual desahogó el requerimiento formulado; así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos de los partidos políticos actores, las certificaciones de sus registros vigentes y de sus dirigentes.
OCTAVO.-Auto que tiene por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas, al Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit y por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, así como exhibidas las documentales que acompañaron, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; el informe del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit; y por rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cabe agregar que el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, informó que el proceso electoral en la entidad inicia el siete de enero del año de la elección, en el caso, el próximo proceso electoral tendrá verificativo en dos mil diecisiete.
NOVENO.-Informes y opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las autoridades que emitieron y promulgaron la Ley Electoral del Estado de Nayarit rindieron sus respectivos informes; y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la opinión que le correspondió, los cuales se tienen a la vista para la resolución de estos expedientes.(1)
DÉCIMO.-Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO PRIMERO.-Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el cinco de octubre de dos mil dieciséis, frente a la Constitución General de la República.
SEGUNDO.-Oportunidad en la presentación de las demandas. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.
"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.
El decreto por medio del cual se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el seis de octubre y venció el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
Ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, se presentó el tres de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) por lo que la demanda se promovió en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.
Lo mismo ocurre con el escrito correspondiente a la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena, ya que se presentó el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)
TERCERO.-Legitimación de los promoventes. Acto continuo se procede a analizar la legitimación de quienes promovieron las demandas de acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro."
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
Los artículos transcritos disponen que los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:
La acción de inconstitucionalidad 97/2016 fue promovida por el Partido Acción Nacional, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de diez de noviembre de dos mil dieciséis.(4) Asimismo, fue suscrita por Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo que se acredita con la diversa certificación de once de noviembre siguiente.(5)
Por otra parte, de los artículos 53, inciso a) y 57, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional(6) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la atribución de representar legalmente al partido político.
En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen dicho instituto político. Además de que las normas impugnadas son de naturaleza electoral.
Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 98/2016 fue promovida por Morena, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de diez de noviembre de dos mil dieciséis.(7) Y la demanda fue suscrita por Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien acredita ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha y expedida por la misma autoridad electoral, relativa a la integración de ese comité.(8)
Por otra parte, del artículo 38, inciso a), de los estatutos de Morena,(9) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la representación legal de ese partido político en el país.
En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen dicho instituto político. Además de que las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.
CUARTO.-Improcedencia. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, se procede al análisis de las causales de improcedencia hechas valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, como se razonará a continuación:
El representante del Ejecutivo Estatal afirma en esencia que la acción es improcedente respecto del acto de promulgación que se le atribuye, en virtud de que corresponde a la conclusión del proceso legislativo y porque no hizo observaciones al dictamen del Poder Legislativo por considerarlo constitucional; para ello, invoca los artículos 19, fracción VIII, 20, fracciones II y III, 64 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos preceptos se reproducen a continuación:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
"II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;
"IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
"En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."
"Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el Ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo. ..."
"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20. ..."
De la lectura a los preceptos transcritos se concluye que el argumento en análisis no se encuentra previsto como una causa de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad; y, en ese sentido, la invariable injerencia del Ejecutivo Local en el proceso legislativo de toda norma general para dotarlas de validez y eficacia implica que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal; además de que la falta de observaciones al dictamen, no es una causal de improcedencia prevista en el artículo 19 de la ley reglamentaria, según demuestra la lectura de esa disposición.
La conclusión que antecede se sustenta en la tesis P./J. 38/2010, sustentada por este Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.-Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, registro digital: 164865)
Por consiguiente, el argumento en estudio debe desestimarse.
Por otra parte, la autoridad legislativa señala que la acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto de los artículos que a continuación se enumeran:
a) 23, primer párrafo, en sus cuatro fracciones, porque la reforma cuestionada en relación con este artículo se circunscribió a modificar los rangos del número de electores para la determinación del número total de regidores por cada Municipio, por lo que deja incólume la parte de la que se duele el promovente de la acción.
b) 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, por ausencia de conceptos de invalidez.
c) 124, apartado A, párrafo último, porque la acción se promovió fuera del plazo legal previsto para ello, en virtud de que la porción normativa impugnada no sufrió cambio o modificación, se mantuvo intacta a la redacción de la norma previa a la reforma de cinco de octubre de dos mil dieciséis.
d) 46, porque no fue parte del decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad, de ahí que el partido político no se encuentra dentro del término oportuno para promover el medio de control constitucional.
