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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ (ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, PÁRRAFOS DEL PRIMERO AL SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO, DEL DECRETO NÚMERO 227, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE INVALIDEZ (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS DECRETOS NÚMEROS 227 Y 228, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO Y EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RESPECTIVAMENTE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ANÁLISIS DEL HECHO DE QUE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA CON MENOS DE CUARENTA Y OCHO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA SESIÓN EN LA QUE SE DISCUTIÓ POR LA COMISIÓN RESPECTIVA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS DECRETOS NÚMEROS 227 Y 228, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO Y EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RESPECTIVAMENTE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ANÁLISIS DEL HECHO DE QUE SE HUBIERA DISPENSADO LA LECTURA DE LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS DECRETOS NÚMEROS 227 Y 228, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO Y EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RESPECTIVAMENTE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ANÁLISIS DE LA SUPUESTA AUSENCIA DE UNA MOTIVACIÓN EN LAS INICIATIVAS DE LOS DECRETOS CORRESPONDIENTES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS DECRETOS NÚMEROS 227 Y 228, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO Y EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RESPECTIVAMENTE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA CONCURRENCIA ENTRE LA EMISIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL LOCAL CON LAS ELECCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL (DECRETOS NÚMEROS 227 Y 228, POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO Y EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RESPECTIVAMENTE). VIII. INDEPENDENCIA JUDICIAL. ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN DICHO PRINCIPIO. IX. REMOCIÓN DE LAS PERSONAS JUZGADORAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO TRANSITORIO, QUE PREVÉ LA RENOVACIÓN TOTAL MEDIANTE ELECCIONES POPULARES DEL PODER JUDICIAL LOCAL PARA EL DOS MIL VEINTISIETE, ACORDE CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. X. PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA NORMA LOCAL, CONFORME A LA CUAL EL CONGRESO ESTATAL CUENTA CON LA ATRIBUCIÓN DE CONCEDER LICENCIAS A LAS MAGISTRATURAS Y MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, CUANDO EXCEDAN DE UN MES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES (ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN XXI Y 41, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ANÁLISIS DE LA NORMA LOCAL, QUE PREVÉ EL RETIRO FORZOSO DE LAS PERSONAS JUZGADORAS A LOS SETENTA AÑOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO S

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2025. · Registro digital (IUS): 33771
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-12-05
Promovente: MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Diciembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.66.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2025. MOVIMIENTO CIUDADANO. 3 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: CAMILO WEICHSEL ZAPATA.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 3 de junio de 2025, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 13/2025, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano (“MC”). El objeto de impugnación son los Decretos 227 y 228 por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de reforma al Poder Judicial local (la “Reforma Judicial local” o “Reforma Judicial de Veracruz”). Esta es la reforma con la que el Estado de Veracruz pretende transitar a un modelo judicial de elección popular, según lo ordena la Reforma Judicial Federal del 15 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Reforma Judicial Federal. El 15 de septiembre de 2024 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial (la “Reforma Judicial Federal”).(1) Esta Reforma sustituye al Poder Judicial Federal y ordena que las constituciones de las entidades federativas se ajusten para seguir el nuevo modelo de integración en sus poderes judiciales locales. Esencialmente, el objetivo es establecer un esquema de elección popular para todas las autoridades judiciales, lo que implica la remoción de todos los actuales jueces, magistrados y ministros, así como la planificación de elecciones en los próximos años.

2. El octavo artículo transitorio ordena a las entidades federativas que adecúen sus constituciones locales al nuevo modelo en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Reforma Judicial Federal; es decir, a partir del 16 de septiembre de 2024. Este transitorio también especifica que la renovación de los cargos judiciales locales debe concluir en la elección federal de 2027, y para ello ordena que las elecciones locales coincidan con las federales, ya sean las de 2025 (proceso extraordinario) o de 2027 (proceso ordinario). Finalmente, el transitorio prevé una excepción a la veda electoral (penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional) para el proceso electoral extraordinario 2025.(2)

3. Reforma Judicial de Veracruz. El Congreso de Veracruz pretende cumplir este mandato constitucional a través de los decretos 227 y 228 con los que reformó su Constitución local. Al igual que para el proceso federal, el Congreso de Veracruz decidió dividir su elección entre los procesos de 2025 y 2027. En el proceso de 2025 se elegirán la totalidad de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de las magistraturas de los Tribunales Superior de Justicia y de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, en 2025 se prevé que se elijan la mitad de los cargos de jueces y juezas de primera instancia. La jornada electoral está prevista para el 1 de junio de 2025.(3)

