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Modo: Corpus Pro

I. MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PREVÉ UNA COMPOSICIÓN DE CINCO MIEMBROS, CUYA FACULTAD PARA ELEGIRLOS ES EXCLUSIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, PÁRRAFOS SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y HASTA TRES MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS ELECTOS POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO", Y TERCERO, FRACCIONES I, II Y III, 10, PÁRRAFO TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS VACANTES TEMPORALES DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS O LAS EXCUSAS DE LOS MISMOS, CALIFICADAS DE PROCEDENTES, SE SUPLIRÁN POR LOS MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS, EN EL ORDEN DE PRELACIÓN QUE ESTABLEZCA EL DECRETO DE SU NOMBRAMIENTO", Y TRANSITORIO TERCERO DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). II. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN POR SÍ MISMOS O POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). III. CIUDADANOS Y CANDIDATOS. PROHIBICIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIN QUE SEA ADMISIBLE REPRESENTACIÓN ALGUNA", DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR SU PROPIO DERECHO", Y 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR SÍ MISMO Y EN FORMA INDIVIDUAL", DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL). IV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EN CASO DE QUE LOS TERCEROS INTERESADOS NO SEÑALEN EN SU ESCRITO DE DEMANDA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, DEBE TENERSE POR NO PRESENTADO Y NOTIFICARSE POR ESTRADOS LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 40, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIÓN III, Y SEGUNDO, Y 42, FRACCIÓN IV, PARTE PRIMERA, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). V. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. FACULTAD DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR PARA REQUERIR AL PROMOVENTE O TERCERO INTERESADO (ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). VI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LOS REQUERIMIENTOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN (ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). VII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. POR REGLA GENERAL, LAS NOTIFICACIONES PERSONALES SÓLO DEBEN REALIZARSE EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y, POR EXCEPCIÓN, EN LOS CASOS NO PREVISTOS PERO QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EFICACIA DEL ACTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR (ARTÍCULO 49, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). VIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LAS NOTIFICACIONES POR ESTRADOS DEBEN CONTENER LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE REFIEREN A SENTENCIAS YA ENGROSADAS Y DISPONIBLES PARA LAS PARTES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). IX. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES AL PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATO INDEPENDIENTE, COALICIÓN, ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN POLÍTICA, CUYO REPRESENTANTE HAYA ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL QUE EMITIÓ EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). X. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA EXISTENCIA Y REGULACIÓN DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES DEBE SER CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO EN LAS LEYES GENERALES, DE MANERA QUE NO RESULTEN CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (ARTÍCULOS 15 -SALVO SU PÁRRAFO SEGUNDO- 16, 17, 18, 19 y 20 DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES RESULTA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE JUSTICIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2016 Y SU ACUMULADA 96/2016. · Registro digital (IUS): 27066
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-07
Promovente: PARTIDO NACIONAL MORENA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 439.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2016 Y SU ACUMULADA 96/2016. PARTIDO NACIONAL MORENA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 3 DE ENERO DE 2017. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de escritos iniciales, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos del Decreto Número 059, mediante el cual se expide la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial de Nayarit el cinco de octubre de dos mil dieciséis:

Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas

Se señalaron como autoridades emisoras y promulgadoras del decreto impugnado a la XXXI Legislatura del Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.-Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. De manera coincidente los accionantes señalaron como violado el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el Partido Nacional Morena señaló los artículos 1o., 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 41, 116, fracción IV, inciso l), 124 y 133 de la Constitución General. Así como los artículos 1, 2, 8.1., 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por otro lado, el Partido Acción Nacional señaló la violación al artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto, de la Constitución General.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. En las acciones de inconstitucionalidad 94/2016, promovida por el Partido Morena, y 96/2016, promovida por el Partido Acción Nacional, se señalaron los siguientes conceptos de invalidez:

Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena

En su primer concepto de invalidez, el Partido Morena impugnó el artículo 7, párrafos segundo y tercero, el artículo 10, párrafo tercero, parte inicial, y el artículo tercero transitorio de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

El artículo 7 impugnado contempla la integración del Tribunal Electoral nayarita por cinco Magistrados numerarios designados por el Senado y hasta tres Magistrados supernumerarios nombrados por el Congreso del Estado, con una duración en el cargo por siete años. El promovente argumentó que con dicho artículo se exceden las atribuciones del Congreso Local, pues la designación de Magistrados electorales es una facultad exclusiva del Senado, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 5, constitucional. Estimó que dicha disposición se aparta de los principios de legalidad, fundamentación y motivación, por lo que viola los artículos 16 y 124 constitucionales.