En relación con el inciso b), se desestima la causa de improcedencia alegada, pues del escrito inicial de la acción se advierte que el promovente partido político Morena sí hizo valer concepto de invalidez en contra del artículo 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para demostrar esto basta la síntesis de los argumentos aducidos por ese partido en su segundo concepto de invalidez, pues adujo lo siguiente:
• El artículo 24, primer párrafo, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, exige a los partidos políticos postular planillas de candidatos en la totalidad de los Municipios del Estado para garantizar la paridad vertical y horizontal de participación de los géneros, condicionando la integración de todos los Ayuntamientos y la postulación partidista del cien por ciento de las planillas de candidatos a integrar los órganos de gobierno de los Municipios, como medio supuestamente, para cumplir con el principio de paridad de género, lo que transgrede los diversos 1o., 9o., 35, fracción II, 41, base I, 115, base I, y 116, fracción IV, incisos a), e) y f) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 2, 16, numeral 1, 23 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
• Que lo anterior es así, porque en el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 24 de la ley reclamada, se parte de la premisa errónea de que sólo se puede garantizar el principio de paridad de género en su doble dimensión imponiendo a los partidos políticos la carga de postular planillas de candidatos en la totalidad de los Municipios del Estado, cuando ése no es el único método para lograr ese objetivo y porque dicha paridad es posible si la postulación se realiza en un número inferior de Municipios, lo que ya garantiza el propio artículo reclamado en el resto de párrafos de la fracción I; y,
• Además, la norma es inconstitucional porque es un derecho de los partidos políticos nacionales participar en las elecciones de las entidades federativas, pero esto no se puede condicionar (con el pretexto de respetar la paridad de género) imponiendo la obligación a los partidos de postular candidatos en todos los Municipios del Estado, ya que el respeto a ese principio se cumple postulando candidatos de ambos géneros, cualquiera que sea el número de postulaciones; por tanto, se está ante un requisito excesivo e innecesario que va en menoscabo del derecho de los partidos políticos de decidir cómo participa en las elecciones.
La síntesis que antecede evidencia que no asiste la razón al Poder Legislativo del Estado de Nayarit; máxime que en todo caso el demostrar la invalidez alegada con los indicados argumentos, es una cuestión que sólo puede ser materia del estudio de fondo del asunto y no de la procedencia del presente medio de control constitucional.
Sirve de apoyo a la conclusión que antecede la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2004 de este Tribunal Pleno, que establece:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 865, registro digital: 181395)
Por tanto, y al implicar dicho planteamiento el estudio de fondo que se haga respecto a la constitucionalidad del artículo 24, párrafo primero, fracción I y párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, este Tribunal Pleno estima que no se actualiza el motivo de improcedencia alegado.
En cuanto a los incisos a) y c), la autoridad legislativa señala que es improcedente la acción de inconstitucionalidad al promoverse de manera extemporánea, ya que, por una parte, las normas controvertidas sólo se modificaron respecto de los rangos del número de electores y, por otro lado, se mantuvo intacto el texto de la norma, esto es, no fueron objeto de modificación sustantiva que permita su impugnación.
Al respecto, los artículos 19, fracción VII, 59 y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Esas disposiciones prevén que la controversia constitucional es improcedente cuando la demanda se presenta fuera de los plazos previstos en el artículo 21; así como que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II; y, el término legal para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral todos los días como hábiles.
Por su parte, este Tribunal Pleno en cuanto al tema de modificación sustantiva relacionado con lo que debe entenderse por "nuevo acto legislativo" ha formulado diversas interpretaciones, por lo que se seguirá la última de ellas, sustentada en la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(10) así como la tesis P./J. 25/2016 (10a.), cuyos título, subtítulo, texto y datos de identificación son los siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27065-a96ca628/i-organismos-publicos-locales-electorales-la-existencia-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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