4. Acción de inconstitucionalidad 13/2025. El 24 de enero de 2025, MC presentó acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial de Veracruz. Afirma que con esta reforma se violan los artículos 1, 14, 16, 40, 41, 105, penúltimo párrafo, 70, 72, 116, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución Federal”), así como los artículos 1, 8, 25, 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”). Al respecto, formula cuatro conceptos de invalidez para cuestionar el proceso que siguió la reforma, uno para cuestionar su cumplimiento de la veda electoral, y otro para controvertir su contenido sustantivo. En síntesis, estos conceptos argumentan lo siguiente:

4.1. Primer concepto de invalidez (vicios en el procedimiento legislativo). Después de resumir la doctrina jurisprudencial de la Corte sobre el proceso legislativo (con especial énfasis en la Acción de Inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada), MC sostiene de manera general que existieron las siguientes violaciones al proceso legislativo: primero, en la etapa de comisiones, no se convocó a la comisión responsable de acuerdo con la normativa y no se “socializó” el dictamen con la anticipación suficiente; en cuanto a la sesión plenaria del Congreso local, se dispensó el trámite de la lectura del dictamen sin justificación alguna, no se “socializó” el proyecto a las diversas fuerzas políticas y se realizaron modificaciones durante la sesión que no se “socializaron” ni hubo tiempo de discusión suficiente.

En cuanto a las modificaciones que sufrió el dictamen del Decreto 227 durante la discusión de la Legislatura (discusión del 23 de diciembre de 2024), menciona que no se “socializaron” ni se dio lectura a su contenido porque se aprobó una dispensa de trámites. Esto afectó el debate dado que las modificaciones no fueron estudiadas y comprendidas debidamente, además de que se presentaron ya que se habían realizado los posicionamientos de los grupos legislativos y otros diputados.

Respecto al Decreto 228, sostiene que en la etapa de comisiones no se dio tiempo suficiente para que los integrantes de la comisión responsable analizaran la iniciativa. Además, no se acató el artículo 45 del Reglamento del Congreso local en cuanto a la necesidad de una convocatoria previa de la comisión responsable,(4) pues la iniciativa se turnó el 8 de enero a las pocas horas de ese mismo día la comisión firmó el dictamen. Sobre la iniciativa de este Decreto 228, argumenta que violó el artículo 102, fracción II, del Reglamento,(5) pues no enuncia su contribución al cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030”.

4.2. Segundo concepto de invalidez (consulta indígena). MC sustenta la necesidad de haber llevado a cabo una consulta indígena en dos premisas: primero, que Veracruz es un Estado con una gran cantidad de población indígena y con sistemas normativos internos y, segundo, que la impartición de justicia es una actividad que impacta directamente a las comunidades indígenas. En su concepto, esto actualizaba el deber de consulta conforme al artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”).

4.3. Tercer concepto de invalidez (falta de aprobación de la reforma por parte de los municipios). El tercer concepto de invalidez parte del artículo 84 de la Constitución local, el cual establece dos tipos de procedimientos para reformar la propia Constitución de Veracruz. El proceso “ordinario” consiste en la aprobación de la reforma por las dos terceras partes del Congreso local y, subsecuentemente, de la mayoría de los municipios del Estado; sin embargo, cuando la reforma tiene como propósito “efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la [Constitución Federal]”, el proceso es “especial”(6) y no es necesaria la aprobación de los municipios.(7)

En todo este concepto de invalidez se reclama que se haya llevado a cabo un proceso “especial” –esto es, sin la aprobación de la mayoría de los municipios– en vez de uno ordinario, pues en concepto de MC la Reforma Judicial de Veracruz no es una mera “adecuación” a la Constitución local. A nivel más granular, MC formula dos tipos de argumentos con extensiones distintas. Por un lado, en un plano general, señala que la Reforma Judicial Federal no le ordenó al Congreso local que adoptara exactamente el mismo modelo que el federal en la estructuración del Poder Judicial local. La Constitución Federal sí le ordenó implementar un modelo poder judicial con elecciones populares y previó ciertas bases mínimas en el artículo 116, fracción III, pero fuera de eso el Congreso local contaba con un amplio margen para diseñar su propio sistema judicial. De este modo, el modelo particular que decidiera adoptar –que en el caso es bastante parecido al federal– no es una “adecuación derivada de un mandato de la Constitución Federal”, sino una reforma en sus propios términos que debía sujetarse al proceso ordinario de reforma constitucional.