Aunado a lo anterior, el partido argumentó que el artículo 109, tercer párrafo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sólo autoriza que las leyes locales establezcan las reglas para cubrir vacantes temporales, en tanto la ausencia no es definitiva ni superior a tres meses. Contrario a lo anterior, los artículos 7 y 10 impugnados autorizan la designación de Magistrados supernumerarios con permanencia en el cargo durante siete años, con el fin de que suplan las vacantes temporales o excusas de los Magistrados numerarios. El promovente concluyó que el legislador local rebasó la libertad configurativa normativa, pues la legislación general no contempla que se regule el nombramiento de otro tipo de Magistrados para que suplan permanentemente las faltas temporales de los Magistrados numerarios.

Adicionalmente, con base en la regulación constitucional y la legislación general, el partido adujo que no existen suplentes o Magistrados supernumerarios permanentes, por lo que todos los Magistrados son numerarios y ninguno puede ser nombrado por autoridad distinta al Senado de la República.

El partido Morena estimó que el legislador local transgredió el principio de división de poderes previsto en el artículo 124 constitucional, ya que con los artículos impugnados se pretende que el Congreso Local concurra con el Senado en la designación e integración del Tribunal Electoral Local, infringiendo las prohibiciones de no intromisión, no independencia y de no subordinación. Al respecto, citó la tesis de jurisprudencia, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."(1)

En su segundo concepto de invalidez, el Partido Morena impugnó el artículo 33, fracciones III y V, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, por deficiente regulación. Consideró que dichas fracciones atentan en contra de la garantía a la justicia electoral y a un recurso, así como los principios de certeza y legalidad electorales. Estimó violados los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución General, así como los numerales 1, 2, 8.1., 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior, en virtud de que la fracción III no admite representación alguna a los ciudadanos y candidatos, la fracción V sólo permite a los candidatos independientes promover medios de impugnación a través de sus representantes acreditados ante el Instituto Electoral Local. La promovente considera que ambas fracciones dejan en estado de indefensión y sin acceso a la justicia electoral a los referidos sujetos, sujetando a unos a la voluntad de quien los representa, sin que puedan ejercer por sí tales derechos, y sujetando a otros a no poder ser representados.

En relación con la obligación de los candidatos independientes para promover directamente los medios de impugnación, la promovente estimó que debe aplicarse lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.

Por último, el partido argumentó la vulneración a los principios de certeza y objetividad electorales, pues el legislador incurrió en una redacción de normas de procedimiento cuya interpretación literal podría llevar a situaciones conflictivas y a incertidumbre para los operadores jurídicos.

En su tercer concepto de invalidez, el Partido Morena impugnó los artículos 40, párrafos primero, fracción III, y segundo, y 42, fracción IV, primera parte, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

Los artículos impugnados señalan que será motivo para tener por no presentado un escrito mediante el cual comparezcan los terceros interesados que éstos no señalen domicilio para recibir notificaciones. El promovente argumentó que tal regulación vulnera el principio de igualdad de las partes y la garantía de imparcialidad prevista en los artículos 17, segundo párrafo, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General. Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Justicia Electoral Local, si el actor omite señalar el domicilio, se le notificará por estrados; posibilidad que no se contempla para los terceros interesados.

Agregó que la consecuencia que se está imponiendo a los terceros interesados de tener sus escritos por no presentados, es desproporcionada e irrazonable, además de que no persigue una finalidad legítima. Argumentó que la figura de tercero interesado permite que de la presentación de su escrito se puedan confirmar actos o resoluciones electorales, por lo que al tenerlo, por no presentado, por una falta formal, el organismo jurisdiccional está incumpliendo su deber de atender los razonamientos de una de las partes. Adujo que lo anterior se agrava cuando no se publica por estrados el auto relativo, dejando al tercero interesado en estado de indefensión.

