Corpus
Modo: Corpus Pro

I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE ADECUA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y FEDERALES. DISMINUCIÓN DE LA DURACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS CARGOS DE GOBERNADOR, MIEMBROS DE LAS LEGISLATURAS Y AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO 536 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2015. · Registro digital (IUS): 25863
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-09-25
Promovente: PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , Pág. 58.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2015. PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 11 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de junio de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito recibido el ocho de febrero de dos mil quince, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentado al día siguiente en la Oficina de Certificación y Correspondencia del tribunal, Dante Alfonso Delgado Rannauro, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Christian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y María Elena Orantes López, en su carácter de coordinadores, integrantes y secretaria de Acuerdos de la comisión operativa nacional del Partido Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Normas generales impugnadas:

Decreto Número 536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el nueve de enero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el accionante son, en síntesis, los siguientes:

En su primer concepto de invalidez, aduce que el artículo cuarto transitorio del "Decreto Número 536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", al establecer que el gobernador electo el primer domingo de junio de dos mil dieciséis, ejercerá su encargo del primero de diciembre del mismo año al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para permitir el empate de los comicios de gobernador con aquellos atinentes al presidente de la República, viola los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 116, fracciones I y IV, incisos a), c) y n), en correlación con los artículos 39, 40 y 41 de dicha Ley Fundamental.

Con el decreto combatido se pretende dar cumplimiento al segundo transitorio, fracción II, inciso a), de la Constitución General de la República, pero, en realidad se sustenta en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, que dispone que: "El Congreso de la Unión, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral a más tardar el 30 de junio de 2014."

De ahí que, si las acciones de inconstitucionalidad propenden a reforzar el respeto que el legislador debe rendirle a la Constitución Federal y a los tratados firmados por el Estado Mexicano, mediante una sentencia estimatoria que declare la invalidez de los actos contrarios a la Constitución Política y a dichos tratados, con lo cual impone la obligación de observar el control de constitucionalidad y de convencionalidad en la expedición de cualquier ley o decreto.

De conformidad con lo establecido por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y, 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado; toda resolución que emitan los Congresos Federal y Locales tendrá el carácter de ley o decreto.

En ese sentido, alega que la LXIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Veracruz, al aprobar el "Decreto Número 536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", bajo el procedimiento especial de reformas constitucionales, consagrado en el capítulo III de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, transgrede el marco normativo constitucional, así como el propio espíritu de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 citada; ya que el objeto fundamental de la misma fue el de precisar la tramitación de las reformas constitucionales de las entidades federativas, en atención a que las normas vigentes disponen que el Congreso del Estado debe aprobar las modificaciones al Texto Constitucional Local en dos periodos de sesiones ordinarios sucesivos y que, por su parte, la mayoría de los Ayuntamientos debe expresar su aprobación o rechazo a esas reformas en un plazo determinado.

Esta ley reglamentaria tiene el mérito de establecer que, cuando se trate de adecuar la Constitución Política Local a las disposiciones, producto de una reforma constitucional, la iniciativa correspondiente se puede aprobar en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, previa declaratoria de que se trata de un procedimiento especial (artículo 12).

En ese tenor, la Junta de Coordinación Política puede proponer al Pleno que se declare iniciar un procedimiento especial de reformas constitucionales, siempre y cuando exista un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se ordene expresamente a las Legislaturas de los Estados adecuar sus Textos Constitucionales al sentido de aquél, ordenamiento que se deja de cumplir.

La Junta de Coordinación Política violentó el proceso legislativo al haber propuesto al Pleno del Congreso del Estado, un proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se estableció el procedimiento especial para la aprobación del decreto emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Se transgrede, además, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que el decreto no emana de un mandato de la Constitución General de la República, ni para la creación y designación del fiscal general del Estado, ni para determinar un proceso electoral para elegir un gobernador con ejercicio de dos años, sino de una Ley secundaria, como lo es la Ley General de partidos políticos, que tampoco lo indica.