El segundo tipo de argumentos es mucho más concreto. Aquí MC señala ciertos artículos y sostiene que tuvieron “adiciones” que van más allá de las “adecuaciones” ordenadas por la Reforma Judicial Federal. Es decir, que debían sujetarse a un proceso ordinario de reforma constitucional dado que había un margen amplio de decisión por parte de Veracruz como entidad federativa y no una simple orden a cumplir a partir de la Constitución Federal. Los artículos y las partes que se sostiene que van más allá de una “adecuación” son los siguientes:

- Los artículos 33, fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXXVIII y XLVI, y 41, fracción V, en los que no se especifica en dónde está la “adición”;

- El artículo 57 en la parte en que habla sobre un retiro forzoso de los magistrados y magistradas;

- El artículo 59 en cuanto a la selección de un proceso de elección para las personas juzgadoras muy cercano al federal;

- El artículo 60 en cuanto a la previsión de ciertos fondos auxiliares para la impartición de justicia;

- El artículo 62 en cuanto a las atribuciones sancionatorias del Tribunal de Disciplina Judicial, la duración de su presidencia y el sistema para sus postulaciones a elección;

- Los artículos 77 y 78, en cuanto a la modificación de los sujetos de juicio político y de declaración de procedencia;

- El artículo segundo transitorio (Decreto 227) en el que se decidió cómo se renovarán los cargos del poder judicial;

- El artículo tercero transitorio (Decreto 227) en cuanto a la duración del cargo de los magistrados y magistradas electas;

- El artículo quinto transitorio (Decreto 227) en cuanto a la decisión de reemplazar al Consejo de la Judicatura local por el Tribunal de Disciplina Judicial;

- El artículo séptimo transitorio (Decreto 227) en cuanto a los derechos laborales de las personas juzgadoras;

- El artículo octavo transitorio (Decreto 227) en cuanto al condicionamiento de que la persona presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura local participe en el proceso de elección extraordinario para conservar su puesto;

- El artículo segundo transitorio (Decreto 228) en algo que resulta “evidente”;

- El artículo tercero transitorio (Decreto 228) en la duración de las magistraturas elegidas el 1 de junio, y

- El artículo octavo transitorio (Decreto 228) en la regulación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura local.

4.4. Cuarto conceto de invalidez (indebida fundamentación y motivación del aviso que determinó la vía especial para el proceso de reforma). Conforme al artículo 16 Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución local en materia de reformas constitucionales parciales, en el caso de procedimientos especiales (sin la aprobación de la mayoría de los municipios) se debe realizar una declaración previa anunciando esta situación.(8) En el caso concreto sí se realizó esta declaración, pero en ella se citó el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado, por lo que no tiene una debida fundamentación.

4.5. Quinto concepto de invalidez (violaciones a la veda electoral). El quinto concepto de invalidez parte del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece la “veda electoral”; esto es, la regla según la cual “las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En el caso concreto, el 7 de noviembre de 2024 inició el Proceso Electoral Ordinario 2024-2025 para la renovación de 212 ayuntamientos de Veracruz y la elección judicial local concurre con este proceso. Sin embargo, la Reforma Judicial de Veracruz se publicó el 27 de diciembre de 2024; es decir, ya en el proceso electoral. Además, sostiene que esta reforma constituye una “modificación legal fundamental” en la medida en que modifica las facultades de Organismo Público Local Electoral y prevé diversos derechos y obligaciones a diversos actores políticos.

MC no ignora que en el artículo octavo transitorio de la Reforma Judicial Federal se especifica que “para la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, no será aplicable lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 105 de esta Constitución, por lo que el Instituto Nacional Electoral observará las leyes que se emitan en los términos del presente Decreto”. Sin embargo, argumenta que esta excepción solo es aplicable a la elección judicial federal, lo que se desprende del propio texto del octavo transitorio y del mandato de la propia Reforma Judicial Federal de interpretarla literalmente (artículo décimo primero transitorio).

Además, el propio artículo octavo transitorio de la Reforma Judicial Federal prevé la posibilidad de que las entidades federativas realicen sus elecciones judiciales hasta 2027. Dada que ya existía un proceso electoral iniciado en Veracruz, el Congreso local debía optar por esta opción.