Por último, en consideración con el párrafo 123 de la sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, y con el artículo primero constitucional, los órganos legislativos tienen la obligación de atender el principio de progresividad de los derechos humanos, así como prevenir y reparar cualquier violación. Argumentó que, en el caso en concreto, se violaron las garantías previstas en los artículos 1o., 14, párrafo segundo, y último, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución General, así como los numerales 1, 2, 8.1., 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y concluyó que procede ordenar al Congreso del Estado subsanar las deficiencias de la regulación observada o declarar la invalidez de las porciones normativas.

En su cuarto concepto de invalidez, el Partido Morena impugnó el artículo 42, fracciones II y IV, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, por violar los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales y acceso a la información. Estimó violados los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución General, así como los numerales 1, 2, 8.1., 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Argumentó que las fracciones II y IV del artículo 42 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit dan la potestad, sin obligar al Magistrado instructor, a requerir por notificación por estrados al promovente los requisitos omitidos, ya sea acreditar su personalidad o señalar el acto o resolución que se impugna, cuando no pueda deducirse del expediente de un medio de impugnación. También contempla el apercibimiento de que en caso de no cumplir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, se tendrá por no presentado el medio de impugnación.

El partido argumentó que la ley no puede dejar al arbitrio del operador jurídico la posibilidad de formular o no el requerimiento para cumplir requisitos omitidos pero subsanables de cualquiera de las partes. Agregó que los efectos del apercibimiento pueden derivar de la ineficacia de la notificación por estrados y no de la voluntad del promovente. Citó las tesis de jurisprudencia de rubro: "PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE." y "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO."(2)

Citó los artículos 14 y 8o. constitucionales, y adujo que se viola el acceso a la justicia electoral, dejando en estado de indefensión a las partes. Citó la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO." y las tesis de jurisprudencia de rubros: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE INCURRIÓ."(3) y "AMPARO DIRECTO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PREVENIR AL PROMOVENTE PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON SU PERSONALIDAD CUANDO EXISTA DUDA SOBRE SU VERDADERA REPRESENTACIÓN."(4)

Por lo anterior, la promovente estima que ante la gravedad que implica la consecuencia prevista en dicho artículo, las partes deben ser notificadas personalmente y no por estrados, cuando éstas omitan acreditar su personalidad o señalar el actor respecto del acto o resolución que se impugna, cuando no pueda deducirse del expediente.

En su quinto concepto de invalidez, el partido de Morena impugnó los artículos 49, primer párrafo, 50 y 52 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Estimó que dichas disposiciones no garantizan la notificación personal, lo que puede traducirse en dejar a la parte actora y al tercero interesado en estado de indefensión. Se consideraron violados los artículos 6o., segundo y cuarto párrafos, fracciones I y III, 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución General, así como el artículo 13.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La accionante argumentó que resulta incongruente y contradictorio el último párrafo del artículo 48, con el artículo 49 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, ya que el primero dispone que las notificaciones se podrán hacer personalmente, según se requiera la eficacia del acto o resolución a notificar; mientras que el segundo reduce el concepto a únicamente el caso de las notificaciones que con carácter personal se establezcan en esas leyes electorales.

El partido consideró que el artículo 49 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit reduce el disfrute al derecho humano de las partes a conocer con certeza y oportunidad el contenido total de las resoluciones y actos electorales, ya que limita las notificaciones personales a las disposiciones que la misma ley o la Ley Electoral del Estado de Nayarit establezcan. Argumentó que procede hacerse una interpretación conforme de los artículos 48, último párrafo, y 49, primer párrafo, de la ley, para que corresponda al instituto o Tribunal Electoral determinar caso por caso cuándo se requiere dar mayor publicidad a las sentencias o resoluciones a través de notificación personal.