Por lo que, en estricto derecho, el Congreso Local debió, en términos de los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en Materia de Reformas Constitucionales Parciales, aprobar el Decreto 536, en dos periodos de sesiones ordinarios sucesivos y, posteriormente, someter a la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos en sesiones de Cabildo dentro de los sesenta días naturales siguientes y su consecuente publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Máxime que el proceso electoral en Veracruz será en dos mil dieciséis, lo que permite, dentro de la normatividad, cumplir a cabalidad lo dispuesto en el Texto Constitucional Local, por lo que, al no hacerlo así, el decreto impugnado transgrede el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

El punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para aprobar el procedimiento especial de reformas constitucionales, y así aprobar en un solo periodo ordinario el decreto que se controvierte, se realizó por el mayoriteo (sic) de los diputados de los partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y algunos de Acción Nacional.

Al estar viciado el procedimiento de dicho decreto, solicita su invalidez; en el que, además, sin mandato legal se modifican normas para el nombramiento del fiscal general, al amparo de un artículo transitorio del decreto aprobado por la LXIII Legislatura del Estado y publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el Número Extraordinario 014, tomo CXCI, con fecha nueve de enero de dos mil quince.

La modificación legal impugnada fue presentada por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su aprobación, hasta el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, al amparo de un artículo transitorio de una ley jerárquicamente menor a la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y violentan el marco normativo estatal que expresamente subordina un proceso legislativo especial exclusivamente cuando expresamente se ordene mediante decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su segundo concepto de invalidez, el partido promovente alega que, bajo el argumento de cumplir con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se verifique al menos una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales, se pretende, mediante la reforma que se combate, que al término del actual periodo del gobierno del Estado de Veracruz se elija un gobernador por un periodo de dos años, a efecto de celebrar elecciones concurrentes de gobernador y presidente de la República en julio de dos mil dieciocho.

El Congreso del Estado de Veracruz violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la emisión de un decreto que introduce artículos transitorios en la reforma constitucional local, para frenar el desarrollo integral del Estado, al aprobar disposiciones que contravienen el sistema de planeación democrática, establecido en los artículos 25 y 26 de la propia Ley Suprema.

La elección de gobernador de Veracruz para un periodo de dos años con el ejercicio de gobierno del primero de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciocho y, además, elegir al nuevo gobernador el primer domingo de julio de dos mil dieciocho, como lo establece el artículo cuarto transitorio del decreto, frenaría aún más el deteriorado desarrollo del Estado.

Lo que también violenta lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 25, 26, 49, fracciones V y X; 74 y 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y los tratados internacionales, en los artículos 21, 22, 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14 y 16 de la Carta Democrática Interamericana; XXVIII de la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 del Pacto de San José; 2, numerales 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 24 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Alega, que reducir por única ocasión el mandato constitucional del gobernador del Estado a un periodo de dos años, es no sólo una falta sino un verdadero atentado al desarrollo de la entidad federativa, porque no permitiría desarrollar la acción pública del Ejecutivo Local, conforme lo dispone el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el que, expresamente, señala en la fracción V. Las atribuciones del gobernador para "Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública, la protección a la salud y procurar el progreso y bienestar social en el Estado.", y en la fracción X, "Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se deriven.". Así como lo dispuesto en el capítulo II, del "Desarrollo económico, del fomento al trabajo y de la Seguridad Social del Estado", explícitos en los artículos 74 y 75 de la propia norma.

Un periodo de dos años hace imposible el cumplimiento de la alta responsabilidad de gobernar con eficacia. La democracia va más allá del relevo intermitente de autoridades en procesos electorales, dado que el propósito de gobernar es servir a la comunidad y cumplir las tareas de planeación democrática y deliberativa que exige la ley, que se traducen en programación, presupuestación, infraestructura, desarrollo y bienestar social, seguridad, así como protección de los derechos humanos que, expresamente, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 25 y 26.

El artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional que se combate resulta un abuso competencial, en el cual se proyecta un dispendio de recursos para empatar las elecciones de gobernador con las presidenciales, cuando el sentido común y la lógica de ahorro económico (en lugar de dos elecciones en dos años) indican que la compatibilización de los calendarios electorales, bien podría lograrse eligiendo a un gobernador en dos mil dieciséis, para un ejercicio de 5 años, a efecto de empatar la elección de gobernador con la federal intermedia de dos mil veintiuno, propuesta hecha por el propio partido Movimiento Ciudadano. Lo que permitiría cumplir no sólo con los aspectos electorales, sino con una periodicidad que sensatamente exige la planeación democrática y deliberativa, y la ejecución de programas de un gobierno eficaz. Esta propuesta, además, aminoraría el impacto económico y presupuestal adverso que una elección de temporalidad tan breve generaría.

Acatar lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Federal, de ninguna manera se traduce en asumir la discrecionalidad para violentar otras disposiciones constitucionales que expresamente regulan y norman las responsabilidades que obligatoriamente deben cumplir los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes Federales y Estatales.

Articular el sistema de planeación democrática para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz, que se soporte en la Constitución General de la República, así como en los artículos 49, 74 y 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, permitirá el crecimiento de la economía y el desarrollo social y cultural de la entidad. En un periodo que permita su adecuada ejecución y del que es materialmente imposible llevarlo a cabo mediante un Gobierno Estatal de dos años.

Un periodo de gobierno tan corto impactaría, consecuentemente, de manera negativa en la planeación, programación y ejecución de los programas de desarrollo regional, prestación de servicios y en la correcta capacitación, formación y resultados de los servidores públicos.

Con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en dos mil once, solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerar las normas constitucionales y los derechos humanos de fuente convencional para determinar si la legislación que se impugna es contraria a cualquiera de ellos para declarar su invalidez.

Los razonamientos expuestos se contextualizan en los siguientes instrumentos de carácter internacional, suscritos por el Gobierno Mexicano, y ratificados por el Senado de la República: Carta Democrática Interamericana, artículos 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 16; Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVIII; Pacto de San José, artículo 23; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, numerales 1 y 3.

Adicionalmente, para apoyar el argumento de no malgastar los recursos públicos, el accionante proporciona algunos indicadores económicos para, de ahí, sostener que el Gobierno de Veracruz debe organizar sus periodos de gasto, el aparato gubernamental y, en general, sus estructuras administrativas para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a su habitantes y el cabal cumplimiento del sistema de derecho.

Así, ninguna autoridad debe violentar los derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus omisiones, tal como sucedería al aprobarse los transitorios segundo y cuarto de la reforma política publicada el nueve de enero de dos mil quince, porque, por el lado del gasto público y sus prioridades, se agudizarían aún más la pobreza de la población veracruzana y el retraso en su atención social, perpetuando el incumplimiento de los derechos humanos en la entidad.

Con motivo de la reforma aprobada por el Poder Legislativo Estatal, y con la finalidad de homologar las elecciones con los comicios presidenciales en junio de dos mil dieciséis, en Veracruz se celebrarán elecciones para renovar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por un periodo de dos años, el cual ejercerá su cargo a partir de noviembre y diciembre, respectivamente, del dos mil dieciséis a noviembre de dos mil dieciocho, lo que implica que el primer domingo de julio de dos mil dieciocho, se realicen nuevamente elecciones para elegir al gobernador y diputados, es decir, que en un periodo de veinticuatro meses habrá dos periodos electorales para elegir a la misma figura, esto es, se deberá realizar nuevamente: campañas para promocionar el voto, vigilar los derechos y ministrar las prerrogativas a los partidos políticos y demás organizaciones políticas, ordenar nuevamente las impresiones de los materiales electorales, preparar la jornada electoral, realizar los cómputos electorales, emitir la declaración de validez y otorgar las constancias en las elecciones respectivas, vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la realización y publicación, a realizar monitoreo en medios de comunicación, contratar personal necesario para atender en la jornada electoral, entre otras actividades.

Agrega el promovente, que dichos recursos se pueden aplicar para satisfacer las necesidades de los habitantes de la entidad, como son la educación, salud, el medio ambiente, el acceso al agua y una justa vivienda, que son derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales signados por México.

El gasto desmedido en dos elecciones en un periodo tan corto de tiempo restringe de forma ilegítima o desproporcional los derechos contemplados en los artículos 1o., 3o., 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, 22, 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24, 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, que se incumple el deber de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de los derechos.