4.6. Sexto concepto de invalidez (vicios sustantivos en materia de independencia judicial y discriminación hacia personas mayores de 70 años). A nivel sustantivo, MC reclama la remoción masiva de personas juzgadoras que instrumenta la Reforma Judicial de Veracruz y señala que contraviene la garantía de inamovilidad judicial. Relata cómo con anterioridad a las reformas las personas juzgadoras que eran ratificadas solo podían ser removidas conforme a ciertos procedimientos de responsabilidad, lo que constituía no solo un derecho para dichas personas, sino una garantía del derecho de acceso a la justicia.

Sobre el mismo punto de la remoción, sostiene que la reforma condiciona el haber de retiro de las personas juzgadoras, lo que caracteriza como un acto privativo de derechos en materia de remuneraciones. En cuanto al pase directo a la boleta electoral para las personas juzgadoras, señala que esto no equivale a un ejercicio de ratificación en el cargo.

Otros aspectos que controvierte a partir de la garantía de independencia judicial (sin señalar mayores argumentos que la discriminación en contra de las personas mayores de 70 años) son las nuevas facultades del Congreso local para conceder licencias, el retiro forzoso, la vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial, y el hecho de sujetar el haber de retiro a la renuncia de las personas juzgadoras. En estos términos, impugna de manera particular los artículos 33, fracción XXI; 41, fracción V; 57; 62 y el séptimo transitorio del Decreto 227.

Finalmente, MC se detiene de nuevo en la regulación del Tribunal de Disciplina y asevera que la amplitud y ambigüedad de sus facultades puede constituir un mecanismo encubierto de control y sometimiento de las personas juzgadoras, particularmente porque sus facultades exceden a la materia de responsabilidades administrativas. Incluso señala que dicho Tribunal podría llegar a evaluar el criterio jurídico adoptado por las personas juzgadoras como parte de un proceso disciplinario.

5. Admisión. El 27 de enero de 2025, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por MC con el número 13/2025. Asimismo, ordenó turnar el asunto a la Ponencia del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

6. El Ministro instructor admitió la acción el 17 de febrero de 2025. Asimismo, requirió al Congreso y al Gobernador de Veracruz a efecto de que rindieran sus respectivos informes y remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos de la reforma impugnada, así como un ejemplar del Periódico Oficial en que conste su publicación. De igual manera, requirió al Instituto Nacional Electoral para que remitiera copia certificada de los estatutos y certificación del registro vigente de MC, así como al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para que informe la fecha del próximo proceso electoral en la entidad. Finalmente, ordenó se diera vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y solicitó la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el asunto.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. El Poder Legislativo de Veracruz rindió su informe el 28 de febrero de 2025. Como cuestión de procedencia, plantea ciertas ‘dudas’ sobre la legitimación de MC para presentar la acción; en concreto, señala que la reforma impugnada no es de carácter electoral, que tiene por objeto homologar la Constitución local con la Federal, y que no afecta en ningún sentido al partido político.

8. En cuanto al fondo, primero realiza un preámbulo en el que sostiene que la Reforma Judicial de Veracruz tiene una debida fundamentación y motivación. En cuanto a la fundamentación, estima que se cumple porque fue emitida por un órgano competente. Respecto a la motivación, asevera que el propósito principal fue homologar la Constitución local a la Reforma Judicial Federal, aunque señala que no se replicó el modelo federal de manera exacta. Después pasa a los conceptos de invalidez específicos, sobre los que expresa los siguientes argumentos:

8.1. Primer concepto de invalidez (vicios en el procedimiento legislativo). El Congreso local también comienza con un resumen de la doctrina jurisprudencial de la Corte sobre el proceso legislativo. En específico, señala que en esta doctrina “jamás se ha establecido que exista una fase de control de fondo de la legislación propuesta”; esto es, sobre su viabilidad, técnica o razonabilidad. Estas cuestiones responden a razones políticas no controlables bajo la doctrina de proceso legislativo. En este sentido, MC no puede alegar que las razones de la mayoría para legislar no sean adecuadas o que su técnica legislativa es perfectible; su discrepancia a nivel político no es relevante en términos constitucionales, y la Corte no es el intérprete último de la conveniencia política.

En cuanto a los vicios particulares señalados por MC, responde de manera genérica que sí se cumplió con las normas del proceso legislativo, que la supuesta violación por dispensa de trámites no afectó la calidad democrática de la decisión final, y que no se aprecia la rapidez del proceso de reforma de la que habla MC. Finalmente, señala que la reforma se ha conocido en la sociedad, lo que se ha visto reflejado en los amplios debates sobre el tema. Por ello, no era una reforma inesperada para la Legislatura.