Por otra parte, adujo que el artículo 50 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit contraviene los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad, ya que al definir lo que se entiende por estrados, no se distingue entre las decisiones que debieran ser notificadas personalmente. Aunado a lo anterior, el artículo 50 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit dispone que las notificaciones hechas por estrados sólo contendrán los puntos resolutivos de la sentencia. El promovente estimó que lo anterior limita el ejercicio de las partes a conocer oportunamente el contenido íntegro de las sentencias que así sean notificadas.

Asimismo, el partido advirtió que el legislador local no fijó como condición para practicar dicha notificación por estrados que las partes omitan señalar su domicilio en el escrito inicial, o en caso de requerirlo para cumplir con tal efecto, no lo hagan en el plazo que le corresponde.

Por último, estimó inconstitucional el artículo 52, primer párrafo, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, que contempla que los partidos políticos, candidatos independientes, coaliciones, organizaciones o asociaciones políticas cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se tendrán automáticamente notificados para todos los efectos legales sobre el acto o resolución impugnada. Argumentó que dicha disposición no garantiza que los sujetos tengan pleno y oportuno conocimiento del contenido total del acto o resolución correspondiente.

El partido planteó que la parte del artículo impugnado que prevé que se tendrá notificada la parte para todos los efectos legales, se puede entender que a partir de dicha notificación empezará a correr el plazo para interponer el medio de impugnación procedente, aun cuando el engrose no esté listo y no se conozcan los términos de la modificación de los puntos resolutivos o considerandos atinentes.

Concluyó que el hecho de que las partes sean notificadas automáticamente no garantiza la eficacia del acto o resolución, menos cuando la autoridad no está obligada a notificar por estrados, pues aun cuando lo hiciere sólo comunicaría los puntos resolutivos de la sentencia, violando los principios de máxima publicidad, certeza, objetividad y legalidad electorales.

Partido Acción Nacional

El Partido Acción Nacional impugnó los artículos 7, primer y segundo párrafos, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

Por un lado, el artículo 7 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit contempla la integración del Tribunal Electoral nayarita por cinco Magistrados designados por el Senado y hasta tres Magistrados supernumerarios nombrados por el Congreso del Estado con una duración en el cargo por siete años. El partido argumentó que con dicho artículo se exceden las atribuciones del Congreso Local, pues la designación de Magistrados electorales es una facultad exclusiva del Senado, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 5, constitucional, además de que contempla que las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de Magistrados. Agregó que se violó el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 impugnados, que conforman el título tercero de la Ley de Justicia Electoral de la entidad prevén la creación de un órgano interno de control en el Tribunal Electoral del Estado, el cual es designado por el Congreso de la entidad. El partido estimó que violan los principios de legalidad, independencia y autonomía de la función electoral en las entidades federativas, además de ser contrarios a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución General, y a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El promovente argumentó que las facultades y obligaciones que le fueron conferidas al órgano interno atentan en contra de la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, pues dicho órgano podría ejercer funciones por encima del tribunal. La facultad del Congreso para designar al titular del órgano de control, así como las facultades que se le otorgaron a este último, están encaminadas a mermar la autonomía del Tribunal Electoral.

Aunado a lo anterior, en atención al artículo 135, apartado D, de la Constitución Local, el promovente argumentó que el órgano jurisdiccional en materia electoral local de Nayarit, es un órgano autónomo, por lo que tiene como características intrínsecas la independencia y autonomía, de conformidad con las tesis de jurisprudencia de rubros: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO."(5) e "INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.".(6) En ese sentido, concluyó que el órgano interno de control vulnera la autonomía e independencia del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit.

El Partido Acción Nacional concluyó que, contrario a lo dispuesto en el marco constitucional y a la reforma constitucional en materia político electoral, los artículos impugnados cambiaron la configuración de las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas, violando la autonomía en su funcionamiento e independencia en las decisiones del Tribunal Electoral Local.