Dos procesos electivos en veinticuatro meses, al gastar millones de pesos, afectan la disponibilidad de recursos públicos para atender los derechos fundamentales y sectores productivos de la sociedad veracruzana.

De acuerdo a los indicadores de carencia social, asociados a la medición de pobreza multidimensional, Veracruz está por arriba de la media nacional en rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad en los espacios de vivienda, de servicios básicos y acceso a la alimentación.

Por todo lo anterior, concluye el partido promovente, el decreto combatido es inconstitucional, y los artículos transitorios mencionados vulneran la Norma Fundamental, al decretar la elección del gobernador para un periodo de dos años, sin considerar, además, las condiciones económicas, políticas y sociales del Estado de Veracruz, con lo cual, se compromete la estabilidad política y social, así como el libre desarrollo de la dignidad de las personas.

En el tercer concepto de invalidez, se plantea que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de febrero de dos mil catorce, por cuanto se refiere a la materia político electoral, en sus transitorios décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, señaló los términos en los que deberá cobrar vigencia la reforma a los artículos 28; 29, párrafo primero, 69, párrafo segundo; y 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del procurador general de la República por el Senado, y XII, 78, fracción V, 82, fracción VI, 84, 89, fracción IX, 90, 93, párrafo segundo, 95; 102, apartado A, 105, fracciones II, incisos c) e i), y III; 107; 110 y 111, por lo que se refiere al fiscal general de la República; y 116, fracción IX, y 119, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera literal ordenan que estos artículos entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias.

Según el promovente, partiendo de estas premisas generales, por mandato constitucional, el primer paso a seguir es la verificación de la vigencia de la legislación secundaria, misma que, según afirma, al día en que ejerce la presente acción, se encuentra pendiente de su respectivo dictamen en el Senado de la República.

Invariablemente, antes del nombramiento de fiscales de las entidades federativas, debe nombrarse al fiscal general de la República, como primera figura integradora y rectora del funcionamiento de la Fiscalía General, lo cual, al momento en que se ejerce la acción, aún no acontece.

Ante la claridad de este procedimiento constitucional, cualquier disposición o acción contraria, es inconstitucional, como acontece con la reforma al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada mediante el Decreto Número 536, publicado en la Gaceta Oficial el día nueve de enero de dos mil quince, ahora impugnado; en el que se regula, constitucionalmente, la creación y función de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo cual deviene inconstitucional, por su tajante separación del procedimiento establecido en los citados artículos transitorios constitucionales.

La inconstitucionalidad denunciada genera absoluta trascendencia para la materia electoral, a partir de la estrecha relación jurídico-funcional y competencial que tendrá la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para investigar y perseguir delitos de naturaleza electoral, circunstancia que justifica plenamente el interés de Movimiento Ciudadano en la presente acción de inconstitucionalidad.

Con la finalidad de clarificar la inconstitucionalidad mencionada, el promovente precisa que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe las facultades del Ministerio Público: La investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales penales competentes.

Por tanto, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, es inconstitucional, debido a que en el párrafo primero de la fracción I, se concede como facultad la de "vigilar el cumplimiento de las leyes". Vigilar el cumplimiento de las leyes, implica vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales, los cuales pueden ser, por razón de materia, de carácter civil, laboral, familiar, agrario, mercantil o notarial, sólo por mencionar algunos.

Es así que, según el partido accionante, queda demostrado que, en razón de materia, es una aberración otorgar al Ministerio Público facultades para "vigilar el cumplimiento de las leyes", incluso está impedido para vigilar el cumplimiento de las leyes penales, porque sus facultades son únicamente dos, correspondientes a la investigación de los delitos y al ejercicio de la acción penal ante los tribunales.

Concederle la facultad al Ministerio Público para "vigilar el cumplimiento de las leyes", contraviene lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se desnaturaliza la esencia del Ministerio Público.

También resulta inconstitucional que en el mismo párrafo primero, fracción I, del artículo 67, se faculte al Ministerio Público para "ejercer acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley".