8.2. Segundo concepto de invalidez (consulta indígena). En su respuesta al segundo concepto de invalidez el Legislativo local argumenta que no existe una obligación de conformar un modelo de parlamento abierto consistente en espacios de participación directa de la ciudadanía como parte del procedimiento de creación de la Reforma Judicial de Veracruz, por lo que su ausencia no puede llevar a una conclusión de invalidez.

8.3. Tercer concepto de invalidez (falta de aprobación de la reforma por parte de los municipios). En cuanto a si la Reforma Judicial de Veracruz debía pasar por un proceso “ordinario” o “especial”, para el Legislativo local es ‘evidente’ el proceso es “especial” y que no se necesitaba la aprobación de la mitad de los municipios. Señala que el transitorio octavo de la Reforma Judicial Federal ordenó a las entidades federativas a adecuar sus constituciones locales en 180 días y que esto es suficiente para actualizar el supuesto del procedimiento “especial” conforme al artículo 84 de la Constitución local y el 12 de su ley reglamentaria.(9)

8.4. Cuarto conceto de invalidez (indebida fundamentación y motivación del aviso que determinó la vía especial para el proceso de reforma). El Congreso local comienza reiterando que la Reforma Judicial de Veracruz se encuentra debidamente fundada y motivada. Señala que estas garantías tienen un entendimiento particular respecto al proceso legislativo, y que esta Corte no puede evaluar la conveniencia y oportunidad de las razones expresadas en las iniciativas y dictámenes legislativos. Asimismo, sostiene que en este caso no era necesaria una motivación reforzada dado que nos encontramos en un “procedimiento legislativo genérico atinente a una material Constitucional local”. En cuanto a la referencia al artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas del Estado en el acuerdo que establece que la reforma constitucional será “especial” –argumento específico de MC en este punto– señala que se trata de un error involuntario. Incluso se expidió una fe de erratas el 26 de febrero del 2025 para corregirlo.

8.5. Quinto concepto de invalidez (violaciones a la veda electoral). En cuanto a la acusación de que se está violando la veda electoral, sostiene que el concepto es infundado dado que se trata de una adecuación de la Constitución local a la Reforma Judicial Federal. El artículo octavo transitorio de esta última reforma incluso le dio un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones constitucionales, por lo que no emitir la reforma sería un desacato a la Constitución Federal.

8.6. Sexto concepto de invalidez (vicios sustantivos en materia de independencia judicial y discriminación hacia personas mayores de 70 años). Sobre los vicios sustantivos, sostiene que es “claro y evidente” que no se viola el principio de independencia judicial. También señala que no hay discriminación alguna dado que la edad límite (70 años) “corresponde a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Federal”.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. El 27 de febrero de 2025 se recibió el informe de la directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del Poder Ejecutivo local. A nivel de procedencia, señala que no existen argumentos concretos y específicos respecto a los artículos reclamados en los conceptos de invalidez, por lo que se debe sobreseer la acción en términos de los artículos 19, fracción IX y 20, fracción II, correlacionados con el artículo 61, fracciones IV y V, de la Ley Reglamentaria. En cuanto a los argumentos de MC, manifestó lo siguiente.

9.1. En relación con los conceptos de invalidez primero y sexto, señala que de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, las legislaturas locales tienen amplia libertad configurativa, lo que salvaguarda la soberanía de las entidades federativas.

9.2. En cuanto al segundo concepto de invalidez, se limita a señalar que el Decreto impugnado no vulnera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Expone que se trata de una adecuación de la Constitución local con la Federal.

9.3. Manifiesta que los conceptos de invalidez tercero y cuarto son inoperantes al alegar una extralimitación del poder legislativo, toda vez que los decretos no fueron aprobados por los 212 ayuntamientos de Veracruz. Estima que se trata de un caso de excepción de reforma constitucional, regulado en el artículo 84 de la Constitución estatal. En términos formales, el Poder Ejecutivo considera que el congreso local cumplió con la obligación de declarar previamente que se trataba de un procedimiento especial de reforma parcial, pues se aprobó en un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

9.4. Por lo que se refiere al argumento de violación a la veda electoral señalado en quinto concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo considera que el accionante confundió la fecha de inicio del proceso extraordinario con la del proceso electoral ordinario. En la reforma impugnada no existe ninguna modificación (mucho menos fundamental) al proceso electoral ordinario por el que se renuevan los 212 Ayuntamientos de Veracruz. Además, destaca que de acuerdo con el tercer párrafo de artículo Octavo Transitorio de la reforma a la Constitución Federal de 15 de septiembre de 2024, para efectos de la organización del proceso electoral extraordinario de 2025 no es aplicable lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución. Dice que, en atención a la orden de adecuar su constitución local contenida en el párrafo segundo del artículo transitorio mencionado, la legislatura de Veracruz reformó su constitución en el plazo legal previsto en esa norma.