CUARTO.-Admisiones y trámite. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor acordó tener por presentados a los accionantes con la personalidad que ostentaron, se admitieron ambas acciones de inconstitucionalidad y se registraron con los números 94/2016 y 96/2016. Asimismo, se solicitó dar vista al Congreso y al Poder Ejecutivo Local para que rindieran sus respectivos informes y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para que el Congreso adjunte a su informe copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

Por otro lado, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República, se requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral para que proporcionara copias de los estatutos de ambos partidos y certificaciones de los registros vigentes de los partidos y certificaciones de los presidentes de sus comités ejecutivos nacionales; se solicitó al consejero presidente del Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral; y, por último, se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que presentara escrito con su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad.

QUINTO.-Desahogo del Instituto Nacional Electoral. El once de noviembre de dos mil dieciséis, el Instituto Nacional Electoral presentó los estatutos de los partidos Morena y Acción Nacional, las certificaciones de sus registros vigentes, así como las certificaciones de los presidentes de ambos partidos a sus respectivos comités ejecutivos nacionales. Con lo anterior, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por desahogado el requerimiento de siete de noviembre del mismo año hecho al Instituto Nacional Electoral.

SEXTO.-Informe sobre el inicio del proceso electoral. Mediante oficio P/429/2016, presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que el proceso electoral ordinario de la entidad inicia el siete de enero de dos mil diecisiete.

SÉPTIMO.-Informes de la autoridad emisora de la norma impugnada. Con el carácter de presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, en representación del Poder Legislativo de Nayarit de la XXXI Legislatura, Jorge Humberto Segura López rindió dos informes en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por los que hizo valer sus consideraciones sobre los conceptos de invalidez formulados por el Partido Morena y el Partido Acción Nacional.

I. Acción de inconstitucionalidad 94/2016, de Morena

El Congreso de Nayarit estimó infundada la afirmación hecha por el Partido Morena, en su primer concepto de invalidez, respecto de la integración del Tribunal Estatal Electoral por ocho Magistrados. Advirtió que de conformidad con el artículo 135, apartado D, de la Constitución Local, el legislador contempló que el órgano jurisdiccional se integre exclusivamente por cinco Magistrados numerarios.

Aunado a lo anterior, en razón del proceso de sustitución ante la falta temporal de Magistrados contemplado en los artículos 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, el Congreso previno un proceso de sustitución conformado por tres Magistrados supernumerarios. Agregó que el procedimiento para cubrir las vacantes temporales de Magistrados electorales respeta la disposición sobre vacantes definitivas y la designación de Magistrados electorales por el Senado.

Por último, adujo que la naturaleza jurídica de los Magistrados supernumerarios es la de estar acreditados para ocupar el cargo en el momento en que se desocupe temporalmente, sin ser integrantes regulares del Tribunal Estatal Electoral. De esta manera, se cumple el artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Respecto del segundo concepto de invalidez hecho valer por Morena, en el que se impugnan las fracciones III y V del artículo 33 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, el Legislativo lo estimó infundado.

El Legislativo argumentó que la fracción tercera permite que tanto los ciudadanos como los candidatos tengan acceso a una defensa, pero sin que puedan acudir a través de sus representantes ante órganos electorales locales.

Por otro lado, respecto a la fracción V del artículo 33 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, el Legislativo estableció que la fracción, al contemplar que los candidatos independientes pueden presentar medios de impugnación a través de sus representantes, no es de carácter absoluto. Lo anterior, ya que el artículo 99 de la Ley de Justicia Electoral prevé los supuestos en que los candidatos pueden acudir por sí a un juicio en defensa de sus derechos políticos electorales.

Finalmente, argumentó que las fracciones impugnadas tienen el mismo contenido que las fracciones b) y d) del párrafo 1 del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales fueron materia de estudio por esta Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas. Concluye que, tomando en consideración dicho precedente y su resolución, en las fracciones impugnadas se evidencia la inexiste (sic) el carácter absolutista que el actor adujo, por lo que resultan infundadas sus pretensiones.