Para los conocedores del derecho, queda claro que las personas que cometen una "infracción a la ley", son aquellas que serán sancionadas de manera administrativa, en virtud de que toda infracción a una ley, trae como consecuencia una sanción de carácter administrativo, la cual puede consistir en amonestación, multa, inhabilitación o arresto hasta por treinta y seis horas.

El Ministerio Público carece de la facultad de imponer sanción alguna, aun cuando sea de tipo administrativo, por lo que es inconstitucional que, mediante una reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, se violente lo expuesto en el artículo 21, fracción IV, de la Constitución Federal.

Del mismo tenor inconstitucional son las facultades descritas en el párrafo primero de la fracción I del artículo 67 multicitado, al conferir a un organismo autónomo del Estado, que han denominado "Fiscalía General", ya que esto obedece a una mala analogía que realizan respecto de la reforma federal, la cual se dio en una transición de la Procuraduría General de la República para dar paso a la Fiscalía General de la República; sin embargo, esta acción no se trata únicamente de un cambio de denominación, ya que, de inicio, las facultades, funciones y atribuciones del procurador general de la República, al convertirse en fiscal general de la República, se ven disminuidas, ya que se crea también la figura del consejero jurídico de Gobierno, el cual asume algunas de las facultades que eran propias del procurador.

Para robustecer lo anterior, también es importante destacar que, en el ámbito federal, el procedimiento para la creación de la Fiscalía General de la República, se encuentra en las comisiones de la Cámara de Senadores, en la cual se analiza la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual consta de cuarenta y seis artículos, y se analiza también la modificación a setenta y dos ordenamientos legales, y se contempla la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Así pues, una reforma constitucional que, de manera armónica, debe compaginarse con la adecuación a todos los ordenamientos legales que a ésta se vinculan; sin embargo, la reforma realizada a la Constitución Política del Estado de Veracruz, concretamente, en la fracción I del artículo 67, pretende cambiar la denominación de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, por la de "Fiscalía General", sin realizar una adecuación de toda aquella legislación que se encuentra estrechamente vinculada a la Procuraduría General del Estado de Veracruz.

Aunado a lo anterior, el promovente señala que la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 67, concede a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, facultades metaconstitucionales, habida cuenta de que rebasa en mucho las otorgadas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, concluye que procede declarar la inconstitucionalidad e invalidez de la reforma realizada al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, pues, la reforma constitucional federal, de febrero de dos mil catorce, decreta en sus transitorios décimo sexto al décimo noveno lo relacionado a la creación y regulación de la Fiscalía General de la República, en la cual se precisan los procedimientos de creación de ésta, los cuales no han causado estado en el ámbito federal.

TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son 1o., 35, fracciones I y II, 36, fracciones II, III y V, 39, 40, 41, fracción I, 116, fracciones I y IV, 122, sexto párrafo, punto C, base segunda, fracción I, y 133.

CUARTO.-Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 13/2015 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto de diez de febrero del mismo año, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión.

QUINTO.-Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz adujo, en esencia, lo siguiente:

1. Que es equívoca la apreciación del partido promovente, pues el artículo 84 de la Constitución Estatal contiene una excepción, cuando las reformas a la propia Norma Constitucional tengan el propósito de efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Federal, se podrán aprobar en una sola sesión ordinaria o extraordinaria. Como ocurrió en el caso, ya que la reforma local impugnada proviene del artículo 116 de la Constitución Federal, por tanto, es improcedente la acción de inconstitucionalidad.

2. Que, efectivamente, el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado determina que el gobernador electo el primer domingo de junio de dos mil dieciséis, entrará a ejercer su encargo el primero de diciembre de ese año y concluirá el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; esto, en respuesta a lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución General, reformado el diez de febrero de dos mil catorce, en el sentido de que se debe homologar al menos una elección local con las elecciones federales; de ahí que la reforma local responda a la federal.

Por tanto, el procedimiento legislativo que se llevó a cabo para que se establezca la gubernatura por dos años, obedece a una orden federal y, por ende, fue aprobada en los términos legales que establece el citado numeral 84.

3. Señala además que, con independencia de lo anterior, el decreto impugnado tiene como origen s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25863-25665314/i-procedimiento-legislativo-procedimiento-especial-de-reforma-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.