10. Informe del Instituto Nacional Electoral. El 25 de febrero de 2025, se recibió el informe de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral. Remitió los estatutos vigentes de MC, la certificación de la integración de la Comisión Operativa Nacional de dicho partido, así como la certificación del coordinador de dicho órgano y la certificación de su registro vigente.

11. Informe del Organismo Local Electoral. El 27 de febrero de 2025, se recibió el informe con número de oficio OPLEV/DEAJ/0349/2025 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Informó lo siguiente.

11.1. Actualmente están vigentes dos procesos electorales en el Estado: el proceso electoral local ordinario 2024-2025 (que inició el 07 de noviembre de 2024), en el que se renovarán a los integrantes de los 212 ayuntamientos de Veracruz y el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como la mitad de los cargos de juezas y jueces de primera instancia de cada distrito judicial.

11.2. Sobre el proceso de elección judicial, el OPLE informó que inició el mismo día que entró en vigor el Decreto 227 –de acuerdo con el transitorio segundo, párrafos primero y segundo de éste– es decir, el 27 de diciembre de 2024. Expone que la etapa de preparación del proceso electoral de este proceso inició el 03 de enero de 2025, con la Sesión Extraordinaria del Consejo General del OPLE.

11.3. El próximo proceso electoral local ordinario 2026-2027 para la elección de diputaciones locales iniciará en los primeros diez días de noviembre de 2026. Por otro lado, el proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Veracruz 2026-2027 comenzará en los primeros siete días del mes de septiembre de 2026.

12. Opinión de la Sala Superior. Por escrito recibido el 03 de marzo de 2025 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión número SUP-OP-2/2025.

13. Cierre de instrucción. El Ministro instructor decretó el cierre de instrucción el 13 de mayo de 2025 a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El planteamiento es una posible contradicción de la Reforma Judicial de Veracruz y la Constitución Federal.

III. OPORTUNIDAD

15. El plazo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria para la presentación de una demanda de acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. En el caso, la Reforma Judicial de Veracruz se instrumentó a partir de dos decretos: el Decreto 227, publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial de Veracruz, y el Decreto 228, publicado el 13 de enero de 2025 en el mismo medio. En consecuencia, el plazo para la impugnación del Decreto 227 corrió del 28 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025, mientras que para el Decreto 228 fue del 14 de enero al 12 de febrero de 2025. Dado que la demanda se presentó el 24 de enero de 2025, es oportuna respecto de ambos decretos.

IV. LEGITIMACIÓN

16. Los artículos 105, fracción II, inciso f), primera parte, de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria, disponen que los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral (“INE”) podrán ejercer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales locales. Los requisitos de procedencia son los siguientes(10)

a) El partido político debe contar con registro ante el INE;

b) El instituto accionante debe promover la acción por conducto de su dirigencia;

c) Quien suscriba la acción a nombre y representación del partido debe contar con facultades para ello; y,

d) Las normas impugnadas deben ser de naturaleza electoral.

17. Tomando en cuenta estos requisitos, este Tribunal Pleno considera que se acredita la legitimación de MC para promover la acción de inconstitucionalidad, y que las ‘dudas’ que planteó el Poder Legislativo sobre este aspecto son infundadas.(11) En primer lugar, MC es un partido político nacional con registro ante el INE, lo cual se demuestra con la certificación del registro remitida por dicho Instituto.

18. En cuanto a los requisitos de que la demanda sea presentada por la dirigencia del partido y por quien tiene capacidad para representarlo, el artículo 20, numerales 1 y 2, inciso o), de los Estatutos Generales de MC(12) señala que la Comisión Operativa Nacional tiene facultades para promover las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Esta Comisión se conforma por nueve personas y sus acuerdos tendrán validez con la aprobación y firma de la mayoría de los integrantes. En el caso, el escrito se encuentra firmado por Jorge Álvarez Máynez como coordinador y por Laura Irais Ballesteros Mancilla, Luz Camila Guerra Acevedo, Martha Patricia Herrera González, Braulio Lóp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33771-8179ebf5/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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