El Poder Legislativo de Nayarit estimó infundado el tercer concepto de invalidez del Partido Morena, en el que se impugnan el artículo 40, párrafos primero, fracción III, y segundo, y el artículo 42, fracción IV, primera parte, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

El Congreso argumentó que el requerir que se señale un domicilio para recibir notificaciones como requisito de procedibilidad, pretende que la autoridad tenga la certeza de hacer saber los acuerdos, requerimientos y resoluciones, además de que su elevación al carácter de requisito de procedibilidad obedece a la necesaria certeza en la interrelación entre la autoridad y el gobernado. Lo anterior, en atención a lo establecido en la tesis de jurisprudencia, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."

El Poder Legislativo de Nayarit estimó infundado el cuarto concepto de invalidez hecho valer por el Partido Morena, en el que se impugna el artículo 42, fracciones II y IV, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, consistente en que el Magistrado pueda requerir por estrados los documentos que hagan falta sobre personería o sobre un acto, y bajo el apercibimiento de tener por no presentado el medio de impugnación, si se incumpliere en las veinticuatro horas siguientes.

El Legislativo Local adujo que el proceso planteado en la Ley de Justicia Electoral obedece a formalidades de fondo y forma que se ven reflejados en todo el ordenamiento y que, en ese sentido, el artículo impugnado establece una facultad discrecional al Magistrado instructor, obedeciendo la utilidad o no, de subsanar si fuera el caso la resolución de una controversia. Agregó que en atención al artículo 45 del mismo ordenamiento y de la jurisprudencia, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", se concluye que el Magistrado instructor tiene la obligación de fundar y motivar los casos que estime deban subsanarse. Por lo que las fracciones impugnadas, en vez de que se estén negando el acceso a la justicia, están flexibilizando los plazos establecidos en el procedimiento.

Por último, en atención al quinto concepto de invalidez hecho valer por el accionante, en el que se impugnaron los artículos 49, primer párrafo, 50 y 52, primer párrafo, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

En relación con el artículo 49 impugnado relativo a los supuestos en que procede la notificación personal, el Legislativo argumentó que el modelo que adopta la Ley de Justicia Electoral se apega a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que no transgrede el derecho a las partes a mantenerse informadas de los actos emitidos por la autoridad jurisdiccional en materia electoral.

Respecto al artículo 50 impugnado, el Legislativo adujo que el haber establecido que en la notificación por estrados sólo se publiquen las resoluciones del medio de impugnación, es un esquema excepcional que pretende salvaguardar los datos personales de las partes, pues dichas notificaciones se colocan en lugares públicos. Agregó que, en atención al derecho de petición, las partes legitimadas, siempre que no se trate de notificaciones personales, pueden solicitar copias de las resoluciones.

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 52 de la Ley de Justicia Electoral Local, el Legislativo distinguió que sólo los representantes acreditados ante el Instituto Estatal Electoral Local que hayan acudido al acto o resolución impugnada, serán los que se entiendan notificados automáticamente.

II. Acción de inconstitucionalidad 96/2016, del Partido Acción Nacional

En su informe, el Legislativo Local distinguió el concepto de invalidez, en dos partes:

A) Respecto al artículo 7, párrafo segundo, parte final, y párrafo tercero, fracciones I, II y III, el Congreso de Nayarit estimó infundado el concepto de invalidez hecho valer por el Partido Acción Nacional.

Aclaró que, contrario a lo que argumentó el partido sobre la integración del Tribunal Electoral por ocho Magistrados, el Legislativo se apegó al artículo 135, apartado D, de la Constitución de Nayarit, regulando la designación de cinco Magistrados por el Senado. Mientras tanto, respecto a los tres Magistrados supernumerarios, el Legislativo argumentó que forman parte del proceso de sustitución establecido en el artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Concluyó que el Legislativo Local respetó las vacantes definitivas, la designación de Magistrados electorales por el Senado y creó el procedimiento para la suplencia de una vacante, sin que los Magistrados supernumerarios formen parte del Tribunal Electoral Estatal de manera regular.

B) Respecto al órgano interno de control del Tribunal Electoral Local, el Poder Legislativo argumentó que los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20, son relativos al Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución General. Añadió que dicho artículo constitucional faculta a las entidades federativas a sentar las bases para implementar los sistemas locales anticorrupción.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27066-499956b3/i-magistrados-de-los-tribunales-electorales-locales-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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